La alianza política para definir la integración y elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) repica cada vez más fuerte en los pasillos del Palacio Legislativo, que apuntan a la renovación judicial para antes del 30 de noviembre.

Los magistrados que lleguen a ser seleccionados por el Congreso estarán en el cargo para menos de dos años, ya que el periodo constitucional de la magistratura que estaría por ser electa vence el 13 de octubre de 2024.

Intentar moldear los plazos de ley para que comiencen a contar desde una eventual toma de posesión sería un acto inconstitucional, según tres expertos en Derecho que analizaron el eventual proceso de renovación de las Cortes.

Las fuentes aseguran que existen antecedentes suficientes que confirman su punto. Por ejemplo cuando la misma Corte de Constitucionalidad (CC) aclaró a Claudia Paz y Paz, entonces Fiscal General, que debía entregar el cargo en mayo de 2014 y no en diciembre cuando cumpliría exactamente los cuatro años en el cargo.

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Paz y Paz no asumió en mayo porque el puesto había sido confiado por el entonces presidente Álvaro Colom a Conrado Reyes, nombramiento que fue anulado también por una orden constitucional que instó al presidente hacer otro nombramiento.

Otro ejemplo más cercano se encuentra en la Contraloría General de Cuentas (CGC). Pese a que Edwin Salazar asumió en abril del 2019 tuvo que entregar el cargo el pasado 13 de octubre, cuando la Constitución marcó los cuatro años para el cargo.

No existen argumentos que obliguen a siquiera considerar un abordaje distinto para la temporalidad del periodo según Edgar Ortiz, de Fundación Libertad y Desarrollo; Roberto Alejos, expresidente del Congreso; y Aquiles Faillace, Constituyente.

Los tres conocedores del Derecho afirman que este punto está más que claro, lo que quedaría en incertidumbre es la forma en que podrían hacer la elección, pero su análisis detectó, al menos, tres caminos que el Congreso puede tomar.

Consulta a la CC

La opción que se escucha dentro del Congreso como la más viable para disipar la elección de las Cortes sería mediante una consulta a la CC, este tema a criterio de Edgar Ortiz, analista de Fundación Libertad y Desarrollo, podría dar algunas opciones.

“A lo mejor la opinión consultiva sea una forma de reinterpretar la sentencia que ya está. El voto a viva voz quiere decir que cada diputado tiene que dar una explicación y excluir a los de conflicto de interés, entonces no sé si lo que buscan pueda ser una fórmula para acelerar el proceso”, señaló el abogado.

Si finalmente los diputados se decantan por esta salida “no es tan técnica porque si en todo caso había dudas el Congreso era parte de esa sentencia de amparo, y quizá lo lógico era pedir una ampliación y aclaración en ese momento”, refirió.

Los antecedentes legislativos pueden dar otra salida a criterio de Ortiz, ya que no es la primera vez que un fallo de la CC complica la forma para elegir a la CSJ y salas de apelación.

“No es algo muy distinto a lo que ya pasó una vez. En 2009 la CC también ordenó al Congreso elegir a viva voz, era el presidente Roberto Alejos. A final se aclararon algunos temas que no le fueron muy claros y utilizaron una fórmula para poder hacerlo”, concluyó.

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Voluntad política

Roberto Alejos, exdiputado y expresidente del Congreso, recuerda bien esa elección de CSJ, ya que prácticamente estaban estrenando la Ley de Comisiones de Postulación y había una cantidad considerable de aspirantes vetados por la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

En aquella ocasión, al igual que ahora, una sentencia ordenaba al Congreso pronunciarse por cada uno de los candidatos. “Lo que nosotros hicimos fue tener una reunión para que todo mundo hablara lo que podía tener de malo cada candidato, y nombramos a Oliverio García Rodas quien habló en nombre de todos los diputados hablando sobre todos los candidatos”, señaló.

El hacer práctico ese punto de la sentencia les facilitó más el voto a viva voz que también era un requisito. “Con la votación a viva voz lleva tiempo pero no todo el tiempo del mundo. Uno viene y dice candidato “x”, empieza a llamar de uno en uno solo para que digan a favor o en contra y así ya se están pronunciando, no es dar un discurso por cada voto”.

Alejos identifica salidas, pero a la largo “esto es un tema de voluntad política de querer elegir, que es algo que en estos momentos no hay porque no se quería vetar por los vetados del MP, pero eso ya terminó. El MP ya no es el mismo y los antejuicios fueron declarados sin lugar, en estos momentos no hay vetados y los diputados están en la libertad de elegir a los que quieran”, destacó.

Expulsar la sentencia

Para que el Congreso renueve la CSJ no hace falta de una consulta, se necesita que la propia CC anule la sentencia que está entrampando la elección según Aquiles Fallace, constitucionalista.

“Lo que queremos es que se haga porque ya tenemos tres años con la CSJ usurpada, tenemos magistrados impostores que dicen que están impartiendo justicia. Cualquier solución es mejor de lo que tenemos”, refirió.

El no respetar los tiempos está teniendo repercusiones negativas en el sistema de frenos y contrapesos, apunta Faillace. “Acá estamos en el peor escenario porque los plazos constitucionales no se respetaron, para cualquier reporte valido la Constitución está muerta porque sin la alternabilidad de poderes es como si la república no existiera”.

Anular una sentencia propia es posible y no se necesita que alguien lo requiera, la propia CC puede tomar la iniciativa al evaluar los efectos nocivos que la misma genera al país, según el constitucionalista.

“Que la CC expulse del ordenamiento jurídico la sentencia que provocó este caos. Ya existe un precedente y fue cuando en 2006 expulsaron la sentencia que le daba derecho a Efraín Ríos Montt de ser candidato presidencial”, refirió.

En febrero de 2021 el Pleno del Congreso comenzó con el proceso de elección de magistrados priorizando a las salas de apelaciones que están integrados por 270 magistrados, 135 titulares y 90 suplentes.

Pero pueden modificar el orden y priorizar a la CSJ sin problemas, a criterio de Ortiz, que consta de elegir 13 magistrados titulares de un listado de 26 profesionales, lo no electos quedarán para el banco de suplencias.

La alianza oficialista del Congreso activó a sus operadores porque quiere terminar el segundo período de sesiones ordinarias con la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a pocos meses de los comicios 2023.

En el período de dicho evento, según la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), la CC es la instancia que conoce los amparos cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechaza inscribir a algún candidato.

La idea del oficialismo es aprobar antes del 15 de noviembre el presupuesto del Estado por un monto de Q113 mil 931 millones, elegir al nuevo contralor general de Cuentas (CGC) y designar a los 13 magistrados de la CSJ.

De acuerdo con fuentes que pidieron el anonimato, la negociación es coordinada por el jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Estuardo Vargas, y la abogada Karla Gutiérrez. Del lado oficialista el delegado es Miguel Martínez.

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“Es el pleno del Congreso el que decide si conoce o no la elección, pero no sabemos si algo puede cambiar en estos días”, indicó Aníbal Rojas (Visión con Valores), cuarto secretario de la junta directiva. Según el legislador, el pleno es soberano y cualquier diputado puede solicitar una ampliación de opinión a la Corte de Constitucionalidad (CC) para que se entre a conocer dicho tema en el hemiciclo.

