La pandemia y la crisis económica comprometieron al gobierno de Guatemala a prohibir a sus dependencias iniciar procesos de reclutamiento y selección de personal, con excepción de las instituciones cuya competencia se relacionara con la prestación de servicios de salud, seguridad, defensa, agricultura o aspectos indispensables para la atención de la pandemia.

En atención a ello, según el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), la cantidad de trabajadores en las 42 dependencias del Ejecutivo fue, en promedio, de 218 mil 093 por mes, en renglones 011, 022, 021 y 029.

Ese número representa una disminución de tres mil 104 trabajadores respecto del año pasado.

No obstante, los datos de contrataciones de personal que reporta la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) varían en comparación con los de Finanzas.

Según la Onsec, en ministerios, secretarías, comisiones y demás entidades se contrató por mes, en promedio, a 243 mil 331 trabajadores, lo que representa un aumento de cinco mil 639 en cuanto al año pasado.

Este sería el mayor incremento de los últimos cuatro años.

¿Por qué varían los datos?

La fuente de los datos de ambas entidades es la misma: Guatenóminas; pero la diferencia se debe a dos razones.

Ervin Andrino, de la Dirección de Tecnologías de la Información de Onsec, dijo que las estadísticas que esta dependencia genera de Guatenóminas no cuentan a personas individuales, sino contratos y puestos ocupados.

Por lo tanto, existen personas que pueden tener más de un contrato.

Por ejemplo, en el Ministerio de Educación (Mineduc), algunos maestros imparten cátedras en jornadas matutina y vespertina. “Para el pago, en este caso, se dan dos contratos distintos”, explicó Andrino.

En tanto, las estadísticas de Finanzas reflejan menos personal laborando pero que posiblemente tiene más de una contratación vigente.

Según Edwin Martínez, viceministro de Finanzas, puede que la Onsec no tenga actualizados los datos de los trabajadores 029, ya que no tiene injerencia en las contrataciones bajo ese renglón.

El artículo 112 de la Constitución prohíbe ocupar más de un cargo público remunerado, pero hace una excepción para quienes “presten servicios en centros docentes o instituciones asistenciales, y siempre que haya compatibilidad en los horarios”.

Adrián Zapata, abogado y analista político, dijo que depende del tipo de contratación y especialidad para determinar si una persona encuadra en esta prohibición.

Mencionó, como ejemplo, a funcionarios que imparten clases en la Universidad de San Carlos (Usac). Estos no encuadran en la prohibición, explicó.

La planilla del Ejecutivo

Hasta octubre, el Organismo Ejecutivo reportaba 251 mil 438 contratos en todas sus dependencias. En promedio, este año hubo más de cinco mil contratos que en el 2019.

Dónde se concentran las contrataciones

El 90 por ciento de las contrataciones hasta el 31 de octubre de 2020 se concentra en los ministerios de Educación, Gobernación y Salud. Este último fue el rector en el manejo de la pandemia.

Por medio de la oficina de Comunicación Social, el Viceministerio Administrativo de Salud Pública informó que el 70 por ciento de contrataciones fue de personal médico.

Entre estas hay auxiliares de enfermería, médicos, enfermeros, técnicos en laboratorio y rastreadores.

En tanto, en el Ministerio de Educación, según Érick Mazariegos, viceministro administrativo, no se han contraído nuevos contratos, pero se observan aumentos porque muchos maestros que trabajaban de manera temporal, en los renglones 021 y 022, pasarán como personal permanente, al renglón 011.

Esto es parte de un compromiso adquirido con la administración anterior. Sin embargo, el Ministerio aún no culmina el proceso de supresión de las plazas temporales, indicó Mazariegos.

Al Ministerio de Gobernación también se le consultó qué tipo de personal contrató este año y qué actividades desempeñó, a lo que la Oficina de Comunicación Social respondió que esa cartera tiene 40 dependencias y cada una hace sus contrataciones de acuerdo con sus necesidades y presupuesto.

Francis Masek, secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, aseguró que las contrataciones nuevas en algunas dependencias obedecen a que encuadraban en la última excepción, ya que gran parte de este personal tuvo a su cargo la atención de la pandemia y la crisis humanitaria que de esta se derivó.

“Un ejemplo de estos es el Ministerio de Salud, que requirió la contratación de personal adicional para la atención de la emergencia por el covid-19 y que fue asignado a los hospitales temporales. Lo mismo que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Maga (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación), que han requerido personal para la atención de los programas de apoyo impulsados durante la pandemia”, dijo Masek.

Sin control

Mario García Lara, director ejecutivo de la Fundación 2020, dijo que cada año la planilla de empleados públicos crece desproporcionalmente en relación con el tamaño de la economía del país, pero no existe un sistema que registre quiénes son, qué actividades realizan y cuánto ganan.

“Eso denota que se está usando al Gobierno y sus instituciones para pagar favores políticos y contratar a personas que no cumplen con los requisitos, como colaboradores de campaña política. Hay muchos empleados públicos que nadie sabe en qué puesto están, cuál es su horario o su sueldo. Sin sistemas de registro se corre el riesgo de pagar salarios a gente que no trabaja, o de pagar sueldo por dos o tres puestos distintos. Eso implica un desperdicio enorme de los recursos económicos del Estado”, afirma el entrevistado.

Denuncia

El 14 de diciembre, la bancada Semilla presentó una denuncia en la Contraloría General de Cuentas contra el Ministerio de Comunicaciones, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y la radio TGW, por la supuesta contratación de 666 personas, contraviniendo las disposiciones presidenciales puestas en vigor el 1 de mayo.

Al respecto, el diputado Samuel Pérez dijo que la contratación de plazas en el Estado se utiliza como una “ficha de cambio” para pago de favores políticos.

Para evitar esta situación, se necesitan reformas a la Ley de Servicio Civil que garanticen que quien ocupe cargos públicos lo haga por idoneidad, dijo el congresista. Sin embargo, afirma, no existe voluntad política para cambiar esta situación.

Deficiencias

La calidad de los servicios públicos no mejoró, pese a las contrataciones nuevas en algunas dependencias.

En Salud, por ejemplo, no se logró alcanzar un mínimo de cinco mil pruebas diarias y las denuncias por desabastecimiento y pago tardío de salarios a personal médico no cesaron.

En seguridad también se recrudecieron ciertos índices delincuenciales. El robo en residencias aumentó durante el primer semestre en un 31.94 por ciento con relación al año anterior y, a partir de julio con la reactivación económica, incrementaron las denuncias por extorsiones.

Al respecto, el economista Erick Coyoy explica que algunas contrataciones durante la pandemia, como de personal médico, son justificadas.

Sin embargo, para mejorar los servicios públicos no solo se requiere contratar trabajadores, sino dotarlos de los recursos necesarios para el cargo que desempeñan.

“En el caso de Salud, como se abrieron hospitales temporales era indispensable contratar personal médico, pero parte del mal servicio se debe a que el Ministerio de Salud no dotó de recursos necesarios al personal para la atención de la pandemia. Eso se denunció a mediados de año”, dijo Coyoy.