combate a la corrupción

Guatemala recupera dos puntos en percepción de Corrupción después de 10 años

Fri, 14 Feb 2025 19:05:50 +0000

Guatemala

Guatemala recupera dos puntos en percepción de Corrupción después de 10 años

A pesar que se detuvo la caída del IPC, el país sigue posicionado dentro de los países con más percepción de corrupción del continente.

José Manuel Patzán

14 de febrero de 2025

13:05h

En el 2024 se detuvo la caída del IPC en Guatemala, según Transparencia Internacional.(Foto Prensa Libre: hemeroteca PL)

Guatemala consiguió subir dos puntos de —23 a 25— en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC), del 2024, elaborado por Transparencia Internacional. A pesar de que se detuvo la caída del IPC, el país permanece dentro de los países con más índices de corrupción.

Según el informe, Guatemala se encuentra en el puesto 25 de 180 países evaluados, y comparte el mismo puesto con Kirguistán, Mozambique y República Centroafricana. Supera por una casilla a Paraguay.

Transparencia Internacional, que hizo el índice, es una organización no gubernamental global que lucha contra la corrupción. Fue fundada en 1993 en Alemania, y trabaja en más de 100 países a través de capítulos nacionales.

Con la puntuación que recibió Guatemala se detuvo la caída constante de los últimos 10 años. Sin embargo, tiene una calificación por debajo del promedio de la región peor calificada a nivel mundial. La región Subsahariana de África que tiene una calificación de 33 puntos, mientras que Guatemala consiguió 25.

Percepción

El análisis del IPC indica que este aumento en la puntuación se atribuye a que el nuevo gobierno “no es percibido como un actor que promueve activamente una agenda de corrupción”, en comparación con los tres gobiernos anteriores.

Resalta que en el 2024 el gobierno abrió canales de participación ciudadana y comenzó a digitalizar funciones públicas para reducir los riesgos de corrupción.

“Si bien el gobierno del presidente Arévalo ganó la elección sobre una plataforma anticorrupción, los avances han sido limitados dado el enfrentamiento que mantiene con un aparato judicial cooptado y heredado de las estructuras de los anteriores gobiernos”, se indica.

Agregan: “Guatemala debe fortalecer con urgencia la independencia de su poder judicial y del Ministerio Público, instituciones que siguen bajo la influencia de redes corruptas”.

También se resalta que al igual que Guatemala, República Dominicana ha respondido con acciones similares que han resultado efectivas, aunque señala que ambos países tiene aún un largo camino por recorrer para combatir la impunidad.

En el documento se refiere que “la excepción en el continente americano es Uruguay”, que cuenta con instituciones consolidadas y un acceso a la información pública que fomenta la participación ciudadana.

“Sus instituciones están diseñadas para resistir los radicalismos derivados de la polarización y el populismo. Todo esto se traduce en bajos niveles de corrupción”, citan.

Para Transparencia Internacional, las Américas sufren un desgaste democrático ante gobiernos autoritarios que capturan el Estado y eliminan contrapesos.

También refieren que la desaparición de órganos de control debilita aún más sus frágiles democracias.

“Transparencia y probidad dejan de ser pilares, consolidando regímenes donde la corrupción y la impunidad son herramientas de poder”, puntualizan.

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Retrocesos

El aumento en las restricciones a la información pública y la participación ciudadana constituye uno de los mayores retrocesos en la región, indica la oenegé, que alude explícitamente a los casos de Argentina y El Salvador.

También destaca la trayectoria descendente de México, que pierde cinco puntos en sólo un año, con un poder judicial débil, opaco y complaciente que no ha tomado medidas en casos de corrupción emblemáticos como los casos Odebrecht y Segalmex.

Luciana Torchiaro, asesora regional de Transparencia Internacional para América Latina y el Caribe, señaló, según la agencia EFE, que “la aplicación de sanciones más firmes y una mayor regulación a los bancos y abogados que facilitan a los corruptos y criminales blanquear su dinero sucio constituyen medidas esenciales para desmantelar las redes de la corrupción”.

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Impunidad

En junio de 2023, durante el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, Guatemala ocupaba el puesto 13 en un ranking que evalúa la capacidad de los países para detectar, castigar y disuadir la corrupción.

