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¿Cómo se ve el proceso electoral de Guatemala desde el exterior?

Tres analistas internacionales comparten sus preocupaciones por la coyuntura electoral guatemalteca y creen que los ciudadanos deben defender la democracia.

Una manifestación multitudinaria en el 2015, cuando la ciudadanía reaccionó indignada ante las revelaciones de casos de corrupción. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Una manifestación multitudinaria en el 2015, cuando la ciudadanía reaccionó indignada ante las revelaciones de casos de corrupción. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El proceso electoral que se desarrolla en Guatemala ha despertado el interés de la comunidad internacional por la importancia geopolítica del país y porque se desarrolla en medio de un contexto que parece amenazar las democracias de una buena cantidad de naciones latinoamericanas.

Tres analistas consultados por Prensa Libre no dejan de externar preocupación por el declive que, aseguran, se ha evidenciado de la democracia en todo el continente y cómo regímenes democráticos se han degenerado a híbridos y estos a su vez en autoritarios.

Casos como Venezuela y Cuba han dejado de ser los únicos que presentan retrocesos en su democracia, afirman, y en la última década se han sumado países como Nicaragua cuyo último episodio de autoritarismo ocurrió en las elecciones presidenciales de 2021, donde el Consejo Supremo Electoral se negó a inscribir a cualquier candidato que representara un peligro para la continuidad de Daniel Ortega en el poder.

El caso de El Salvador no deja de inquietar, con un presidente —Nayib Bukele— que goza de la aprobación de los salvadoreños, pero que presenta rasgos autoritarios y ya ha insinuado que podría postularse para la reelección en 2024 a pesar de la abierta prohibición constitucional.

Sobre el caso guatemalteco también existen preocupaciones, advierten los analistas, puesto que se teme que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no sea capaz de garantizar unas elecciones legítimas.

Como prueba, citan resoluciones que ha emitido el Registro de Ciudadanos, avaladas por los magistrados, en las que niega ciertas inscripciones, pero al mismo tiempo acepta otras con señalamientos, con lo cual se pone en duda la aplicación del artículo 113 constitucional que se refiere a la idoneidad y honradez necesarias para otorgar un cargo público, o peor aún que el TSE se utilice para filtrar las candidaturas.

“La democracia no es inevitable”

Erick Olson, director de Políticas e Iniciativas Estratégicas de la Fundación Internacional de Seattle, EE. UU. afirma que la democracia no es algo automático o que siempre va a estar ahí, por el contrario, si no se cuida se puede poner en riesgo y eventualmente perderse.

Es por ello por lo que no deja de mostrar preocupación por la forma “como el Estado de Derecho se ha ido deteriorando en Guatemala, y al hablar del proceso electoral refiere que “hay una gran duda” de si este resultará en un cambio positivo para el país o si profundizará la crisis democrática.

“Guatemala no llega a los niveles de Nicaragua o Cuba, pero eso no quiere decir que todo esté bien, hay serios problemas y cada día hay menos confianza en las instituciones del Estado”, refirió Olson, un académico que se ha dedicado por años a estudiar la problemática de Centroamérica y quien también es parte del equipo del Wilson Center, un prestigioso centro de análisis de Washington, D. C.

Al parecer, la percepción de un retroceso del Estado de Derecho en el país también es compartida por el Gobierno de EE. UU. El Departamento no Estado no invitó a Guatemala en 2021 a la Cumbre por la Democracia, iniciativa del presiente Joe Biden, y hay dudas de que lo vaya a invitar a la reunión de seguimiento que se celebrará a fines de marzo de este año.

Guatemala tampoco fue invitada a ser parte de la Alianza para la Prosperidad Económica de América Latina, un ambicioso proyecto económico de Washington para Latinoamérica que está reservado a naciones que estén dispuestas a impulsar un hemisferio más democrático y luchar contra la corrupción.

