Política

Criterios divididos por amparo que presentó María Consuelo Porras para repetir proceso de Cortes

Desde que se dio a conocer sobre la manipulación por parte del empresario y político Gustavo Alejos en la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones ha habido diferentes voces que señalan que se debe repetir el proceso.

Al menos 50 diputados asistieron a la convocatoria que hizo el Congreso para que los diputados conocieran a los candidatos a magistrados y escucharan su trayectoria profesional. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Al menos 50 diputados asistieron a la convocatoria que hizo el Congreso para que los diputados conocieran a los candidatos a magistrados y escucharan su trayectoria profesional. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Una de las voces recientes en el proceso de elección de magistrados de CSJ y Apelaciones es la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, quien presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra del Congreso para que este no elija a los funcionarios judiciales y a la vez se repitan los procesos de postulación.

En un comunicado, el Ministerio Público señaló que “existe un proceso de investigación en el que se establecen vicios dentro del proceso de conformación de las nóminas de aspirantes para integrar las Cortes del país, contraviniendo lo contemplado en los artículos 113 y 207 de la Constitución”.

El Congreso tiene previsto hacer la elección de los magistrados el próximo jueves, 27 de febrero, si no hay resolución de la Corte de Constitucionalidad. Para este proceso es necesario contar con 81 votos y la alianza oficialista, presidida por Allan Rodríguez, cuentan con al menos 89 votos.

No obstante, el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, manifestó que no se pronunciará al respecto de los motivos del amparo porque desconoce la acción que presentó el MP.

El diputado habló a los medios de comunicación en el momento en que ese organismo realizaba un foro con los 26 candidatos a magistrados de la CSJ, en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Al menos 50 diputados de los 160 fueron los que asistieron a la jornada la cual duró al menos cuatro horas. Cada uno de los candidatos a magistrados expuso su trayectoria profesional y su proyecto de como mejorar la impartición de justicia, que incluye nuevos juzgados y solicitar más presupuesto.

“Creo que esto es un importante mensaje del Congreso de la República a la población de que queremos hacer las cosas de la manera correcta, transparentar los procesos, antes solo mandaban un listado al Congreso, como todos los ciudadanos sabíamos, en el que ya se sabía quiénes iban a ser los magistrados, hoy, a todos los diputados que atendieron esta invitación quiero agradecerles por ese interés que denotan al venir a informarse y poder emitir un voto consciente e informado que es lo que pretendemos, que de esa manera actúe el Congreso.”, indicó Rodríguez.

El presidente del Legislativo manifestó que solo podía hablar del trabajo que hace el Congreso desde el momento que recibe las nóminas, las cuales ya vienen restringidas, limitadas y calificadas. “Lo que haya sucedido en el trabajo de esa comisión serán ellos – comisionados – los que deban responder sobre eso”, concluyó.

El expresidente de la Corte de Constitucionalidad Roberto Molina Barreto considera que no se debe otorgar el amparo y que se debe dejar que el proceso continué ya que el Congreso como uno de los tres poderes del Estado tiene la capacidad, no solo de revisar el proceso de postulación, sino que también los expedientes.

“Deben revisar los expedientes de los postulados y decidir sobre la integración del Organismo Judicial.  Mientras no se dé una reforma constitucional al respecto, todos los procesos que se repitan tendrán el mismo riesgo”, refirió Molina Barreto.

El profesional señaló que la fiscal general debe explicar las razones y que no se debería de reconocer tanto el poder a los grupos que aparentemente han manipulado el proceso. “En las listas hay postulados que son dignos de ostentar el cargo y se pueden revisar los expedientes”, dijo.

Sobre el amparo interpuesto por el MP, Luis Fernández Molina, exmagistrado de la CSJ, considera que “por menores motivos se suspendieron procesos en 2009 -hubo luego dos renuncias-, en 2014 y en septiembre 2019. Lo interesante es que el MP parece que tiene pruebas. Todo está en manos de la CC que debe hacer un análisis muy delicado, un balance entre la pureza de la selección frente a la estabilidad nacional”.

Se le preguntó si era mejor elegir entre candidatos cuestionados y que se mantenga el orden constitucional, a lo que respondió: “Si fuera congruente con fallos anteriores -Sep 2019- debería suspender, pero habría que hacer dos evaluaciones. Si el edificio institucional, ya resquebrajado y frágil, aguanta otra sacudida, y, también, evaluar qué ganaría con esa suspensión”.

