No parecen entender quienes persisten en consolidar un sistema bajo el signo de la corrupción que no se trata de personas ni mucho menos de descalificar a quienes ostentan el poder. Las críticas y las muestras de repudio nacen del hartazgo hacia el abuso y se dirigen a quienes hoy enarbolan la bandera de la institucionalidad, que en realidad solo es un descarado pretexto para atrincherarse en el poder.

En ese objetivo están comprometidos el presidente Jimmy Morales, el alcalde Álvaro Arzú Irigoyen, su hijo Álvaro Arzú Escobar y quienes le acompañan en la junta directiva del Congreso, así como los otros 91 diputados que votaron por una nueva junta directiva impresentable, incapaz de transmitir alguna posibilidad de cambio. Se equivocan quienes creen que los hechos podrían desmentir el discurso.

Eso no ocurrirá, porque en las distintas esferas del poder se hacen todos los esfuerzos por consolidar el cartel de la impunidad, integrado por un numeroso grupo de diputados, funcionarios y algunos empresarios, que con sus recursos incluso permiten el ataque a quienes exigen un mínimo de decencia y unen sus voces al clamor por no bajar la guardia en la lucha contra una clase políticamente jurásica.

Triste es que exista un numeroso grupo de funcionarios empecinados en consolidar un modelo vergonzoso de administración pública en el cual predominan y sobresalen el abuso, la irresponsabilidad y la desvergüenza en la forma de conducir la cosa pública.

Por eso tiene razón la fiscal general, Thelma Aldana, cuando afirma que no encuentra en el presidente Morales a un aliado en la lucha contra la corrupción, quien menos puede presumir de encabezar algún esfuerzo en ese sentido, porque esa es una falsedad. Su peor acción fue la intentona de descabezar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, justo cuando fue señalado de haber utilizado recursos oscuros en su campaña electoral.

Aunque Aldana reiteró que todavía es tiempo para que el presidente se sume a esos esfuerzos, todo indica que esa actitud debe ser descartada, porque Morales ya rebasó a paso acelerado la línea de un posible retorno, como lo ratifica la elección de la directiva del Congreso, una afrenta a los guatemaltecos y a los países amigos, que insistieron claramente en rechazar la participación de cualquiera de los diputados firmantes del Pacto de Corruptos.

El cartel proimpunidad que ahora cree haber acumulado más poder solo profundiza una crisis que terminará muy mal para muchos de sus integrantes, aunque lamentablemente también le harán un enorme daño a Guatemala, porque la inestabilidad e incertidumbre que provocan con sus repudiables acciones solo acrecentarán la incipiente pero firme desconfianza en la inversión.

Vividores del conflicto insisten en querer calificar esta lamentable situación como una lucha ideológica, mientras otros, de criterio muy monetizado, están convencidos de que la persecución penal está dirigida bajo el cristal político. El asunto es muy sencillo y de lo que se trata es de cerrarle el paso a maleantes de cuello blanco que han convertido el poder en un pasaporte para el latrocinio, aquellos que a la sombra del poder han mostrado su peor faceta.