Según Orlando Blanco, del Grupo Parlamentario de Oposición, una facción de la UNE, el presidente Alejandro Giammattei y la secretaria general del partido, Sandra Torres, pactan para elegir a la nueva CSJ, y así contar con magistrados que se amolden a los intereses de dicha agrupación y Vamos, con el fin de excluir a candidatos y partidos en la próxima contienda electoral.

Carlos Roberto Calderón, de Vamos, al ser consultado al respecto, se limitó a decir que no tienen ninguna instrucción, mientras que Vargas no respondió a las llamadas telefónicas.

Un aliado importante para Vamos

Desde que Torres fue nombrada secretaria general de la UNE se convirtió en el principal aliado del oficialismo. El bloque mayoritario selló su alianza y sus votos fueron determinantes para que repitiera en la presidencia del organismo Shirley Rivera.

La bancada se convirtió en la bisagra para los temas de interés del Ejecutivo. Además de votar por Rivera, apoyó la ratificación del estado de Calamidad por la depresión tropical Julia y el pago de Q36 mil a los veteranos del Ejército.

La UNE tiene 40 parlamentarios; Vamos, 17, y la Unión del Cambio Nacional, que ahora encabezan listados con el grupo oficialista, 17, lo cual hace un total de 69 votos. Para elegir magistrados se necesitan 81, que se alcanzarían con bloques minoritarias afines al Gobierno.

Ilegalidad

A criterio de Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, “el poder judicial funciona en una situación de anormalidad, irregular y de forma ilegítima, fuera del orden constitucional”.

Considera que el hecho de que los diputados no quieran elegir magistrados raya en lo criminal, porque la Carta Magna establece que el período es de cinco años, por lo que el Congreso ha caído en un incumplimiento desde el 2020, y que responsabilizar del retraso a la resolución de la CC no es justificación.

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Por su parte, Rojas hizo énfasis en que ha colocado en la agenda la elección, pero al llegar al punto de discusión el quorum se desintegra.

Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, estima que el país no saldrá de la actual ruptura constitucional hasta no reestablecer el sistema republicano, y que el fallo emitido por la entonces magistrada Gloria Porras fue terrible, pues rompió el sistema.

En el marco de las elecciones, Quezada puntualizó que la CSJ se vuelve un actor fundamental, puesto que tendrá participación en las impugnaciones que se presenten en contra del TSE.

¿Quién es Karla Gutiérrez?

Según legisladores que prefirieron omitir su nombre, la abogada Karla Lisbeth Gutiérrez Herrera, integrante del comité ejecutivo de la secretaría metropolitana de la UNE —junto con el exdiputado Ronald Arango y el exalcalde Antonio Coro— interviene en las negociaciones con el oficialismo.

Siempre de acuerdo con estas fuentes, Gutiérrez habría indicado que se ha reunido con los aspirantes a ocupar la nueva CSJ. La elección de magistrados de la CSJ y salas de Apelaciones debió haberse efectuado en el 2020.

Gutiérrez es esposa de Hugo Arriaga Padilla, quien fue nombrado por el entonces presidente Jimmy Morales como gerente general de la Empresa Portuaria Quetzal.

En el 2020 fue asesor de Vargas y desde el año pasado, de la Primera Vicepresidencia, dirigida por Carlos López, de la UNE, pero que opera con el partido Cabal.

Gutiérrez perteneció al grupo de Roberto López Villatoro, a quien el Ministerio Público y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala señalaron de impulsar una estrategia para intervenir en el nombramiento de jueces y magistrados en el 2014, mediante la creación de una estructura paralela a las comisiones de postulación.

Guatemala cumplió tres años sin la renovación de cortes y algunas organizaciones han expresado su preocupación por el incumplimiento de no elegir a las nuevas autoridades judiciales.

Cerca de la medianoche del miércoles de 12 de octubre, Silvia Valdés, presidenta del Organismo Judicial (OJ), aseguró que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) continúa bajo su dirección, con lo que suma tres años consecutivos al frente de la Corte, informó Guatemala Visible.

La madrugada de este jueves 13 de octubre, el OJ publicó en su cuenta de Twitter un comunicado en el que informó que el artículo 71 de la Ley del OJ establece que “ningún magistrado o juez propietario o suplente en funciones y ningún funcionario o empleado del Organismo Judicial, dejará su cargo aunque se le haya admitido su renuncia o cumplido el tiempo de su servicio sino hasta que se presente su sucesor”.

Recordó que el 13 de octubre de 2019 finalizó el período de funciones de la CSJ 2014-2019; sin embargo, “al no concluirse el proceso de elección de los nuevos titulares y suplentes”, se realizó una opinión consultiva ante la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual fue resuelta el 8 de octubre de 2019, dentro del expediente 5477-2019.

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Explicó que en la parte conducente de la opinión consultiva se establece que las magistradas y magistrados deben continuar ejerciendo sus funciones si aún no han sido elegidos sus sustitutos y que la entrega del cargo se realizará en el momento en que se encuentren legítimamente electos los profesionales que asumirán los cargos para el período 2019-2024 y se presenten a tomar posesión.

Resaltó que en observancia de lo anterior y al no haber tomado posesión de sus cargos los nuevos integrantes de la CSJ, se llevó a cabo la sesión extraordinaria del pleno de magistrados de la CSJ, mediante la cual se “revalido la continuidad en el ejercicio de sus funciones a la espera que se presenten sus sucesores”.

También se informó que la Cámara de Amparo y Antejuicio será presidida por Sergio Castañeda, la Cámara Civil estará a cargo de Manuel Reginaldo Duarte; mientras que la Cámara Penal la presidirá Josué Felipe Baquiax.

CSJ informa al Congreso

La CSJ agregó que entregó al Congreso de la República el acta de continuidad en el cargo hasta que se presenten sus sucesores.

La no renovación de cortes durante tres años ha originado distintas reacciones por parte de algunas organizaciones.

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Guatemala Visible emitió un comunicado en el que expresó su preocupación, ya que transcurrió un año más sin renovación de la CSJ y Corte de Sala de Apelaciones.

Recordó que a partir del 6 de mayo de 2020, fecha en que fuera confirmado el amparo provisional interpuesto por el Ministerio Público (MP) y que ordenara la elección de magistrados, este 13 de octubre se cumplirán 891 días sin renovación de las cortes.

Exhorta a diputados

La referida organización exhortó a los diputados al Congreso de la República a cumplir con el mandato constitucional de elegir magistrados para estas cortes, según los artículos 215 y 217 de la Constitución Política de la República.

Destacó que los diputados tienen la responsabilidad de elegir las mejores opciones con base a méritos de idoneidad, capacidad y honradez contemplados en el artículo 113 de la Constitución Política.

Resaltó que, aunque ya se inició la votación para magistrados de la Corte de Apelaciones (23 de febrero 2021, 16 de marzo 2021 y 27 de abril del mismo año) el pleno de diputados únicamente ha votado por tres candidatos de la nómina de 270 que fueron presentados por la comisión de postulación.

