En el ejercicio de evaluación de los dos años de gestión, efectuado por tres centros de investigación y análisis, es uno de los ministerios con más baja calificación, con un promedio de 58 sobre un total de 100 puntos. Según los parámetros considerados, en cuentadancia obtuvo una nota de 53 puntos; en gerencia de la cartera, 61; en gestión de la pandemia, 61; y en calidad del gasto, 57.
Aunque al tomar posesión del cargo anunció que se trabajaría en una política minera, reformas a la ley de minería y creación de una propuesta de ley para el cobro de alumbrado público, ninguna de las tres se ha concretado.
En lo que hay avances es en la realización de las consultas comunitarias para reactivar operaciones mineras que fueron suspendidas por la Corte de Constitucionalidad (CC): en el 2021 comenzó el proceso de consulta por la minera El Escobal, en Santa Rosa; sin embargo, no ha finalizado.
Tampoco la de minera Progreso VII Derivada (en San José Del Golfo), mientras que en diciembre concluyó la del proyecto Fénix (Izabal), cuya habilitación para operar fue aprobada la primera semana del 2022 y la compañía prevé reiniciar operaciones en marzo próximo.
Con esas acciones se reactivaría el sector de minería metálica, pero persisten las críticas respecto a la falta de control de la cartera sobre los materiales que se extraen.
En tanto, la cobertura de electricidad tuvo una leve mejora y llegó a 89.26% en el 2021, cuando el Censo de Población y de Vivienda la ubicaba en 88.14% en el 2018. Aún así, el reto persiste, ya que el casi 11% restante representa más de 400 mil hogares, según los datos del MEM.
Durante estos dos años, mediante un censo la cartera identificó a 101 mil hogares sin energía, en 1 mil 330 comunidades de 72 municipios, que son parte de 10 departamentos prioritarios, entre ellos Alta Verapaz, Quiché e Izabal.
Otro señalamiento contra la cartera es la falta de acciones por denuncias de concertación entre compañías por los precios del gas, según cuestionó en septiembre pasado la presidenta de la Comisión de Defensa y Consumidor y el Usuario del Congreso.
Autoridades del MEM informaron en esa oportunidad que llevaban a cabo procesos administrativos de sanciones por concertación de precios en el área metropolitana y se trabajaba en rótulos informativos para establecer reglas claras en beneficio del consumidor final.
El precio del gas subió alrededor de 33% en los primeros 11 meses del 2021 y el gobierno lo atribuyó a las condiciones del mercado internacional. La decisión entre el Ejecutivo y el Congreso fue aprobar un subsidio de Q150 millones para rebajar el precio al usuario final por tres meses (de diciembre 2021 a febrero 2022).
Puntos de vista
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) expuso que se reconoce la inversión en energía rural en estos dos años, ya que el plan de electrificación rural había quedado estancado.
Sin embargo, dijo que aún existen retos en el sector de minería que se deben resolver, para lo cual se debe hacer una discusión más profunda sobre la forma como el país se está promoviendo en el extranjero ya que no hay una reglamentación para el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A su criterio, esto ha afectado a las mineras existentes en el país y es difícil promover el sector para atracción de inversiones.
El segundo punto que se debe analizar es sobre los impuestos que se pagan, para lo cual se debe realizar una comparación internacional. “Al hablar de regalías no quiero decir que sean bajas, sino debe hacerse un análisis comparativo de cómo son en otros países y qué tanto está cobrando Guatemala”, y que estos recursos lleguen a las comunidades.
A consideración de Zapata, ha mejorado la transparencia de la información de las licencias, aunque al ser consultado sobre los señalamientos de falta de control sobre explotación de materiales mineros, agregó que el Ministerio de Energía debe seguir fortaleciendo sus capacidades y contar con mejores profesionales y promotores que ayuden a que el análisis que se realiza dentro del MEM tengan un proceso fortalecido.
Por aparte, el Centro de Investigación para el Desarrollo Regional (Cindere) se refirió en el tema de gerencia de la cartera, que el ministro no tiene experiencia vinculada al sector energético, ya que su principal experiencia es en asesorías corporativas y notariales.
Respecto a la gestión de la pandemia, durante el 2020 el MEM participó en el impulso para un subsidio a la energía para usuarios de bajo consumo. El total otorgado en el presupuesto aprobado por el Congreso fue de Q300 millones. La estructura del subsidio se trabajó con el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) y se aplicó mediante la factura emitida por las distribuidoras.
A consideración de Cindere fue un aporte puntual de tres meses por lo que el impacto en términos de eficiencia puede ser limitado, tomando en cuenta que la pandemia está por llegar a los 2 años de existencia
Y el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac) opina que el MEM es un ministerio poco trasparente en su plan estratégico institucional porque busca atraer inversiones, sin un equilibrio con las políticas medioambientales y de desarrollo regional.
