La decisión, publicada en el diario oficial La Gaceta, establece que los bienes muebles e inmuebles de los organismos cancelados pasarán a manos del Estado de conformidad con ley.
Nicaragua ha cerrado más de 3 mil oenegés desde que endureció las leyes tras las protestas de 2018 contra el presidente Daniel Ortega, que en tres meses de bloqueos de calles y choques entre opositores y oficialistas dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
La relación entre la Iglesia católica y el gobierno se deterioró en medio de esas protestas, que Ortega consideró un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos, que junto a la Unión Europea y otros países denunciaron una violenta represión contra opositores.
EN ESTE MOMENTO
Varios religiosos han sido conminados a abandonar el país y 12 sacerdotes fueron enviados a Roma la semana pasada tras su excarcelación, pero queda en prisión el obispo Rolando Álvarez, fuerte crítico del gobierno, condenado en febrero a más de 26 años bajo cargos de propagación de noticias falsas y desacato.
El cierre de 25 Oenegés
El Gobierno de Nicaragua canceló este martes la personalidad jurídica a 25 organismos sin fines de lucro, incluidos ocho que solicitaron su disolución voluntaria y la mayoría de carácter cristiano.
La disolución de esas 25 organizaciones no gubernamentales (ONG), incluídos los frailes franciscanos, fue aprobada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
Según el Ministerio de Gobernación, ilegalizaron 17 ONG por incumplimiento a las leyes que los regulan, y las otras ocho fueron canceladas por disolución voluntaria.
Gobernación argumentó que cerró de forma unilateral 17 ONG porque no reportaron por períodos de entre uno hasta 27 años sus estados financieros conforme períodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final) y sus juntas directivas.
Entre las ONG ilegalizadas se encuentran la Asociación Iglesia Internacional de Cristo en Nicaragua, Asociación Cristiana El Cordero Apocalipsis, Fundación Altas Familiar Ministerios, Asociación Evangelística Impacto Juvenil de Nicaragua, Asociación Nicaragüense de Iglesias de Cristo, Compañía Orden de los Frailes Menores Franciscanos, Asociación Ministerio Cristiano La Vid Verdadera, entre otras religiosas.
También la Asociación de Mujeres Las Golondrinas, Fundación Artística Xuchialt, Asociación de Médicos Especialistas “San Francisco”, Fundación para el Apoyo al Etno-Desarrollo Indígena, y la Icw Global Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH-Sida.
Estado decomisará sus bienes
Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio de Gobernación explicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría con el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto a los que solicitaron la disolución voluntaria.
Diputados sandinistas como Filiberto Rodríguez dijeron que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las manifestaciones que estallaron en 2018.
Los sandinistas también argumentan que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas las 7 mil 227 que se encontraban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Miles de nicaragüenses salieron a las calles en abril de 2018 a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras responder con la fuerza.
Las protestas dejaron centenares de muertos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde entonces, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
