Analistas cuestionan el papel del Congreso durante los primeros dos años de gestión. A criterio de estos, la labor de los parlamentarios en materia de creación de leyes, representación y fiscalización ha dejado mucho que desear.
El Legislativo ha aprobado solo 15 decretos durante el año; muchos de estos provienen de aprobaciones de disposiciones presidenciales y nombramientos para otras instituciones públicas que legalmente deben pasar por dicho organismo.
En ese contexto, el Legislativo contará contará con más de Q66 millones adicionales respecto de las asignaciones para los ejercicios 2020 y 2021, cuando dispuso de Q913 millones 936 mil.
A criterio de Jahir Dabroy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), el Congreso no solo ha tenido una producción pobre en materia legislativa, sino que su función no tiene “sintonía con las demandas ciudadanas”. Agrega que no hay una conexión con la ciudadanía, a la que se supone debería representar.
Según Dabroy, aunque es impreciso medir la labor del Congreso solo con la producción de leyes, pues ese organismo también tiene funciones de fiscalización y representación, no ha respondido a las demandas de la sociedad civil.
Alejandro Quinteros, analista independiente, expone que la producción legislativa ha sido bastante pobre. “Apenas han avanzado tres de 15 iniciativas en materia de reactivación económica”. A su juicio, se han pasado normas solo por salir del paso.
Prebendas, más que servicio público
De acuerdo con el portal de Guatecompras, en lo que va del año el Legislativo ha finalizado 126 concursos. De estos, 84 corresponden a compras directas, 39 son por concepto de arrendamientos, dos por negociaciones con otras entidades públicas y una sola licitación pública que se identifica con el Número de Operación de Guatecompras (NOG) 14435977 y corresponde al evento de adquisición de servicios de telefonía celular, tabletas, internet y servicio de televisión por cable satelital para uso del Congreso.
El concurso, adjudicado a la empresa Telecomunicaciones de Guatemala por Q15 millones 663 mil 960, contemplaba la adquisición de teléfonos de alta gama para los 160 diputados.
Quinteros considera que este tipo de negociaciones solo demuestran que el ejercicio de la función pública ya no es una cuestión de honor, sino que se trata “de tener prebendas y privilegios. En tiempos de pandemia se esperaba que el Congreso pudiera apretarse el cinturón”.
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El analista añade que si bien se puede ofrecer este servicio a los parlamentarios, podría proveerse de equipos menos ostentosos. Prebendas como la adquisición de seguro de gastos médicos deberían correr por cuenta de los legisladores, señala.
“La clase política debe ser realista y consecuente. Obviamente existen limitaciones de recursos en diferentes ámbitos, por lo que estos despilfarros y gastos onerosos, que generan cuestionamientos, deberían evitarse”, puntualizó Dabroy.
Grasa burocrática
A septiembre del año en curso el portal de información pública del Congreso reporta 2 mil 377 trabajadores. De estos, 1 mil 259 son personal permanente —renglón 011—, 978 son personal temporal con derecho a prestaciones —renglón 022— y 140 están por contrato anual —renglón 029—.
Dabroy hace ver que si bien es razonable que un diputado cuente con asesores y una secretaria, los legisladores incurren en acciones que no generan credibilidad en su labor legislativa. Cita como ejemplo el contar con tres o cuatro asesores. “Ellos deben asumir su propia postura y trabajo, no pueden estar delegando todo en sus asesores y en el cuerpo secretarial”.
Estima que hay una mala praxis de sobre contratar personal. “Las personas no somos ingenuas para saber qué es realmente necesario”.
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Quinteros coincide con este punto y asegura que hay un exceso de personal remunerado bajo los renglones 011, 022 y 029. Indica que incluso hay personal contratado en temas administrativos en renglones que no corresponden, y viceversa. Cree que falta una organización en materia de Recursos Humanos, para que solo se contrate al personal necesario.
Rodolfo Neutze, de la bancada Creo, considera que la opinión de los analistas debe ser vista desde varias perspectivas. Aunque lamenta que la ciudadanía perciba a los diputados como iguales, reconoce que las críticas al Legislativo tienen sustento.
“Este año, como Congreso, le quedamos debiendo a la población, porque no hicimos casi nada para legislar a favor de la reactivación económica. Esto le hubiera dado más tranquilidad a la población para que la pospandemia sea menos dura. Efectivamente, los críticos tienen razón porque hacemos un mal trabajo de comunicar y este año no dimos lo que tendríamos que haber dado”.
El legislador indica que aunque es cierto que el ejercicio legislativo requiere de equipo y asesores, estos deben facilitarse, pero a no a un nivel superior de lo que técnicamente se requiere, y lamentó que ese organismo efectúe gastos superfluos como resultado de malas decisiones políticas.
