Estos desperdicios que se han quedado atrapados en la arena o en los manglares que rodean la zona, cuenta, son apenas un “pequeño recuerdo” de lo que han dejado inviernos de años anteriores, que han llevado gran cantidad de basura arrastrada por el río Motagua, que desemboca en el Golfo de Honduras después de hacer su recorrido de 486 kilómetros desde Quiché, y luego de atravesar 14 departamentos y 95 municipios de Guatemala.
“Viera aquí como se pone cada vez que hay una llenada”, relata Francisco a orillas del mar, mientras muestra una variedad de desechos que han quedado sobre la playa, desde costales con pañales desechables, insumos tóxicos, envases de plástico hasta jeringas y otros desechos hospitalarios.
“Al menos a dos niños hemos tenido que llevar al centro de salud porque se han lastimado con agujas que se esconden en la arena”, señala. Solo de las playas de esa comunidad recogieron entre septiembre y noviembre del año pasado, unas 17 toneladas de desechos.
El problema no es nuevo. Los pobladores de esta aldea habitada por unas 42 familias, llamada Barra del Motagua, cuentan que siempre el río ha llevado desechos. Sin embargo, la problemática se ha agravado en los últimos años al extremo que se ha formado un frente de pobladores, comerciantes y operadores turísticos de Omoa que impulsan una demanda internacional en contra de Guatemala.
Puntualmente esta denuncia va dirigida hacia la comuna de la capital, que —afirman— es la principal responsable de la contaminación del Motagua puesto que es la que administra el vertedero de la zona 3, el más grande país, que recibe a diario al menos mil 700 toneladas de desechos de la ciudad y otros ocho municipios vecinos, según un estudio de la municipalidad capitalina del 2012.
Aunque Francisco considera que Guatemala hace esfuerzos importantes por resolver el problema, no todos los habitantes ni sectores socioeconómicos de Omoa piensan lo mismo.
El lugar vive del turismo. El día que Prensa Libre visitó Omoa decenas de personas se bañaban en las tranquilas y cristalinas aguas de la bahía, mientras que ríos y riachuelos, igual de transparentes, descendían de las montañas hondureñas.
Es por eso por lo que los empresarios y comerciantes de este municipio acuerpan la demanda internacional que está a cargo de la Fundación Eléutera, organización hondureña que trabaja y trata de incidir en favor de la población. Dicen estar cansados de que los gobiernos se reúnen, los funcionarios se estrechan la mano y se toman la foto, pero no pasa nada.
Bomba de tiempo
“Durante 12 años hemos estado solos, hemos batallado porque somos los que salimos directamente afectados”, dice Maribel Umaña, presidenta de la Cámara de Comercio de Omoa. “No podemos pagar las consecuencias de lo que ellos no resuelven”, subraya.
Afirma que la Fundación Eléutera se ha reunido con personas que conocen del daño que los desechos del Motagua han causado al ecosistema marino de Omoa, e incluso mantienen acercamientos con organizaciones internacionales “para avanzar con la demanda”.
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Umaña dijo que la publicación en Twitter de enero pasado, del ministro de Ambiente de Guatemala, Mario Rojas, en la cual habla de que toman con seriedad e integralidad el problema del río Motagua, les pareció un engaño porque creen que el funcionario guatemalteco da por hecho que el problema está solucionado.
Según Umaña la Municipalidad de Guatemala debe tomar acciones para tratar los residuos que genera o de lo contrario el Gobierno central debe sancionarla. Aunque actualmente las playas lucen limpias, afirma, el río Motagua es una “bomba de tiempo” que estalla con la llegada de las lluvias.
Rosa Brocato, otra empresaria del sector turismo de Omoa, dijo que “desde hace más de 10 años hemos escuchado que Guatemala está trabajando, pero el problema siempre ocurre”. El año pasado, aseveró, les aseguraron que trabajaban para evitar que la basura llegara, pero al final de cuentas sí lo hizo.
