La fuente identificó al pandillero como Amadeo Yovany Hernández Perla, alias “Grillo”, quien también fue procesado por dos casos de proposición y conspiración para cometer el delito de homicidio agravado, organizaciones terroristas, extorsión agravada, robo agravado, hurto y homicidio tentado.
Los hechos fueron perpetrados entre 2011 y 2017 en diferentes municipios del país, indicó Centro Judiciales sin detallar si Hernández Perla fue capturado en el contexto de un régimen de excepción implementado en El Salvador para combatir a las pandillas.
La fuente tampoco precisó los años de cárcel impuestos al líder de la MS13 por cada homicidio cometido.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil salvadoreña (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, resistieron los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.
Actualmente, el Gobierno del presidente Nayib Bukele lleva a cabo una “guerra” contra dichas estructuras bajo la medida de un régimen de excepción.
La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó el 9 de agosto extender por 30 días más la suspensión de varias garantías constitucionales bajo la implementación de un régimen de excepción, “por la reactivación de miembros de pandillas aún en libertad”.
Esta es la decimoséptima ocasión que el Congreso amplia dicha medida, que se ha convertido en la principal acción de seguridad del Gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas.
En la delegación de #SanMiguel, a esta hora de la mañana es presentado Amadeo Yovany Hernández Perla, alias "El Grillo", quien está acusado de varios ilícitos. #OperatividadPolicial. pic.twitter.com/6V9lf4HFlj
— PNC El Salvador (@PNCSV) November 29, 2018
“Existe una amenaza de reagrupación de miembros de pandillas, persiste la amenaza de la criminalidad de dichos grupos, aún persisten miembros de pandilla y sus liderazgos, y se han registrado ataques contra agentes de la Seguridad”, indica el decreto legislativo leído y aprobado en el Parlamento.
La nueva extensión entró en vigencia el 15 de agosto y se prolongará hasta el 13 de septiembre próximo.
Desde marzo de 2022, el Congreso decretó la suspensión del derecho a la defensa administrativa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y extendió el plazo de la detención administrativa a un máximo de 15 días.
De acuerdo con cifras divulgadas por fuente oficiales, esta medida ha dejado a más de 72 mil personas detenidas, a las que el Gobierno acusa de pertenecer a las pandillas, mientras que organizaciones humanitarias dan cuenta de más de 5 mil “víctimas directas” de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.