En la región, Guatemala se mantenía entre las posiciones más bajas del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC). En la medición del 2023 que realizaron las organizaciones del Consejo de las Américas el país se encuentra en el puesto 13 de 15 evaluados, es el mismo que ocupa desde el 2021.

La puntuación que recibió fue de 2.86 puntos de un total de 10, lo que marcó un descenso paulatino desde que comenzó a publicarse este índice en 2020, cuando aparecía con un puntaje de 4.04.

En el ranking las primeras posiciones las ocuparon Uruguay con una calificación de 6.99, seguido de Costa Rica (6.76) y de Chile (6.67), estos, según el análisis, “tienen más probabilidades de que los actores corruptos sean enjuiciados y sancionados”.

Pero en el otro extremo de la lista es donde se ubica a Guatemala solo por delante de Bolivia (2.56) y Venezuela (1.46). En estos países que tienen el puntaje más bajo la probabilidad de que la impunidad continúe es mayor.

Superar el polígrafo es el principal obstáculo para la selección de nuevos agentes de la PNC

Fri, 22 Nov 2024 11:00:00 +0000

Justicia

Superar el polígrafo es el principal obstáculo para la selección de nuevos agentes de la PNC

Según la PNC, son 27 mil aspirantes que buscan ocupar las 3 mil 500 plazas que se abrieron. Quienes ganen las pruebas y no ingresen quedarán pendientes para otras promociones.

José Manuel Patzán

22 de noviembre de 2024

05:00h

Aspirantes a agentes de la PNC practican tácticas de defensa personal.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Un total de 27 mil guatemaltecos busca ocupar una de las 3 mil 500 nuevas plazas —ocho aspirantes por cada plaza— para integrar las filas de la Policía Nacional Civil (PNC). Sin embargo, aunque en esta promoción se eliminaron algunos requisitos para lograr mayor convocatoria, los interesados deben pasar por el polígrafo, una prueba que determina si han pertenecido a grupos criminales o pagaron algún soborno para competir por la plaza.

En octubre último el Ministerio de Gobernación (Mingob), lanzó una convocatoria para que ciudadanos de entre 18 y 29 años pudieran inscribirse en la Academia de la Policía Nacional Civil. El proceso de selección, según las autoridades policiales, no ha sido fácil por la cantidad de aspirantes, la cual obedece a que se eliminaron ciertos requisitos, como el límite de estatura.

En promociones anteriores los aspirantes debían cumplir con una estatura mínima de 1.55 metros para los hombres y 1.53 metros para mujeres. Además, era indispensable poseer un diploma o título de educación media. No se recibía a bachilleres.

El director de la PNC, David Custodio Boteo, califica como esta convocatoria casi libre porque no hay restricción de estatura y tampoco se excluye a los bachilleres, porque “tienen un diploma y no un título”.

A pesar que son 3 mil 500 plazas, el jefe policial afirma que se evaluará a los 27 mil aspirantes y los que pasen las pruebas y no logren ingresar quedarán pendientes para la próxima promoción, sin ser evaluados nuevamente.

“El mayor desafío es que pasen el polígrafo, es lo más difícil. Con la promoción de marzo de este año el problema más grande fue el polígrafo, porque se descubre que han pertenecido a grupos criminales o que han pagado para tratar de ingresar a la PNC. Muchos dicen que sí, entonces no ingresan porque fomentan la corrupción”, afirmó.

Custodio Boteo recalcó que a todos los aspirantes se les practican exámenes médicos, físicos y psicológicos, y aseguró que en las últimas promociones se ha visto más interés de la mujer por integrarse a la institución.

“Hay muchos que llegan a la PNC en busca de conseguir un empleo, pero después se encariñan con la institución”, afirmó.

El director de la Policía refiere que incluso a los aspirantes que confiesan haber pagado por la plaza se les pide información de a quienes se les hizo el depósito, y es la razón por la que hay dos denuncias en el Ministerio Público y están pendientes de que se descubra a las personas que están detrás de esos ofrecimientos.

“Fue por eso que las convocatorias se pararon el año pasado, porque habían muchos de esos casos”, puntualizó.

El jefe policial indicó que para las próximas promociones se analiza formular las preguntas del polígrafo para que sean más básicas, puesto que muchos aspirantes no se han involucrado en delitos pero pierden porque sus respuestas se malinterpretan.

