El dato se limita a procesos que están activos en diferentes instancias, aunque la cifra podría aumentar hasta Q7 mil millones más si se toman en cuenta otros expedientes que por ahora están en suspenso o en intención por los inversionistas, que ya pasaron a la siguiente etapa legal de reclamo.
En un supuesto de que todas las sentencias se resolvieran contra el Estado, se necesitaría destinar unos Q11 mil 733 millones líquidos, suma que equivale a casi el total de la iniciativa del presupuesto para el Ministerio de Salud —Q12 mil millones— o que serviría para amortizar el 78% del pago del servicio de la deuda para 2022.
Que Guatemala enfrente un cúmulo de demandas en tribunales internacionales es un mal mensaje para los potenciales inversionistas, en primera instancia, mientras las autoridades de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y del Ministerio de Economía (Mineco) afirman que se analiza cada controversia, así como la posibilidad de resolver en una etapa no litigiosa para evitar un arbitraje y, por tanto, el pago.
La mayoría de demandas se han conocido en los tribunales locales, en buena parte por contratos con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y uno contra la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), promovido este último por la empresa Servicios Bayside, S. A., dentro de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala (Crecig).
Además, hay otros expedientes flotantes que están pendientes de emitir laudos arbitrales en los tribunales locales, demandas cuyo monto hasta ahora no se pueden cuantificar.
La PGN informó que el Estado de Guatemala ya pagó por el caso Ferrovías US$14.6 millones de US$64 millones que era el reclamo en 2013, y en 2020 canceló a favor de Teco Guatemala Holdings LLC US$37.5 millones del monto demandado, por US$243 millones.
En suma, que el pago erogado por Guatemala a los inversionistas por el momento es de US$52.1 millones —Q401 millones—.
Desglose
Uno de los casos conocidos por la PGN, de los más onerosos y que está activo en un tribunal internacional es el de la empresa Daniel W. Kappes y Kappes, Cassiday & Associates c., con un reclamo US$450 millones —Q3 mil 465 millones—.
En estatus de suspendido, en espera de resolverlo de manera amigable, se encuentra el de Grupo Energía de Bogotá, S. A., ESP y Transportadora de Energía de Centroamérica, que exigía Q2 mil 887 millones.
Asimismo, en intención de arbitraje está Ventana Mining Company c., por Q4 mil millones.
Las demandas promovidas por contratos con el CIV suman Q715.7 millones, y por laudos pendientes de emitirse unos Q185.5 millones, que son conocidos por tribunales locales.
Un arbitraje más se presentó contra la EPQ por Q367 millones, por el contrato del servicio de grúas por Resolución de Conflictos.
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Defensa de país
La PGN informó que es la contraparte legal del asesor internacional del caso y efectúa los análisis de Derecho nacional, coadyuva al diseño y ejecución de la tesis de defensa de Guatemala y gestiona la coordinación interinstitucional para cumplir con los diferentes requerimientos y etapas del arbitraje.
Señala que el Mineco es la entidad que ejerce la rectoría sectorial en materia de inversión extranjera y resolución de conflictos establecidos en Tratados de Libre Comercio (TLC) y Acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones.
A su vez, el Mineco detalló que solo le da seguimiento y está a cargo de la defensa de los intereses del Estado en los arbitrajes en materia de inversión en el marco de un TLC o un acuerdo de promoción comercial.
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En cuanto a la estrategia legal de país, la PGN refiere que en términos generales consiste en demostrar que Guatemala —por medio de sus tres organismos y demás instituciones— ha cumplido y es respetuosa de sus obligaciones internacionales establecidas en el TLC y con ello busca desvanecer las reclamaciones de los inversionistas.
El Mineco explica que dependerá del caso y que en los arbitrajes internacionales en materia de inversión el Estado está obligado a preparar todos los medios de defensa que se requieran para desvanecer cualquier argumento que presente un inversionista en el marco de un TLC.
Agrega que la estrategia es individual para cada caso y también confidencial. Solo puede ser conocida por los asesores legales y expertos técnicos nacionales e internacionales que coadyuvan en la preparación de la defensa de los intereses del Estado dentro del arbitraje.
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Contingencia
Edwin Martínez Cameros, viceministro de Finanzas y encargado del área de Presupuesto, indicó que estos procesos son vistos como contingencias, y en el plan de gasto no se puede establecer una cuantificación, porque están en proceso o discusión legal y se desconoce cuándo saldrán y en qué sentido serán favorables para el Estado, por lo que no se cuenta con una base sólida para hacer una estimación y asignarla.
En la práctica, conforme vayan saliendo los laudos internacionales y nacionales se llevan a cabo los ajustes del presupuesto vigente, para cumplir.
“Cada pago de demanda le quita ingreso corriente o hay que financiarlo con más deuda, y ese es el problema para el país”, precisó.
La postura del Mineco es que siempre se espera que los resultados sean positivos, por lo que se efectúan todas las gestiones necesarias para que la defensa del Estado sea efectiva y eficiente en el arbitraje.
“Se espera que el Estado de Guatemala obtenga resultados positivos, como sucedió en el caso de IC Power Asia Development LTD e Iberdrola Energía, S. A., que en el 2020 se emitieron laudos a favor de la República de Guatemala, determinando que el Estado no violó ningún principio del Derecho internacional”, hace ver.
