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Postuladora del MP: Cómo tomará decisiones y cómo presentar señalamientos contra futuros aspirantes
Decanos de Universidad Mariano Gálvez y Usac se manifestaron en contra de la forma de recibir señalamientos al argumentar la presunción de inocencia.
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Patricia Gámez, secretaria titular; Carlos Lucero, presidente de la comisión; y Luis Aragón, secretario suplente. Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).
La Comisión de Postulación para la renovación del Ministerio Público (MP) discute un reglamento interno para sus sesiones de trabajo, donde ya definió la forma en que se puede votar y la manera en que la sociedad civil presentará objeciones o señalamientos contra los futuros aspirantes.
La discusión del documento provocó opiniones entre los comisionados, que se vieron en la necesidad de tomar un receso para acordar la redacción de uno de los artículos del reglamento.
Esta comisión de postulación tiene como tarea la presentación de una nómina de seis candidatos para el cargo de fiscal general, la cual será entregada al presidente Bernardo Arévalo, quien nombrará al futuro jefe del MP.
El documento consta de 19 artículos y busca definir las reglas del trabajo de los comisionados, para evitar el desorden en las sesiones convocadas y en la futura toma de decisiones.
En el reglamento se detalla que para la toma de decisiones la comisión necesita al menos del voto a favor de 10 de los 15 comisionados que integran la postuladora.
Este punto fue modificado por sugerencia del Luis Aragón, secretario suplente y decano de Universidad San Pablo, quien propuso que en las votaciones los comisionados no se puedan abstener.
Este punto quedó aprobado, pero generó dudas en la comisionada Alicia Franco, presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang). “Si yo no quiero votar, no me pueden obligar”, dijo.
Este punto quedó aprobado por 11 votos, incluso algunos comisionados recordaron que por jurisprudencia constitucional, la votación final para la integración de la nómina debe ser a viva voz y argumentando las razones de la decisión.
Señalamientos u objeciones
Este punto del reglamento causó debate entre los comisionados, quienes no estaban del todo de acuerdo en la redacción del artículo, que a decir de Patricia Gámez, secretaria titular de la comisión y presidenta de la Junta Directiva del Cang, limitaba los señalamientos sociales contra los aspirantes.
Originalmente, esta regla impedía que los potenciales candidatos al cargo de fiscal general recibieran objeciones por denuncias que no estuvieran en sentencia firme y ejecutoriada, incluso por señalamientos políticos de cualquier tipo.
“La reconocida honorabilidad es ese reconocimiento de nuestro compartimiento o trayectoria. Si no se reconoce puede haber una tacha fundada, pero dejarla a una sentencia ejecutoriada limita en el tema ético subyacente”, reafirmó Gámez.
También Pablo Maldonado, decano de derecho de la Universidad de Istmo, consideró necesario que el texto fuera más simple, ya que tenía terminología y requerimientos prácticamente exclusivos para abogados.
“Las tachas no son solo para abogados, no podemos exigir un tecnicismo que la sociedad civil en general no tenga ese conocimiento. A nosotros como comisión nos tocará evaluar incluso la justificación legal”, dijo.
Presunción de inocencia
Finalmente, por mayoría, se eliminaron las limitaciones para la presentación de objeciones o señalamientos contra los futuros aspirantes, pero algunos decanos razonaron que no están de acuerdo por considerar que se abrió una "puerta peligrosa".
Luis Ruano, decano de Derecho de la Universidad Mariano Gálvez, dijo que no votó a favor de la redacción porque la forma en que quedó pone en riesgo “la presunción de inocencia”.
“Hay que considerar que cualquiera puede plantear cualquier tipo de tacha, pero estamos abriendo las puertas que se hagan señalamientos políticos o sobre proceso judiciales no vencidos”, dijo el comisionado.
La comisión también acordó un nuevo artículo para permitir que las organizaciones sociales pidan audiencias; así mismo se añadió un texto que prohíbe a los comisionados el uso de teléfono celular en la sesión en que se integre la nómina de seis candidatos.
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