Con la caída del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se reaviva el debate sobre los alcances de la corrupción en casi cualquiera de sus manifestaciones, pero también sobre la necesidad de ponerle límites a una conducta intolerable al frente de la administración, desde donde se comercia con votos en favor de la impunidad.

La imagen de Kuczynski había quedado maltrecha desde su agónica salvación de ser destituido por el Congreso peruano hace apenas cuatro meses, cuando quedó a ocho votos de perder su cargo, aunque buena parte de esos respaldos fue la causa de su acelerado desprestigio, porque provenían del grupo de uno de los hijos del exdictador peruano Alberto Fujimori, quien inmediatamente recuperó su libertad por la vía del perdón presidencial.

Eso contribuyó al derrumbe de la imagen del mandatario, quien con esa acción hizo crecer las sospechas de que le había mentido al Congreso respecto de si había recibido sobornos de la poderosa constructora brasileña Odebrecht, que corrompió a varios presidentes latinoamericanos, al menos tres de Perú.

Esas dudas motivaron que un grupo de diputados planteara de nuevo la necesidad de otra comparecencia ante el Congreso, para votar sobre la capacidad moral de Kuczynski al frente de la Presidencia, lo que habría sido la causa de nuevos y grotescos errores, como la supuesta negociación de respaldos al mandatario a cambio ciertas prebendas.

Esas videograbaciones, que supuestamente incriminan al expresidente, acercan el tema de la corrupción a la realidad guatemalteca, porque evidencian hechos de deplorables conductas como las que aquí se observan, como la supuesta, aunque muy probable, compra de votos de congresistas a cambio de que el Ejecutivo adjudicara obras a diputados o a sus allegados en los departamentos a los que representan.

El pervertido modelo es harto familiar en Guatemala y se ve que es una modalidad continental, ocurrida en muchos otros países de Latinoamérica, donde la construcción de infraestructura pública ha enriquecido a algunos empresarios emergentes cuyo patrimonio se multiplica a partir de la llegada al poder de funcionarios a los que han financiado en sus campañas electorales.

Se trata de una extendida conducta perversa, pero también ha sido la causa de la atrofia en el funcionamiento del aparato estatal, de lo cual Guatemala puede dar abundantes testimonios, solo con pasar revista al rango y muchos funcionarios que en los últimos tres años han sido capturados por abusar de sus cargos en la concesión de obras, proyectos o adquisiciones que han servido para un rápido e indignante cambio de estatus económico.

Sin embargo, como bien lo transmiten varios peruanos consultados a propósito de la renuncia de Kuczynski, para ellos el problema es mucho más grande y complejo porque trasciende a más de un órgano de poder y por ello es que varios no dudaron en responsabilizar a los diputados por el nuevo traspié, y todavía más lejos fueron los obispos de Perú, al reclamar la recuperación de la ética y la moral “porque los altos niveles de corrupción roban la esperanza”.