Uno de los mayores problemas cuando se planifica el presupuesto anual de gastos del Estado es que el primer criterio para aumentar los recursos es el politiquero, que condiciona muchas asignaciones al clientelismo y a la vez constituye la primera piedra de la corrupción, porque gran parte del dinero se destina a la construcción de obra mediante la cual se pagan lealtades.

Quitando de los millonarios planes de gastos anuales aquellos rubros que por mandato constitucional son intocables, se puede ver cómo la irresponsabilidad de los funcionarios los hace incurrir en despropósitos llegado el momento de asignar recursos, que no reflejan una planificación responsable, acorde a las necesidades, prioridades e ingresos.

Uno de los primeros irresponsables de esos desmanes es el ministro de Finanzas, quien lejos de ser la primera barrera en la danza de millones, se convierte en comparsa de quienes toman esas decisiones con demasiada ligereza, enfocadas en beneficiar a allegados o a quienes puedan sintonizar con el oficialismo.

Otro de los sinsentidos es que un porcentaje demasiado alto de cada incremento al gasto se pretende respaldar con un mayor endeudamiento, lo que quiere decir que se buscarán préstamos u otros mecanismos para conseguir recursos, los cuales servirán para pagar una deuda cada vez más insostenible, como le ocurre a cualquiera que gasta más de lo que gana.

Esta burocracia perversa ha venido consistentemente defraudando las expectativas ciudadanas, porque parecen antojadizos algunos aumentos y otros son claramente un pago de favores. Esto ocurre con los insostenibles incrementos asignados obligatoriamente a través de incontables pactos colectivos de trabajo en el sector público, los cuales constituyen la más vergonzosa evidencia del sometimiento de las autoridades a cambio de respaldo en tiempos de crisis, como ha ocurrido con los últimos tres gobiernos.

Incluso la recaudación fiscal es manipulada, pues no solo son insuficientes los recursos captados, sino que año con año se incumplen las metas, porque hay una total incongruencia entre ingresos y egresos. Ahora resulta que hasta la proyección de recaudación fiscal es manipulada, para hacer creer que se contará con más dinero, cuando todos los gobiernos han sido incapaces de aumentar la base tributaria.

A esto hay que agregar que el año que está por terminar pudo haber sido el de mayor recaudación, impulsada principalmente por la judicialización de varios casos, pero ni aún así se logró cumplir la meta. Mucho menos se alcanzará dicho objetivo para el próximo año, primero porque muchos ya habrán regularizado su situación y segundo porque también se detuvo esa búsqueda de recursos de la mano de la justicia.

Si el manejo del presupuesto saliera del ámbito de la politiquería y se hiciera en forma responsable, se podría emprender un saneamiento de las finanzas públicas, pero para que eso ocurra también es indispensable un poco de dignidad, responsabilidad y compromiso con la administración de los recursos que aportan los guatemaltecos y que utiliza de manera dispendiosa una burocracia voraz e incapaz.