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Sin cobertura

Pese a que cada año se gradúan promociones de nuevos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), la cantidad de efectivos no cubre la demanda en seguridad de acuerdo con la cantidad de habitantes en el país, según un estudio del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), que revela que no todos los agentes están destinados de forma directa a la seguridad ciudadana.

En la Dirección General de la PNC se informó que actualmente las filas de esa institución están conformadas por 42 mil agentes, oficiales, subcomisarios, comisarios e inspectores. No obstante, la cantidad de agentes asignados de forma directa para la seguridad ciudadana se reduce porque hay personal asignado para la protección de funcionarios, testigos protegidos, resguardo de instituciones públicas, entre otros.

Según el Cien, la tasa para Guatemala en 2023 era de 23 agentes por cada 10 mil habitantes, debido a que de los 41 mil, solo 21 mil 600 patrullaban las calles, y aunque este año el número de agentes aumentó a 42 mil, las tasas se mantienen por las mismas razones.

Agregó que diversos estudios a nivel internacional recomiendan que haya entre 18 y 30 agentes de policía en labores de patrullaje por cada 10 mil habitantes.

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Estrategias

Una de las estrategias que según el Mingob implementó este año para aumentar la cantidad de nuevos uniformados fue el acercamiento con autoridades indígenas.

Durante el lanzamiento de la convocatoria, el titular del Mingob, Francisco Jiménez exhortó a los alcaldes y gobernadores para que les ayuden en la convocatoria y logren que se involucren las comunidades y las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas. Jiménez hizo la promesa de retornar a los nuevos agentes de la PNC a sus comunidades para brindar seguridad.

En esa ocasión mencionó que dicha estrategia también implica formación específica a los aspirantes a policía, para resolver los conflictos que tienen las comunidades indígenas y los lugares de donde son originarios.

Defensa personal

Una de las críticas que han hecho expertos en seguridad es que los agentes no tienen suficiente preparación para enfrentar situaciones de riesgo en las que es necesaria la defensa personal, videos que circularon en redes sociales en 2023 mostraron cómo los agentes se enfrentaron a situaciones que no pudieron enfrentar.

El 31 de octubre de ese en Gualán, Zacapa, un delincuente forcejeó con un agente de la PNC, quien no pudo controlar a un sujeto de complexión fuerte y fue lanzado al suelo, luego su contrincante le disparó y lo dejó herido, mientras que su compañero de patrullaje falleció en el lugar a causa de los disparos que recibió.

Los uniformados atendieron una denuncia ciudadana que alertaba de dos sujetos que merodeaban en el sector de forma sospechosa y con un arma de fuego.Al llegar los policías fueron recibidos a balazos por los sujetos, el agente que resultó herido trató de desarmar al al sicario pero no pudo dominarlo. Horas después los agresores fueron arrestados.

El 2 de agosto del mismo año, un hombre desarmó a un agente de la PNC durante un operativo, lo hirió y regresó para volver a dispararle cuando estaba en el suelo, pero este logró ponerse a salvo cuando otro agente intervino y disparó al agresor.

Presidios

Paralela a la evaluación de aspirantes a nuevos agentes de la PNC, el Sistema Penitenciario también lanzó una convocatoria para reclutar a 2 mil guardias penitenciarios. En el proceso de evaluación con polígrafo apoyará la embajada de los Estados Unidos.

La convocatoria se cerrará este 29 de noviembre. Los aspirantes deberán pasar por evaluaciones médicas, teóricas, una prueba de polígrafo y concluir los seis meses de entrenamiento.

Guatemala se posiciona en el lugar 107 de 142 en ranking de Estado de Derecho

Wed, 23 Oct 2024 11:00:00 +0000

Política

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Guatemala se posiciona en el lugar 107 de 142 en ranking de Estado de Derecho

Informe internacional también revela que Guatemala mejora su posición a escala mundial en la calificación de ocho variables.

Fátima Najarro

23 de octubre de 2024

05:00h

La medición incluye indicadores específicos en ocho temáticas prioritarias. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)

En la medición anual que realiza World Justice Project, Guatemala se encuentra en el puesto 107 de los 142 países que participan en la evaluación. En comparación con el puesto del año anterior, el país logró una mejora de cuatro lugares.

