Eliminar delito de financiamiento electoral ilícito favorece a políticos señalados

La reforma del delito de financiamiento electoral que propone la Comisión Extraordinaria del Congreso elimina el delito de financiamiento electoral ilícito, lo cual beneficiaría a personas actualmente señaladas o procesadas, incluso al mismo presidente Jimmy Morales, cuyo antejuicio fue engavetado pero sin los suficientes votos para ser desechado.

El diputado Roberto Villate es investigado por financiamiento electoral ilícito en el partido Líder. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
El diputado Roberto Villate es investigado por financiamiento electoral ilícito en el partido Líder. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

A criterio de expertos y diputados, la propuesta elaborada por asesores de la Comisión para reformar el segundo párrafo del artículo 407 N del Código Penal es derogar el segundo párrafo y crear dos artículos más para dejar solo el financiamiento electoral no registrado y el anónimo.


De prosperar esta moción, las personas  señaladas   de financiamiento electoral ilícito, como los casos de los diputados Orlando Blanco, Roberto Villate y el presidente Jimmy Morales, quedarían sin materia.

Un análisis legal al que tuvo acceso Prensa Libre señala que al derogar el segundo párrafo se aplicaría el artículo 15 de la Constitución, que establece que “la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo”.

Para la diputada Nineth Montenegro, jefa de la bancada Encuentro por Guatemala (EG), la Corte de Constitucionalidad (CC) fue  clara y ordenó reformar el segundo párrafo del artículo 407 N, no derogar nada.

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“Esa es la única y exclusiva tarea que tienen los diputados. No crear ni inventar otras cosas. A mi parecer, se está violentando el mandato que la Corte dio”, afirmó Montenegro.

Agregó: “Aunque se puede aducir que es para diferenciar el financiamiento ilícito, el anónimo  y el no registrado, se debe cumplir con lo que dice la CC”.

La legisladora considera que la derogación implicaría liberar a quienes tienen procesos pendientes.

Enrique Álvarez, jefe de la bancada Convergencia, cree que la propuesta hecha por los asesores de la comisión está mal formulada.


“No nos ordenaron hacer nuevas literales o derogar el párrafo. Pensamos que puede tener un efecto perfecto por los procesos que están pendientes, o incluso los que se investigan”, aseveró Álvarez.

Descargo

Se le consultó a Rodolfo Castañón, presidente de la Comisión Extraordinaria, sobre los señalamientos, y justificó la propuesta: “Se trabajó conforme a los aportes que dieron las diferentes instituciones”.

“La verdad es que la iniciativa de ley está en proceso, no ha quedado en firme. Fueron aportes del equipo técnico. Debemos partir de algo y luego hacer los ajustes necesarios”, afirmó el parlamentario.

Según Castañón, los asesores  elaboraron la propuesta pero eso no significa que vaya a ser aprobada de esa manera; por el contrario, el documento solo sirve para comenzar a hacer aportes concretos y estructurar una moción final.

El presidente de la Comisión descartó que  estén recibiendo alguna presión de parte de algún sector.

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“Llegamos a la parte más importante y cada diputado tendrá que analizar los aportes y cada uno planteará sus criterios, que además debe consensuar con su bancada”, explicó Castañón.

El congresista agregó que las copias de las propuestas ya fueron entregadas a los integrantes de la Comisión; sin embargo, no está definida la fecha para que se vuelvan a reunir para conocer nuevos aportes y discutir una iniciativa consensuada.

Otros aspectos

Por ahora hay tres propuestas de reforma, una del diputado Oliverio García Rodas, que aunque no deroga el financiamiento ilícito, lo modifica.

En la redacción, según el análisis,  se da a entender que elimina la responsabilidad de la figura del secretario general o cualquier miembro del comité ejecutivo del partido que autorice recibir fondos anónimos o no registrados.

García Rodas, en el momento en que presentó su propuesta a la comisión, explicó: “No habla específicamente de nadie, ni de secretario general ni del financiero, ni del tesorero ni de la secretaria”, sino “de quien tenga la obligación de hacer el registro, y no lo haga a sabiendas de que debe hacerlo”.

En la tercera propuesta, presentada por Convergencia, destaca que la pena no es inconmutable, como se contempla actualmente; sin embargo, diputados de la bancada aseguran que no es necesaria, porque así se logra guardar el principio de proporcionalidad.

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