Política

Jafeth Cabrera: "Han dicho que quieren botar al gobierno"

El vicepresidente Jafeth Cabrera se refirió a una supuesta intención de golpe de estado, además de criticar al sistema de justicia, y el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, se refirió a una supuesta intromisión de leyes extranjeras.

Por Andrea Orozco

Jafeth Cabrera, vicepresidente de la República, y Álvaro Arzú Escobar, presidente del Congreso. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Jafeth Cabrera, vicepresidente de la República, y Álvaro Arzú Escobar, presidente del Congreso. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Este jueves, el vicepresidente Jafeth Cabrera se refirió en su discurso a una intención de golpe de Estado, pero al ser abordado por periodistas sobre mayor información al respecto, afirmó que no existe una intención real, pero que se trata de algo que “se ha mencionado desde que nosotros comenzamos –en el Gobierno-. Quisieron abortar el proceso democrático”.

Según el vicemandatario, desde que tomó posesión junto al presidente Jimmy Morales, se ha cuestionado que no tienen una hoja de ruta y que no han hecho ningún cambio de beneficio para el país, pero “estamos haciendo cosas que no se habían hecho antes”, aseguró.

Cabrera indicó que “Guatemala no se va a dejar engañar; aquellos que quieran pretender acceder al poder a través de un golpe de Estado es lo peor que pueden hacer por la democracia de este país”, indicó en su discurso.

“De la forma como algunos sectores de la sociedad están actuando no vamos a llegar a nada”, aseguró el vicemandatario.

El vicemandatario confirmó que “hay gentes que han dicho que quieren botar al gobierno, romper el orden constitucional y de esa manera creo que Guatemala va a retroceder, hay que esperar los procesos, han dicho que no tenemos una ruta y la ruta está bien trazada”.

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Unidad

Cabrera pronunció su discurso durante un evento con cafetaleros, en donde también cuestionó la aplicación de la justicia en el país.

“Lo que ha sucedido con el poder judicial: dos médicos muertos en prisión sin apertura de juicio, la Ley dice que en tres meses se deben presentar las pruebas del Ministerio Público para iniciar un juicio de alguien que supuestamente cometió la culpa, pero no, aquí está sucediendo lo contrario; primero los apresan y después de cinco o seis años se dan cuenta de que no tenían ninguna culpabilidad y los dejan libres, algunos y muertos otros, como lo que acaba de suceder con un exdiputado del Congreso”, indicó el vicemandatario.

El funcionario también hizo mención a que es necesario que los tres poderes del Estado trabajen unidos para cambiar el rumbo del país.

“Verdaderamente Guatemala está atravesando por una problemática de identidad nacional”, aseguró el vicemandatario.

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Derechos humanos como negocio

En la misma actividad, el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, pronunció un discurso en el que resaltó que “la Guatemala de hoy es infinitamente más compleja que la de ayer. Todo comenzó cuando se permitió que la Ley internacional prevaleciera de hecho sobre la Ley constitutiva de nuestro país”, dijo.

Así, Arzú Escobar indicó que en Guatemala existe un enfrentamiento ideológico y una división interna provocada por esta intromisión.

“El negocio de los Derechos Humanos, la mentira de una lucha contra la corrupción que comenzó con buenas intenciones, de pronto unos grupos la utilizaron como una herramienta de persecución política y económica”, reiteró el diputado en su discurso.

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Arzú Escobar también afirmó que “cuando los enemigos internos de Guatemala hablan de que somos una sociedad colapsada, no es porque realmente hayamos colapsado, sino porque ellos hacen todo lo posible porque este discurso se haga realidad”.

Por ello, el diputado hizo un llamado a la unidad nacional asegurando que “es un momento para unir esfuerzos, para perder el miedo y no dejarnos engañar por los cantos de sirena de las ideologías de colonización”.

Cuestionan declaraciones

Sobre las declaraciones del presidente del Congreso, el abogado constitucionalista Hugo Maúl Figueroa aseguró que no es verdad que las leyes internacionales estén sobre la Constitución, pues cada país tiene su soberanía.

Sobre la posibilidad de injerencia extranjera en el país, Maúl Figueroa dijo que, en el caso de algunas disposiciones de EE.UU. se trata de temas condicionados a aspectos de cooperación pero no a una intervención a la soberanía.

“Puede considerarse que se está condicionando a ciertos aspectos para recibir cierto tipo de ayuda, pero eso no es injerencia, son condiciones del cooperante, pero que no atentan contra la soberanía del país”, explicó el abogado constitucionalista.

Maúl Figueroa agregó que hay convenios internacionales que fueron aprobados por el Congreso, por lo que tienen calidad de leyes guatemaltecas, y “tienen la validez porque son ratificados, de tal manera que están con las mismas características de una ley guatemalteca y le dan el mismo nivel de obligatoriedad”, indicó.

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El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, indicó que las declaraciones de Arzú Escobar demuestran el desconocimiento respecto a los derechos humanos.

“Guatemala no necesita más mensajes de odio, menos viniendo de personas con la más alta investidura”, dijo el jefe de la PDH.

Rodas indicó que hay indicios de regreso al pasado, con una represión en contra de los activistas de derechos humanos, y que las declaraciones de Arzú Escobar, en lugar de armonía social, “viene a confrontar, lo cual es lamentable”.

“Existe el derecho de libertad de expresión, pero es recomendable que antes de reaccionar hepáticamente ante la situación del país, lo haga –el presidente del Congreso-, en el contexto real y no desde una actitud evidentemente visceral”, agregó.

Desacuerdo

La fiscal General, Consuelo Porras, y Delia Dávila, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, declararon que no comparten las declaraciones del vicepresidente.

Porras afirmó que la lentitud a la que se refiere el vicemandatario es atribuible a varios factores, entre ellos “el presupuesto que no alcanza”.

“En la Corte Suprema de Justicia deberíamos tener el triple de jueces, para dar una respuesta inmediata a los procesos penales, pero esto no se ha podido hacer porque hay muy poco personal y muy pocos jueces”, explicó la fiscal.

Porras afirmó que, además, se debe tomar en cuenta que hay casos en los que son 30, 40, 90 y hasta 100 sindicados, lo que merma los esfuerzos de cualquier juez.

“No podemos hablar de lentitud, sino de circunstancias actuales”, dijo la fiscal.

Dávila, por su parte, coincidió con que no se cuenta con suficientes jueces y que se han tomado medidas para solventar la situación, como ampliar la competencia de los jueces encargados de juzgar los delitos menos graves.

“Hacemos un esfuerzo institucional y estamos tratando de mejorar con los pocos recursos que tenemos”, afirmó la magistrada.

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