La explicación de los casos por los cuales el Ejecutivo no renovará el mandato de Cicig

La ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, dijo el jueves último que la Cicig se convirtió en un aparato paralelo y enumeró casos con los que sostiene esa afirmación, que explicamos en esta nota.

En conferencia de prensa, el Ejecutivo ofreció detalles de supuestas ilegalidades cometidas por la Cicig y que ameritan que ya no se renueve el contrato.
En conferencia de prensa, el Ejecutivo ofreció detalles de supuestas ilegalidades cometidas por la Cicig y que ameritan que ya no se renueve el contrato.

La funcionaria aseguró que esa entidad manipuló la justicia guatemalteca, por lo que corresponde no renovar su mandato, y ofreció una serie de casos que confirmarían esta postura.


Jovel explicó que la comisión tiene un “modus operandi” y que sus ilegalidades fueron denunciadas a la Organización de Naciones Unidas, pero estas no fueron atendidas.

Estos son los casos y sus detalles:

“El señor Iván Velásquez ha presionado al Congreso de la República para hacer reformas a la Constitución y enmiendas a leyes ordinarias del país. Dicha intromisión llegó al colmo de cabildear leyes e invitar a los jefes de bloque de Congreso a influir en decisiones de dicho órgano estatal”.


En abril del 2016 se propuso de parte de los jefes de los tres poderes del Estado, Ranulfo Rojas, del Organismo Judicial, Jimmy Morales, del Ejecutivo y Mario Taracena, de Organismo Legislativo, un Diálogo Nacional para reformas a la Constitución.

El proceso se acompañó por la Secretaría Técnica, integrada por Thelma Aldana, fiscal General; Iván Velásquez, jefe de la Cicig, y Jorge de León Duque, procurador de los Derechos Humanos.

También fueron observadores Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y Verónica Simán, coordinadora residente interina del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala.

La asesoría consistió en un monitoreo y emitir opiniones acerca de las propuestas recibidas.

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“Los hermanos Valdés Paiz, por el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, donde estos estuvieron en prisión preventiva por ocho años y al final fueron absueltos”.


El Caso Rosenberg se refiere a la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, ocurrida el 10 de mayo del 2009 en la Avenida las Américas. Un día después, se distribuyó un video en el que el abogado acusaba de su muerte al entonces presidente Álvaro Colom; a su esposa, Sandra Torres y al secretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos.

El caso fue investigado por el entonces jefe de la Cicig, Carlos Castresana, que determinó que Rosenberg contrató a un grupo de sicarios para que lo asesinaran.

Por el caso, fueron detenidos Francisco y Estuardo Valdés Paiz, señalados como autores intelectuales del crimen.
Según la fiscalía, hay 13 personas procesadas, de las cuales nueve fueron sentenciadas.

En el caso de los hermanos Valdés Paiz, la prisión preventiva tardó tres años, no han sido absueltos, sino que sigue en discusión la probabilidad de que enfrenten debate oral y público.

Los procesados en ese caso son:

  • William Gilberto Santos Divas, condenado por asociación ilícita y asesinato.
  •  Miguel de Jesús Ordóñez Barrios, condenado por asociación ilícita.
  • José Armando Ruano Gaitán, condenado por asociación ilícita, asesinato y tenencia ilegal de armas de fuego.
  • Balmoris Guzmán Orellana, condenado por asociación ilícita
  • Jesús Manuel Cardona Medina, condenado, asociación ilícita y asesinato
  • Lucas Josué Santiago López, condenado por asociación ilícita y asesinato.
  • Samuel Girón Cóbar, condenado por asociación ilícita.
  • Byron Estuardo Santos Divas, condenado por asociación ilícita.
  • Edwin Idelmo López, condenado por asociación ilícita y asesinato.
  • José Estuardo Valdés Paiz, proceso en etapa intermedia, sindicado de asesinato.
  • Francisco José Ramón Valdés Paiz, proceso en etapa intermedia, sindicado de asesinato.
  • Diego Moreno Botrán, beneficiado con criterio de oportunidad, sindicado de colusión.
  • Julio Rodolfo Nicolaid Ibarra Figueredo, beneficiado con criterio de oportunidad, sindicado de colusión.

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“Vale la pena recordar el allanamiento de la Cicig en la Casa Presidencial, como uno de los más preocupantes, y sobre el cual existe un video que describe la forma violenta en que se desarrolló dicho allanamiento”.


El 2 de noviembre del 2016, investigadores de la Fiscalía de Lavado de Dinero del Ministerio Público (MP) llegaron a la Casa Presidencial donde hicieron un allanamiento en busca de documentos de la Guardia Presidencial.

Los fiscales ingresaron a las oficinas de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, pero se les informó que las oficinas administrativas de la Guardia Presidencial están ubicadas en el Cuartel de Matamoros, por lo que después se dirigieron a esas instalaciones.

El presidente Jimmy Morales aclaró, un día después del suceso, que “en Casa Presidencial no hubo allanamiento, había una instrucción para hacer algunos allanamientos en la Guardia Presidencial, la dirección que llevaba la orden no correspondía; sin embargo, abrimos las puertas”, indicó.

