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Reservas de información en la CC y la CGC deben llamar a la reflexión, dicen expertos
Especialistas aseguran que decisiones de la Corte de Constitucionalidad y Contraloría de Cuentas llaman a reflexionar sobre qué ocurre con la Ley de Acceso a la Información Pública.
La Corte de Constitucionalidad y la Contraloría General de Cuentas decidieron reservar información esta semana. No obstante, la segunda institución dio marcha atrás ante la presión social. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).
Anabella Morfin, expresidenta del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon) y Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), coinciden en que es momento de reflexionar sobre la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y su papel, que ha sido fundamental desde 2008, cuando nació a la vida jurídica.
Ambos expertos aseguran que las decisiones de la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Contraloría General de Cuentas (CGC) llaman a verificar qué ocurre con la aplicación de la ley, y el papel fundamental que juega la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en su cumplimiento.
Para la expresidenta del Cedecon, Anabella Morfín, las decisiones de los últimos días afectan lo constitucional porque son decisiones arbitrarias para no revelar información pública que debería de estar al alcance de la población.
“La Constitución establece que todas las acciones administrativas del Estado son públicas, con las excepciones puntuales de actos diplomáticos y de seguridad nacional”, opina.
Incluso, explica, sobre la seguridad nacional, la CC ha hecho análisis al respecto y resuelto que se trata del cuidado de la nación frente a otros Estados, pero no de la seguridad de personas. Por esa razón, explica Morfín, le resulta arbitrario que hayan tomado tales decisiones.
Para Morfin el manejo correcto de los recursos públicos inspiró la Ley de Acceso. “Si hicieron una erogación deben rendir cuentas. Los recursos públicos deben manejarse en forma transparente”, asegura.
Para la expresidenta del Cedecon “es preocupante que haya empezado la CC con reservar la información, y seguido la CGC, porque ¿Quién controla a la CGC? Que tiene como fin vigilar y supervisar el gasto de todas las instituciones, pero nadie los audita a ellos de cómo manejan los recursos”.
Morfin considera que limitar el acceso a la información es inconstitucional. “El mensaje que manda con estas decisiones es que hay cosas ocultas que no quieren que se sepan”, reflexiona.
“Hay situaciones que en siete años se nos olvidan, pero tienen 20 años de obligación por la Constitución para aclararlas”, analiza.
Morfin cree que los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información porque son poseedores constitucionalmente de ese derecho. “Es necesario que den marcha atrás a esas decisiones arbitrarias”, opina.
“Para nada favorece a los guatemaltecos en la lucha por erradicar la corrupción este tipo de decisiones”, resalta Morfin.
Morfin tiene claro que la “publicidad de los actos administrativos es incuestionable. La actitud del nuevo gobierno es impugnar, cuestionar y usar los procesos correspondientes. No se puede tolerar todo esto en la lucha contra la corrupción”. Morfin, puntualiza que deplora que la CC lo haya hecho.
Importante y vital
Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de Asies, explica que la implementación de la LAIP hace más de15 años ha sido importante y vital.
“El hecho de que en este momento algunas instituciones, incluida la CC, dispongan de reservar la información, es un llamado de atención para reflexionar y retomar la naturaleza y el propósito de la LAIP”, expresa Hurtado.
Para Hurtado los presupuestos del Estado no le pertenecen a nadie, sino que son producto del pago de impuestos y otros ingreso. “La población concede este derecho para cumplir los fines de cada institución”, asegura.
Hurtado es de la opinión que en la administración pública “debe prevalecer la máxima publicidad, salvo los casos puntuales en que se pueda reservar la información”.
“La decisión de la CC, más el intento en la CGC, nos deben invitar a reflexionar y evaluar si todos los gobernantes y gobernados estamos en la misma sintonía. Tener claro los elementos”, asegura Hurtado.
Para el secretario ejecutivo de Asies “el mensaje que mandan, con las decisiones, es que no estamos en la misma sintonía sobre cuál es la información pública y sobre qué se puede reservar”.
“En el caso de la CC se alega un argumento de seguridad. Sabemos que han sido víctimas de riesgos, y se preserva, pero no puede ser a costa de la publicidad de la información. Debe ser accesible”, argumenta.
Dan marcha atrás
La CGC dejó sin efecto la resolución A-068-2024, que publicó el 26 de junio en el Diario de Centro América y donde declaraba que cierta información no sería pública por los próximos siete años.
El rechazo de diversos sectores a la medida, que no solo pudo haber beneficiado al gobierno actual sino a los dos anteriores por la información que intentaban dejar en “privado y sin acceso a la población”.
No obstante, en comunicado de dos párrafos, la CGC, aseguró: “La Contraloría General de Cuentas expresa su firme convicción y respeto a la observancia del acceso a la información pública en el marco de la transparencia y rendición de cuentas”.
“En ese contexto y de acuerdo con la alta importancia de fortalecer todos los mecanismos e instrumentos que hagan viable ese derecho, la Contraloría General de Cuentas informa a la sociedad guatemalteca la decisión de dejar sin efecto la Resolución A-068-2024”.
Reservan esquema de seguridad
La Corte de Constitucionalidad (CC) fue la primera en declarar reservada información relacionada con acciones de la alta magistratura. Lo hizo dos días antes que la CGC.
La CC publicó el 24 de junio de 2024, en el Diario de Centroamérica, la resolución 1-2024 de fecha 19 de junio de 2024, en la que declara “clasificar de información reservada aquella que tenga que ver con los magistrados titulares y la descripción del esquema de seguridad, la identificación del personal que les presta seguridad, la descripción del tipo de armamento que porta el personal de seguridad y la descripción de las asignaciones de vehículos a los magistrados de la CC”.
La información que se clasifica y reserva es "el contenido total de los documentos identificados como 0278, 0277, 0279, 0280, 3068, 3069, 3216, 3269, 4085, 4596, 4598, 4928, 4944, del Departamento de Inventarios de la Dirección Financiera; del libro control de asignación de personal de seguridad a magistraturas, esquemas de seguridad y equipo, de los folios cero uno (01) al treinta y tres (33) del Departamento de Seguridad".
La justificación de la CC fue porque “durante los últimos meses se ha dado un incremento de incidentes que han constituido amenazas reales y tangibles contra la integridad de los magistrados de esa instancia”.
Según la presidencia de la CC, estos hechos provocaron la presentación de denuncias penales y también ante organismos internacionales.
Hasta ahora, el Ministerio Público (MP) no ha dado a conocer si es afirmativo que hay denuncias de magistrados titulares por amenazas o ataques.
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