La crisis institucional dista aún de cerrarse. El paréntesis legal por el atraso en la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones todavía sigue abierto. Las deficiencias en la administración de justicia y régimen disciplinario de jueces todavía están pendientes de solución; a ello se suman los reiterados reclamos ciudadanos por mejoras en futuros procesos eleccionarios, un reto que quedará en manos de los próximos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, cuyo proceso de postulación arrancó esta semana a cargo de otra comisión, también integrada por rectores universitarios.

Las comisiones postuladoras fueron constituidas en el 2009 como una alternativa para lograr una depuración rigurosa de los listados de candidatos, un examen minucioso de las aptitudes, formación y experiencia, un foro crítico que blindara a las instituciones ante los embates de sectores interesados en permearlas. Desafortunadamente, ostentar el más alto cargo académico de una casa de estudios superiores se convirtió en un requisito fácil de cumplir al crear universidades con apenas una o dos facultades, incluyendo por supuesto la de Derecho, que brinda acceso a este cuerpo colegiado. La defensa férrea de una exigente nota mínima para aspirantes se debe agradecer a rectores y decanos responsables, ello a pesar de las estratagemas e intentos de boicot legalista.

En lugar de abrir paso a la participación de más sectores, la selección de magistraturas pasa por un filtro sin la suficiente representatividad democrática y expuesto a la influencia de operadores políticos. Esto debe cambiar y será tarea del actual Congreso subsanar los fallos de la ley de postuladoras para incluir representantes de otros sectores ciudadanos y productivos.

Con la entrega de las evaluaciones de jueces y magistrados efectuadas, quizá con premura, por el consejo de la Carrera Judicial, se abre la puerta de un mejorable sistema de calificación permanente de las acciones u omisiones de los operadores de justicia, sus eventuales conflictos de interés y su desempeño ético, lo cual agrega otro elemento a una eventual modernización judicial. Cabe agregar que en cada proceso de evaluación se intenta eludir el examen de la honorabilidad de los aspirantes con el pretexto de que se hace difícil asignar una magnitud numérica a dicho aspecto. Esta ambigüedad inducida ha abierto la puerta para el ingreso o el retorno de perfiles cuestionados por sus vínculos o por resoluciones ajenas al Derecho.

El destape de casos de gastos desproporcionados, contrataciones ilícitas, plazas innecesarias, proyectos deficientes y otras irregularidades pendientes de tipificar en el período anterior es un poderoso acicate para que los integrantes del pacto de impunidad del anterior Congreso busquen desesperadamente la colocación de figuras venales. De nada servirá la integración de la comisión anticorrupción del Ejecutivo si a la larga sus hallazgos y señalamientos se ven empantanados a la hora de los procesos de aplicación de justicia.

En la próximas dos semanas se desarrollará una ajetreada agenda en tres comisiones postuladoras y la ciudadanía no puede permanecer ajena a las decisiones. Habrá apologías del derecho a participar como pretexto para abrir paso a adláteres dentro de las nóminas enviadas al Congreso, así como intentos por cerrarle el paso a abogados de recta trayectoria. En todo caso, se podrá ver qué postuladores, qué universidades, qué partidos y qué diputados están del lado de la transformación positiva de la justicia y cuáles no.