Como ocurrió con la pandemia, y como pasa con cualquier crisis mundial, las economías más afectadas son las de los países menos desarrollados, que tienen instituciones débiles y que no cuentan con fuertes sistemas de protección social.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) lanzó la voz de alerta a inicios de mes sobre un aumento preocupante del precio de los alimentos a nivel mundial, a consecuencia del conflicto en Europa. En promedio los precios internacionales subieron 21 por ciento en un año, el incremento más elevado en una década.
Aunque el traslado de los precios internacionales a los nacionales varía según el país y el producto, impacta más en las naciones que son importadoras de alimentos porque puede llegar a afectar en la seguridad alimentaria de las familias más vulnerables.
Acciones
El Congreso aprobó el 8 y 15 de marzo pasados subsidios para el gas y los combustibles en un intento por compensar la escalada de precios; asimismo, el presidente Alejandro Giammattei anunció la semana anterior la conformación de un comité de crisis para atender los efectos económicos que causará el conflicto bélico.
Dijo que tomarán medidas “para frenar el aumento de la canasta básica” y se pedirá cárcel para los acaparadores de productos que se benefician del aumento de precio. El comité también estaría a cargo de diseñar estrategias para reducir el gasto gubernamental y perseguir a los especuladores.
Esta comisión estará integrada por el presidente del Banco de Guatemala y los ministros de Economía, Finanzas, Desarrollo Social y Agricultura. También formarán parte, la Superintendencia de Bancos y de Administración Tributaria.
Precios
Los números confirman la tendencia al alza de los alimentos. El reporte sobre el costo de la canasta básica alimentaria (CBA) que mensualmente elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) dio cuenta de que, en febrero de este año, 25 de los 34 productos que la componen aumentaron de precio en relación al mes anterior.
En total, el costo de la CBA de febrero se situó en Q3 mil 134.40, Q24.4 más cara que el mes anterior. En un año, el costo ha subido Q147.
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De igual forma, según el monitoreo de precios de planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), al 23 de marzo hay importantes incrementos de los precios al mayorista, en relación con los registrados en febrero.
Por ejemplo, el precio del maíz blanco de primera en la Terminal zona 4, se cotizó en Q195 el quintal, el precio “más alto registrado en los últimos cinco años”, en febrero estaba a Q172.75 en el mismo mercado. El alza, según el reporte del Maga, se ve influenciada por el aumento del precio de los insumos agrícolas y de los combustibles a nivel nacional.
Otros ejemplos. La caja de 360 huevos medianos también subió, y de Q270.79 de febrero pasó a Q322.50. Aunque acá, según el Maga, también tuvo que ver una reducción del abastecimiento de este producto. Además, la harina de trigo suave subió de Q251 el quintal en enero, a Q298 en marzo.
La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) confirmó que han notado alzas en el precio de varios productos, principalmente en cuanto a combustibles. Este año han recibido 170 quejas de presunta especulación contra gasolinerías y ya presentaron ocho denuncias al Ministerio Público.
Escepticismo
Pero la creación de un comité para hacerle frente a los efectos económicos de la guerra Rusia-Ucrania genera dudas en ciertos economistas, que ven cortos los alcances que pueda tener el Gobierno, por ejemplo, para controlar los precios de los productos de la canasta básica.
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El doctor en economía Fritz Thomas ve “peligroso” la conformación de una comisión de este tipo que, por ejemplo, pueda pretender regular precios o ampliar el abanico de productos que reciben subsidios.
A su criterio, la primera medida generaría escasez, mientras que la segunda, dada la historia de Guatemala, se podría prestar a la corrupción y afectaría la disponibilidad de maniobra, ya de por sí muy limitada, del presupuesto general.
Thomas recordó casos como el otorgamiento de fertilizante a campesinos y dijo que “todos sabemos cómo empezó y en qué se convirtió. El proceso de compra y venta fue capturado” por políticos, consejos de desarrollo y hasta diputados.
Además, comparó los subsidios a un “túnel del que es difícil salir”, y dijo que cuando Guatemala no está en condiciones financieras de subvencionar productos. Los subsidios “empiezan con Q25 millones y llegan hasta Q1 mil millones. Se vuelven hoyos en los que se va el dinero y son capturados por el lado de la oferta y demanda porque hay mucha plata de por medio”, señaló.
Si este comité se dedicara a cumplir los ofrecimientos de campaña que hizo el presidente, como ampliar el mercado de los productos guatemaltecos o quitar regulaciones al comercio, estaría bien, apuntó Thomas. “Pero no lo veo así. Solo va a ser una pantalla de imagen de que ‘estamos haciendo algo por el pueblo’ y a los diputados y funcionarios les fascina eso”, dijo.
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Recursos mal dirigidos
El economista y exviceministro de Finanzas, Erick Coyoy, ve innecesario la creación de más comités que probablemente solo servirán para justificar sueldos, cuando existen instancias como el Gabinete Económico o Social que tendrían que haber implementado mecanismos de emergencia para atender a las familias de más bajos ingresos que son las que más van a resentir la crisis por el aumento mundial de los precios de los alimentos.
Señaló que el pago de subsidios a las distribuidoras de gas y de combustibles “no pareciera se la medida más adecuada” porque el beneficio no necesariamente llegará a la población más afectada.
Remarcó que en el Corredor Seco las familias atraviesan justo ahora por el periodo de hambre estacional donde los granos básicos se agotan y tendrán que enfrentar la tradicional escasez de alimentos con menos posibilidades porque estos se han encarecido. Estas personas no usan gas propano y menos combustible, mencionó.
“El conflicto Rusia-Ucrania puede poner más en riesgo a las personas que sufren de inseguridad alimentaria, la FAO y el Maga han documentado ya el aumento de precios y estas personas tendrán más dificultades para acceder a alimentos”, dijo Coyoy.
Además, las empresas que reciben el dinero de subsidios no tienen las posibilidades ni mecanismos para identificar quienes necesitan más la ayuda, añadió.
“Se supone que el Mides, desde el 2020 con la pandemia, ya tiene identificadas a las personas de más bajos ingresos. Si cuenta con esos mecanismos, debería utilizarlos ahora”, apuntó el economista.
Thomas indicó que estas medidas de ayuda social están bien, pero solo son “una curita” para un problema que solo se resolverá con la atracción de inversión y consecuente generación de empleo. “El presidente lo dijo en su campaña, que el mejor programa social es un buen empleo”, expuso.
Revisa escenarios
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia informó que los representantes de las instituciones que conforman el recién instalado comité de crisis “se reúnen constantemente para analizar los posibles escenarios que podrían presentarse” por el conflicto bélico en el este de Europa, “con miras a la realización de un plan de respuesta ante cualquier contingencia”.
Afirmó que ya se implementó un plan de respuesta que incluye un monitoreo y supervisión de los precios de referencia para evitar la especulación de productos clave para la economía, aunque “el Gobierno no fija los precios del mercado”.
Destacó como parte del plan de respuesta la aprobación, el martes 29 de marzo en el Congreso, de la ampliación de la tarifa social de la energía eléctrica una “iniciativa del Organismo Ejecutivo”.
La mesa de crisis evaluará “posibles acciones de acuerdo con la dinámica global, para que el impacto económico en la población, derivado de la guerra en Europa, sea menor”, acotó la Secretaría.