Se trata de los candidatos Roberto Jauregui, Mirna Lubet Valenzuela Rivera y Rigoberto Can, en el caso de este último, solo fue leído su nombre para iniciar la votación.

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Instó a los legisladores a continuar con la elección de magistrados de Sala de Corte de Apelaciones interrumpida el 27 de abril de 2021.

Mientras que la organización Alianzas por las Reformas en un comunicado informó que el 13 de octubre de 2019 venció el mandato de los magistrados, por lo que se han cumplido tres años que han prolongado “ilegítimamente sus funciones, hundiendo al sistema de justicia en una grave crisis institucional”.

En este tercer aniversario de la no renovación de cortes, Guatemala Visible expresa su preocupación por el incumplimiento de no elegir a nuevas autoridades judiciales.#CSJ #CongresoVisible #3añossincortes #seguimossincortes pic.twitter.com/HuPRK3jxnJ

— Guatemala Visible (@guatevisible) October 13, 2022

Caso Comisiones Paralelas

Añadió que debe recordarse que los actuales magistrados fueron electos en el 2014, “en medio de graves señalamientos de tráfico de influencias y negociaciones ilícitas indebidas, como en su momento desveló la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Feci, en el caso conocido como comisiones paralelas”.

Señaló que los graves vicios y anomalías en la elección de magistrados se replicaron en el proceso 2019, como fue ampliamente documentado por las investigaciones de la Feci, al grabar las reuniones entre Gustavo Alejos Cámbara, diputados y aspirantes a las CSJ y Cortes de Apelaciones en la negociación de sus cargos.

Recordó que el “escandaloso tráfico de influencias” dio lugar a que la fiscal general solicitara una acción constitucional de amparo para suspender la elección y depurar los candidatos con señalamiento. Ante esto, la CC, en sentencia de 6 de mayo de 2020, ordenó al Congreso de la República elegir a los candidatos que reunieran los requisitos de idoneidad, integridad y honradez y excluir aquellos candidatos que hubiesen negociado su nombramiento.

Afirmó que el Congreso de la República se ha negado a cumplir con la elección, permitiendo la prolongación indebida de funciones de los actuales magistrados, “con el objetivo de procurar impunidad para diputados, funcionarios y militares perseguidos por actos de corrupción y delitos de lesa humanidad”.

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Mencionó que a la crisis institucional, se agrega la reciente reincorporación de Blanca Stalling a la CSJ, “hecho sin duda ilegal, pues no podía ser reinstalada una magistrada cuando ya había vencido su mandato de 5 años”.

Entre sus exigencias, Alianzas por las Reformas exige al Congreso la elección de magistrados y al MP le pide que haga las investigaciones por la prolongación indebida de funciones.

#Comunicado Tres años sin elección en la #CSJ.
El #PactoDeCorruptos prepara el terreno a su beneficio prolongando ilegítimamente las funciones de los actuales magistrados, hundiendo al #SistemaDeJusticia.
Exigimos una elección que beneficie al pueblo.#3AñosSinCortes #BastaYa pic.twitter.com/7pPRPCA7YD

— Alianza por las Reformas (@AlianzaRgt) October 12, 2022

Sesión extraordinaria de Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. pic.twitter.com/QhPTnEchPz

— Organismo Judicial (@OJGuatemala) October 13, 2022

Se han cumplido tres años sin que se dé una renovación constitucional en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las salas de Apelaciones. Por tres años una Corte incompleta y cuyo mandato venció en 2019 ha tenido el control del sistema de justicia.

El inicio de esta CSJ tampoco fue bueno, una acción de amparo de la exmagistrada civil Claudia Escobar dejó en evidencia las presiones y negociaciones para que los magistrados judiciales fueran electos.

Ese señalamiento no quedó en presunción y el 28 de octubre del 2016 el Tribunal Quinto emitió sentencia condenatoria contra Gudy Rivera, expresidente del Congreso, por los delitos de cohecho activo y tráfico de influencias.   

Pero pese a esa sentencia, los magistrados lograron asumir y desde entonces han pasado ocho años, en un mandato que claramente la Constitución dice que tiene que ser de cinco.

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El tema pasa inadvertido para muchos guatemaltecos que piensan que el sector judicial no les afecta, pero Luis Fernández Molina, exmagistrado de la CSJ, abogado constitucionalista y docente universitario, tiene una opinión diferente e insiste en que la actual situación del Poder Judicial ya ha hecho y sigue haciendo daño al sistema democrático del país.

Incluso,  asegura el abogado durante una entrevista concedida a Prensa Libre, el postergar una elección tan importante tan solo abre las puertas para que los plazos constitucionales no se respeten, temiendo que algo muy similar pueda ocurrir en algún momento pero en el Congreso o incluso en la propia Presidencia de Guatemala, los otros dos órganos de Estado.

El Congreso tuvo que elegir magistrados de la CSJ en el 2019, ya son tres años sin cumplir esa tarea. ¿Cómo afecta este retraso en el sistema de justicia?

De forma visible, directa, no afecta. Esa es parte del problema, que para la mayoría de la población pasa desapercibida y sin ninguna especial preocupación. Pero de manera indirecta, subliminalmente, subterráneamente está socavando los cimientos de la institucionalidad, está afectando el orden constitucional más de lo que podamos pensar. Es como un foco de infección que se extiende en todo el organismo, a todos los tejidos, de ahí se deriva mucha de la situación caótica del sentido general como servicios, empleo, infraestructura…todo deriva de un punto donde no hay aplicación de leyes.

¿Pueden hacer algo los magistrados judiciales que siguen el Cargo para intentar llegar a una solución, o es algo que ya depende exclusivamente del Congreso?

Los magistrados no pueden hacer nada, debo entender que están cómodos en sus sillas, habremos cerca de 30 mil abogados activos y la gran mayoría quisiera estar en un puesto de Corte de Apelación o de CSJ. Es jerarquía, es dignidad, es buen ingreso seguro, todos quieren estar ahí pero más en la CSJ.

Yo desconozco a lo interior de cada uno de los magistrados, hablo de la Suprema, que intenciones tengan o no. Que en su fuero interno digan esto es irregular, ya no debería de estar pero no pueden hacer absolutamente nada, todo depende del Congreso de la República y eventualmente de la CC.

¿Cuáles son y cuáles serán los efectos de esta prolongación de Cortes?

Se van descociendo el tejido jurídico en el país. En un sentido técnico cualquier juicio lo resuelve un juez de primera instancia, y en el noventa y pico por ciento de casos se apela ante una Sala, técnicamente esas resoluciones son irregulares porque las está emitiendo una Sala que constitucionalmente no le corresponde. Afecta a la falta de respeto a la institucionalidad, que contamina a todo lo largo y en el mensaje del manipuleo de la justicia.

¿Se puede decir que se le está faltando el respeto a la propia Constitución?

Por supuesto, y la Constitución es un ente orgánico, hermético, como un edificio, no pueden haber partes donde quitan columnas y otras donde no porque todo el edificio constitucional se derrumbaría.

Si fuera así de sencillo quitemos el artículo 35 de la Libertad de Prensa, y que no haya; o quitemos el derecho de los detenidos a ser indagados en seis horas, o quitemos el derecho de propiedad, o sea, en la Constitución no hay normas diferentes y todas se deben cumplir.

