Verificamos por Usted: ¿Respeta el Estado de Guatemala la libertad de expresión?

El canciller Mario Búcaro dijo hace una semana ante la OEA que Guatemala es garante de la libertad de expresión, sin embargo, informes de la PDH y la APG dicen lo contrario.

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Periodistas manifestaron el pasado 30 de noviembre por los ataques contra la prensa en el país. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
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Periodistas manifestaron el pasado 30 de noviembre por los ataques contra la prensa en el país. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La libertad de expresión es un derecho que la Constitución Política de la República reconoce a la ciudadanía, pero en los últimos años distintas instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) han encendido las alertas por los múltiples intentos por atacar y restringir el ejercicio de este derecho.

El artículo 35 constitucional establece que es libre la emisión del pensamiento, por cualquier medio y sin censura o licencia previa. En ese sentido, hay que recordar que la libertad de expresión está reconocida como “uno de los derechos pilares” de los seres humanos y a libertad de prensa es su corolario, comenta la defensora de periodistas de la PDH, Ruth del Valle.

En las últimas semanas, el Gobierno de Guatemala ha insistido ante la comunidad internacional que en el país se vive en un estado de derecho en el que se respetan derechos como el de expresión. Sin embargo, las más de cien agresiones que se han producido contra periodistas y defensores de derechos humanos contradicen lo dicho por funcionarios públicos.

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En los últimos meses organizaciones como al Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y la PDH han documentado asesinatos, amenazas, difamaciones, obstrucciones a fuentes de información y otro tipo de ataques en los cuales, a menudo, están involucrados agentes estatales.

“En 2020 y 2021, los defensores y defensoras de los derechos humanos han sido blanco de ataques, lo que no tiene precedentes desde que se firmaron los Acuerdos de Paz, en diciembre de 1996 y con el Decreto 4-2020 (Ley de ONG) se intenta vulnerar el derecho de defender los derechos humanos y fiscalizar el poder público”, advirtió el titular de la PDH Jordán Rodas en el informe anual circunstanciado.

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¿De dónde salió la información?

El pasado jueves, el ministro de relaciones exteriores, Mario Búcaro, dijo ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) que en el país existe estado de derecho y que se respeta la libertad de expresión. “Guatemala es una nación democrática. En Guatemala hay estado de derecho, en Guatemala hay libertad de expresión y todos los que estamos aquí lo sabemos”, dijo en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA en Washington. Búcaro dijo esto en oposición a que se incluyera a Guatemala en el Capítulo IV.B del Informe Anual de la CIDH, un apartado para señalar situaciones que amenazan los derechos humanos y que requieren atención especial. Asimismo, aseguró que el informe no refleja la realidad del país. “Guatemala es un estado democrático, que vive una democracia sólida. Sin duda perfectible, pero eficaz”, afirmó.

¿Cuál es el  contexto?

La voluntad política del gobierno de turno por respetar la libertad de expresión y de prensa ha sido cuestionada en múltiples ocasiones por casos de agresiones contra periodistas que a menudo se denuncian. En su informe Estado de Situación de la Libertad de Expresión 2021, la APG recoge algunos casos emblemáticos de ataques contra reporteros. Entre estos se encuentra el del periodista Carlos Choc, quien fue agredido durante una manifestación de comunitarios en El Estor, Izabal el 22 de octubre. Tres días después, su casa fue allanada por fuerzas estatales y causaron destrozos y desorden en el lugar. Miguel Ángel Albizúres, coordinador de la Comisión Para la Libertad de Prensa de la APG, explica que los reporteros, y en especial los departamentales, son los que se encuentran más vulnerables a estos ataques, por lo cual recomienda al gremio de comunicadores mantenerse unido en la defensa de sus derechos y al Estado respetar la Constitución. “El artículo 35 de la Constitución es suficientemente claro. Recomendamos al Estado que lea detenidamente la Constitución Política de la República, así como convenios y normas internacionales relativos a la libre expresión”, dijo Albizures. La observación realizada por la APG en los últimos meses evidencia que no se trata de ataques aislados, sino de intentos sistemáticos por restringir el ejercicio de estas libertades, lo cual despierta la preocupación de defensores de derechos humanos.

Por esto sabemos que es
falso

Los intentos para restringir la libertad de expresión y de prensa no son hechos ajenos a las autoridades del Estado. Los observatorios realizados por la APG y la Defensoría de Periodistas de la PDH documentan agresiones provenientes de funcionarios estatales. Solo entre el 1 de enero al 10 de marzo pasado, el Observatorio de los Periodistas de la APG registró 19 agresiones contra periodistas, entre las cuales figura un asesinato. También obstrucciones a las fuentes de información, intimidaciones, difamaciones y amenazas, entre otras. Los responsables de estos ataques fueron autoridades estatales, en ocho ocasiones, y fuerzas de seguridad, en dos. El resto son actores desconocidos. La situación no fue distinta en 2021. El informe de la APG registró 116 agresiones, de las cuales 38 son atribuidas a autoridades del Estado y otras diez a fuerzas de seguridad. De igual forma, la Defensoría de Periodistas de la PDH identificó 119 agresiones de periodistas hasta el 22 de noviembre de 2021, 108 casos de personas defensoras de derechos humanos y 47 acciones de seguimientos. Todas estas denuncias son por la vulneración al derecho de expresión y otras libertades Ruth del Valle, defensora de periodistas de la PDH, explica que la libertad de expresión y de prensa se han deteriorado. Hemos identificado varias denuncias en las cuales periodistas y comunicadores sociales son blanco de acoso, campañas calumniosas y hostigamiento legal, sobre todo aquellos que denuncian la corrupción, el abuso de autoridad y la falta de cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos”, afirma. El acceso a la información pública también es limitado. De acuerdo con el último ranking de cumplimiento de la PDH, el Organismo Legislativo alcanzaba un 94.05% de nivel de cumplimiento, sin embargo el Organismo Ejecutivo y Judicial tenían un nivel calificado como bajo, entre el 70.37% y el 83.33%, respectivamente. En el caso de las corporaciones municipales, el ranking de la PDH confirmaba que para el año 2020 había 15 que no cumplían con la publicación de la información pública de oficio y apenas cinco contaban con un nivel aceptable de actualización. Albizures, coordinador de la Comisión de Libertad de Prensa de la APG, coincide con que hay una escalada de agresión a la prensa y a los periodistas, lo cual contradice las declaraciones del canciller en la OEA “Las declaraciones del presidente y del canciller no tienen ningún fundamento porque son los hechos los que hablan”, dice.

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