La jornada comenzó con un grupos de manifestantes que desde temprana hora llegaron al Palacio Legislativo en espera de la sesión plenaria.

De la misma manera, al palco diplomático llegó el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana y el procurador de derechos humanos, Jorge de León Duque.

Los representantes del sector justicia llegaron al Legislativo por ser quienes impulsaron la propuesta basada en los diálogos hechos a nivel nacional y las reformas previas a la carta magna.

Los temas iniciales y que más discusión e inconformidad han causado han estado sobre el antejuicio, que lo planteado contempla incorporar una definición en el artículo 154 y la aclaración que esa garantía no es impedimento para una investigación.

Además, respecto a la jurisdicción indígena la reforma reconoce la facultad de las autoridades ancestrales de ejercer funciones jurisdiccionales de acuerdo a sus procedimientos y costumbres, siempre que no contravengan derechos constitucionales e internacionales.

Sobre el artículo 205, de regulación de garantías al Organismo Judicial, reforma para incluir independencia funcional y económica, carrera profesional en las instituciones de justicia, asistencia legal gratuita entre otras.

A la Corte Suprema de Justicia la separan de las funciones administrativas para que se dediquen en específico a impartir justicia. En este sentido la propuesta es la creación de un Consejo de Nacional de Justicia.

Los integrantes de este grupo estarían por seis años y es de carácter mixto. Las personas seleccionadas por medios públicos y méritos.