¿Quién o quiénes podrían ser los grandes responsables de la no renovación de Cortes en Guatemala. Están definidos?

Como grupo sí. En esta situación hay dos mensajes claros que la gente no quiere escuchar de dos grupos, uno sí está definido y es el Congreso, pero hay otro que temporalmente maneja las riendas del poder. Llámesele grupo oficial, pacto de corruptos, sector temporalmente político dominante, llámesele como quiera, pero al statu quo lo que no le gustó del 2019 fue que no le dejaran elegir magistrados de Salas y de CSJ como se venía haciendo. Este grupo que de alguna forma maneja los hilos de los aspectos formales de la política y están enviando el mensaje de ‘no señores, nos nos vuelvan a hacer eso, nosotros ya tenemos un sistema operático’.

Claro, ese sistema implicaba acuerdos, negociaciones, compromisos, incluyendo desayunos, cenas, churrascos…pero siempre conllevaba el compromiso de llevar a determinados magistrados, no todos, que van con compromisos. Ellos saben los elegidos que van a llegar, porque los empuja este movimiento que, tarde o temprano, cuando estén en las sillas de la judicatura, van a decir recuérdese quien los puso ahí, quien los ayudó.

Por lo tanto, este grupo que los ayudó se los van a estar recordando, eventualmente cobrando algún favor, tal vez no pero tal vez sí; la mayoría de ellos, no todos, saben que tienen padrinos y que a los padrinos hay que complacerlos si así lo piden.

El Congreso de la República también está diciendo: muchas Cortes y muchas leyes pero el que manda aquí es el Congreso, y quienes dominan el Congreso no le vamos a hacer caso a la CC, no le vamos a hacer caso a nadie, aquí las cosas se hacen como el Congreso decide o no se hacen.

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¿Se podría decir entonces que sí se percibe un retraso intencional en la renovación de Cortes?

Por supuesto. El Congreso lo ha incluido en agenda, de último punto, a sabiendas que la sesión va a terminar en el punto dos o tres, y si siguiera los diputados abandonan el hemiciclo y no forman quórum.

En parte es la actitud negativa del Congreso que raya en lo cínico, en lo sarcástico, pero también colabora el fallo irregular de la CC. Irregular por varios aspectos, el primero fue que dijo que a viva voz cada uno de los 160 diputados debe decir por quién vota de los 300 candidatos a magistrados de Sala. ¿A qué horas cada uno de ellos habla sobre todos? Es absurdo el formato que ordenó la CC, y en segundo lugar la CC cometió una inconstitucionalidad, la Constitución establece que la elección de los magistrados es una opción libre y soberana del Congreso sobre las listas que le envían las Comisiones de Postulación.

La sentencia le dijo al Congreso elijan a quien quiera con un sistema absurdo, pero no elijan a este, a este y a este otro por tener denuncias; entonces es inconstitucional porque cercena la soberanía del Congreso de elegir a quien le dé la gana.

Y también afecta el derecho de defensa de algunas personas por ser denunciados, cuando todo mundo es inocente hasta que no se tenga una sentencia firme.

¿Este retraso en la elección de magistrados, al incumplirse plazos constitucionales, es causal de delitos?

Sí, podría haber violación a la Constitución, pero ¿Quién es el culpable? Hay algunos diputados que puede que si quieran elegir Cortes, pero el otro tiene otras ideas…la acción penal es responsabilidad personal. Es un ente de 160 que no se ponen de acuerdo, entonces cualquier acción penal se resbala, no hay manera.

Con lo que está pasando en el OJ, una prolongación de funciones en un poder de estado ¿Ve algún riesgo para que ocurra lo mismo en el Legislativo o Ejecutivo?

Por supuesto, dejan abiertas las puertas. Ya estamos viendo las consecuencias que en los demás organismos, Dios no lo quiera, ojala que no, el 25 de junio para el día de las elecciones existan amparos o lo que sea y conforme estos antecedentes vengan en la CC y diga que continúa en su ejercicio el actual Presidente de la República hasta que se resuelva esta situación. Ese poder ilimitado que se le ha dado a la CC es peligroso.

Pongo de ejemplo El Salvador, país vecino cuya legislación es muy parecida la nuestra, -Nayib- Bukele ya avisó amagues de una reelección y su Constitución al igual que la nuestra lo prohíbe, pero él ya hizo la consulta a la Sala Constitucional y le dijeron que esa limitación sería violatoria a su derecho humano, entonces a qué riesgo nos estamos enfrentando.

Si viene un Gobierno populista, demagógico, tipo Nicaragua o Venezuela, aquí le estamos preparando la mesa para que se sirva, como hizo -Daniel- Ortega -presidente de Nicaragua- que va tras otro periodo constitucional.

Da la impresión que a la mayoría de guatemaltecos no le interesa el tema porque no son abogados, usted como ex magistrado. ¿De qué forma podría ejemplificarle al guatemalteco que la no renovación de Cortes también le puede perjudicar?

Yo le digo al guatemalteco que tiene problemas con el tráfico, que tiene problemas con la infraestructura vial, con los medios de transporte público, con desempleo, a todos ellos les digo que el foco de toda está infección está en la poca certeza jurídica y de legalidad que hay en Guatemala, mucha gente no viene a invertir por esa incertidumbre jurídica.

Muchas estadísticas adornan que hay inversión extranjera por tantos millones, pero no nos engañemos, esa inversión es de consumo; vienen a implementar una planta de bebidas carbonatadas, de consumo para el guatemalteco o de reparación de vehículos.

Pero inversión para que Guatemala sea un exportador en líneas industriales, o en artículos básicos, complementarios de la gran industria, eso no lo tenemos, y mientras la situación de certeza jurídica en Guatemala esté mal no vamos a tener realmente inversionistas.

La inseguridad jurídica que hay se traduce a inseguridad en general.

¿Qué podemos esperar ahora?, ¿Una renovación cuando esta Corte cumpla dos periodos, o que esta Corte rebase dos periodos?  

Esta Corte está incompleta, creo que con Blanca Stalling llega a 11. Al uno ir a juzgados y ver estas pancartas tendría que ver 13, y no hay forma de elección de suplentes, hasta en eso estamos muy mal. En el fondo lo que pasa también es que este grupo que temporalmente está manejando los hilos de la política quiere el poder, y el poder cuando no tiene cortapisas es más apetecible, quiero decir que no tiene objeciones, obstáculos.

Las iglesias cada vez van perdiendo peso, tanto católico como evangélico, y va a pasar lo de Nicaragua, van a empezar a sacar curas; el otro poder externo de presión es la comunidad internacional, pero igual que Nicaragua fuera oenegés y embajadas, aislarnos, claro con un daño a futuro inconmensurable.

Solo quedan dos obstáculos y uno es la prensa libre, mientras haya prensa libre siempre se va a incomodar al poder, porque habrá un monitor, un cuestionador del manejo público.

El otro es la justicia, mientras haya jueces independientes que sancionen al funcionario que ha infringido la ley vamos a tener un Estado democrático, pero quienes quieren el poder no quieren corta pisas. Ahora van por recuperar las Cortes y todos los tribunales, después vendrían contra la prensa libre.