“Abrimos las puertas para que pudieran entrar, es una manifestación de que bendito sea Dios el Ejecutivo nunca ha escondido nada”, dijo el mandatario.

17 meses después, en abril de este año, Morales utilizó sus redes sociales para difundir el video de la llegada de los fiscales del MP a la Casa Presidencial y pidió a la Procuraduría General de la Nación indagar sobre el trabajo de los funcionarios de la Cicig.

A la fecha no se ha informado sobre resultados de las indagaciones.

“Otros ejemplos para ilustrar lo anterior, incluye la muerte del señor Pavel Centeno”.


El 28 de octubre del 2016, el exministro de Finanzas, Pavel Centeno, se suicidó durante un cateo a su vivienda.

Ese día, dos patrullas de la Policía Nacional Civil ingresaron a residenciales Los Encinos del Naranjo, Condado Naranjo, zona 4 de Mixco para acompañar allanamientos efectuados por el MP.

Uno de los fiscales relató que al intentar ingresar a una vivienda el exministro salió con una pistola y disparó en contra de los investigadores, después se disparó en la boca.

Se informó después que el MP iba en busca de Ronald Giovani García Navarijo, expresidente del Banco de los Trabajadores.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses confirmó el suicidio del exfuncionario de Otto Pérez Molina.

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“El caso del joven Zimeri por lesiones causadas por personal la Cicig y encubrimiento y manipulación de evidencias del señor Velásquez”.

En agosto del 2017 circuló un video en el que se ve a un joven golpeado, que denuncia agresiones de parte de funcionarios de la Cicig durante un encuentro de futbol. El agredido fue identificado como Andrés Zimeri, de 19 años y los hechos ocurrieron en junio de ese mismo año.

Sobre el hecho, la Cicig publicó un comunicado en el que indicó que funcionarios de la comisión participaron “de manera particular en un partido de futbol en horas no laborales”, que “lamentablemente se generó una disputa entre el equipo de los funcionarios y el otro equipo, situación que tuvo como consecuencia que integrantes de ambos equipos sufrieran lesiones”.

El Ministerio Público afirmó que sobre el caso se conocen dos denuncias, la de Zimeri y la de un trabajador de la Cicig, que informó que se trató de un intercambio de golpes.

En el expediente del caso incluye una queja en contra el comisionado Iván Velásquez, misma que interpuso el padre de Zimeri a una representante de la Organización de las Naciones Unidas.

En esta queja, el padre cuestiona que la Cicig haya solicitado las grabaciones que registraron la pelea al establecimiento deportivo, por considerar que no se trata de una competencia de la entidad.

De parte de la Cicig, el caso se sometió al comité de disciplina.

“El caso Pavo Real, por ejecuciones extrajudiciales, donde los implicados fueron absueltos por no existir evidencia suficiente tanto en juzgados nacionales como extranjeros”.


El 25 de septiembre del 2006, la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó plan para recuperar la cárcel de Pavón. Esta se denominó Operación Pavo Real y tenía el aval del entonces presidente Óscar Berger.

Ese día murieron siete privados de libertad y el MP y la Cicig señalaron a varios exfuncionarios por homicidio. Se trata de Carlos Vielmann, exministro de Gobernación; Erwin Sperisen, exdirector de la PNC; Alejandro Giammattei, exdirector del Sistema Penitenciario; Víctor Soto, exjefe de Investigación Criminal de la PNC, y Javier Figueroa, exsubdirector de la División de Investigación Criminal de la PNC.

Según la fiscalía, en este caso ningún tribunal ha indicado que existan pruebas falsas.

Las personas que han enfrentado proceso penal por los hechos conocidos como Pavón-Infiernito son:

  • Axel Arnoldo Martínez Arreaza, condenado por ejecución extrajudicial y asociación ilícita.
  • Víctor Manuel Ramos Molina, condenado por ejecución extrajudicial.
  • Francisco González Ibáñez, absuelto, sindicado de ejecución extrajudicial.
  • Edwin Emmanuel Rivera Gálvez, absuelto, sindicado de ejecución extrajudicial.
  • Víctor Hugo Soto Diéguez, condenado por ejecución extrajudicial.
  • Aldo Stefano Figueroa Díaz, condenado por asesinato, asociación ilícita y tenencia ilegal de armas de fuego.
  • María del Rosario Melgar Martínez, absuelta, sindicada de ejecución extrajudicial
  • Nicolás Camajá Bach, absuelto, por ejecución extrajudicial.
  • Carlos Roberto Vielmann Montes, absuelto, sindicado de ejecución extrajudicial.
  • Javier Estanislao Figueroa Díaz, absuelto, sindicado de ejecución extrajudicial.
  • Erwin Johan Sperisen Vernon, condenado a 15 años por ejecución extrajudicial. En un primer juicio fue sentenciado a cadena perpetua, la cual fue anulada.
  • Alejandro Giammattei Falla, caso sobreseído, sindicado de ejecución extrajudicial.

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