En términos económicos, se continuará con la práctica de incrementar la deuda pública, con la adquisición de bonos del Tesoro, gasto que será destinado en su mayoría  a funcionamiento público  y no a inversión social.

Manfredo Marroquín, presidente de la organización Acción Ciudadana (AC), señaló que el presupuesto no cuenta con una base seria que defina cuáles serán los resultados, medición de indicadores que especifique qué se va a cumplir y, sobre todo, es un gasto que se orienta al pago de una planilla estatal por medio del funcionamiento.

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“La planilla sigue creciendo gracias a las plazas fantasmas, así como la corrupción, mientras que la porción de inversión sigue siendo muy pequeña para los grandes retos que tiene el país y de baja calidad. Mucha de la inversión pública por la escasa transparencia se pierde en corrupción”, agregó.

Marroquín dijo que el presupuesto para el próximo año refleja un estancamiento y un retroceso a lo que el país vive en la actualidad.

El presidente de AC dijo que en anteriores planes financieros se cuidaban más las asignaciones, pero que ahora se asignó “a lo loco”, sobre todo por las demandas salariales de algunos gremios y no como una parte integral para que se mejore el servicio, sino que terminó en una concesión para quedar bien en un año electoral.

Mala calidad de gasto

Más que un monto numérico del presupuesto, la parte crítica sigue estando en la formulación de un plan de gastos destinado a la mala calidad del gasto y de las inversiones, que es un problema estructural, opinó Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

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Añadió que un endeudamiento público y un déficit fiscal con el estado actual de las carreteras, con malos indicadores de salud, educación y seguridad, es donde está lo malo de la aprobación.

Aunque es bueno para la estabilidad, en el país se le está dando mayor importancia al pago del servicio de la deuda pública en intereses y comisiones que invertir en educación, salud y seguridad, comentó.

El presupuesto siempre tendrá lo malo que será la calidad del uso de los recursos públicos, dijo. “La mejor forma de reducir el déficit fiscal no es el recorte del gasto, sino que la SAT debe reducir la evasión, informalidad, subir la carga tributaria y controlar al sector ganadero y agropecuario”, añadió.

Tendencia de deuda

El presupuesto que aprobó el Congreso continuará con un ciclo de incremento de la deuda pública, sin posibilidad de disminuir por las amortizaciones y con la práctica insostenible del funcionamiento, explicó Érick Coyoy, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes).

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Para el otro año no hay capacidad de generar ingresos, por lo que se mantendrá un déficit fiscal del 2.5% —gastos programados por el Estado que superan los ingresos—.

Aunque desde el 2013 el déficit fiscal ha sido bajo, ahora existe margen para un endeudamiento mayor con una perspectiva de que siempre habrá deuda y nunca se habla de evitar el endeudamiento.

“Con la colocación de bonos del tesoro es más fácil de conseguir, pero con tasas mayores y nunca se amortiza el capital”, aseguró Coyoy.

En agosto de este año, el saldo total de la deuda pública —interna y externa— ascendía a Q142 mil 109.84 millones, y supone 24.1% del producto interno bruto.

16 enmiendas

El Legislativo votó por las enmiendas que consensuó antes la mesa técnica del presupuesto.

Destaca una en la que se destinan Q145 millones para el Fondo de Desarrollo, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, para la construcción de plantas de tratamiento y aguas residuales.

Además, se otorgan Q5 millones a la cartera de Ambiente para formar la Unidad Ejecutora responsable de esos proyectos.

Otras modificaciones autorizaron presupuesto para el remozamiento de hospitales regionales y para los programas de incentivos a pequeños productores, que administra el Instituto Nacional de Bosques.

Una de las enmiendas que más llamó la atención fue una que aprobó la creación de un nuevo artículo para “proyectos de inversión en gobiernos locales”.

El cambio estipula que se financiarán “gastos orientados a proyectos que no forman capital fijo”, pero no precisa rubros en pleno año electoral.

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