En vista de este mal precedente, ¿Se necesitaría una reforma al proceso de postulación o como garantizar que no vuelva a suceder esto?

Solo con reformar la Ley de Comisiones de Postulación no se logra nada, porque las comisiones de postulación están en la Constitución y el derecho del Congreso de elegir libremente está en la Constitución.

Yo siempre he dicho que la elección debe hacerse en base a sorteo, no digo una lotería, digo sorteo. Que se elijan a los que llenaron los requisitos y se proceda a un sorteo, que sea la mano de Dios o la voluntad del destino la que determine a través del sorteo quienes van a llegar, así se rompe el cordón umbilical de los padrinos con el juez nombrado magistrado. Pero así entramos a otro gran problema, reformar la Constitución es como hacer una cirugía a corazón abierto y se nos puede morir el paciente, vendrían muchos intereses; los que proponen una Guatemala multicultural, los que proponen otro tipo de derechos y para evitar ese riesgo mejor no reformemos la Constitución y naveguemos así.

¿Tampoco hay escenarios entonces para una reforma Constitucional?

No se dan las condiciones, y la propaganda de esa constituyente sería muy conflictiva y casi el anticipo de una guerra civil, porque la sociedad en Guatemala está muy polarizada. Sectores de izquierda, de centro, derecha, indígenas, los que proponen el Estado plurinacional, los de vanguardia que promueven un concepto diferente a la familia, temas del aborto, temas sindicales, pero incluso una misma constituyente puede arrojarse funciones y quién la va a limitar.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) está conformada por tres cámaras las cuales se definen como un tribunal colegiado y que se integra por magistrados de la CSJ, en quienes radica la importancia porque conocen, analizan, discuten y resuelven recursos que son promovidos en los ramos de civil, penal, amparo y antejuicios.

De acuerdo con el artículo 214 de la Constitución regula que la CSJ se organizará en las Cámaras que la misma determine y contará con un presidente y el número de vocales que se considere conveniente.

En el último párrafo del artículo 79 de la ley del Organismo Judicial (OJ) establece que “los asuntos sometidos al conocimiento de una Cámara serán sustanciados por el presidente de ella y resueltos por la mayoría de los votos de sus integrantes” se lee.

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Las Cámaras se convierten en la segunda instancia para conocer de las impugnaciones en contra de los fallos emitidos, y las resoluciones que emitan podrían dar un giro distinto a cada caso.

Labor importante

Para Edgar Ortiz, director jurídico de la Fundación Libertad y Desarrollo, las Cámaras son “el día a día de la Corte Suprema de Justicia, es decir, es un cuerpo colegiado en el que a veces tiene que integrarse totalmente en casos concretos que la ley lo manda, pero la mayor parte del tiempo funciona a través de sus cámaras”.

El profesional explicó que la función jurisdiccional de la CSJ ocurre “cuando la misma conoce de algunos recursos, como la casación sobretodo, la cual es la labor judicial más importante de la Corte” dicha acción legal teóricamente sirve para unificar criterios y cada Cámara según su materia “están diseñadas para moldear la jurisprudencia” refirió Ortiz.

También las Cámaras ejecutan una función administrativa en material civil, penal, de amparo y antejuicio, pero “lo vital es el trabajo que realizan en cuanto a la casación que es el recurso principal que conocen” y de la cual se estima que podrían conocer dos casaciones diarias, compartió Ortiz.

La Cámara Civil

Es un órgano que conoce todos los asuntos relacionados con la rama Civil del derecho, y parte de sus atribuciones es analizar los recursos de casación en los casos de civil, mercantil, familia, contencioso tributario, contencioso administrativo y juicio de cuentas, tal y como lo regula el artículo 79 la ley del OJ en el inciso A.

Además, deben discutir las dudas de competencia, a recursos de reposición, de responsabilidad, de aclaración y ampliación, ocursos de hecho, apelaciones en materia disciplinaria y los procesos en única instancia que contemple la ley.

Es importante resaltar que los procesos que involucren a algunos candidatos a cargos públicos y algunas acciones legales que son promovidas por ellos mismos, en su mayoría llegan a juzgados del ramo civil, mercantil, contenciosos administrativo, entre otros.

Conocen de los desacuerdos que pueda darse entre la administración pública y particulares, le dan interpretación a contratos de entidades privadas y del Estado, y conocen sobre los impuestos que se discuten en lo contencioso tributario.

La competencia jurisdiccional es en; Primera Instancia del Ramo Civil, de Familia, de Niñez y Adolescencia, de lo Económico Coactivo, de los Tribunales de Cuentas, entidades que de detectar alguna duda o asunto no resuelto debe notificar a la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Actualmente la Cámara Civil es presidida por el magistrado Manuel Reginaldo Duarte Barrera, e integrada por las vocales Silvia Verónica García Molina, María Eugenia Morales Aceña y Blanca Aida Stalling Dávila, quien fue reinstalada el 22 de septiembre de 2022.

La Cámara Penal

Es un tribunal colegiado que conoce de los antejuicio contra los magistrados, jueces, el tesorero general de la nación y viceministro de Estado cuando no estén encargados de la cartera; para el efecto tendrá la facultad de nombrar un juez pesquisidor para que conozca de los mismos.

También conocer de los asuntos relacionados al derecho penal como casaciones penales, prórrogas de prisión, dudas de competencia de juzgados penales, apelaciones de los recursos en la materia.

Cabe destacar que las acciones legales promovidas y que llegan a la Cámara Penal tienen un carácter de suspensión, por lo que el desarrollo de los diversos procesos no podrá continuar hasta que dicha sala de trabajo emita una resolución y despeje la vía penal.

Su competencia abarca a las Salas de la Corte de Apelaciones en materia penal, tribunales de Sentencia Penal, juzgados de Primera Instancia Penal, Pluripersonales que conocen de asuntos penales en delitos menos graves, juzgados de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, de Paz y de Primera Instancia Penal de Turno.

Entre sus principales atribuciones se encuentra el de “velar porque la justicia sea pronta y cumplidamente administrada y dictar providencias para remover los obstáculos que se opongan” se lee en artículo 79 de la ley del OJ, inciso C.

En la actualidad la preside el magistrado Josué Felipe Baquiax Baquiax y como vocales Delia Marina Dávila Salazar y José Antonio Pineda Barales. En esta Cámara se encuentra vacante la vocalía de Nester Mauricio Vásquez Pimentel, desde junio de 2021.

La Cámara de amparo y antejuicio

Es un órgano que conoce de los recursos que son promovidos con el fin de resarcir un derecho violentado y recordemos que todos los derechos constitucionales son inherentes a la persona. El principio en que se basa el amparo es como la garantía contra la arbitrariedad y la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad establece en su artículo 8: No hay ámbito que no sea susceptible de amparo.

Mientras que el antejuicio es uno de los privilegios que la ley concede a algunos funcionarios públicos y que les permite no ser enjuiciados criminalmente, sin que antes la autoridad distinta al juez declare si existe una formación de causa, sobre el hecho atribuido. Por lo que la Cámara se convierte en el primer filtro del antejuicio.