¿Esto asegura una nueva elección sin cuestionarnos?

“Hay que tomar en cuenta que la CC se fundamenta en el art 268 que reza que la función esencial de la CC es la defensa del orden constitucional. Es muy amplio y abre las puertas a criterios que exceden el mero análisis jurídico. Habrá que esperar para ver qué ocurre en este tema”, dijo.

Agregó: “Por cierto, los criterios de género no se tomaron en cuenta para la CSJ. Veinte candidatos hombres contra seis mujeres es un retroceso”.

El director del Movimiento Cívico Nacional, José Echeverría, dijo que aún no ha leído los argumentos del MP para solicitar la suspensión del proceso, pero se debe recordar que toda vez “tengamos el mismo cuerpo normativo los resultados de las comisiones de postulación serán similares o iguales”.

El experto añadió que es imperativo hacer una revisión y reforma a la estructura de elección de Corte Suprema de Justicia que asegure independencia judicial y una Justicia pronta y cumplida para los guatemaltecos.

“La realidad es que tenemos, hoy por hoy, una Corte Suprema de Justicia conformada de forma extraordinaria por la segunda suspensión del proceso, por lo que iniciar con el proceso de reforma sin una Corte Suprema conformada con todas las de la ley estaríamos entrando a un limbo que puede durar uno o dos años recordando que esta reforma pasa por una consulta popular”, refirió.

El profesional dijo que los diputados deben guardar el principio constitucional de legalidad y ceñirse a la función que les atribuye la Constitución. “Hoy por hoy deben seguir el proceso porque no hay ninguna resolución en firme que dicte lo contrario. Sin dejar de cumplir sus funciones constitucionales también deben analizar el planteamiento de distintos sectores de reformar la conformación y elección de Cortes”.

Ven positiva la acción del MP

La directora ejecutiva del Movimiento ProJusticia, Carmen Aída Ibarra, señaló que investigaciones que realiza actualmente el MP y que afectan el proceso de postulación de candidatos a las Cortes ameritaban una acción de esta naturaleza, pues el Congreso y muchos de los diputados les quitan importancia a los hallazgos hechos públicos por el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

“El MP no podía quedarse de brazos cruzados mientras se concretaba la elección de magistrados, sobre una base de alianzas criminales como las que descubrió la Feci, en la que participaban postuladores, electores -diputados-, dirigentes gremiales, aspirantes y muchas otras personas que pululan en el mundo de la política nacional, local y regional, y que gestionan cuotas de poder en el sistema de justicia”, dijo Ibarra.

La experta señaló que la elección de magistrados no interesa solo a los diputados, también a los empresarios y a los que están en las cárceles. También interesa a gobernadores, alcaldes y otros funcionarios con poder local o regional, porque en las cortes también se dirimen asuntos que son de su interés.

“¿Hasta dónde debe afectar el amparo los procesos de postulación? ¿regresar a cero para atacar el pecado de origen, parte del pecado, que fue la elección de delegados del Cang y de la Corte de Apelaciones? o ¿regresar a un punto donde se depuren los listados? el problema es que la depuración la tendrían que hacer los mismos comisionados bajo señalamientos”, cuestionó la experta.

La directora del área de Seguridad y Justicia de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), Lorena Escobar, considera que las investigaciones preliminares de la Feci podrían dar más elementos que comprueben hasta dónde fueron influenciados los resultados de las comisiones de postulación -las nóminas de candidatos a magistrados-.

“Creo que la fiscal está enviando un mensaje que ella está pasando de ser vigilante a una acción más contundente de perseguir a quienes cometan ilícitos y en el ejercicio de su función está velando porque los mejores juristas lleguen a los cargos de las altas Cortes”, manifestó.

“¿Cuál será el resultado? lo sabremos al tener la resolución de la CC. Sin embargo, las reglas son las mismas, los actores son los mismos, puede ser que el resultado varíe, pero no sabemos si de manera negativa o positiva. Dadas las condiciones el sistema está diseñado así y en ese sistema se están llevando el juego de poder, las injerencias y la lucha por unos para que sean mejores por méritos y sus interese se vean protegidos”, concluyó la experta.

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