Más de Q2 mil millones del BID se usarán para fortalecer sistema de Salud, carreteras y al Ministerio Público

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Finanzas firmaron contratos de préstamos para fortalecer tres programas que buscan mejorar la atención en los servicios de salud, infraestructura vial y funcionamiento del Ministerio Público.

Parte del préstamo del BID es para mejorar red del sistema de salud, cuya cobertura es ineficiente. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Parte del préstamo del BID es para mejorar red del sistema de salud, cuya cobertura es ineficiente. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Semanas atrás, el Congreso de la República aprobó los tres préstamos por US$310 millones (Q2 mil 390 millones 100 mil), y que se concretará con la firma de los contratos por parte del ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, y el representante del BID en Guatemala, Carlos Melo.

 

El préstamo en Salud no está relacionado con la emergencia del covid-19, pero los  US$100 millones (Q771 millones) se utilizarán en la ampliación de cobertura de los servicios de salud. Los proyectos tienen énfasis en reducir la mortalidad materno-infantil en zonas vulnerables del país, con mayor atención en Huehuetenango y San Marcos, donde los niveles de desnutrición y muertes maternas son altos.

Parte de los fondos servirán para la construcción de dos nuevos hospitales distritales y mejorar otros cuatro ya existentes. Además de la edificación de 75 nuevos puestos de salud y el mejoramiento de otros 63.

Hasta ahora la cobertura de los servicios de salud en el país es insuficiente. Según una proyección del Ministerio de Salud, por cada 10 mil habitantes debería haber un centro de salud, por lo que se necesitarían 1 mil 490 centros a nivel nacional, debido a los 14.9 millones de habitantes que lanzó el último Censo Poblacional.

En el caso de los puestos de salud se necesitan alrededor de 5 mil, y hasta el año pasado se contaban 1 mil 223, de acuerdo al Sexto Monitoreo de la Venta de los Mil Días, de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa). Una brecha de cerca del 80 por ciento para dar la cobertura necesaria en el área rural.

Con el préstamo también se proyecta implementar el Modelo de Red Departamental para Laboratorio, Banco de Sangre, Emergencias y Tecnologías de la Información, entre otras intervenciones.

“En esta coyuntura de crisis de salubridad, programas que fortalezcan servicios tan esenciales como los de salud o las redes de infraestructura vial se vuelven vitales, tanto en esta primera fase de la emergencia sanitaria como en una sana y sólida recuperación económica”. Carlos Melo, Representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Guatemala.

Mejorar infraestructura y la justicia

Otros US$150 millones (Q1 mil 156 millones 500 mil) se invertirán en infraestructura vial. Este préstamo fue aprobado por el BID a principios del 2019, con dos componentes: inversión en la red vial nacional y desarrollo de capacidades de pre-inversión.

El objetivo del préstamo, según el BID, es mejorar la conectividad de áreas productivas y cabeceras departamentales con la red principal, lo que permitirá la reducción tiempo y costos de operación, que impactará en la competitividad del país.

“La ejecución de este programa generará 2 mil empleos directos y 4 mil indirectos y su beneficio económico neto es de US$1,050 millones por año, el 1,4% del PIB”, resalta el banco en un comunicado de prensa.

Guatemala tiene un plazo de 24 años y una prórroga de hasta 6.5 años y una tasa de interés de LIBOR a 3 meses para pagar este préstamo.

Son US$60 millones (Q460 millones 600 mil) los que se invertirán en el Programa de fortalecimiento y modernización del Ministerio Público. Este préstamo fue aprobado por los diputados del Congreso de la República en una maratónica sesión el pasado 3 de abril.

La suma será, de acuerdo con el BID, para perfeccionar las capacidades de la institución de manera integral y afianzar su liderazgo en la lucha contra la delincuencia común, criminalidad organizada y problemáticas de accesibilidad a la justicia en todo el país.

El programa también contempla mejorar la persecución penal.