Lo que pasa es “gravísimo”

El analista político y jurista argentino, Daniel Zovatto, director regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, señaló que el que “cierren la puerta de manera arbitraria a ciertas candidaturas es gravísimo y compromete la integridad del proceso electoral”.

Daniel Zovatto, analista político, en relación a que el TSE no permitió la inscripción de Jordán Rodas, lo cual impide la participación del binomio del Movimiento para la Liberación de los Pueblos que completa Thelma Cabrera como candidata presidencial.

Remarcó que, según la Unidad de Inteligencia del semanario británico The Economist, a Guatemala ya se le considera un régimen híbrido, y advirtió de que “en la mayoría de los casos, si se llega a este nivel y no se corrige la tendencia la próxima fase del declive es un régimen autoritario, como ocurrió en Venezuela, Nicaragua o Haití”.

Por eso, considera, el actual proceso electoral guatemalteco es importante porque podría abrir la posibilidad de que la tendencia hacia el retroceso democrático se revierta; sin embargo, teme que intereses corruptos tengan suficiente poder para evitar que las elecciones representen un cambio de rumbo del país.

Para Lisa Haugaard, directora ejecutiva del Grupo de Trabajo para América Latina (LAWG, en inglés), una organización estadounidense que promueve la defensa de los derechos humanos, existe una “tremenda falta de confianza de la comunidad internacional en cuanto al proceso electoral en Guatemala”.

Añade que desde el exterior se percibe que la corrupción se ha incrustado en instancias de todo el Estado guatemalteco, lo que alimenta la idea de que el actual TSE fue electo de manera “poco transparente”.

Calificó de “nefasto” el clima que se vive alrededor del proceso electoral, en relación con la denegatoria de candidaturas, sumado a “los ataques y hostigamiento contra la prensa”.

Manuel Baldizón y Alfonso Portillo buscan llegar al Congreso. Ambos fueron condenados en EE. UU. por lavado de dinero. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Despertar ciudadano

Los analistas coinciden en que debe haber una reacción ciudadana.

“No quiero ser pesimista”, manifiesta Olson, quien dice que en la historia hay ejemplos en los cuales “aún en condiciones difíciles los votantes logran hacer cambios”. Expuso que no en el escenario ideal debería haber “una rebelión democrática donde los guatemaltecos se pronuncien a favor de personas realmente comprometidas con la democracia”.

Zovatto cree que la ciudadanía debe exigir a las autoridades un proceso electoral transparente no discriminatorio donde no se niegue la posibilidad de participar a quien cumple con los requisitos.

“Este es el momento de salir en defensa de la democracia, no sigan esperando porque la ruta que lleva Guatemala es muy peligrosa”, advirtió.

El sistema abusa porque ve que la ciudadanía no tiene en este momento la capacidad de movilización”, dice el analista. Todos los sectores tienen que defender, no a un partido, sino la legitimidad y credibilidad del proceso electoral y la democracia “que tanto le costó recuperar a Guatemala”, puntualiza Zovatto.

Postura

La oficina de Comunicación del TSE respondió que el órgano electoral ha expresado “por medio de sus magistrados el compromiso e independencia para llevar a cabo en las elecciones 2023” y que este se desarrolla de manera transparente, garantizando los resultados de la expresión ciudadana manifestada en el sufragio”.

Subrayó que “las candidaturas que han encontrado objeciones en su proceso de inscripción no son agotadas a nivel institucional y de ser necesario, aún quedan las instancias en la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad para apelar e inscribir sus candidaturas”.

Precisó que los criterios de análisis para la inscripción de cada una de las candidaturas son individuales con sus propias características que diferencian un caso de otro, “por lo que no se puede asumir con aseveraciones superficiales que son iguales”

Finalmente, el TSE garantizó que el proceso electoral “se realizará con total independencia e imparcialidad, respetando la voluntad popular; cuya garantía descansa en los ciudadanos que participan en las mesas y juntas electorales.

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