Cuando se habla del fortalecimiento de los más importantes organismos públicos, muy pocos parecen comprender la trascendencia, tanto del concepto como de la perversidad de quienes entienden a cabalidad esos alcances pero actúan en apego a mezquinos intereses y algunos financiando la multiplicación de voces distorsionadoras en contra del cambio de la deteriorada institucionalidad.

Dos hechos muy lamentables ocurrieron en las últimas horas y ponen en nuevos aprietos al Gobierno, principalmente al presidente Jimmy Morales, quien no ha querido escuchar los llamados a asumir con responsabilidad su alta investidura y se obstina en incurrir en mayores muestras de irresponsabilidad.

El pasado martes fue asesinado Luis Marroquín, uno de los líderes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), en San Luis Jilotepeque, Jalapa, en un ataque a mansalva ejecutado por dos encapuchados armados. Tenebroso vuelco a un pasado de oprobio que ya debería estar desterrado, porque recuerda una de las etapas más oscuras de la historia nacional reciente.

La dirigencia de esa agrupación, válidamente cuestionada por diferentes sectores, responsabilizó de esa muerte a Morales, porque el pasado 2 de mayo, durante un discurso dirigido a vendedores del mercado La Terminal, que supuestamente le manifestaron respaldo, el mandatario arremetió contra varios sectores, uno de ellos Codeca, a cuya dirigencia responsabilizó por la muerte de un menor.

Hoy, la dirigencia campesina sindica al mandatario de incitación a la violencia, “porque públicamente en su discurso… trató de afianzar odio y resentimiento contra Codeca”. Es muy probable que esa no haya sido la intención de Morales, pero con sus actitudes irreflexivas se pone en un alto riesgo, porque no parece haber nadie en su entorno que lo convenza de la trascendencia de su cargo y de la prudencia que debe privar en sus declaraciones.

El segundo hecho ocurrió el jueves, cuando un dirigente del Comité Campesino del Altiplano, José Can Xol, fue ultimado de varios disparos en Cobán, a manos de un comando armado que incursionó y abrió fuego contra varias familias. Otro grave episodio que enciende las alarmas sobre la vulnerabilidad de dirigentes campesinos y activistas de derechos humanos, algo que al final repercutirá de manera negativa sobre la imagen del Gobierno y del país.

El Ejecutivo debe ser el más interesado en esclarecer estos repudiables crímenes y debe buscar el auxilio del Ministerio Público, porque son hechos que impactan de manera directa sobre la seguridad en el país y la vulnerabilidad de quienes velan por los derechos humanos o porque han sido sectores críticos a la actual administración.

Es urgente el esclarecimiento de estos hechos, porque constituyen ejecuciones extrajudiciales que ocurren en medio de un ambiente de zozobra y de rumores sobre supuestos intentos por crear una mayor inestabilidad, lo cual debe ser refutado por el Ejecutivo. Es grave que grupos armados operen con sospechosa libertad en contra de dirigentes campesinos, independientemente de la legalidad y consecuencias de sus acciones. La impunidad significaría que de nuevo se abre la puerta al callejón de la oscuridad.