La campaña militar estadounidense en Latinoamérica está aumentando la presión sobre Colombia, uno de los principales nexos del narcotráfico en la región, a medida que se intensifican las tensiones entre el presidente Donald Trump y el mandatario de Colombia, Gustavo Petro. En uno de los días más mortíferos desde que comenzó la campaña en septiembre, el ejército estadounidense destruyó el lunes, en el Pacífico oriental, tres embarcaciones que, según el gobierno de Trump, transportaban drogas, lo que ocasionó la muerte de ocho personas, según el Comando Sur de Estados Unidos.

Los recientes ataques del ejército estadounidense sugieren un cambio de enfoque geográfico tras las embestidas iniciales en el Caribe. Los cinco ataques del mes pasado se produjeron en el Pacífico, lo que evidencia que la campaña estadounidense se ha centrado cada vez más en Colombia, que tiene una larga costa en el Pacífico en la cual, según los expertos, abundan las rutas para el contrabando de cocaína. El martes, el gobierno de Trump también designó al Clan del Golfo, un poderoso cartel de la droga colombiano, como organización terrorista. De los 25 ataques ejecutados desde el 2 de septiembre, 14 han sido en el Pacífico y 11 en el Caribe, con un balance de 47  y 48 muertos, respectivamente.

Los ataques más recientes también reflejan potencialmente la ampliación de las prioridades estadounidenses y han incrementado la enemistad entre Washington y Bogotá. La campaña estadounidense comenzó con ataques a embarcaciones de Venezuela, un actor menor en el tráfico mundial de drogas, mientras que Colombia es, con diferencia, el mayor productor mundial de cocaína —Venezuela tampoco está en el Pacífico—. Trump también ha arremetido contra Petro, después de que el presidente colombiano se convirtiera en uno de los críticos más feroces en Latinoamérica de los ataques estadounidenses, al afirmar que equivalen a asesinatos.

Trump respondió con la amenaza de recortar la ayuda a Colombia, a pesar de que una parte significativa se destina a   combatir la industria de la cocaína. Yendo más lejos, la semana pasada, Trump afirmó que Colombia “producía mucha droga” y puso a Petro bajo vigilancia. “Así que más le vale darse cuenta o será el siguiente”, advirtió el mandatario estadounidense. “Pronto será el siguiente. Espero que esté escuchando; será el siguiente”. Igual que Petro, una amplia gama de expertos en leyes que rigen el uso de la fuerza letal también han calificado de ilegales los ataques de EE. UU., con  argumento de que el gobierno no ha demostrado que exista un conflicto armado entre ese país y Venezuela.

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El mismo argumento podría aplicarse a Colombia, que tiene un largo historial de cooperación antinarcóticos con Estados Unidos. Al contratacar, Petro dijo: “Trump está engañado de sus logias y asesores”. El presidente estadounidense ha dicho que  cada embarcación destruida salva 25 mil  vidas estadounidenses. Se produjeron casi cien mil  muertes por sobredosis en Estados Unidos durante el período de 12 meses, que finalizó el 30 de junio. Pero el principal impulsor de esas muertes fue el fentanilo, que procede de laboratorios de México. Venezuela y Colombia, según los expertos, no desempeñan ningún papel conocido en el comercio de opiáceo.

En cambio, Sudamérica produce cocaína. La mayor parte de la  que llega a Estados Unidos se trafica desde la costa del Pacífico sudamericano, principalmente de Colombia, pero también de Ecuador y Perú. Venezuela es un productor insignificante de cocaína, y la  que se transporta a través de ese país, va principalmente a Europa. No está claro cuántas de las embarcaciones destruidas en el Pacífico pueden haber salido de Colombia. Los únicos dos sobrevivientes de los ataques que fueron repatriados a sus países de origen procedían de Colombia y Ecuador. Aunque los más recientes ataques estadounidenses contra embarcaciones han ocurrido en el Pacífico, el despliegue militar estadounidense  en Latinoamérica también se está ampliando para incluir otros objetivos, como se vio la semana pasada con la incautación por fuerzas estadounidenses de un petrolero en el Caribe que transportaba petróleo venezolano.

El martes, el asesor de seguridad nacional y secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, así como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, informaron a los legisladores sobre la operación de ataques a embarcaciones y, según personas familiarizadas con el asunto, expusieron un nuevo argumento para enfocarse en Venezuela: el gobierno de Maduro, según dijeron los funcionarios, ha estado acogiendo organizaciones de narcotraficantes, al permitirles operar en territorio venezolano.

Dos grupos guerrilleros marxistas colombianos que han financiado sus actividades militantes mediante el tráfico de cocaína —el Ejército de Liberación Nacional, o ELN, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, grupo ya desaparecido y conocido como Farc— en ocasiones han operado desde campamentos situados en las selvas de Venezuela, al otro lado de la frontera con Colombia, según especialistas en asuntos de delincuencia y narcóticos en Latinoamérica. En octubre, el Gobierno de Venezuela dijo que había destruido dos campamentos colombianos de “terroristas, narcotraficantes” en su territorio, y que había encontrado panfletos del ELN en uno de ellos. La administración de Trump informó que una embarcación que atacó el 17 de octubre, en la que murieron tres hombres, estaba vinculada al ELN, que el Departamento de Estado designó como organización terrorista extranjera en 1997.