El 28 de septiembre de 2016 la CSJ creó como dependencia de la Cámara, la sección de antejuicios y sección de amparo, por medio del acuerdo de la Corte Suprema de Justicia número 39-2016, con el objetivo de “la eficaz, efectiva y expedita administración de justicia” establece el artículo 1 de dicho acuerdo.

La competencia de la sección de antejuicio es conocer sobre el trámite y diligenciamiento de los antejuicios a nivel nacional; mientras que la sección de amparo tendrá a su cargo conocer, tramitar y diligenciar todo lo relacionado a materia constitucional de amparo y exhibición personal a nivel nacional.

La preside el magistrado Sergio Amadeo Pineda Castañeda y como vocales se encuentran Nery Oswaldo Medina Méndez y Vitalina Orellana y Orellana.

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El retraso de tres años en elegir a los magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha representado un pago de Q22 millones 799 mil 520, desde octubre de 2019 hasta junio de 2022 cada uno de los cuales ha percibido más de Q2 millones, como parte de sus salarios, de acuerdo a información que proporcionó el Organismo Judicial (OJ) al Movimiento Pro Justicia.

La presidenta de la CSJ, Silvia Patricia Valdés Quezada, devenga mensualmente un sueldo de Q46 mil 800 más gastos de representación por Q23 mil; mientras que el resto de los magistrados han percibido un sueldo de Q39 mil 800 y Q13 mil 250 de gastos de representación.

A dichos montos se le suman otros beneficios como bonos mensuales, bonificaciones profesionales, también cada mes, aguinaldo, bono 14, diferidos, primas vacacionales,  así como los bonos de Semana Santa y de apoyo económico por la pandemia Covid-19, entre otros.

El magistrado Ranulfo Rafael Rojas Cetina renunció al cargo en marzo del 2020, luego de ser electo como magistrado titular del Tribunal Supremo Electoral; no obstante, recibió Q1.21 millones por indemnización; mientras que, el magistrado Nester Mauricio Vásquez Pimentel recibió una indemnización de Q1.35 millones, luego de renunciar en junio del 2021, para asumir como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad.

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La extensión de su período como magistrados de la CSJ les permite los beneficios económicos detallados y adicional podrán acumular pasivo para su liquidación, por el tiempo que duren en la CSJ.

Sin prioridad en la agenda legislativa

La elección de magistrados de CSJ y de Cortes de Apelaciones ha figurado 179 veces en las órdenes del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias que fueron programadas desde el 23 de junio de 2020 al 21 de julio de 2022 por el Congreso de la República, de acuerdo con un monitoreo del movimiento Pro Justicia, basado en las órdenes publicadas por ese poder del Estado.

Del 23 de junio de 2020 a julio de 2022, en tres ocasiones lograron llegar a ese punto en la agenda legislativa y se concretaron las votaciones de tres candidatos de la nómina de los aspirantes a integrar las Cortes de Apelaciones.

De los 270 candidatos solamente tres candidaturas de la lista fueron sometidas a votación. Se trata de Rogelio Can Si, quien obtuvo 37 a favor y 46 en contra, el 27 de abril de 2021, mientras que Mirna Lubet Valenzuela Rivera, logró 69 a favor y 28 en contra, el 16 de marzo del año pasado. Mientras que Hugo Roberto Jáuregui, el 23 de febrero de 2021, obtuvo 17 votos a favor y 93 en contra.

Unos 92 diputados votaron por aprobar el Acuerdo Legislativo número 14-2020, en el que establecieron su forma de elección, sin plazos, sin límite de tiempo para la intervención de cada legislador, sin exclusión de candidatos y sin respeto de jerarquías, pues estipula iniciar con la elección de magistrados de Corte de Apelaciones y no con los 26 candidatos a magistrados de la CSJ.

Además fueron incluidos puntos que podrían hacer lento el proceso de elección como la lectura de diferentes documentos que debe realizar la secretaria del Legislativo antes de la elección, tales como el informe circunstanciado presentado por el MP, documentos de descargo recibidos por la Comisión de Postulación y la nómina de los aspirantes, entre otros.

Una prolongación también de sueldos

Los más beneficiados

De acuerdo con Carmen Aida Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, los magistrados que se encuentran en la extensión de su período “han sido los más favorecidos en el término de que no tuvieron que salir a buscar un nuevo trabajo. Es un beneficio adicional que no esperaban porque iban a terminar su período en 2019”.

“Ellos deben estar aplaudiendo cada vez que el Congreso no llega al punto de la elección de magistrados, porque cada sesión plenaria que pasa es una ganancia para todos” puntualizó Ibarra.

“Los magistrados no pueden abandonar los cargos en tanto no hayan personas electas para sustituirlos, legalmente hay una cobertura pero ellos perdieron legitimidad porque la mayoría están al servicio de la alianza político dominante  y sin duda alguna ellos forman parte de un acuerdo multinstitucional” añadió.

Ibarra explicó los rubros de gasto “el OJ los estaría devengando en otros magistrados, pero esos beneficios de tres años de prórroga son una especie de premio económico por estar ejerciendo los cargos y tomando decisiones que favorecen al actual régimen, al eventualmente tomar decisiones que atacan o que debilitan la lucha contra la corrupción e impunidad”.

Se estiman que al no elegir se ha violentado el artículo 208 de la Constitución Política, que establece el período de cinco años que deben cumplir los magistrados en sus funciones, por lo cual los diputados podrían incurrir en responsabilidades administrativas y penales.

De los cambios y vacantes

De los 126 magistrados titulares de la Corte de Apelaciones que figuran en el Acuerdo 22-2014 del Congreso de la República, al menos nueve renunciaron a la magistratura entre los que se destacan José Alejandro Córdova Herrera, quien lo hizo para asumir como procurador de los Derechos Humanos; al igual que Ingrid Johana Romero Escribá, actualmente directora del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Dina Josefina Ochoa Escribá renunció para ocupar una magistratura en la CC. De octubre de 2019 a junio de 2022 cuatro magistrados titulares de la Corte de Apelaciones han fallecido: Ligia Aracely Pérez Véliz, Carlos Antonio Aguilar Revolorio, Helio Guillermo Sánchez González y Carlos Roberto Motta de Paz.

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Desde marzo del 2020, al menos una vez por semana, los jefes de bloques del Congreso han incluido en la agenda de sesiones ordinarias la elección de magistrados de la Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia (CSJ). El punto de discusión ha quedado en papel, porque de las 296 postulaciones, solo avanzaron en las primeras tres el año pasado.

Fue en la legislatura pasada —febrero del 2019— que el pleno convocó a las comisiones de postulación para que seleccionara a los profesionales que optarían al cargo. La convocatoria fue anulada, ya que la asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (Fads) presentó una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) en la que argumentó que hubo proceso anticipado de convocatoria.

En junio de ese mismo año, con 84 votos a favor, los diputados aprobaron un nuevo acuerdo para integrar ambas postuladoras. Ocho meses después, ambas comisiones entregaron las listas a la Junta Directiva del Legislativo, pero el procedimiento quedó suspendido temporalmente por un amparo presentado a la CC por el Ministerio Público (MP).