Repelente para la inversión
El número de demandas que enfrenta el Estado de Guatemala no es nada positivo para conseguir el apoyo de inversionistas. Por el contrario, el mensaje que da el país lleva a que los empresarios consideren invertir su capital en otras zonas.
Luis Pedro Cazali, abogado especializado en comercio exterior, puntualizó que el litigio internacional contra Guatemala no es nada nuevo, y pese a que es un problema recurrente, pareciera que el país no aprende de sus errores, puesto que no se han impulsado reformas o acuerdos que permitan solucionar los contratiempos que le pueden llegar a costar al país una suma considerable.
“Nosotros hacemos estudios de viabilidad de inversiones, y uno de los puntos que se colocan dentro es la cantidad de demandas que tienen los Estados, porque eso le da al inversionista la idea del cumplimiento que tiene el Estado respecto de la estabilidad jurídica. Sin duda, esto es una muy mala señal junto a otros elementos como los casos de corrupción y los índices de avance social, que hacen que nuestro país no sea una fuente o recepción de inversiones estables, que es lo que nosotros quisiéramos. Entonces, la señal es muy mala”, comentó Cazali.
Uno de los problemas que observa el abogado es la mala coordinación que existe entre las propias dependencias de Estado, y la PGN no es la excepción.
Su función como “el abogado del Estado” no cuenta con personal capacitado para litigar a nivel internacional. Por ello, además de las grandes sumas de dinero que están en juego, por cada demanda se debe pagar a un asesor internacional una cantidad que, según Cazali, fácilmente puede llegar a los US$2 millones.
“Hay países como Venezuela y Argentina que han tenido muchas demandas, pero hay que ver que México, por ejemplo, también enfrenta demandas pero tiene mil veces más inversiones que nosotros. Mientras más inversiones haya, más posibilidades de casos; el gran problema es que nosotros tenemos una ínfima inversión extranjera y muchos casos. Calculo que somos un Estado en el cual la relación entre inversión y demanda es muy alta”, remarcó.
El peso de la corrupción
Al descuido de funcionarios públicos que no prevén las consecuencias de los acuerdos internacionales se debe sumar otro factor, que a criterio de Marvin Flores, de Acción Ciudadana (AC), influye en que los inversionistas ignoren al país: la corrupción.
Hace énfasis en que los antecedentes en ese aspecto del país reafirman las opiniones internacionales que pesan sobre él, como poca certeza jurídica y plagada de eventos de corrupción.
“La inversión se aleja. Nadie quiere invertir en un país donde hay tanta inseguridad jurídica y falta de acción de parte del Estado. Por otro lado, una empresa va a pensar dos veces al venderle un bien o servicio al Estado, cuando sus procesos de adquisición muchas veces son amañados por corrupción y se ven en la obligación de anularlos”, opinó Flores.
A manera de ejemplo, resaltó todas las dudas que rodean la firma del contrato con Rusia para la adquisición de las vacunas Sputnik V, problemas que podrían ser recurrentes en otros acuerdos internacionales.
“Ese contrato de la vacuna rusa dejó al Estado de Guatemala totalmente desprotegido, aparte de que se negoció de forma inadecuada, violando lo que el Congreso estipuló de negociar directamente con el Gobierno ruso y no con un intermediario. A ello se suma que difícilmente el Estado va a poder demandar a esta empresa, sino al contrario, la empresa es la beneficiaria. Ese es un comportamiento típico de muchos contratos que suscribe el Estado de Guatemala”, concluyó.
País en riesgo
Actualmente el país enfrenta una crisis, alimentada en buena medida por los efectos que está dejando la pandemia, lo que exige un abastecimiento constante de medicamentos en la red hospitalaria y contar con la cantidad suficiente de dinero para la compra de vacunas.
Pero todas esas demandas podrían poner en riesgo la respuesta que el país pueda dar a la crisis sanitaria y a cualquier otra, ya que en ocasiones las cuentas del Estado han recibido medidas cautelares que ponen en apuros su funcionamiento, según Rodolfo Neutze, presidente de la Comisión de Economía del Legislativo.
“Como país no nos podemos dar el gusto de ser demandados por temas que se pudieron haber evitado. Considero que cuando uno firma un contrato sabe las cláusulas de salida y los riesgos, y en el país, existiendo tan pocos recursos, debiera tener mucho cuidado en qué contratos firma para que no lo puedan demandar por incumplimiento. Es muy preocupante que el Estado de Guatemala tenga tantas demandas abiertas y no se sepa con certeza el estatus de cada una de ellas, porque pone en riesgo la estabilidad del país. Hemos visto que cuando se pierde una demanda internacional nos embargan cuentas”, expuso.
El parlamentario agregó que a partir de este momento es necesario que los funcionarios estudien cualquier contrato, para evitar que errores o descuidos afecten el erario.
En lo anterior coincide Carlos Barreda, integrante de la Comisión de Economía y de Relaciones Exteriores del Congreso, quien señala el riesgo de perder hasta Q11 mil millones de recursos que podrían utilizarse para inversión social, antes que en pagar demandas que son consecuencia de malas negociaciones o procesos erróneos en la adminstración pública.
A su criterio, uno de los mayores problemas es que se comprometen recursos del Estado y se desincentivan futuras inversiones.
