¿Qué es un fraude electoral y cómo los hemos vivido en Guatemala y América Latina?

Las denuncias de fraudes en los procesos eleccionarios han sido frecuente en los países de América Latina; sin embargo, para que estos se efectúen tienen que darse una serie de factores que fundamentalmente confluye en que todos los que participan en las votaciones tienen que estar de acuerdo, generalmente, bajo una orden gubernamental.

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Protesta frente a la Embajada de Venezuela en Florida contra los comicios venezolanos en 2018. (Foto Prensa Libre: AFP)
Protesta frente a la Embajada de Venezuela en Florida contra los comicios venezolanos en 2018. (Foto Prensa Libre: AFP)

El exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Mario Guerra Roldan, quien considera que no existe fraude en la actualidad, dice que para que hubiese existido esta anomalía debieron estar de acuerdo los presidentes de las mesas de juntas electorales, los fiscales de mesa de los partidos, los observadores nacionales e internacionales, y los magistrados del tribunal electoral.

El exdirector del TSE agrega que cuando se comete el fraude, las anomalías se efectúan de manera descarada, por ejemplo cerrar el centro de cómputo por parte de las autoridades, tal como ocurrió cuando se cometió contra Efraín Ríos Montt, en 1974, por parte del gobierno militar que en ese entonces encabezaba el general Carlos Arana Osorio. “Ese centro estuvo en donde hoy está Telgua, sobre la avenida La Castellana”, recuerda.

Según el politólogo mexicano Fabrice Lehoucq, para que un fraude se cometa deben cometerse varias anomalías, desde las violaciones de procedimiento a la ley electoral (con o sin la intención de alterar los resultados) hasta el abierto uso de la violencia en contra de los votantes.

Agrega que el fraude debilita la estabilidad política, ya que puede ser crucial cuando se trata de una contienda muy reñida.

Aunque fue propio del siglo pasado, durante pleno siglo XXI también ha reaparecido, en los albores del siglo XXI, en países como México en el 2006, y de manera más reciente en Honduras donde aún se escuchan acusaciones en contra del actual presidente Juan Manuel Orlando Hernández (JOH), a quien se le sindica de llegar al poder por un fraude en noviembre del 2017.

Este país centroamericano se encuentra envuelto en una crisis social, económica y política, desde mayo, la cual provocó que la anoche del miércoles se registraran manifestaciones en varias ciudades y donde no ha faltado la voz de la oposición que exigen su salida y lo acusan de “usurpador”,  por haberse reelegido en noviembre del 2017, cuando era presidente de facto, violentando la Constitución y mediante un “fraude”, según distintas organizaciones populares y movimientos sociales que se siguen aglutinando bajo la consiga: ¡fuera JOH!

El actual presidente de México,  Ángel Manuel López Obrador (AMLO), también estuvo en boca de la comunidad internacional en el 2006 cuando después de perder las elecciones del 2 de julio de 2006, generó un conflicto postelectoral en el que el candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática (PRD), impugnó los comicios que dieron la victoria al candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón.

Sus acusaciones de que el gobierno federal y el Instituto Federal Electoral (IFE) habían conspirado en su contra, cobraron fuerza porque los resultados indicaban que Calderón ganó la elección por 0.51 por ciento de los sufragios emitidos o sea menos unos  283 mil 831 votos válidos.

En los albores del siglo XXI

Entre las primeras denuncias de fraude en Sudamérica se dieron las de Perú, en las elecciones presidenciales de 2000, cuando se postuló Alberto Fujimori para un tercer mandato, pese a que la Constitución peruana solo permitía como máximo una reelección.

Durante la primera vuelta electoral, grupos internacionales de transparencia electoral, alegaron haber detectado gran cantidad de irregularidades durante el proceso. Las cifras oficiales que dio la Oficina Naciones de Procesos Electorales darían como resultado final un total de 49.9 por ciento para el primero y un 40.2 por ciento para el segundo.