En junio del 2020, la alianza oficialista aprobó con 92 votos el acuerdo 14-2020, en el que se estableció un procedimiento para la elección de los magistrados de ambas cortes. El documento detalla la forma de elegir, sin plazos, sin límite de tiempo en la intervención de cada diputado y sin exclusión de candidatos.

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El tema fue retomado en febrero del año pasado. La Directiva dirigida por el diputado de Vamos Allan Rodríguez dio lectura al acuerdo y determinó que formarían tres listas: la primera los que votaron a favor, la segunda en contra y la tercera los ausentes. Al finalizar la votación, se leería cada una de las listas de nuevo.

Ese mismo mes se votó por Roberto Jáuregui, en marzo por Mirna Valenzuela y en abril por Rogelio Can; ninguno obtuvo la mayoría de apoyo que se requiere para ser electo magistrado de sala.

Diputados están cómodos

“Sabemos y es notoria la razón de que no se haya hecho el cambio”, indicó Eleonora Murales, de Fads. La activista recuerda que en efecto fueron los primeros en presentar el amparo, pero lo que motivó la acción legal era corregir el proceso desde el inicio, con el fin de evitar impugnaciones durante el desarrollo de la elección.

El informe “Análisis de la prórroga indefinida de los magistrados del Poder Judicial”, elaborado por el Movimiento Pro Justicia, refiere que hay inacción por parte del Congreso. Explican que eso ha permitido la formación de condiciones favorables para que ciertos sectores políticos cuestionables coopten las instituciones de justicia y mantengan garantizado el poder.

Muralles coincide al manifestar que han prevalecido en estos años los intereses de grupos oscuros en el que vieron una corte integrada en su mayoría por magistrados que son afines al pacto de corruptos. “Entiendo que el Estado está cómodo con quienes están ahorita… el problema es que hay cooptación en todos los organismos”, señaló el diputado y expresidente de la Comisión del Sector Justicia del Congreso, Osmundo Ponce.

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Para el Movimiento Pro Justicia, el Legislativo ha incumplido el mandato de votar para elegir magistrados. El cuarto secretario el Congreso, Aníbal Rojas, no coincide con dichas declaraciones y sostiene que se ha seguido el procedimiento, y que por ello se coloca el tema en las sesiones ordinarias, pero que cuando se llega al punto de discusión el quorum se desintegra, situación que se ha repetido desde el 2020.

Rojas resume que no hay interés de ningún grupo legislativo, ya que no lo plantean de forma individual. “El pleno es soberano y el que decide es la mayoría, se llega al punto y no se puede continuar”.

Un error de la CC

Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), reconoce que hubo una sentencia de la CC que violó la Constitución y que se trasladó al Legislativo, en donde diputados de buena o mala fe se dieron cuenta de que no se puede cumplir. El investigador expresa que para un grupo de diputados se convirtió en una excelente estrategia para tener incidencia en las cortes, por lo que no existe interés alguno de elegir de nuevo.

“El ardid de ciertos congresistas es continuar con los actuales magistrados y hacer la convocatoria oportuna ya cuando estén por terminar los cinco años”, puntualiza Quezada.

El pasado miércoles se cumplieron mil días de la extensión de funciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) derivado al retraso de la elección en el Congreso de sus sucesores, durante este tiempo ha crecido su poder, al punto de que los mismos operadores de justicia han manifestado su temor por las limitadas garantías para trabajar de manera independiente.

A esto se suma un reciente informe de Vance Center for International Justice, del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, realizó de forma conjunta con la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia (Fecajud), como parte del proyecto de fortalecimiento de la judicatura independiente a fin de tener un monitoreo constante.

En el diagnostico sobre el sistema judicial en Guatemala señala la nula actuación de las autoridades para garantizar la seguridad de jueces, el archivo de denuncias presentadas por juzgadores y la persecución contra operadores de justicia, son algunos de los principales aspectos que atentan contra la independencia judicial, la cual es una garantía funcional a los derechos de los ciudadanos y que tendría que ser un contrapeso ante cualquier tipo de intereses, señala el más reciente informe de Fecajud.

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Dicho documento menciona que el resultado del hostigamiento es el exilio de 24 operadores de justicia, entre estos jueces, magistrados y fiscales, quienes en su momento combatieron la corrupción e impunidad en Guatemala.

Otro de los aspectos que deteriora el sistema judicial es el prolongado periodo de los 26 magistrados titulares y suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y de los 225 magistrados de Salas de Apelaciones, pues han pasado tres años sin renovar los nombramientos.

Además, resaltan que el Congreso “ha hecho un esfuerzo nulo” en el proceso de selección, categorizando las debilidades como “una crisis del modelo de nombramientos”, de acuerdo con el relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán.

Debilitamiento y empoderamiento

El informe advierte que en Guatemala se ha concentrado todo el poder en magistrados de la CSJ por medio de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, la cual le permite conocer sobre ascensos, permutas, traslados o despidos, tanto de jueces como de magistrados; dichos cambios en la legislación permiten que “en el Organismo Judicial no exista un contrapeso en la selección de jueces o magistrados más idóneos”.

Lo anterior permite que la CSJ concentre todo el funcionamiento de dicha institución, porque ahora controla tanto la función jurisdiccional como la administrativa, “tiene injerencia directa en esas decisiones y podría afectar la independencia judicial”, agrega.

Entre otras controversias, el informe señala que la salida de la Cicig y el debilitamiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (Feci) ha generado un “estancamiento en la lucha contra la impunidad y corrupción”, lo cual se evidencia con traslados injustificados, despidos y la renuncia de fiscales.

Consideran que el objetivo de la fiscal general Consuelo Porras y los grupos criminales que la Feci “lejos de ser la bandera en investigaciones vinculadas a temas de corrupción, ahora sea el aliado perfecto para generar impunidad” en dichas redes.

De la seguridad

A pesar de que algunos jueces tienen asignados esquemas de seguridad por los procesos judiciales que conocen, no están ajenos a algún tipo de intimidación, resalta el informe, el cual también menciona el reciente caso del juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar, quien “ha denunciado la existencia de persecución constante de vehículos sin placas”, esto ocurre ocho meses después de que el mismo juzgador, junto a Érika Aifán, Yassmín Barrios y Pablo Xitumul pidieron información sobre sus quejas.

El informe concluye que “la institución encargada de la investigación no ha puesto debida atención”, y muchas de las denuncias han sido desestimadas y a la fecha no han sido informados sobre los motivos por las que fueron archivadas. Además, “la nula protección” por parte de la CSJ al dar trámite a denuncias promovidas contra operadores de justicia.

Con respecto a la inmunidad que gozan los jueces y magistrados, y que es garantía constitucional, esta se convierte en “herramienta de inamovilidad, el riesgo es constante, permanente y potencializado” al asignar los antejuicios a “jueces aliados al crimen organizado, en un sistema judicial cooptado para garantía de impunidad” señala el informe.

Advierte que “el panorama es desalentador” ante la falta de interés del Estado de fortalecer al Sector Justicia en la lucha contra la corrupción generada por la criminalización contra los operadores de justicia y “la pasividad o temor de la población” de manifestarse contra ésta, y la consecuencia directa es que “la corrupción e impunidad se sigue enraizando en el país”.

