Esta propuesta ha generado opiniones encontradas. Unos consideran que se está dando mucho poder a una sola institución y otros opinan que esta instancia podría ayudar a transparentar los procesos de elección y la ejecución de los recursos financieros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El planteamiento inicial de la Secretaría Técnica  del Diálogo de Reformas Constitucionales era crear el Consejo Nacional de Justicia para separar las funciones administrativas de las  judiciales. Es decir, los  magistrados de la CSJ se encargarían de su labor política judicial, mientras que el Consejo asumiría.

Los aspectos administrativos, incluyendo presupuesto y  nombramiento de personal.

Esta propuesta sería un complemento a las  reformas a la Ley de la Carrera Judicial que se aprobaron en el Congreso en junio del año pasado.

Con el Consejo también desaparecerían las comisiones de postulación para elegir magistrados, debido a que esa instancia se encargaría de definir, con base en méritos y a una elección por oposición, a los finalistas que llegarían al Congreso para su elección.

Desde que llegó la propuesta de reformas al Congreso, la creación del Consejo ha sido uno de los aspectos que más resistencia han encontrado. Incluso se discutió una enmienda que supuestamente tiene acuerdos, en la cual se le otorgan funciones netamente administrativas.

La modificación, que contaría con el aval de la Secretaría Técnica  del Diálogo de Reformas Constitucionales, incluso llegó al nombre, pues pasaría de Consejo Nacional de Justicia a Consejo Administrativo de Justicia.

Persisten desacuerdos

A pesar de los cambios, siguen las voces de rechazo a la propuesta.

Fernando Linares Beltranena, diputado del Partido de Avanzada Nacional, dice que las modificaciones efectuadas a la propuesta inicial fueron “para taparle el ojo al macho”.

Según el congresista, se está creando “una especie de cuarto poder”, porque se le faculta para manejar los recursos económicos, el personal y la evaluación de desempeño.

“Si el Consejo maneja el personal y el pisto, al final influirá en las resoluciones o no habrá pisto”, señaló Linares Beltranena.

Amílcar Pop, diputado de Winaq, opina diferente. Según este congresista, la necesidad de crear el Consejo surge porque la CSJ tiene las funciones de juzgar y de nombrar o remover personal.

“La Corte nombra y remueve jueces. Arbitrariamente administra el recurso humano. Eso es grave, cuando hay un principio constitucional de independencia judicial. El Consejo ayudaría a que las decisiones se basen en criterios técnicos y evaluaciones de desempeño permanente”, afirmó Pop.

En tanto, el oficialista Estuardo Galdámez dijo que no está de acuerdo en crear un ente que sería superior a la CSJ. “No estoy de acuerdo, no  me gusta, porque solo conozco como organismo del Estado al Organismo Judicial, no al Consejo de Justicia”, expuso.

El independiente Oliverio García Rodas explicó que el Consejo sería una especie de gerencia de recursos humanos, porque se está haciendo una separación de las funciones jurisdiccionales. La CSJ no está perdiendo ser el órgano superior del Organismo Judicial, porque el Consejo formula el presupuesto, pero lo aprobará la Corte, que posteriormente refrendará el Congreso.

Agregó que para el nombramiento de jueces y magistrados el Consejo no nombrará a quien le dé la gana, sino que deberá basarse en lo establecido en la Ley de la Carrera Judicial. “Hoy hay un nombramiento libre”, detalló.