El artículo 129 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo dicta a la Junta Directiva del Congreso poner a conocimiento del pleno el decreto vetado en la sesión más próxima.
Debido a que el presidente Alejandro Giammattei tomó la decisión cuando estaba en curso el receso parlamentario, esa tarea se vio pospuesta hasta ahora que comenzó el nuevo período de sesiones.
Las opciones que tiene el Congreso respecto de ese tema son varias: aceptar el veto, rechazarlo o presentar una nueva iniciativa con base en las recomendaciones que trasladó el gobernante.
Le podría interesar
En caso de tomar el primer camino, las reformas a la Ley de Contrataciones no cobrarían vigencia; con la segunda opción, los congresistas necesitan aprobar la ley con 107 votos y ordenar su entrada en vigor sin el aval del mandatario.
Con la tercera opción, legisladores, posiblemente de la bancada oficial, tendrían que recopilar las sugerencias hechas por el Ejecutivo para elaborar una nueva iniciativa de ley y que se agote un proceso normal de aprobación, con sus tres lecturas y discusión.
Una cuarta posibilidad, amparada en el artículo 131 de la Ley Orgánica del Congreso, permite crear una comisión especial que entre a analizar el veto y todos los antecedentes del decreto.
Cualquiera que sean los caminos que se elijan, lo que está claro es que el tema reclamará la atención de los congresistas, porque detrás se encuentra la mayoría de alcaldes, que ha presionado por los cambios a la normativa.
Anam presentará alternativa
Con los cambios aprobados por el Congreso a la Ley de Contrataciones se amplían los montos en cada modalidad de adquisición que establece la norma.
Las compras de baja cuantía pasan de Q25 mil a Q100 mil, la compra directa cambia de Q90 mil a Q200 mil, las cotizaciones que podían llegar hasta los Q900 mil ahora tienen un techo límite por hasta Q2 millones y tan solo aquellas compras que superen ese último monto deberán pasar por el filtro de la licitación.
Esos cambios, a criterio de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), les permite contar con una herramienta jurídica para responder a las necesidades comunales, extremo que, aseguran, ahora no es posible.
Marvin de León, gerente de Anam, afirma que esta semana van a recibir un análisis jurídico del veto presidencial para dar una opción al Legislativo que permita mantener los cambios y cumplir con las garantías que solicita el presidente.
No contar con esa ley, según De León, trae una infinidad de problemas a los alcaldes, quienes deben dar respuesta a todas las emergencias que deja la época de lluvia.
“Por ejemplo, Cahabón, Alta Verapaz, ya tiene 39 derrumbes en sus 138 comunidades, y la dificultad que tenemos es que no hay forma de poder tener rapidez, porque la municipalidad cuenta con un equipo de maquinaria para atender esas necesidades, pero es insuficiente, y ante ello se generan dificultades de verdad serias, porque la contratación debe obedecer a un tiempo y plazo que está en la ley”, señaló.
El análisis jurídico de la Anam se espera que esté listo hoy mismo, y solicitar una audiencia a la Junta Directiva del Legislativo esta misma semana.
Balance legislativo
A decir del diputado Manuel Conde, jefe de bloque del Partido de Avanzada Nacional (PAN), el Pleno tiene que conocer y debatir el veto presidencial, que estima pueda propiciar un debate político de altura para definir el futuro de la Ley de Contrataciones.
“El presidente no está en desacuerdo con que se eleve el margen de la compra directa a los alcaldes, está en desacuerdo con que esa disposición pueda ser aplicada por el Ejecutivo, que los funcionarios puedan comprar de forma directa”, situación que podría permitir un acuerdo entre los diputados y aclarar el panorama.
Conde fue uno de los legisladores que apoyó la ley, por considerarla necesaria para el desarrollo, ya que los alcaldes se ven en dificultades hasta para reparar una bomba de agua o un transformador eléctrico.
En contraparte, la diputada Sonia Gutiérrez, jefa de bloque de Winaq, aseguró que votó en contra de la norma porque no existían garantías de transparencia en el gasto público autorizado a alcaldes y dependencias del Ejecutivo.
“Sí es justificable por el contexto de país, pero se está ampliando demasiado y no asegura mecanismos de transparencia; no está establecido un mecanismo que nos permita generar confianza de esos nuevos procesos con nuevos montos”, precisó.
Pulso político
Cualquiera que sea la decisión que tome el Congreso, habrá un grupo inconforme, ya sean los alcaldes, por no poder ejecutar mayor cantidad de recursos, o todos los grupos y sectores que manifestaron sus dudas por la poca transparencia a la ley que fue aprobada por el Legislativo.
El politólogo Jorge Aguilar, de Wong, asegura que este tema complica el arranque del segundo periodo ordinario, porque expone el criterio de cada diputado y bancada alrededor de una ley que puede poner en juego el buen uso de los recursos públicos.
“Esta ley tiene dos aristas la que sea beneficiaria quedará contenta y la otra será la que salga a protestar o verá con qué medios manifestar su descontento”, explica.
Por su parte, Alejandro Quinteros, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), dijo que sería oportuno que los diputados escuchen todos los análisis que exponen las debilidades que tiene la ley que aprobaron.
“Lo mejor quizás sería poder realizar una nueva versión de la ley, ya que de lo que se pudo ver —la vetada— no respondía a las necesidades de país, había cuestiones más profundas que no fueron tocadas y que requieren de algún tratamiento para poder hacer el gasto y la formulación del gasto más objetivo, más transparente y sobre todo más eficiente”, puntualiza.