Además, señalan controversias en torno al funcionamiento de las comisiones de postulación, la falta de certeza jurídica, incumplimiento para ser juez o magistrado e irregularidades en designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

Asociaciones de jueces deben unirse

A criterio de la jueza Nohemy Téllez que parte de las alternativas que se podrían plantear para cambiar el panorama actual es que las asociaciones de jueces “deben de tener una incidencia bien importante” y no trabajar de forma individual, a fin de que unan, fortalezcan y actúen con estrategia y esto podría contribuir a que en el futuro las circunstancias cambien y agrega que el Colegio de Abogados y Notarios también tiene incidencia, pero “actualmente está alineado”.

La juzgadora llamó a la reflexión a los funcionarios judiciales puesto que las decisiones que toman desde sus despachos “debe tener una visión a nivel de país y no de que solo me interesa mi sector de mi despacho y de mi grupo familiar para que si yo decida una u otra forma se me va a beneficiar o no o se me va a ayudar a un ascenso” además sus decisiones inciden en el desarrollo, y atraer mayor inversión nacional o extranjera.

Mientras que para el juez Carlos Pérez, en la “no tenemos un estado de derecho fortalecido” y se está fallando en tener una verdadera República “porque hay una intromisión entre poderes el Poder Judicial lamentablemente está haciendo muy afectado en relación a su independencia” es un elemento fundamental para poder tener esa fortaleza en el sistema judicial.

“Lamentablemente se han dado retrocesos” dijo Pérez e hizo énfasis a que “ahora una interrelación bien interesante entre este Poder Judicial y el Poder Político se siente muy cómodo es decir se generó una empatía y no se busca la manera de romper estos lazos que tienen capturado al Poder Judicial” acotó.

La novena legislatura del Congreso no ha sido caracterizada por un ambiente de paz y armonía, desde sus inicios en 2020 quedaron expuestas diferencias entre diputados que han ido haciendo eco en casi tres años de trabajo.

El primer caso fue cuando el bloque Victoria desconoció a Héctor Choc y a Julia Anshelm, los únicos dos congresistas declarados independientes, pero existen otros que operan sin respetar los lineamientos de sus partidos.

Tal vez el caso más emblemático de esta ruptura sea el de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Sandra Torres recuperó la dirección del partido político y la mayoría de los diputados de bloque verde se fueron con ella.

Tan solo un pequeño grupo continúa las directrices de Carlos Barreda y Orlando Blanco, quienes se han autodenominado como el Grupo Parlamentario de Oposición (GPO).

Esa serie de diferencias también alcanza a bloques legislativos pequeños como Movimiento Semilla y Winaq; el primero desconoció al diputado Juan Alberto Sánchez y el segundo pidió la separación del legislador Aldo Dávila.

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Sánchez fue denunciado por acoso sexual lo que le valió el desconocimiento a lo interno del bloque y le ha llevado a votar a favor del oficialismo, en el caso de Dávila se afirma que no sigue las directrices del partido.

Las fragmentaciones no son un problema exclusivo de los bloques de izquierda, algunas bancadas de derecha, las conservadoras, también han manifestado rupturas.

Visión con Valores (Viva) quedó expuesto cuando diputados removieron a su anterior jefe de bloque, presuntamente por no  respaldar al diputado Armando Castillo quien buscaba la presidencia del legislativo.

En el Frente de Convergencia Nacional (FCN – Nación) se vivió un pulso entre los diputados Javier Hernández y Patricia Sandoval, esta última finalmente decidió separarse de la agrupación.

También el Partido de Avanzada Nacional (PAN) integrado por dos diputados muestra diferencias, en varias ocasiones el congresista Eduardo Zachrisson se opone a las directrices del jefe de bloque, Manuel Conde.

Cada una de estas diferencias podría complicar las intenciones de reelección de aquellos diputados tachados por sus partidos, ya que por estar vigente la prohibición del transfuguismo, no podrían postularse con otro movimiento.

Cortes rebasan al TSE

La lectura para el 2023 apunta a que la verdadera contienda política tendrá de escenarios los juzgados, salas de apelaciones, junto a las máximas instancias de justicia: la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC).

Todo a raíz de las dudas que siguen rodeando la prohibición del transfuguismo, que impide a un diputado buscar la reelección con una agrupación distinta con la que llegó al legislativo.

“Los diputados harán algún esfuerzo por buscar la reelección, sin embargo ya dependerá de la estrategia de cada organización política si les brinda el espacio”, apunta Geidy de Mata, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (IPNUSAC).

Pero el tema no será tan sencillo según Rubén Hidalgo, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), quien estima que las grandes decisiones no serán tomadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“La CSJ y la CC serán determinantes para la inscripción o no inscripción de candidatos a todo nivel, no solo del Organismo Legislativo sino a nivel de alcaldías, concejales y hasta nivel presidencial, las Cortes van a ser una pieza importantísima, mucho más importante que el propio TSE”, refirió.

Lo anterior representa un problema que podría contribuir a la ya existente polarización, ya que podría frenarse candidaturas de actores no afines a la actual fuerza política dominante, según Jorge Wong, politólogo independiente.

“Las dos Cortes da la impresión que están volcadas hacía un solo sector al que favorecen, al menos esa impresión es la que a mí me da, esto va  generar parcialización de las decisiones que se puedan tener, de por si las decisiones ponen contentas a una mitad y a otra no pero en este caso dará todavía más duda de la calidad de esas decisiones”.

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Prohibición poco clara

En el 2016 el Pleno del Congreso reformó la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), impidiendo el transfuguismo y con ello una mala practica política, a criterio de expertos.

Pero esa decisión que parece ser acertada no está redactada de forma clara, lo que abre el espacio a la discrecionalidad, según opina la exdiputada Nineth Montenegro, quien afirmó que esa reforma fue decisión de los grandes bloques legislativos de la época.  

“Por ser confusa la prohibición queda a criterio de la autoridad rectora, en este caso el TSE, y será ella quien tendrá que analizar caso por caso tal y como ocurrió en las elecciones pasadas”.

Por su parte el diputado Mario Taracena, quien presidió el Congreso en 2016, explicó que las reformas no fueron “apresuradas”, por el contrario, señaló que era un paquete de cambios con suficiente análisis.

Reconoce que hay algunos aspectos a mejorar como lo elevadas de algunas sanciones y definir de manera más puntual que es el transfuguismo y en que casos aplica.

“Cuando expulsan a un diputado eso no es transfuguismo, hay detalles que hay que mejorar, por ejemplo cuando hay conflicto; la decisión partidaria hay que tomarla en cuenta también. La CC ya emitió un fallo diciendo que nuestra obligación es estar con la UNE hasta el 14 de enero de 2024, pero eso no impide que yo sea candidato en otro partido”.

Aunque lo que se pronostica desde ya es una batalla judicial para la inscripción de candidatos, los expertos esperan que cualquier decisión que tome el TSE se encuentre con un respaldo jurídico impecable para evitar que tanto recurso legal termine confundiendo a los futuros votantes.