Política

Contraloría General de Cuentas reporta "errores" en compras del Ejército

Dos adquisiciones de maquinaria para el Cuerpo de Ingenieros por Q90.02 millones, del Ministerio de la Defensa, registran hallazgos por falta de transparencia en licitaciones, según informe de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Por Bill Barreto

La maquinaria pesada adquirida por el Ministerio de la Defensa para el Cuerpo de Ingenieros suma Q93.29 millones. (Foto Prensa Libre: Ejército de Guatemala)
La maquinaria pesada adquirida por el Ministerio de la Defensa para el Cuerpo de Ingenieros suma Q93.29 millones. (Foto Prensa Libre: Ejército de Guatemala)

La cercanía entre el presidente Jimmy Morales y el Ejército se hizo evidente desde el inicio de su mandato. Al recibir el bastón como comandante general del Ejército, el 15 de enero del 2016, el mandatario le encomendó en su discurso al entonces ministro de la Defensa, Williams Mansilla, “construir ocho mil kilómetros de caminos y carreteras en el interior del país”.

Casi tres años más tarde, el actual ministro, Luis Ralda, asegura que terminarán el 2019 con “cinco mil kilómetros de carreteras recuperados”. En el camino, sin embargo, los dos principales eventos para la compra de maquinaria destinada al Ejército para este fin han sido señalados por la Contraloría General de Cuentas, en su auditoría del 2017, presentada este año, por irregularidades en el proceso de licitación.

Ambos eventos suman adquisiciones de equipos por Q90.02 millones.

El extrabajador

El primero de estos eventos, incluido en el informe de auditoría como “Hallazgo No. 4”, corresponde al número de operación en Guatecompras 6641032.

Se trata de la adquisición de tres grupos de equipos. Primer grupo: cuatro excavadoras hidráulicas, cuatro tractores de cadena medianos, cinco motoniveladoras, dos vibrocompactadoras y dos retroexcavadoras.

Segundo grupo: seis minicargadores. Tercer grupo: seis plataformas bajas para transporte de maquinaria. Este evento fue adjudicado entre dos empresas, correspondiéndole a Corporación General de Tractores, S. A., un monto de Q28.75 millones, y a Resansil Guatemala, S. A., Q5.9 millones.

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Uno de los primeros señalamientos de la Contraloría en este evento es que en la junta de licitación que adjudicó el contrato, nombrada por el entonces ministro Mansilla, figura el extrabajador de Corporación General de Tractores, S. A., Rudy Heriberto Alvarado Domínguez.

Alvarado laboró en esta empresa entre el 24 de mayo del 2010 y el 5 de agosto del 2014, según pruebas de descargo presentadas a la Contraloría. Adujo, además, que fue despedido por una “reorganización de la empresa” y que actuó en la junta de licitación con la “debida capacidad, idoneidad y honradez”.

En el artículo 12 de la Ley de Compras y Contrataciones se establece: “No podrán ser miembros de las juntas de licitación, cotización o calificación quienes tengan uno de los impedimentos siguientes: a) ser parte en el asunto; b) haber sido representante legal, gerente o empleado, o alguno de sus parientes, asesor, abogado o perito, en el asunto o en la empresa oferente (...)”

Alvarado no detalló en sus argumentos de descargo por qué no se excusó de participar en el evento al enterarse de las empresas participantes.

Según registros públicos, Alvarado fue contratado en el Ministerio de la Defensa el 1 de enero del 2016, con el contrato 267-2016, y su puesto es de “inspector de maquinaria y vehículos” en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

Por este evento fueron confirmadas sanciones económicas contra los integrantes de la junta de licitación Alvarado Domínguez, Haroldo Castro Robles y Julio César López Oliva, contra el oficial de inteligencia del Cuerpo de Ingenieros Jorge Mario Lemus Paiz y el ministro de Defensa Luis Miguel Ralda, por Q6 mil 190.39 cada uno.

En el caso del oficial de inteligencia, la sanción se produce porque el “dictamen técnico debe satisfacer las necesidades de la entidad, de acuerdo con el programa anual de compras”, y este no lo detallaba, a criterio del auditor.

En el caso del ministro Ralda, en el acta de adjudicación “no se cuenta con los criterios de calificación como lo plasmaron en las bases del evento”; es decir, no se explica a detalle cómo calificaron las ofertas, siendo su responsabilidad “por ser el ministro quien emite la resolución de aprobación de lo actuado por la junta”.

“Falta transparencia”

El segundo evento de compras cuestionado figura en el informe de auditoría como “Hallazgo 5. Falta de transparencia en proceso de adjudicación por la adquisición de maquinaria para recapeo asfáltico con número de NOG 6079695”.

Este incluye, en sus bases de licitación, 23 unidades de equipos para la producción de pavimento asfáltico, pavimentadoras y rodos de compactación, entre otras maquinarias, destinadas a asfaltar carreteras.

Los adjudicados en este proceso de compra fueron Resansil Guatemala, S. A., por Q27.38 millones; Técnica Universal, S. A., por Q14.25 millones; y Corporación General de Tractores, S. A., por Q13.71 millones. En este evento, al igual que en el anterior, uno de los cuestionamientos más recurrentes de los auditores fue la falta de detalle de cómo evaluó la junta de licitación la oferta.