En Omoa el 60% de los habitantes se dedica a actividades relacionadas directamente con el turismo y el resto a cuestiones de agricultura o ganadería, aunque no dejan de estar ligada al sector turístico.
Ambas empresarias también ponen sus esperanzas en el nuevo gobierno hondureño presidido por Xiomara Castro y en ciertos diputados que han mostrado interés público en el tema para que hagan una presión más contundente hacia Guatemala para que tome con seriedad el problema.
Pero resolverlo se ve cuesta arriba.
En agosto del año pasado el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) emitió el Reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes —que sería la solución de fondo del problema— que plantea acciones de primer mundo para el tratamiento de la basura, entre estas que todos los guatemaltecos deben haber aprendido a clasificar sus desechos en un plazo máximo de dos años.
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Además, regula el transporte, tratamiento y disposición final de los desechos, procesos que deben estar a cargo de las comunas. El Marn se ha dedicado a promoverlo y socializarlo con diferentes municipalidades.
Sin embargo, implementarlo requerirá inversiones multimillonarias, y como antecedente negativo se tiene que desde el 2006 se ha postergado la entrada en vigor del Reglamento de las descargas y uso de aguas residuales, precisamente porque la instalación y mantenimientos de plantas para tratarlas requiere muchos recursos que no todas las comunas tienen.
Entonces, la entrada en vigor del artículo que ordena instalar estas plantas se ha postergado cada tres años. La última ampliación del plazo se otorgó en 2019 y vence en 2023.
Pasará lo mismo
Ambientalistas sostienen que el daño al ecosistema en Omoa es irreversible.
Sandra Cárdenas, coordinadora del Centro de Estudios Marinos, lamenta que el Gobierno guatemalteco tenga sus esperanzas puestas en las bio bardas que “apenas son un paliativo diminuto para enfrentar un problema gigantesco”.
Cárdenas vaticina que, como en otros años, en 2022 pasará lo mismo y depende de cuántos eventos meteorológicos extremos haya (tormentas o huracanes) los desechos llegarán, puesto que ante la fuerza del río estos pasan por arriba, por abajo o rompen las bio bardas.
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“El problema todo el mundo lo conoce y las bio bardas no soportan la cantidad de desechos que arrastra el río”, dice la ambientalista. “No hay un compromiso de las autoridades guatemaltecas porque son tantos los municipios —por los que atraviesa el Motagua— que lo más fácil es volcar la basura al río y que siga su curso”, se lamenta.
La solución, dice Cárdenas, es que cada municipio se haga cargo de sus desechos, que existan planes de educación y lugares adecuados donde se traten los residuos.
La Alcaldía Municipal de Omoa señala que el daño por la contaminación del río Motagua ha sido “terrible” y ha impactado no solo al turismo, sino a los pescadores artesanales que han visto cómo ha disminuido la población de peces y, según algunos análisis, a estos se les han detectado micro plásticos en su interior.
El vicealcalde Leonardo Serrano coincide en que la bio barda instalada por el Gobierno de Guatemala al final del afluente solo es una medida de mitigación que se ve desbordada cuando apenas el río crece.
Dijo que la alcaldía ha tenido que invertir hasta una cuarta parte de su presupuesto en la limpieza de las playas, aproximadamente 4 millones de lempiras —Q1.2 millones—. Añadió que la comuna está por echar a andar un relleno sanitario para tratar sus propios desechos “para predicar con el ejemplo”, pero que no servirá de mucho si no se hace lo mismo en todos los municipios guatemaltecos donde atraviesa el Motagua.
Por ese motivo, expuso, la alcaldía está dispuesta a colaborar en lo que sea necesario para que la demanda prospere, aunque no estén directamente involucrados. “Han pasado años y nunca ha habido un acuerdo. Las comisiones de allá, viene a comer aquí y las de aquí se van con viáticos allá y no pasa nada”, expresó.
Labor titánica en El Quetzalito
A escasos 10 minutos en lancha de la playa, del lado guatemalteco, se encuentra la comunidad El Quetzalito, en Puerto Barrios, Izabal. Unas 300 personas habitan el lugar, cerca de 75 familias. Poco más de la mitad trabaja para el Marn extrayendo residuos que detiene la bio barda sobre el río Motagua.