Alejandro Toledo, quien posteriormente fue presidente de ese país (2001-2006) encabezó una serie de protestas contra la credibilidad del sistema electoral y pidió a los electores a “viciar su voto”. El resultado de la votación en segunda vuelta sería de 51 por ciento para Fujimori, 30 por ciento votos nulos y 18 por ciento para Toledo.

Posteriormente se destaparon escándalos de corrupción al interior del Gobierno y el Congreso Nacional destituyó a Fujimori, y posteriormente participó Toledo en las elecciones del 2001, y derrotó a Alan García en la segunda vuelta con el 53,08 por ciento de votos válidos.

Hugo Chávez, es uno de los líderes latinoamericanos que fue acusado de fraude en los comicios de Venezuela (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Venezuela: crisis permanente

En Venezuela las sindicaciones de fraude en contra del régimen, iniciado por Hugo Chávez y sostenido por Nicolás Maduro, han sido una constante durante el presente siglo.

En el 2013, el candidato de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), presidida por Henrique Capriles desconoció el boletín oficial emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que aventajaba al presidente encargado Nicolás Maduro y llamó a un reconteo total de los votos, ya que según su comando de campaña se habían detectado al menos tres mil 500 supuestas irregularidades.

Maduro aceptó la realización de la auditoría propuesta por la oposición, pero el CNE declaró que en Venezuela el proceso era automatizado y que la auditoría propuesta no se podía realizar en los términos propuestos.

Capriles presentó su solicitud formalmente el 17 de abril, con todas las denuncias correspondientes y la petición para la verificación total de las actas. El 11 de junio el CNE anunció la finalización de la auditoría al 100 por ciento de los votos emitidos, una de las 18 auditorías que se realizaron durante todo el proceso, los resultados “confirmaron” la victoria de Maduro.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en sentencia anunciada el 7 de agosto por la magistrada y presidenta del poder judicial Gladys Gutiérrez anunció que por unanimidad declararon inadmisibles todas las impugnaciones a los resultados del 14 de abril de 2013 por falta de pruebas y “la presentación de argumentos genéricos e imprecisos”.

Años atrás, en el 2004, la oposición declaró fraude en el referéndum presidencial para revocar a Hugo Chávez.  Se presentaron en distintos medios de comunicación varias supuestas pruebas de ese fraude de las que se destacan los topes del “Sí” presentados en el Estado Bolívar entre otros.

Ninguna de las pruebas procedió. El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y su organización sin fines de lucro Carter Center, junto con representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) asistieron a las votaciones y certificaron que la votación había sido justa y libre.

Antes de ser condenado a 25 años de cárcel, el expresidente Alberto Fujimori había sido sentenciado por soborno y abuso de poder. (Foto Prensa Libre/ Agencias)

Voces de fraude del siglo XX

En la historia de las elecciones presidenciales el primer caso de acusación de fraude en Latinoamérica sucedió en 1931 en Perú. En ese año, el partido Aprista de Víctor Raúl Haya de la Torre no reconoció la victoria del general Luis Miguel Sánchez Cerro por supuesto fraude por anulación de votos en Cajamarca.

Las denuncias del supuesto fraude no prosperaron porque la junta transitoria era dominada por el comandante Gustavo Jiménez que era enemigo de Sánchez, según los historiadores.

Otras acusaciones de fraude se dieron en Argentina 1937, durante la elección de Marcelino Ortiz y Ramón Castillo, fue muy cuestionada debido a que la oposición acusó de que se había registrado un fraude electoral masivo en las elecciones; sin embargo, las denuncias no prosperaron. El método para manipular las elecciones fue llamado “fraude patriótico”.

En Uruguay, en 1971, el candidato a la presidencia Wilson Ferreira Aldunate, según la Corte Electoral, fue derrotado por un margen de 0,76 por ciento del electorado, que en se momento eran 12 mil 802 votos.

La impugnación se debió a distintas denuncias de irregularidades, entre las que se contaron la pérdida de la microfilmación del padrón de habilitados, circuitos con un elevadísimo porcentaje de participación, circuitos con más votos que votantes, constatación de urnas abiertas previamente al escrutinio, entre otras. Dos años más tarde Juan María Bordaberry dio un golpe de Estado.

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