La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones dejó en suspenso la inmovilización de una partida por más de Q190 millones que, según la junta directiva de la  Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) ponía en riesgo sus operaciones. El juzgado también ordenó el embargo de cuentas, salarios y arraigo de 19 directivos de la empresa.

La resolución del Juzgado Tercero de Instancia Penal en favor de Luis Pedro Chang Figueroa, administrador y representante legal de la empresa Equipos de Puerto, S. A., que reclama un adeudo millonario por el incumplimiento de un contrato con la portuaria. 

El pasado 22 de mayo, el juez Julio Vásquez Xol admitió una querella de Chang contra los integrantes de la Junta Directiva y de la Empornac y ordenó las medidas precautorias. Además, trasladó el reclamo al Ministerio Público (MP) para que efectúe las investigaciones correspondientes sobre la queja de Chang. 

En resolución del 24 de junio, la Sala  otorgó el amparo provisional requerido por la gerencia de la Empornac "atendiendo a que las circunstancias lo hacen aconsejable" y con base en el artículo 28, literal d), de la Ley de Amparo, considera que "el acto reclamado violenta el artículo 134 de la Constitución".

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El amparo provisional fue notificado al Juzgado Tercero para que cumpla la orden de y se habilitó un espacio de 48 horas para que se pronuncien todas las partes en la discusión, el juez recurrido, el Ministerio Público y los directivos de la Empornac.

La sala que frenó las medidas precautorias, que según la Empornac y sectores, arriesgan la operación portuaria, se integra por los magistrados Selvin Flores, Edwin Zaldaña y Víctor Castillo.

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