Su tarea es inmensa. Su objetivo: que la mayor cantidad de basura posible no llegue a las costas. Solo en tres meses del año pasado evitaron que más de mil 500 toneladas llegaran a la desembocadura del río.
Ningún trabajador dio declaraciones puesto que no fueron autorizados por el Marn; sin embargo, el resto de los pobladores comentó que las 45 personas que laboran en la extracción de desechos es insuficiente para limpiar el río. Se necesitaría como mínimo el doble de personal, afirman.
En enero del 2020, a pocos días de dejar el cargo, el presidente Jimmy Morales y el exministro de Ambiente Alfonso Alonzo inauguraron la planta para extraer desechos e instalaron una bio barda que denominaron “industrial”, todo a un costo de Q18.9 millones.
Las bases de licitación dicen que “los brazos flotantes” de la barda debe permitir la estabilidad y resistencia ante el aumento del caudal y velocidad del río. Además, que “deben estar fabricados con materiales resistentes al agua, sales marinas y condiciones climáticas imperantes del lugar”.
No obstante, la bio barda industrial se averió el año pasado y de momento los trabajadores retienen la basura con una artesanal formada con envases pet y lazos.
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El río arrastra de todo, desde basura común hasta desechos hospitalarios, animales muertos e incluso cadáveres de personas. Algo a lo que deben hacer frente los trabajadores cuya tarea es dirigir los residuos hacia un sistema de banda que la traslada a la planta, donde otro grupo se encarga de separar lo que es reciclable.
En el proyecto está involucrada la compañía Cementos Progreso que se encarga de retirar del lugar los residuos aprovechables para sus sistemas de hornos que se ubican en la planta cementera en Sanarate, El Progreso. Ahí son coprocesados a más de mil 400 grados centígrados en un proceso amigable con el medioambiente, aseguran personeros.
“La temperatura es tan alta para asegurarnos que los contaminantes se eliminen por completo”, dice Ludwin Álvarez, gerente de Control y Seguimiento Ambiental de la compañía. Los gases que emanan del proceso son captados por filtros con lo cual se evita que contaminen el aire.
Con este programa han logrado procesar entre 800 a mil toneladas de desechos al mes. Una vez por semana llega un camión a recoger entre 12 y 14 toneladas que previos a verterlos en los hornos se analizan y preparan, dice Álvarez. El beneficio ambiental es doble porque el utilizar desechos en los hornos les ha permitido reducir el uso de combustibles fósiles, añade.
Espera solución
Prensa Libre hizo una solicitud de comentarios al Ministerio de Ambiente de Honduras a través de un correo electrónico, pero al cierre de la nota aún no había respuesta.
Sin embargo, el comisionado Presidencial para la Reforestación y Medio Ambiente, Miguel Briceño, dijo que hasta el momento no cuentan con información de acciones puntuales que tengan en planes llevar a cabo Guatemala para evitar la contaminación del Motagua, por lo cual “esperamos que vuelva a suceder lo que ha sucedido en años anteriores”.
Reconoció que las acciones que debería adoptar Guatemala son decisiones soberanas de este país, pero piden que se sancione a quienes estén contaminando el río y con ello causando un daño ambiental “terrible” en las costas hondureñas.
Consultado respecto de la posible demanda internacional, señaló: “sabemos que podemos llegar a acuerdos sin necesidad de llegar a una demanda, pero sí requerimos el apoyo del Gobierno de Guatemala porque a la fecha hemos visto muy poco interés en resolver el problema”.
Acciones
La oficina de Comunicación del Marn detalló que desde el inicio de la administración han atendido “de manera integral un problema que lleva muchos años”.
Aparte de citar las labores en El Quetzalito, dijo que el año pasado se suscribió un convenio con la organización 4Ocean que da asistencia técnica y logística en la recolección de residuos, sin ningún costo para el Estado de Guatemala. Además, informó que capacitan y socializan el Reglamento para la gestión de los residuos.