Además, indica que tiene poco protagonismo en los gabinetes de Gobierno y que mantiene una agenda sectorial poco clara para los intereses de la población, principalmente con el tema de la minería a cielo abierto. En la actualidad también es cuestionado por falta de más acciones para la economía popular en materia energética, ante los aumentos de precios.
“Se debe buscar una política energética y minera que coadyuve a la calidad del gasto y a la inversión pública, fomentando opciones tecnológicas sostenibles”, agrega la entidad.
Critican salida del MER
Jorge García Chiu, exviceministro de energía y minas, opina que en términos generales, la gestión ha sido aceptable, ya que avanza en temas como el sector eléctrico. Aunque considera que es negativo el rompimiento con el Mercado Eléctrico Regional (MER) del cual el país anunció su salida desde el año pasado, porque se debió haber agotado las vías de negociación y el tema regulatorio, debido a las grandes inversiones que se hicieron. Y que, eventualmente, se pueden cerrar las puertas a largo plazo con los países centroamericanos.
“La infraestructura del sector eléctrico consiste en proyectos de largo plazo y las autoridades a cargo son aves de paso, por lo que al final, debe prevalecer el interés del país y desde este punto de vista, haber continuado con el proceso”.
Otra duda es la falta de impulso para la construcción de nuevos proyectos de generación, principalmente hidroeléctricos, pues si se estanca el desarrollo de esa infraestructura a largo plazo, puede ser perjudicial porque la demanda va creciendo y las tecnologías cambian.
El año pasado se había lanzado una licitación de largo plazo por 400 megatavios, pero fue suspendida, argumentando que por las condiciones de pandemia no habría competencia. El problema es que si no hay garantía de que se va a comprar la energía, se desalientan las nuevas inversiones, añadió.
Y sugirió no olvidar que la conflictividad social sigue latente y ha crecido, pero hace falta más involucramiento del MEM para la búsqueda de soluciones, tanto en el tema de electricidad, como en el de minería, agregó.
Ampliando el tema minero, García Chiu es de la idea que hace falta fortalecer la labor de fiscalización de la operación minera metálica como no metálica. Por ejemplo, para verificar los materiales que se extraen y se exportan, ya que se llevan un porcentaje de ferroníquel pero el resto, supuestamente es tierra y no la declaran por no tener valor, expuso.
No se quiso autocalificar
Pimentel considera que no le corresponde hacer una autoevaluación de su gestión, ya que dijo tener la confianza de que la población verá los resultados de su administración y cree que la mayoría la considera más positiva que negativa.
Luego remarcó como dos logros importantes la posibilidad de recobrar la confianza de los actores de las industrias energéticas y mineras en el propio ministerio, mejorando la calidad y transparencia de los servicios, además avanzar en los procesos a consultas a pueblos indígenas.
Particularmente, el proyecto minero Fénix que finalizó en diciembre, y retomar el de El Escobal, donde hubo que reconstruir la relación entre el gobierno y la población indígena xinca.
Dentro de los desafíos que quedan por cumplir, mencionó el proceso de ataque político que se ha materializado mediante una interpelación en el Congreso de la República, y que a su criterio, ha sido usada como mecanismo para entorpecer la gestión.
Además, avanzar en la aprobación de la política nacional de eficiencia energética y política minera, las que según él, se encuentran en fases avanzadas y durante el primer semestre del año, las dos podrían ser aprobadas de forma participativa y en consenso, mientras se impulsan varias leyes como la de incentivos fiscales a la movilidad eléctrica y la ley de hidrocarburos.
El MEM maneja tres programas sustantivos, uno relacionado con el fomento de la industria de hidrocarburos, el otro con el de la industria minera y el tercero con la expansión de la electrificación.
Otros señalamientos
El funcionario ha sido señalado de acciones irregulares tanto al frente del MEM como del Inde, el cual preside. En el MEM se le ha acusado de participar en la recepción de supuestos inversionistas rusos que tendrían relación con el Fénix, minera que estuvo suspendida por varios meses por orden de la CC. Y en el Inde, por contrataciones millonarias de supuestas empresas afines.
A criterio de Pimentel estas acusaciones responden al ataque político y ha podido enfrentar ambos procesos, ya que la Contraloría no tiene hallazgos sostenibles.
Método de evaluación
En un ejercicio que busca una lectura justa del desempeño de cada ministerio, Prensa Libre se acercó a cuatro tanques de pensamiento y generadores de opinión que, con una visión técnica, evaluaron el desempeño de cada cartera.
Ipnusac, Cindere, Fundesa y Asíes fueron convocados. Este último desistió de participar en el diagnóstico.
Se ponderó a cada ministerio en cuatro áreas específicas: cuentadancia, gestión de cartera, gestión de la pandemia y calidad del gasto.
