Jorge Mario García Laguardia, exprocurador de los Derechos Humanos, cree que en Guatemala hubo genocidio y que la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde murieron 41 menores, demuestra “ausencia del Estado”.
¿Por qué esa percepción de la gente de que los Derechos Humanos defienden a delincuentes?
Esta es una posición conservadora. Este país es un país conservador en su mayoría, y en el fondo de esto implica una posición en contra de la defensa de los Derechos Humanos.
Los grupos conservadores que apoyaron los gobiernos militares, empresariales y autoritarios durante tantos años están de nuevo en el poder.
¿Esto es cíclico, que los mismos se van y vuelven?
Es que aquí no se han ido. Están los mismos desde 1954, que son los que están gobernando en este país y los que lo están manejando y los que lo están explotando.
¿Cuáles son los intereses de que aunque la gente cambie se mantenga el mismo sistema?
Son los intereses económicos de las gentes poderosas de este país, manejado por un 5 por ciento de la población que domina al resto, y que se aprovecha de todo el país para su beneficio económico personal y de clase.
¿Cómo llegó usted a la PDH?
Yo fui el segundo procurador. El primero fue Ramiro de León Carpio, quien, con motivo del golpe de Estado, ascendió a la Presidencia, y yo lo sucedí. En ese momento yo era magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), donde tuvimos un papel importante porque declaramos la inconstitucionalidad de las normas temporales de gobierno que había dictado el presidente Serrano para dar el golpe de Estado.
Sorpresivamente llegaron a mi despacho, en la Corte de Constitucionalidad, los diputados de la comisión de Derechos Humanos. Me decían que solo había un candidato en el Congreso: yo. Me pedían que fuera a la Procuraduría.
¿Cuál era la situación de los derechos humanos cuando usted fue el procurador?
Era terrible. Era la época en que todavía no se había producido un cambio fundamental, y el Ejército y los comisionados militares jugaban un papel muy importante todavía. A mí me tocó descubrir los primeros cementerios clandestinos.
¿Dónde estaban estos cementerios clandestinos?
Fueron localizados en el área de Rabinal, en Río Negro, los dos primeros cementerios clandestinos que a mí me tocó ir a descubrir y hacer las primeras exploraciones con el Instituto de Antropología Forense, que se dedicó a este tema por primera vez, y ahí se descubrieron decenas de decenas de muertos.
¿Se ha avanzado en materia de derechos humanos?
En términos generales sí se ha avanzado. Por lo menos ha desaparecido la política oficial del gobierno de violación de los Derechos Humanos persiguiendo a la oposición.
Eso actualmente no existe, las violaciones a esos derechos se producen en diferentes circunstancias, pero no como una política de Estado, y eso es un avance muy importante de este proceso de transición en Guatemala.
¿En qué consistía antes esta política de Estado?
Había todo un programa de control de la población a cargo del Ejército, de los grupos más conservadores del Ejército apoyados por la iniciativa privada en general, representada por el Cacif, y por la embajada americana, había una política en el sentido de perseguir a los comunistas, que era lo que ellos planteaban, pero, en el fondo, perseguir a los comunistas quería decir perseguir a la oposición.
Era una persecución general en que todos los que no estábamos apoyando al Gobierno éramos comunistas, y como consecuencia debíamos ser suprimidos y eliminados.
¿A eso se refería el “control” de la población?
Exactamente. Era supresión del adversario, y así se produjeron situaciones verdaderamente terribles como las de Xamán, y Río Negro y las Dos Erres.
¿Hubo genocidio en este país?
Totalmente. No hay ninguna duda. Incluso organismos internacionales de Naciones Unidas han realizado estudios en ese sentido y han determinado que efectivamente hubo genocidio en este país.
¿Cuáles son los retos pendientes en materia de derechos humanos?
Todos, porque la garantía de los derechos humanos depende de una población equilibrada que esté satisfecha de sus necesidades sociales, y más que un programa de carácter legal o judicial es un programa político en la reforma del país para organizar un país más equitativo y más justo, que los pobladores tengan satisfechas sus necesidades básicas.
¿Cree que se comenzó a hablar de derechos humanos muy tarde?
No. Se ha hablado de eso siempre, pero todos los que hablábamos de derechos humanos antes de esa época nos consideraban como adversarios, como enemigos políticos, y había un programa general orientado a liquidarnos.
¿Quién diría usted que fue un buen procurador de Derechos Humanos?
Ramiro de León Carpio, que fue el primero, fue bastante bueno con la circunstancia en la que le tocó desempeñar su tarea.
¿Qué tan deseado es ahora el cargo de procurador de los Derechos Humanos?
Es muy deseado, por supuesto, porque cuando yo fui procurador mi salario era de Q6 mil, se completaba con los gastos de representación que todos los funcionarios tenemos, pero actualmente el PDH gana más de Q100 mil.
Entonces esto se ha vuelto una especie de lotería burocrática.
¿Cuáles son las cualidades para ser procurador?
El PDH, primero, debe ser una persona independiente, que tenga una gran calidad moral, probada por su vida en los diferentes aspectos que haya tenido en su desarrollo, porque las resoluciones del procurador son recomendaciones al Estado, es supervisión a la administración pública, y esto necesita cierta autoridad moral, de tal manera que quien sea electo o electa debe ser de una gran trayectoria moral y una gran legitimidad.
¿Cómo ve el caso del Hogar Seguro Virgen de la Asunción?
Yo creo que eso se está resolviendo en este momento y está en proceso, pero de la investigación que se ha realizado hasta el momento hay varios responsables en manejo de ese tema.
¿Qué significa para el Estado la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción?
Significa una cosa muy grave: que no hay Estado en este país, porque ahí se demostró que todas las autoridades fueron absolutamente incompetentes para solucionar el caso, no solo las autoridades administrativas, sino incluso las judiciales.
La propia jueza llegó cuando se planteó una exhibición personal de las menores en el terreno y no realizó su función hasta el día siguiente que regresó, de tal manera que para el Estado significa algo grave: que el Estado de Guatemala no tiene existencia real.
¿Qué opina de la Cicig, cree que debe continuar en el país?
Yo creo que el papel de la Cicig ha sido muy importante. Si la Cicig no hubiera venido y no estuviera a cargo del funcionario actual que le corresponde en este momento ejercer ese cargo, en Guatemala no se hubieran aclarado muchas cosas, de tal manera que ha sido utilísima para descubrir toda la corrupción que en este país existe desde hace muchos años.
Ojalá se quede la mayoría del tiempo hasta que se logre solucionar esto, lo cual creo que llevaría bastante tiempo.
¿Quiénes están detrás de los ataques a la Cicig, de retrasar las reformas constitucionales en el sector justicia?
Es una alianza conservadora en este país. Es una alianza que, en principio, los sectores empresariales representados en el Cacif.
Los sectores económicos que se benefician mucho de la situación que existe en este país y que se oponen a todo tipo de reformas porque ellos tienen el control del país.
¿Algunos diputados forman parte de esa alianza?
La mayoría de los diputados corresponden a esa alianza que además tienen sus propios partidos y representan esos intereses. De tal manera que eso es lo que hay que modificar.
