Política

Políticos estadounidenses discrepan sobre respaldo a Cicig

El apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) es objeto de debate entre funcionarios, senadores y congresistas estadounidenses, tanto de la Cámara de Representantes como estatales, algunos de los cuales consideran que esa misión debe continuar con sus funciones, mientras que otros creen que pudo haberse extralimitado.

Por Sergio Morales

Iván Velásquez, titular de la Cicig, saluda al congresista demócrata Eliot Engel. (Foto: Cicig)
Iván Velásquez, titular de la Cicig, saluda al congresista demócrata Eliot Engel. (Foto: Cicig)

Horas después del anuncio de la no renovación del mandato, el viernes pasado, la Embajada de EE. UU. en Guatemala emitió un comunicado en el que indicó que ese país estaba "consciente de la decisión", aunque calificó a Cicig como un socio efectivo en la lucha contra la corrupción. 

Un día después, el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, difundió en su cuenta de Twitter que apreciaba los esfuerzos de Guatemala en materia antinarcótica y en favor de la seguridad, lo cual fue interpretado por el gobierno de Jimmy Morales como una muestra de apoyo. 

Este jueves, la congresista demócrata de origen guatemalteco Norma Torres, quien ya se había pronunciado en contra de no renovar el mandato de Cicig, pidió en una extensa carta a Pompeo una fuerte respuesta política de los EE. UU. a los "ataques" del presidente Morales a la Comisión ya que "van en contra de los intereses y las metas de política de los Estados Unidos en Guatemala y en toda América Central".

“Estoy alarmada por su fracaso en condenar los ataques de Morales contra la Cicig, lo exhort a que hable en público y que acompañe sus palabras con una fuerte respuesta política”, manifestó Torres.

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Específicamente, la congresista pide la retención de asistencia estadounidense al gobierno de Guatemala y la aplicación de la Ley de Responsabilidad Global de Derechos Humanos de Magnitsky para bloquear visas y congelar activos de funcionarios guatemaltecos que han participado en actos de corrupción.

En la carta, Torres advierte a Pompeo que si la Cicig se retira de Guatemala el país volverá a ser un imán para el crimen organizado y el lavado de dinero, por lo cual se desperdiciarán los recursos que los contribuyentes estadounidenses han invertido para mejorar las instituciones guatemaltecas —unos US$40 millones—, y el impacto se sentirá no solo en el país centroamericano, sino también en la frontera suroeste de EE. UU., en una clara referencia a un aumento de la migración ilegal.

Permanece en EE. UU. 

El titular de la Cicig, Iván Velásquez, sigue en EE. UU. a donde viajó para cumplir una agenda de trabajo, pero estando allá el Gobierno de Guatemala emitió una prohibición de ingreso al país.

Velásquez se reunió el miércoles con Torres quien le mostró su apoyo y destacó que el comisionado hace un “excelente trabajo” y ha sido socio importante de la lucha contra la corrupción.

También el veterano senador Ben Cardin, líder de la minoría demócrata en el Subcomité de Asuntos para Latinoamérica del Senado de EE.UU., respaldó a Cicig y pidió al gobierno estadounidense que “aumente la presión diplomática” contra el Gobierno de Guatemala tras su rechazo a la continuidad de esa misión de las Naciones Unidas.

  • El gobierno difundió en sus redes sociales la carta de congresistas de Texas en donde dudan de la labor de Cicig




“La negativa del presidente Morales a renovar el mandato de la Cicig es un revés peligroso para la transparencia anticorrupción y los esfuerzos de rendición de cuentas en Guatemala”, aseguró Cardin, quien cuenta con una larga trayectoria en asuntos latinoamericanos.

“Exhorto al Departamento de Estado y a las misiones estadounidenses en la ONU y la OEA a que apliquen una presión diplomática intensa y sostenida sobre el presidente Morales para cambiar el rumbo y permitir el funcionamiento de sistemas judiciales y de investigación independientes que aumenten la transparencia, componentes clave de una democracia saludable”, aseguró.

El también congresista demócrata Eliot Engel también sostuvo una reunión con el titular de la Cicig a quien agradeció por “sus esfuerzos valientes y continuos” al frente de esa misión.

Dos días antes, Engel había criticado fuertemente al gobierno de Jimmy Morales por prohibir el ingreso al país de Velásquez por considerarlo una amenaza a la seguridad pública.

“La verdadera amenaza para la seguridad en el país es un gobierno guatemalteco que se niega a respetar el estado de derecho y protege los intereses de los corruptos sobre los del pueblo guatemalteco”, expuso Engel.

Combatir impunidad con impunidad

En contraparte, congresistas del estado de Texas emitieron este jueves un pronunciamiento en donde respaldan la decisión del presidente Morales y consideran que la Cicig puede resultar contraproducente para los intereses estadounidenses.

Velásquez y Torres en su reunión del pasado miércoles. (Foto: Twitter)
Velásquez y Torres en su reunión del pasado miércoles. (Foto: Twitter)

Los congresistas Vicente González, Filemón Vela y Henry Cuéllar firmaron la declaración en la que señalan que  la Cicig “parece haber fallado recientemente en adherirse en sus principios básicos” para fortalecer el estado de derecho en el país.

“Estados Unidos no puede combatir la impunidad con impunidad y no puede apoyar ciegamente a las instituciones que violan la soberanía de una nación”, se lee en el comunicado que fue difundido en las cuentas oficiales del Gobierno de Guatemala.

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Los congresistas exponen que todas las contribuciones que haga el gobierno de EE. UU. deben ser supervisadas de cerca ya que los contribuyentes estadounidenses merecen eficacia y transparencia en el uso de sus impuestos.

“A medida que Estados Unidos continúa aliándose a Guatemala en la lucha contra la corrupción, alentamos una mayor supervisión por parte del Departamento de Justicia para garantizar que las leyes se apliquen de manera justa y equilibrada”, agregan los congresistas en el comunicado.

El gobierno guatemalteco anunció el martes el veto al ingreso del titular de la Cicig, cuatro días después de que anunciara que no renovaría el mandato de esa misión internacional que vence el 3 de septiembre del 2019.

Morales y la Cicig mantienen una fuerte controversia desde el año pasado, que se inició cuando el presidente intentó expulsar del país al abogado colombiano al declararlo persona non grata, una decisión anulada por la Corte de Constitucionalidad.

Familia cercana al mandatario guatemalteco y él mismo han sido objeto de señalamientos y presuntamente estarían involucrados en hechos ilícitos, de acuerdo con las investigaciones de Cicig y el Ministerio Público.

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