Las multinacionales son algunas de las empresas que respondieron al Llamado a la Acción que hizo la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, en mayo de 2021 para que invirtieran en Guatemala, El Salvador y Honduras con el objetivo de desarrollar a estas poblaciones y disminuir la migración irregular.
Las compañías confían en que sus prácticas transparentes puedan mejorar la gobernanza y el estado de Derecho y en consecuencia el entorno empresarial en los tres países.
A la fecha, de acuerdo con el sitio en internet de la PCA, se han adherido a la iniciativa 30 socios estratégicos, la mayoría empresas privadas. Hasta febrero pasado se había impulsado inversiones en los tres países por US$4 mil 200 millones.
La firma de la declaración compromete a las compañías a no iniciar o mantener nexos con personas o entidades en quienes haya indicios creíbles de conductas corruptas o de que hayan violado las normas internacionales de derechos humanos.
“Creemos que al mejorar el estado de Derecho y reducir las oportunidades de corrupción va a mejorar la inversión y el desarrollo económico. Los signatarios van a trabajar para mejorar el clima que reduzca la corrupción”, explicó Mark Lopes, presidente de la PCA.
Estas acciones podrían establecer un ecosistema de apoyo para la implementación de los compromisos que han adquirido las empresas que han respondido al Llamado a la Acción, añadió.
Las empresas que firmaron la declaración son: AgroAmerica, Grupo Mariposa, Corporación AG, Mastercard, Microsoft, Millicom, Pantaleon, Parkdale Mills, PepsiCo y PriceSmart.
“Los integrantes que firmaron expresaron su compromiso con la economía e inversión que apoyará a la población de la región, fortaleciendo sus instituciones públicas y privadas, brindando un futuro esperanzador para millones de personas en las próximas décadas”, explicó la PCA en un comunicado.
Agregó que “las prácticas comerciales transparentes y legales generan confianza y responsabilidad en toda la comunidad empresarial” y mejoran la “adherencia al estado de Derecho” y reducen las oportunidades de corrupción.
Estado de Derecho “es vital”
José Fernández, subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de EE. UU., precisó que un gobierno responsable y una buena gobernanza son vitales para fomentar trabajos dignos que beneficien a la población. “Las compañías también pueden mostrar buenas prácticas que alienten una buena gobernanza y estado de Derecho”, precisó.
Dio a conocer que para 2030, los socios estratégicos de la PCA habrán brindado oportunidades a cinco millones de mujeres en Guatemala, El Salvador y Honduras al crear trabajos, brindar capacitación técnica e inclusión financiera.
Fernández destacó que el compromiso signado también aborda la corrupción, que conjugada con “un pobre estado de Derecho pone a Centroamérica en una desventaja para el crecimiento de inversión y de talentos”, además de que “daña la democracia”.
Como ejemplo, citó que, en 2015, el sistema de salud de Honduras perdió por corrupción el 4.5% del PIB —producto interno bruto— y El Salvador 2.1%. Esto, a criterio de Fernández, no permitió una respuesta adecuada a la pandemia del covid-19 ya que debilitó los sistemas y no permitió tener capacidad para prevenir, detectar y responder a la enfermedad.
“Antes de la pandemia, US$500 billones fueron perdidos en salud por corrupción —y— 140 mil muertes de niños pueden ser atribuidos a la corrupción en la región”, señaló.
Por su parte, Molly McCoy, subsecretaria adjunta del Departamento de Trabajo de EE. UU., dijo que la iniciativa generará mejores trabajos y negocios responsables que protejan los derechos laborales de las personas, claves cuando se habla de una buena gobernanza.
“Cuando se protegen los derechos de las personas y sus medios de vida están seguros pueden ser ciudadanos que participan en sus países y tienen una voz para denunciar la corrupción y piden que se rindan cuentas”, resaltó.
Requieren apoyo de gobiernos
Los firmantes de la declaración reconocieron que, para cumplir con las metas se requiere el respaldo de las autoridades de los tres países de la región. De hecho, parte del compromiso signado expresa que se trabajará con los gobiernos “para fomentar un clima empresarial que reduzca la corrupción, mejore la seguridad jurídica y el cumplimiento de los contratos”.
Añade que el éxito de este compromiso requerirá la implementación de reformas legales y políticas públicas a nivel nacional, regional y municipal.
Lopes precisó que las compañías parte del PCA desean trabajar con los gobiernos de la región puesto que esta unión es “esencial” y un reto no solo para el sector privado, sino para todo un país. “La única forma que podemos lograr un significado —avance— real es poder vincularnos, ayudar a que todos participen y poder hablar de temas retadores”, indicó.
“Esperamos poder iniciar la conversación con los gobiernos de una manera muy amplia, hay que ser creativos para reforzar de manera positiva las dinámicas que podamos crear para atraer a más compañías con el mismo espíritu que las que están hoy en día”, enfatizó Lopes.
Blanca Treviño, vicepresidenta de la PCA, refirió que el estado de Derecho es “el reto más grande de los mercados emergentes”, que se ha mantenido por mucho tiempo, por lo cual las empresas signatarias harán los esfuerzos para asegurarse de que las inversiones se lleven a cabo.
“Se comprometen —las empresas— a crear, no solo trabajo, sino trabajo con un salario decente y con condiciones laborales apropiadas”, destacó.
Representantes de las compañías que participaron en la suscripción del compromiso dijeron estar satisfechos y esperanzados de que más empresas se unan a la Alianza para Centroamérica.
“Queremos ser un agente de cambio en la región. Tenemos que convencer para que los mejores talentos se queden en nuestros países y promover una cultura de transparencia para que más personas se nos unan, expuso Karim Lesina, vicepresidente y jefe de Asuntos Exteriores de Millicom.
“Dar oportunidades económicas es una responsabilidad compartida entre gobiernos, sociedad civil y nosotros. tenemos que dar el ejemplo de buenas prácticas corporativas para la protección de derechos y del medioambiente”, añadió Rodrigo Gabriel, CEO de Corporación AG.