A escala regional, Guatemala se posiciona en el lugar 35 de 41, solo por encima de Venezuela, Haití, Nicaragua, Bolivia, México, Honduras y El Salvador. También pasó a ser el segundo país que más incrementó su puntaje en el último año de Latinoamérica y el Caribe, por debajo de Brasil.

Dinamarca lidera el estudio, seguido por Noruega y Finlandia. Mientras, Afganistán, Camboya y Venezuela son los últimos puestos, de acuerdo con la medición.

Ocho indicadores integran la medición que da como resultado el ranking de Estado de derecho, entre los cuales se encuentran los límites de los poderes gubernamentales, ausencia de la corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, y justicia civil y criminal. Cada uno tiene sus variables.

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En esos indicadores, Guatemala presenta la menor puntuación en justicia criminal, justicia civil y ausencia de corrupción. La escala del informe es de cero a uno, donde uno es la mejor puntuación posible.

También se mantuvo con la misma puntuación —sin variaciones respecto del 2023— en justicia criminal, derechos fundamentales y ausencia de corrupción. En ese sentido, la justicia civil es el indicador en el que Guatemala está más abajo en el ranking regional y mundial.

Por otro lado, las mejores puntuaciones las obtuvo en orden y seguridad, gobierno abierto y derechos fundamentales.

Fortalecimiento

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) llamó a fortalecer la justicia penal, la justicia civil, reducir la burocracia y la corrupción, para lograr una mejora en los posteriores estudios.

“La agenda para un Estado cien por ciento digital puede ser un primer paso en el camino correcto para fortalecer el Estado de derecho”, indicó Fundesa.

Histórico

Guatemala logró la mejor puntuación en el 2019 y 2020 —0.46 y 0.45—. Si bien en los últimos tres años la puntuación es la misma que la de este 2024, el país consiguió mejorar el lugar en el que se posiciona a escala mundial; sin embargo, regionalmente, el puesto 26 lo ha mantenido casi desde que se empezó a elaborar el estudio.

La organización realiza la medición desde hace nueve años, y ha ido incrementando la cantidad de países incluidos.

En el país, la metodología utilizada consistió en entrevistas cara a cara con dos mil 508 personas. No se añadió ninguna pregunta nueva en comparación con el 2023, indica el informe.

“Los cuestionarios contienen percepción cerrada, preguntas y varios escenarios hipotéticos con supuestos hechos detallados, destinados a garantizar la comparabilidad entre países”, detalla el reporte.

Dicha organización trabaja en forma independiente desde el 2009, y uno de sus objetivos es promover el Estado de derecho en todo el mundo. “Este reduce la corrupción, combate la pobreza y las enfermedades, y protege a las personas de injusticias grandes y pequeñas”, se lee en su sitio digital.

En Centroamérica

En la región centroamericana, Nicaragua es el país con peor puntaje, con 0.34, y ocupa el puesto 137 a escala mundial. A pesar de que todos los indicadores están por debajo de la mitad, orden y seguridad, alcanza la media. Sus números más bajos se deben a la influencia del Gobierno en la justicia criminal, en el derecho a la privacidad, en auditorías independientes y en el respeto al debido proceso.

Honduras se posiciona 21 lugares arriba, con orden y seguridad como su mejor indicador. Los resultados apuntan un alto índice en sanciones por mala conducta de funcionarios, corrupción en el Congreso y un sistema correccional de delitos ineficientes.

El Salvador ocupa el lugar 111. La organización señala que hubo un cambio significativo en cuanto a disminución en los límites de los poderes, gobierno abierto y derechos fundamentales. Aunque no hay conflicto civil, aspectos como corrupción en el Legislativo, influencia del gobierno y discriminación en la justicia criminal son los factores peor calificados.

Belice supera a Guatemala y ocupa el lugar 82 de la lista global. Los aspectos en los que se acerca más al puntaje máximo corresponden a orden y seguridad, justicia civil y derechos fundamentales. Además, llama la atención que el informe también señala una ausencia total del conflicto civil.

El país centroamericano con mejor calificación es Costa Rica, que ocupa el lugar 29, con 0.68 puntos, donde derechos fundamentales, límites de los poderes del Estado y orden y seguridad son los aspectos más altos. La mayor parte de los indicadores está sobre la media mundial, aunque la compensación violenta y los retrasos injustificados en la justicia civil son la excepción.

