Editorial

Decreto mordaza debe ser derogado

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Un sistema democrático precisa de libertad de expresión para poder ser auténtico, representativo y coherente. Cualquier intento por controlar el acceso a la información no solo es insostenible jurídicamente en un estado de Derecho, sino que refleja la intolerancia, la tozudez y el pobre concepto de ciudadanía que tienen sus promotores, un demérito que resalta aún más si se trata de abogados graduados que juraron alguna vez defender la Constitución del país.

El decreto mediante el cual los magistrados del Tribunal Supremo Electoral aprobaron un control dictatorial sobre la realización de foros y entrevistas a aspirantes a cargos de elección popular no solo es un desatino legal, sino una peligrosa imprudencia que sienta un precedente ominoso que abre la puerta al surgimiento de disposiciones similares o aún peores emanadas de organismos del Estado reacios a la crítica y la cuentadancia.

Varias son las entidades que ya se pronunciaron en contra del desvarío abiertamente inconstitucional que aún es defendido con extraña vehemencia por ciertos integrantes del TSE, cuya actitud absolutista había permanecido bien disimulada pero no es menos dañina que la de los restantes miembros de esta entidad que no se han atrevido siquiera a manifestar abiertamente su oposición al decreto censor.

Guatemala tiene un largo y lamentable historial de represión a la libre expresión. Hace un siglo se encontraba en su último tramo una larga dictadura de 22 años, un vergonzoso yugo que se cimentó desde sus inicios, precisamente, en absurdas prohibiciones y restricciones a la prensa y, en general, a toda manifestación de descontento.

En 1902, el sátrapa Manuel Estrada Cabrera ordenó la censura de la transmisión cablegráfica de noticias sobre el terremoto ocurrido en Quetzaltenango ese año, debido a que consideraba que tal información desgastaba a su gobierno y, por ende, la calificaba de mentiras. Otro dictador, Jorge Ubico Castañeda, impuso restricciones y asedio a los medios de comunicación que criticaban sus acciones e incluso hubo periodistas asesinados, con lo cual la ciudadanía se quedaba con la versión oficial.

Durante el gobierno de Jacobo Árbenz Guzmán, allegados adquirieron un periódico llamado Nuestro Diario, cuya línea editorial cambiaron hacia una orientación oficialista. Ese atropello a la libertad motivó que renunciara el director de ese medio, Pedro Julio García, y en solidaridad con él también presentaron su dimisión los periodistas Salvador Girón Collier, Mario Sandoval Figueroa, Álvaro Contreras Vélez e Isidoro Zarco Alfasa, quienes unieron sus ideales para fundar Prensa Libre.

Precisamente por eso es que esta casa editora eleva un enérgico rechazo contra todo mecanismo de control de la información, sobre todo si se intenta justificarlo bajo apariencia de buenas intenciones, que no resultan a la larga más que falacias, tal como se intentó vender, en 1993, la censura decretada durante el infortunado golpe de Estado de Jorge Serrano Elías, la cual no funcionó y precipitó su vergonzosa caída.

Tales antecedentes deben motivar a los magistrados del TSE a dejar de prestar oídos a asesores imprudentes, que detrás del telón los empujan a ellos a pasar como desconocedores o, peor aún, como transgresores de lo estipulado claramente por el artículo 35 de la Constitución de la República. La única salida honrosa para ellos es reconocer el error y derogar el decreto censor, que no dista mucho de los emitidos en otros tiempos por autócratas que tanto daño hicieron a la Nación.