Ministerio Público solicita retiro de derecho de antejuicio contra 10 diputados

La Fiscalía acusa a los diputados de tráfico de influencias, asociación ilícita, cohecho activo y lavado de dinero u otros activos.

Se prevé que el Congreso de la República se paralice durante lo que resta del año. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).
Se prevé que el Congreso de la República se paralice durante lo que resta del año. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Así como lo habían anunciado hace tres semanas cuando dieron a conocer el caso Asalto al Ministerio de Salud, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) presentó la solicitud de retiro de antejuicio contra diez diputados de la actual legislatura.

Los diputados estarían relacionados al caso de corrupción presentado por el Ministerio Público (MP) el 16 de julio pasado, por hechos ocurridos entre 2012 y 2014, en el cual estiman cobros de sobornos por Q53.9 millones, a través de empresas contratistas coludidas con los funcionarios.

El caso se conoció el 16 de julio pasado cuando fueron detenidas 19 personas y una semana después se entregó el exdiputado Luis Fernando Pérez Martínez.

Los señalamientos implican al exministro de Salud, Jorge Villavicencio, en una presunta estructura de corrupción en esa cartera.

También está señalada la hija de este, Saraí Villavicencio Delgado, y al exdiputado Pérez Martínez, como presuntos cabecillas de una estructura dedicada a cobros ilícitos por proyectos de remoción y reparación de hospitales, durante el estado de Calamidad por el terremoto de San Marcos. Así como por otros eventos de construcción de hospitales, compra de bienes en el ministerio y adjudicación de plazas en la institución a personas recomendadas por diputados del Congreso de la República.

Según el MP, la investigación está fundamentada con miles de correos electrónicos, registros documentales, eventos de compras, análisis criminalísticos, un colaborador eficaz involucrado en la recolección del dinero y complementado con otros dos colaboradores eficaces con conocimiento del método de cobro de la estructura.

Los diputados señalados son:

  • Boris España, por asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones, lavado de dinero y tráfico de influencias.
  • Estuardo Galdámez, por asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones, lavado de dinero y tráfico de influencias y cohecho activo.
  • Aracely Chavarría Cabrera, por tráfico de influencias.
  • Luis Alberto Contreras, por tráfico de influencias.
  • Marco Antonio Lemus, tráfico de influencias.
  • Humberto Leonel Sosa, tráfico de influencias.
  • Carlos Santiago Nájera, tráfico de influencias.
  • José Inés Castillo Martínez, tráfico de influencias.
  • Rodolfo Moisés Castañón, tráfico de influencias.
  • Ronald Estuardo Arango, por peculado por sustracción.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) prsentó el retiro de antejuicio en la oficina de Gestión Penal de la Torre de Tribunales. (Foto Prensa Libre: Kenneth Monzón)

Proceso

Gestión Penal designará por sorteo diez judicaturas para conocer cada antejuicio a los legisladores. El procedimiento será que cada juez al recibir el expediente deberá revisarlo y notificar a las partes. Después tiene tres días para inhibirse y remitir el caso a la Cámara de Amparos y Antejuicios por tratarse una máxima autoridad.

Lo que sigue será que en sesión de pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se discutirá si se le da trámite al caso. Si es así, se debe nombrar un pesquisidor, quien tendrá hasta 60 días para indagar en el caso. Después de entregar un informe los magistrados decidirán si le retiran la inmunidad a cada legislador.

El antejuicio puede ser rechazado por la CSJ. Si esto ocurre existen vías impugnativas.

La cooptación en Salud

Según el expediente del MP, al menos 118 personas se encontraban involucradas en la estructura criminal. Fueron solicitadas 28 órdenes de captura, 84 citaciones y 10 solicitudes de retiro antejuicio contra diputados del Congreso.

La imputación señala que la estructura comenzó a operar cuando Villavicencio asume como ministro de Salud Pública en el 2012. Su hija Saraí Villavicencio Delgado, junto a Luis Fernando Pérez, entonces diputado, presuntamente habrían montado una estructura en la institución para facilitar la contratación de obras públicas y compra de bienes y servicios a través de la colocación de sus allegados en puestos claves en la institución.

Los diputados contra los que el MP solicita retiro de antejuicio han sido relacionados por su presunta intervención en procesos de remozamiento de hospitales, así como por solicitar plazas fantasma o presumiblemente pedir a Villavicencio plazas en la institución para sus recomendados, señalan las pesquisas.

En contratos de remozamiento o reparación de hospitales, a raíz del terremoto de San Marcos de ese año, según la imputación, se habrían cobrado Q17 millones, en la construcción de nuevos centros en Quiché, Baja Verapaz, Sacatépequez y Villa Nueva se habrían cobrado sobornos por Q36 millones. Mientras que preliminarmente se estima en Q900 mil el cobro de sobornos por contratos de bienes para el Ministerio de Salud.

En la imputación también se incluye a Jaime Pérez Castillo, sobrino del expresidente Otto Pérez Molina; y entre los contratos por los que se intentó cobrar una comisión, sin lograrlo, un proyecto de construcción de un hospital modular en Mixco, por entre Q75 millones y Q80 millones, cuando Otto Pérez Leal, fungía como alcalde de ese municipio. La adjudicación del proyecto, sin embargo, ya no se llevó a cabo, indican las autoridades.

Esposo de magistrada es beneficiado

El 25 de julio pasado se entregó exlegislador Mario Santiago Linares García, esposo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia García. Ese día compareció en el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Erika Aifán, quien lo benefició al dictar falta de mérito.

Había sido señalado de los delitos asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias aún así la jueza notó supuestas inconsistencias en el señalamiento y dictó falta de mérito a su favor.

Plazas fantasma

La investigación continúa en desarrollo para determinar los cobros realizados por 450 plazas en el ministerio que habrían representado favores políticos a diputados, cobros mensuales a la organización o posibles plazas fantasma.

En la indagación, realizada luego de tres años de análisis de información documental y testimonial, también se relaciona al exdirector del Instituto Guatemalteco de Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, cuando este era secretario privado del entonces presidente Otto Pérez Molina. Rodríguez,  presuntamente se habría beneficiado, a través de intermediarios, de algunos contratos de remozamiento de centros de salud y hospitales.

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Los diputados contra los que el MP solicita retiro de antejuicio han sido relacionados por su presunta intervención en procesos de remozamiento de hospitales, así como por solicitar plazas fantasma o presumiblemente pedir al ministro de Salud en ese entonces, Jorge Villavicencio, plazas en la institución para sus recomendados.

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