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Verificamos por Usted: ¿Respeta el Estado de Guatemala la libertad de expresión?

El canciller Mario Búcaro dijo hace una semana ante la OEA que Guatemala es garante de la libertad de expresión, sin embargo, informes de la PDH y la APG dicen lo contrario.

Periodistas manifestaron el pasado 30 de noviembre por los ataques contra la prensa en el país. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Periodistas manifestaron el pasado 30 de noviembre por los ataques contra la prensa en el país. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La libertad de expresión es un derecho que la Constitución Política de la República reconoce a la ciudadanía, pero en los últimos años distintas instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) han encendido las alertas por los múltiples intentos por atacar y restringir el ejercicio de este derecho.

El artículo 35 constitucional establece que es libre la emisión del pensamiento, por cualquier medio y sin censura o licencia previa. En ese sentido, hay que recordar que la libertad de expresión está reconocida como “uno de los derechos pilares” de los seres humanos y a libertad de prensa es su corolario, comenta la defensora de periodistas de la PDH, Ruth del Valle.

En las últimas semanas, el Gobierno de Guatemala ha insistido ante la comunidad internacional que en el país se vive en un estado de derecho en el que se respetan derechos como el de expresión. Sin embargo, las más de cien agresiones que se han producido contra periodistas y defensores de derechos humanos contradicen lo dicho por funcionarios públicos.

En los últimos meses organizaciones como al Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y la PDH han documentado asesinatos, amenazas, difamaciones, obstrucciones a fuentes de información y otro tipo de ataques en los cuales, a menudo, están involucrados agentes estatales.

“En 2020 y 2021, los defensores y defensoras de los derechos humanos han sido blanco de ataques, lo que no tiene precedentes desde que se firmaron los Acuerdos de Paz, en diciembre de 1996 y con el Decreto 4-2020 (Ley de ONG) se intenta vulnerar el derecho de defender los derechos humanos y fiscalizar el poder público”, advirtió el titular de la PDH Jordán Rodas en el informe anual circunstanciado.

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