El artículo 35 constitucional establece que es libre la emisión del pensamiento, por cualquier medio y sin censura o licencia previa. En ese sentido, hay que recordar que la libertad de expresión está reconocida como “uno de los derechos pilares” de los seres humanos y a libertad de prensa es su corolario, comenta la defensora de periodistas de la PDH, Ruth del Valle.
En las últimas semanas, el Gobierno de Guatemala ha insistido ante la comunidad internacional que en el país se vive en un estado de derecho en el que se respetan derechos como el de expresión. Sin embargo, las más de cien agresiones que se han producido contra periodistas y defensores de derechos humanos contradicen lo dicho por funcionarios públicos.
En los últimos meses organizaciones como al Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y la PDH han documentado asesinatos, amenazas, difamaciones, obstrucciones a fuentes de información y otro tipo de ataques en los cuales, a menudo, están involucrados agentes estatales.
“En 2020 y 2021, los defensores y defensoras de los derechos humanos han sido blanco de ataques, lo que no tiene precedentes desde que se firmaron los Acuerdos de Paz, en diciembre de 1996 y con el Decreto 4-2020 (Ley de ONG) se intenta vulnerar el derecho de defender los derechos humanos y fiscalizar el poder público”, advirtió el titular de la PDH Jordán Rodas en el informe anual circunstanciado.