EE. UU. y Guatemala establecen tres pilares para combatir la corrupción e inseguridad y fortalecer la democracia

Thu, 03 Oct 2024 17:58:28 +0000

Política

EE. UU. y Guatemala establecen tres pilares para combatir la corrupción e inseguridad y fortalecer la democracia

Funcionarios de Guatemala y Estados Unidos participaron en el Diálogo inaugural de Alto Nivel sobre Seguridad.

Miguel Barrientos

3 de octubre de 2024

11:58h

Funcionarios guatemaltecos se reunieron con diplomáticos estadounidenses el 2 de octubre de 202para establecer acuerdos y desarrollar el plan “Guatemala se Transforma” (Foto Prensa Libre: B. Baiza)

Autoridades del gobierno de Guatemala se reunieron con diplomáticos estadounidenses este 3 de octubre para establecer acuerdos e implementar el plan “Guatemala se Transforma”.

Ambos países concluyeron en que tienen compromisos e intereses compartidos en materias de seguridad, democracia, estado de derecho y transparencia.

La iniciativa “Guatemala se Transforma” tiene como objetivo mejorar la cooperación y “lograr un cambio transformador” en las instituciones del sector seguridad y justicia de Guatemala.

Estados Unidos también anunció que se dispondrían de US$ 50 millones adicionales para llevar a cabo el plan, cuyos tres pilares son Alianzas, Buen Gobierno y Comunidades Seguras.

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El total de la inversión sería de aproximadamente $100 Millones (Unos Q773 millones).

Como parte del primer pilar, los gobiernos crearán alianzas y coaliciones con diversos actores, incluyendo sector privado, para identificar oportunidades de trabajo y fortalecer la seguridad y comercio.

Representantes indígenas y garífunas también propusieron soluciones a problemas de seguridad y se acordó fortalecer a la Policía Nacional Civil para que sea más representativa y que tenga mejores medidas de reclutamiento, así como la promoción de mujeres e integrantes de pueblos indígenas.

Como parte del Buen Gobierno, las autoridades establecieron la importancia de combatir la corrupción y fortalecer las instituciones democráticas. Recalcaron los esfuerzos que deben hacerse para mejorar y modernizar a la PNC para aumentar la confianza ciudadana.

El tercer pilar, Comunidades Seguras, establece que los gobiernos continuarán con los trabajos conjuntos para luchar contra el narcotráfico y crimen organizado.

“Guatemala adoptará un reglamento para controlar e investigar mejor el desvío de precursores químicos utilizados para fabricar drogas sintéticas como el fentanilo”, detallaron las autoridades.

También se acordó culminar un proceso de certificación del Centro de Rehabilitación y Reintegración Fraijanes 1 por parte de la Asociación Correccional Americana.

Además, se ampliará el apoyo de Estados Unidos a la Comisión Nacional contra la Corrupción para implementar mecanismos que contrarresten la corrupción en las entidades gubernamentales.

Las autoridades concluyeron en que debe continuar la participación de sus funcionarios en el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad para crear estrategias e implementarlas a corto, mediano y largo plazo.

Las medidas también buscan combatir las causas de la migración y fortalecer la prosperidad en el hemisferio.

EE. UU. dona US$50 millones para el combate al crimen organizado

Wed, 02 Oct 2024 18:17:20 +0000

EE. UU. dona US$50 millones para el combate al crimen organizado

Los fondos se suman a los otros US$50 millones que entregaron en marzo pasado y que también van dirigidos a instituciones de seguridad y justicia

Rubén Lacán

2 de octubre de 2024

12:17h

EE.UU ha destinado $100 millones a Guatemala para fortalecer instituciones que combaten el crimen organizado. (Foto Prensa Libre: AFP)

Estados Unidos (EE. UU.) afirmó este miércoles 2 de octubre que hay buenos resultados en Guatemala en la lucha contra el narcotráfico y desarticulación de estructuras criminales. La declaración se dio en medio de la reunión del “Diálogo Inaugural de Alto Nivel Sobre Seguridad” en el que participaron funcionarios de ambos gobiernos.

