Guatemala
Contraloría revisará nombramientos interinos en el COG, por posibles impedimentos legales
La CGC designará auditores para evaluar los nombramientos, mientras que la Cámara Penal de la CSJ reiteró su respaldó al personal judicial, ante presiones del COG.
La Policía Nacional Civil (PNC) durante uno de los allanamientos en la sede del COG. Fotografía: EFE/ Mariano Macz.
En medio de una crisis mediática por supuestos abusos de poder en el Comité Olímpico Guatemalteco (COG), la institución nombró de forma temporal nuevos directivos, los cuales podrían tener impedimentos legales para tomar los puestos.
Los cambios en el COG se dan poco después que el Palacio de los Deportes fue escenario de dos allanamientos a cargo del Ministerio Público (MP), que investiga presuntos casos de abuso de poder y posible nepotismo.
Pero el COG en un intento por minimizar la crisis por aparentes ilegalidades, según la opinión de las fuentes, nombró a cinco personas para ocupar cargos interinos dentro de la autoridad deportiva.
Julio Cáceres Grajeda, presidente; Nora Segura Monzón de Delcompare, vicepresidente y secretario general; Ana Soto Abril, vocal primero; Tulio Contreras Roldán, vocal segundo, y Aída Boesche Pedrero, vocal tercera.
La primera alerta la activó la organización Movimiento ProJusticia. Carmen Aída Ibarra, directora de la organización, advirtió que existen impedimientos para que Nora Segura pueda asumir el control del COG; a ese cuestionamiento se sumó el diputado José Chic, presidente de la Comisión de Deportes del Congreso, quien ha estado fiscalizando a las instituciones del deporte federado.
En total, según el análisis de Ibarra y Chic, cuatro de los cinco nombramientos tendrían impedimentos legales por tener activos contratos con dependencias deportivas, lo que figura como impedimentos para optar a cargos dentro del Comité.
Los cuestionamientos se fundamentan en la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, en el artículo 156 inciso e; además del artículo 24 de los estatutos vigentes del propio COG.
Ambos artículos fijan la prohibición para que se ocupen cargos dentro del COG con personas que sean remunerados por organizaciones administrativas o técnicas del deporte federado.
Contratos vigentes
En Guatecompras se pudo confirmar que Cáceres Grajeda, Segura Monzón, Contreras Roldán y Boesche Pedrero mantienen contratos vigentes con entidades deportivas, lo que podría entenderse como una prohibición para asumir los puestos para los cuales fueron nombrados de manera interina, por ahora.
En el caso de Cáceres Grajeda, según el NPG E576585262, en Guatecompras, tiene servicios técnicos de apoyo al Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.
Nora Segura Monzón, según el registro de Guatecompras NPG E576185728, tiene servicios profesionales de apoyo y seguimiento a la Gerencia de la CDAG. En el caso de Contreras Roldán, presta servicios técnicos a la dirección de Academia Olímpica del COG, de acuerdo con el NPG E576374180.

Mientras Boesche Pedrero presta servicios profesionales a la gerencia para fortalecer a la dirigencia deportiva en las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, , según valida el NPG E576173169.
Con excepción de Contreras Roldán, que mantiene un contrato por Q270 mil, los otros tres han recibido Q300 mil cada uno, según constan las facturas emitidas entre enero y octubre del 2026, y que están detalladas en los registros de acceso público en Guatecompras, según consultas realizadas el viernes 20 de noviembre.
Dudan de Segura
Ibarra, de Movimiento ProJusticia, y el diputado Chic dudan del papel de los nuevos directivos interinos del COG y manifestaron sus dudas sobre el papel que pueda desempeñar Nora Segura, una excontralora General de Cuentas sobre la que pesan dudas por su paso en la Contraloría General de Cuentas (CGC).
“No se esperaría una actuación independiente, que ayude a la administración de justicia a esclarecer todas esas dudas sobre el manejo financiero de la institución y los abusos de poder”, indicó Ibarra.
Segura compitió para buscar un nuevo mandato al frente de la CGC y durante el proceso fue relacionada con grupos de poder político presuntamente asociados a los diputados Allan Rodríguez y Duay Martínez.
“Genera mucha desconfianza, y viene a poner a prueba a la CGC. Ahora la CGC ya debería de tener un equipo auditando ese nombramiento interino en el COG, ya que tendrían impedimentos para ejercer los cargos directivos, dado que han sido o son contratistas del deporte guatemalteco”, insistió Chic.
Para este artículo se intentó conseguir una postura de Segura, sin embargo su teléfono celular fue atendido por alguien que se identificó como uno de sus asesores; aunque se le explicó el sentido de la nota y la necesidad de contar con su versión, no se obtuvo una respuesta.
CGC y CSJ se pronuncian
Mientras tanto, la CGC al ser consultada sobre las acciones que va a tomar para evaluar si existen posibles inconsistencias en los nombramientos, respondió que nombrarán un equipo de auditores para que puedan profundizar en el caso.
“A través de la Dirección de Atención a Denuncias se realiza nombramiento de comisión de auditoría para examen especial de auditoría y a través de la Dirección de Auditoría al Sector Educación, Cultura y Deportes, se realiza una auditoría financiera y de cumplimiento, con cuatro nombramientos de auditoría que se encuentran en proceso”, explicó la subcontraloria de Calidad del Gasto.
La entidad fiscalizadora añadió que “en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales mantiene procesos permanentes en las entidades sujetas a fiscalización, cualquier situación relacionada con la administración y calidad del gasto público es evaluada conforme a los procedimientos y criterios técnicos correspondientes”.

La CSJ, por medio de la Cámara Penal, emitió una postura relacionada al COG, explicó René Girón, presidente de dicha cámara, tras explicar un comunicado de prensa que dijo era relacionada a las presiones que la entidad deportiva hizo contra un juez y personal del juzgado.
El comunicado indica que la Cámara “rechaza categóricamente cualquier acto de intimidación , coacción, presión o injerencia indebida que pretenda condicionar u obstaculizar el ejercicio de la función jurisdiccional, cuya independencia constituye una garantía especial del estado de Derecho”.
Actualmente el COG mantiene un expediente abierto a cargo del juez Mario Hichos, del Juzgado Segundo Penal, judicatura que denunció actos de intimidación por parte del COG, que ahora pretende un cambio de juez luego de presentar una recusación en contra del juez Hichos.
Cámara Penal de CSJ rechaza intimidaciones contra jueces. René Girón, presidente de la Cámara Penal, explicó que la postura es contra intimidaciones al personal judicial, como ocurrió recientemente contra el juez Mario Hichos y su equipo por parte del Comité Olímpico Guatemalteco https://t.co/bhZugDBFKb
— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) November 20, 2026



