Uno de los supervivientes del trágico derrumbe del puente Francis Scott Key y las familias de los seis hombres que fallecieron en el incidente han llegado a un acuerdo en sus demandas civiles federales contra el propietario y operador del buque portacontenedores Dali, que se estrelló contra el emblemático coloso. Los abogados que representan a los fallecidos, que eran miembros de un equipo de construcción que rellenaba los baches en el puente a primera hora de la mañana, anunciaron los acuerdos el jueves de la semana pasada, más de dos años después del derrumbe, ocurrido en marzo del 2024, y pocos días antes del inicio previsto de un juicio civil relacionado con sus demandas.

Los términos de los acuerdos son confidenciales y los detalles no se han hecho públicos. El abogado Chris Stewart, que representa a cinco de los ocho fallecidos, declaró que su equipo legal “trabajó incansablemente para estas familias en este caso increíblemente complejo y agradece que el asunto se haya resuelto”. Sin embargo, Stewart también calificó el acuerdo de “agridulce” para las familias porque “no tendrán la oportunidad de compartir las diferentes etapas de la vida con sus esposos, padres, hermanos e hijos”.

Los acuerdos resuelven las demandas sobre muerte por negligencia presentadas por las familias de Alejandro Hernández Fuentes, José Maynor López, Miguel Luna, Carlos Daniel Hernández Estrella, Dorlian Ronial Castillo Cabrera y Maynor Yassir Suazo Sandoval. Julio Cervantes, quien sobrevivió a la caída al gélido río Patapsco, también resolvió su demanda por lesiones personales.
Las demandas presentadas por separado por Damon Davis, el inspector de la cuadrilla de construcción; la ciudad de Baltimore y un grupo de empresas y titulares de carga están pendientes ante el juez federal de distrito de Maryland, James Bredar, quien supervisará el juicio civil, de un mes de duración, programado para comenzar hoy.

Durante ese juicio, los abogados que representan al propietario y al operador del buque de carga Dali, Grace Ocean Private Limited y Synergy Marine Group, declararon que argumentarán que el tribunal debería limitar su responsabilidad financiera porque no fueron negligentes en el accidente. Sin embargo, quienes han presentado demandas, alegando daños personales y pérdidas económicas, afirman en documentos judiciales que no debería haber límite a lo que las empresas podrían pagar, con el argumento de que Synergy Marine y Grace Ocean sabían que el Dali no era seguro ni apto para la navegación y aun así permitieron que zarpara del puerto.

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Las empresas ya han pagado mucho más de los US$43.6 millones que habían solicitado como límite máximo, y han llogrado hasta ahora acuerdos con el estado de Maryland por US$2 mil 250 millones; con la compañía de seguros del estado, por US$350 millones; y con la división civil del Departamento de Justicia, por US$100 millones. El gobierno estadounidense ha presentado cargos penales por separado contra Synergy Marine Group y el supervisor técnico del Dali, Radhakrishnan Karthik Nair, alegando que violaron las leyes ambientales y marítimas.
El Gobierno sostiene que los responsables del enorme buque no mantuvieron adecuadamente los sistemas a bordo de esa embarcación ni de otras dos de su flota.

Según los fiscales, esos fallos incluyeron el uso de bombas de combustible inadecuadas que mermaron la capacidad del Dali para restablecer la potencia de dirección cuando el barco sufrió dos apagones en el río Patapsco, en la madrugada del 26 de marzo del 2024, y se precipitó hacia un pilar de soporte crítico del puente Key Bridge. Según la Fiscalía, la empresa tenía conocimiento del uso indebido de las bombas de combustible en sus barcos, pero no puso fin a esa práctica. Después de que el Departamento de Justicia anunciara la acusación formal, a mediados de mayo, Synergy Marine Group negó las acusaciones en un comunicado y los abogados de la compañía pidieron a Bredar, el juez federal de casos civiles, que aplazara el proceso de determinación de responsabilidad hasta que se resolviera el caso penal.

Bredar denegó esa solicitud el 20 de mayo, y los acuerdos con las familias de las víctimas se anunciaron menos de 10 días después. La abogada Ama Frimpong, de We Are CASA, la organización de derechos de los inmigrantes que ha defendido a las víctimas desde el derrumbe, declaró: "Las familias de los seis trabajadores esenciales que perdieron la vida siguen sufriendo un profundo dolor y trauma".

“Si bien es muy importante que se hayan resuelto algunas demandas legales, el dolor que estas familias han sufrido persiste”, dijo Frimpong. “Su prioridad seguirá siendo reconstruir sus vidas, sanar del trauma, apoyarse mutuamente y honrar la memoria de sus seres queridos, tras una tragedia que cambió sus vidas para siempre”.