La decisión del máximo tribunal, donde predominan los magistrados conservadores, se produce diez días después de que allanara el camino para que la administración Trump deporte a migrantes a países distintos a los de su origen.
En mayo, los ocho migrantes fueron trasladados en avión a Sudán del Sur desde Estados Unidos, pero cuando un tribunal suspendió las deportaciones a terceros países terminaron en una base estadounidense en Yibuti, un país africano que limita con Eritrea, Somalia y Etiopía.
El tribunal había alegado que a los migrantes no se les estaba dando una “oportunidad significativa” para impugnar la expulsión de Estados Unidos.
Sin embargo, el 23 de junio la Corte Suprema levantó la suspensión y dio vía libre a las deportaciones a terceros países, una decisión que rechazaron las magistradas liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson.
“Lo que el Gobierno pretende, en concreto, es enviar a los ocho extranjeros que expulsó ilegalmente de Estados Unidos desde Yibuti a Sudán del Sur, donde serán entregados a las autoridades locales sin importar la probabilidad de que se enfrenten a tortura o muerte“, declaró Sotomayor.
“La orden de hoy solo aclara una cosa: los demás litigantes deben acatar las normas, pero el gobierno tiene a la Corte Suprema a su disposición”, añadió.
Las autoridades estadounidenses han declarado que los ocho hombres son delincuentes violentos convictos.
Entre ellos figuran dos cubanos: Enrique Arias Hierro, acusado entre otras cosas de homicidio y robo a mano armada, y José Manuel Rodríguez Quiñones, condenado por intento de asesinato y tráfico de cocaína, según el Departamento de Seguridad Interior.
También el mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez, sentenciado a cadena perpetua por asesinato. El grupo lo completan dos birmanos, un vietnamita, un laosiano y un sursudanés.
El gobierno de Trump ha defendido las deportaciones a terceros países como necesarias, bajo el argumento de que los países de origen de algunos de los deportados a veces se niegan a aceptarlas.
Trump basó su campaña presidencial en la promesa de expulsar a millones de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos, y ha tomado una serie de medidas para acelerar las deportaciones desde que regresó a la Casa Blanca en enero.