Dijo que junto con organismos como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo trabajan proyectos para abordar de manera integral la cuenca del Motagua y que el próximo mes podrían lanzar una iniciativa.
El Marn aseguró que no han desatendido el tema “en ningún momento” y las playas guatemaltecas se limpian de manera permanente con el apoyo de otras instituciones nacionales, internacionales y voluntarios.
“Se trabaja a través del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua el cual contiene proyectos piloto para mitigar los impactos de los residuos sólidos y líquidos en territorio guatemalteco”, añadió la oficina, quien dijo que esta iniciativa es binacional entre los gobiernos de Honduras y Guatemala.
También destacó que se han direccionado recursos de los Consejos Departamentales de Desarrollo para saneamiento ambiental con el fin de que las comunas promuevan estos proyectos. Adicionalmente, se trabaja en una mesa técnica bilateral permanente con Honduras bajo “la premisa y principio de responsabilidades compartidas”.
La oficina de Comunicación de la Municipalidad de Guatemala indicó que desde hace unos tres años han escuchado rumores de supuestas demandas, pero que hasta ayer no tenían ningún aviso o notificación de denuncia alguna, y que de recibirla tendría que ser analizada por el Departamento Jurídico.
¿Es posible demandar a un país por contaminación?
Los habitantes de Omoa que promueven la demanda dicen que hay varios escenarios que se analizan, desde una demanda de la población contra la comuna de Guatemala, hasta una que sería de una municipalidad a otra.
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¿Pero cuál sería la ruta legal para denunciar a la comuna capitalina, por ejemplo, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos?
“Todo dependerá del análisis y circunstancias específicas que se determinen cuando se presente el reclamo”, dice Heizell Chinchilla abogada que cuenta con pensum cerrado de una Maestría en Derecho Ambiental.
Dice que estas responsabilidades se pueden dilucidar en órganos como las cortes Internacional de Justicia, o Centroamericana de Justicia, también en la Corte Permanente de Arbitraje. Remarcó en que en el ámbito del derecho internacional existe un principio mediante el cual “los estados tienen el deber de asegurar que las actividades realizadas bajo su control no causen contaminación más allá de sus fronteras”.
Agregó que en este caso será necesario verificar el grado de contaminación por los estados donde pasa el río, y si quien reclama es el país donde desemboca. La CIDH se ha pronunciado por casos de contaminación ambiental y las violaciones a los derechos humanos que esta produce, derechos que a Guatemala le corresponde asumir como miembro de la Convención Americana de Derechos Humanos, subrayó.
“A mi criterio, la determinación de la responsabilidad del Estado en relación con el daño ambiental transfronterizo ocasionado a Honduras podría darse desde la perspectiva de la violación de derechos humanos afectados por la degradación ambiental”, expuso Chinchilla.
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La experta opina que los afectados podrían interponer una denuncia ante la justicia guatemalteca ya que el artículo 29 de la Constitución establece que es libre el acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado a toda persona, para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos.
Si la justicia guatemalteca considera que no le corresponde conocerlo podría agotarse ahí la vía interna lo que daría pie a acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos u otro órgano internacional.
Respecto de si se requiere alguna gestión diplomática para notificar la denuncia, Chinchilla cree que eso se da en las relaciones entre los estados “pero toda persona que sea afectada puede denunciar la vulneración de sus derechos”.
Otros abogados opinan que las conductas humanas que causan afectaciones con relevancia jurídica pueden activar el dispositivo sancionatorio, administrativo o judicial tanto nacional como internacional y que, en principio, se debería agotar las vías domésticas jurídicas.
No obstante, los casos ambientales tienen otras variables, por ejemplo, que la fluidez de la naturaleza no conoce fronteras y que es complejo establecer límites institucionales que atiendan límites ecológicos.
También creen que el derecho humano a un ambiente sano es considerado como un derecho difuso, es decir que abarca no solo a un grupo específico de personas, sino a la totalidad de habitantes del planeta y que esto permite una exigibilidad universal.
