La creciente lista de investigaciones sobre funcionarios que Trump ha criticado
La administración Trump ha iniciado acciones penales en contra de personas que han sido críticas a su gestión.
El senador Adam Schiff —demócrata por California— habla durante una audiencia en la Cámara Alta en julio. (Foto Prensa Libre: Demetrius Freeman/The Washington Post)
El Departamento de Justicia ha iniciado una investigación penal contra el presidente de la Junta de la Reserva Federal, Jerome H. Powell, según informó el banco central. Powell alega que la investigación se debe a la agresiva iniciativa del presidente Donald Trump para reducir las tasas de interés. La investigación sobre Powell es la más reciente de una serie de casos presentados por la administración Trump contra funcionarios gubernamentales a quienes el presidente percibe como sus adversarios. A continuación, le presentamos lo que debe saber sobre otros casos y su situación actual.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James
El Departamento de Justicia acusó en octubre a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien desde hace mucho tiempo se opone a Trump, de cometer fraude hipotecario al comprar una propiedad en Virginia. La acusación, presentada en Virginia, alegaba que James describió la propiedad como una segunda residencia, en lugar de una inversión, con el fin de obtener una tasa hipotecaria más baja. James se declaró inocente y dijo que el caso en su contra "no era más que una continuación de la desesperada utilización del sistema de justicia por parte del presidente".
En noviembre, un juez desestimó la acusación contra James, al determinar que Lindsey Halligan —a quien Trump seleccionó para procesar el caso— fue designada ilegalmente y carecía de autoridad para presentar la demanda. El Departamento de Justicia está apelando esta decisión. El Departamento de Justicia intentó en dos ocasiones obtener una nueva acusación formal en el caso, pero los grandes jurados la rechazaron. El jueves, un juez de Nueva York prohibió al principal fiscal federal de Albany supervisar una investigación criminal separada sobre James, dictaminando que John A. Sarcone III había estado desempeñando ilegalmente su cargo durante meses y no tenía autoridad legal para citar a la oficina de James en el verano.
En su campaña de 2018 para fiscal general, James calificó a Trump de "vergüenza" y prometió litigar en su contra. En 2022, presentó una demanda civil por fraude contra Trump y su imperio inmobiliario. Dos años después, un juez dictaminó que Trump y otros habían llevado a cabo un plan para utilizar "datos financieros manifiestamente falsos" para obtener préstamos a tasas más bajas. Trump fue condenado a pagar más de 350 millones de dólares en multas, más intereses.
El senador Adam Schiff
Trump acusó al senador Adam Schiff (demócrata por California) de fraude hipotecario en julio, y The Washington Post informó que se había remitido una denuncia penal al Departamento de Justicia. Trump afirmó que Schiff declaró erróneamente cuál era su vivienda principal, lo que le ayudó a conseguir una hipoteca más económica. "Me encantaría verlo llevado ante la justicia", dijo Trump en ese momento. El uso de archivos hipotecarios personales para investigar, derivar penalmente y acusar a personas por fraude parece ser una táctica utilizada por la administración Trump contra sus enemigos.
Schiff ha provocado la ira de Trump desde hace tiempo: antes de ser elegido para el Senado, dirigió el proceso de destitución de la Cámara de Representantes contra Trump durante su primer mandato. «Este es solo el último intento de Donald Trump de tomar represalias políticas contra sus supuestos enemigos», escribió Schiff en respuesta a la investigación del Departamento de Justicia en su contra.
Documentos públicos relacionados con la hipoteca y la propiedad de Schiff en el condado de Montgomery, Maryland, muestran que, en octubre de 2020, Schiff firmó un documento que designaba la propiedad como segunda residencia. En documentos anteriores, se la había designado como residencia principal. Schiff y su abogado desestimaron las acusaciones de que Schiff engañó a los prestamistas hipotecarios como "transparentemente falsas" y dijeron que el prestamista de Schiff sabía desde el principio que él y su esposa estaban comprando la casa de Maryland para que su familia pudiera vivir allí cuando él trabajaba en Washington, informó anteriormente The Post.
La gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook
Trump también acusó a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, de fraude hipotecario, alegando que declaró dos propiedades como su residencia principal en solicitudes de 2021: una casa en Michigan y un condominio en Atlanta. Los investigadores emitieron citaciones como parte de la investigación, ya que Cook negó las acusaciones. Trump afirmó tener la facultad de despedir a Cook inmediatamente, aunque Cook —la primera mujer negra en formar parte de la Junta de la Reserva Federal— cuestionó que Trump tuviera la autoridad para despedirla, se negó a dimitir y demandó al presidente por su intento de destituirla. En su demanda, Cook instó al Tribunal de Distrito de EE. UU. en Washington a emitir una orden judicial para bloquear el despido, que calificó de "sin precedentes e ilegal".
Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas (FHA), quien se ha centrado en demócratas prominentes y críticos de Trump, escribió en X tras la presentación: «Estamos obteniendo nueva información sobre su comportamiento fraudulento durante su mandato». En octubre, la Corte Suprema dictaminó que Cook podía permanecer en su cargo mientras continúa el litigio. Está previsto que el tribunal escuche los argumentos del caso de Cook contra Trump la próxima semana.
Representante Eric Swalwell
Pulte remitió al representante Eric Swalwell (D-California) al Departamento de Justicia en noviembre por acusaciones de fraude. Swalwell, quien ha criticado a Trump durante mucho tiempo, negó las acusaciones de fraude y afirmó que cualquier investigación reflejaba represalias políticas. "En realidad, se trata de que Donald Trump persigue a sus enemigos políticos", declaró. Swalwell declaró a MSNBC en noviembre que tenía "una hipoteca y una residencia en California" y que viajaba semanalmente entre Washington y su estado natal.
Swalwell también presentó una demanda contra Pulte, alegando que este violó sus derechos a la privacidad y la Primera Enmienda, y acusándolo de usar registros gubernamentales para acceder a sus registros hipotecarios privados y a los de otros demócratas. Swalwell afirmó que Pulte luego usó la información de su hipoteca para "inventar acusaciones fantasiosas de fraude hipotecario" en su contra.
En 2021, Swalwell demandó a Trump y a sus aliados, alegando que debían ser considerados responsables de las lesiones y la destrucción causadas por su incitación a los disturbios del Capitolio el 6 de enero de 2021. La demanda alegó que Trump representaba un riesgo de "incitar a la violencia política en el futuro". El caso está pendiente en un tribunal federal. Swalwell, quien recientemente lanzó una candidatura para ser el próximo gobernador de California, se ha descrito a sí mismo como "el crítico más vocal de Donald Trump durante la última década".
El senador Mark Kelly
En noviembre, el Departamento de Defensa anunció una investigación sobre el senador Mark Kelly (demócrata de Arizona), un veterano de combate y destacado crítico de Trump, citando “serias acusaciones de mala conducta” después de participar en un video junto a cinco colegas demócratas recordando a los miembros del servicio estadounidense su deber de desobedecer órdenes ilegales.
El video apareció en medio de crecientes preocupaciones dentro de las fuerzas armadas y el Congreso de que los ataques estadounidenses contra presuntos narcotraficantes en América Latina violan las leyes de la guerra. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró entonces que Kelly era el único legislador que, como miembro retirado de las fuerzas armadas, estaba sujeto al Código Uniforme de Justicia Militar y, por lo tanto, era el único investigado. El FBI también intervino.
Un abogado de Kelly escribió una carta al Pentágono advirtiendo que cualquier acción legal contra el senador sería inconstitucional y un abuso de poder extraordinario. Kelly también afirmó que la medida era un intento de intimidarlo. El Pentágono declaró en diciembre que Hegseth estaba intensificando su investigación sobre la participación de Kelly en el video. La semana pasada, Hegseth declaró que había censurado formalmente a Kelly e iniciado un proceso administrativo para considerar la posibilidad de reducir su rango en la Marina al retirarse.
Los expertos en derecho militar han argumentado que los seis legisladores no parecieron decir nada ilegal y que el deber de desobedecer órdenes ilegales es una parte fundamental del ejército estadounidense, informó anteriormente The Post.