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El informe explica que esto no pudo ser desvanecido, al “no incluir dentro del acta todos los cuadros de evaluación de la adjudicación, siendo esto un descargo sin fundamento legal puesto que la responsabilidad era de los miembros de la junta de licitación (...)”.

La CGC emitió sanciones económicas contra los miembros de la junta de licitación Eleazar Calderón Mendoza, Julio César López Oliva y Haroldo Roberto Castro Robles, así como contra el ingeniero civil Byron René Borrayo del Valle y el entonces ministro de Defensa Mansilla por Q9 mil 884.97 a cada uno.

“Únicamente forma”

Respecto de esos hallazgos de la Contraloría, el vocero del Ministerio de la Defensa, coronel Óscar Pérez, informó en un primer momento que estos no existían, y preguntó si se trataba de “una filtración de la Contraloría”.

Horas más tarde, Pérez amplió su respuesta señalando que, en ambos casos, “los comentarios de auditoría se refieren a requisitos de forma”.

Respecto del hallazgo 4, en particular, Pérez dijo: “Es importante aclarar que la maquinaria objeto de la negociación se recibió satisfactoriamente y es de utilidad para las funciones del Cuerpo de Ingenieros del Ejército”.

Mientras que sobre el hallazgo 5 amplió: “No se puede afirmar falta de transparencia únicamente por criterio personal, toda vez que la Junta de Adjudicación es el único órgano facultado para recibir, calificar y adjudicar la compra de acuerdo a los criterios de calificación establecidos en las bases”.

Las empresas Corporación General de Tractores, S. A., y Resansil Guatemala, S. A., fueron contactadas vía telefónica y correo electrónico para esta publicación. Mientras que Técnica Universal, S. A., solo vía telefónica, pero al cierre de esta edición no habían contestado a las preguntas sobre su conocimiento de estos hallazgos de la CGC.

Falta claridad jurídica

Respecto del hallazgo 4, que incluye la participación en la junta de licitación de un extrabajador de una de las empresas adjudicadas, el subcontralor de gasto público, César Elías, explicó que este se encuentra en una laguna legal.

“El problema es que el artículo 12 —de la Ley de Contrataciones— no establece un período de vigencia para la prohibición de participación, los funcionarios justifican su acción en que conformó la junta licitadora según la ley. Pero para nosotros es un problema que tenemos por falta de claridad de la norma jurídica”, detalló.

En ambos casos, las sanciones son económicas, y la auditoría que realizan es financiera y presupuestaria, explicó el subcontralor. Por eso se optó por una sanción, “ya que de existir ilícitos se necesitan elementos de prueba como los que maneja el Ministerio Público, escuchas telefónicas, correos electrónicos o testimonios”, dijo.

Un modelo caduco

Según el estudio Infraestructura para el desarrollo, en el cual participó como consultor Carlos Colom, la red vial guatemalteca se encuentra estancada en 16 mil 457 kilómetros desde el 2012, de los cuales menos de la mitad están pavimentados.

Colom señala que se necesita un nuevo modelo de construcción y mantenimiento de carreteras, y no recurrir a “parches”, como el uso del Ejército para estas tareas.

“Desde el 2013 hay un deterioro acelerado de la red vial pavimentada, por ejemplo, y no se han ejecutado los recursos para su mantenimiento. Eso hace que   el costo de mantenimiento sea de cinco a siete veces más elevado”, detalla. Frente a los casos de corrupción en la contratación en obra pública y la opacidad en la ejecución de instituciones como el Ejército, señala que se necesita de una reforma total del sistema.

Registro Documental

El informe de auditoría financiera y de cumplimiento del Ministerio de la Defen s a Nacional del 2017 incluye los hallazgos 4 y 5 citados en esta publicación. Además, se consultaron los eventos en Guatecompras y otros registros públicos.

Nuevas tareas

Ejecutivo ha utilizado al Ejército en tareas de mantenimiento de caminos.

  • 15 / 01 / 2016: Presidente Morales ordena al Ejército participar “en tareas de construcción”.
  • 20 / 01 / 2016: La mitad de la maquinaria adquirida por el Ministerio de Desarrollo, cuyo valor total fue calculado en Q112 millones, fue entregada al Ejército.
  • 29 / 1 / 2016: El tercer y cuarto convoy del Cuerpo de Ingenieros inician mantenimiento de caminos rurales en Camotán y Jocotán, Chiquimula.
  • 7 / 6 / 2017: Adjudican la compra de maquinaria para “recapeo asfáltico” asignada al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, por Q55.35 millones.
  • 15 / 7 / 2017: Presidente anuncia que el Ejército podría encargarse de reparar carreteras.
  • 24 / 7 / 2017: El Ejército empieza trabajos de bacheo en Escuintla con piochas, palas y escobas.
  • 20 / 9 / 2017: Adquisición de alimentos para el personal del Cuerpo de Ingenieros, por Q6.85 millones.
  • 25 / 9 / 2017: Adquisición de maquinaria adicional para el Cuerpo de Ingenieros por Q37.86 millones, en dos eventos de compra diferentes.

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