Mejorar la administración de justicia, combatir la corrupción y el abuso de los recursos legales, con el objetivo de garantizar mejoras en la calidad de vida y la inversión en Guatemala, es el principal objetivo de la Propuesta de Agenda Legislativa de la Mesa de Certeza Jurídica del Plan Guatemala No Se Detiene, (GNSD), la cual se detalló durante el Foro Agenda Legislativa para Fortalecer la Seguridad y la Justicia en Guatemala, realizado este martes 8 de septiembre.

Dicho foro forma parte de las actividades que la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) ha llevado a cabo previo al Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) del 2026, que se realizará el 8 de octubre.

Ana Isabel Antillón, coordinadora de la Mesa de Certeza Jurídica del Plan Guatemala No Se Detiene, expuso varios aspectos en materia legal que deben ser mejorados para garantizar el fortalecimiento del Estado y el crecimiento económico y sostenible del país, siempre enfocados en el bienestar de la ciudadanía, cuyo objetivo principal es la generación de 2.5 millones de empleos para el 2032.

La exposición tomó como punto de partida la distinción fundamental basada en la Constitución Política de la República, así como en interpretaciones de la Corte de Constitucionalidad.

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“Mientras la certeza jurídica se refiere al cumplimiento de los procedimientos legales para la creación de normas, la seguridad jurídica es la confianza que tiene el ciudadano en sus instituciones y el resultado de la aplicación de la ley”, afirmó.

Antillón también subrayó que ambos conceptos, junto con la seguridad física de las personas y sus bienes, son condiciones indispensables para el desarrollo, y afirmó que “a mayor seguridad y certeza jurídica vamos a tener mayor desarrollo”.

Asimismo, destacó que la agenda propuesta por Guatemala No Se Detiene se enmarca en los estándares internacionales e indicó que Guatemala aún enfrenta rezagos en áreas fundamentales como la resolución pronta de conflictos y la eficacia del sistema penal.

Destacó, además, que el país “ya ha superado debates que otros países de la región aún comienzan”, tales como la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Con estos detalles hizo un desglose de una serie de leyes de suma importancia para el país, que abarcan aspectos que van desde la infraestructura crítica hasta reformas institucionales.

En cuanto a la infraestructura crítica, destacó varias normas como la ley del sistema portuario, la ley de alianzas de infraestructura económica y la ley de infraestructura vial prioritaria, las cuales ya han sido aprobadas por el Legistivo y aseguró que esas normas “no son solamente motores económicos”, sino que “tienen un componente alto de seguridad en fronteras”, aportando tanto a la seguridad como al desarrollo.

Antillón también insistió en la urgencia de aprobar varias leyes como la ley de protección de datos personales, la ley para la transformación digital del Estado y una ley de ciberseguridad que regule los ciberdelitos y las infraestructuras críticas. Hizo énfasis en que, en esta última materia, el Congreso ha optado por discutir estos asuntos en una sola iniciativa de ley.

En cuanto a la resolución de conflictos, destacó que es importante aprobar las reformas a la ley de arbitraje y al Código Procesal Civil, ya que con estas se busca promover métodos alternativos como la mediación y el arbitraje, con el fin de descongestionar el Organismo Judicial y optimizar recursos.

“El arbitraje permite resolver disputas entre particulares o con el Estado en mucho menos tiempo, evitando largos procesos judiciales”, afirmó en su exposición.

En cuanto a asuntos prioritarios, indicó que una de las principales propuestas que deben ser impulsadas es la reforma a la ley de amparo, ya que “el abuso del amparo en los diferentes procesos provoca no solo costos para los ciudadanos, para el Estado”, y lamentó que no exista un estudio sistemático sobre este fenómeno.