Todd Robinson, subsecretario Adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos (INL), dijo que tienen un compromiso entre su nación y Guatemala en temas de seguridad y justicia para lograr un cambio. Dicho proyecto inició en marzo de este año, con una inversión de US$50 millones y hoy se aprobaron otros US$50 millones.

Los US$100 millones permitirán un cambio en las instituciones y aumentarán los esfuerzos para generar resultados que beneficien a los habitantes de ambos países.

“La inversión inicial de US$50 millones para financiar la iniciativa demuestra el compromiso del Gobierno de los Estados Unidos de trabajar junto a la administración del presidente Arévalo con el fin de alcanzar las metas conjuntas”, dijo Robinson.

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Robinson enfatizó que el nuevo gobierno ha desempeñado un papel fundamental para frenar el trasiego de drogas hacia EE. UU, incautando el doble de ilícitos en 2024, comparado con el año anterior.

“En marzo las fuerzas navales especiales impusieron un récord semanal al incautar más de dos mil paquetes de cocaína, en tres decomisos en un periodo de tres días. En enero la Casa Intermedia de la Secretaría de Bienestar Social que funciona con el apoyo de INL recibió la acreditación de la Asociación Americana de Correccionales, convirtiéndose en el primer centro de privación de libertad de adolescentes en conflicto con la le penal acreditado en Guatemala y en el mundo”, mencionó el subsecretario.

Enfatizó que esperan trabajar con el presidente Arévalo para aplicar este mismo modelo en el Sistema Penitenciario.

Proyecto para mejorar

Tobin Bradley, embajador de EE. UU en Guatemala, dijo que el país es uno de los 11 que calificaron en todo el mundo y que es parte del proyecto para una región más segura.

“Eso no solo se trata de más fondos para apoyar el desarrollo y seguridad en Guatemala, es un enfoque de nuestros expertos, con sus expertos para avanzar en soluciones nuevas y compartidas. Simplemente estamos unidos por la democracia en Guatemala, prosperidad y seguridad”, dijo el diplomático.

Bradley señaló que las reuniones les permitirán alinear y priorizar acciones conjuntas en temas de seguridad y desafíos como la delincuencia organizada, tráfico ilegal de armas, personas, drogas y corrupción.

“He notado que estamos viviendo un momento en donde podemos visualizar una Guatemala como líder regional para la economía, democracia y para la seguridad, ya lo han demostrado desde la lucha contra el narcotráfico, las drogas sintéticas, como el fentanilo. Hacen sus esfuerzos por mejorar la seguridad ciudadana”, comentó.

El diplomático agregó que para transformar los sectores se seguridad y justicia se deben hacer alianzas publico privada sólidas, ya que no es posible alcanzar la prosperidad económica si el país es inseguro.

Según el análisis de las autoridades estadounidenses, los esfuerzos deben enfocarse en la seguridad de puertos, aeropuertos y vías terrestres, combate a la extorsión, el ciberdelito, aumentar la seguridad a nivel nacional con el apoyo comunidades indígenas, el reclutamiento de nuevos policías y el combate a la corrupción y la profesionalización de la Policía Nacional Civil.

“Podemos imaginar a Guatemala, no solo dentro de un año, sino proyectarla dentro de los próximos 10 o 25 años”, recalcó Bradley.

Apoyo técnico

Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, mencionó que durante el año han incautado 10 mil 700 kilos de cocaína, han capturado a 21 personas con orden de extradición a EE. UU. y han desmantelado bandas criminales que se dedicaban a la trata de personas y trasiego de drogas.

“El Ministerio de Gobernación convertido ahora en la institución emblemática de la lucha contra la criminalidad, la delincuencia e impunidad”, comentó Jiménez.

Agregó que muchos de los logros de la cartera del interior han sido con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos, a través del apoyo técnico que ha fortalecido las capacidades de la PNC y de la cartera de Gobernación.

El funcionario recalcó que se crearon programas legítimos para fortalecer la institucionalidad, como la modificación al pénsum estudios de los aspirantes a policías y guardias del Sistema Penitenciario.

“Con esto logramos depurar desde el inicio a quienes no cuentan con vocación para servir al país e incentivar a quienes, si quieren paz”, dijo el ministro.

Agradeció a las autoridades estadounidenses por la instalación de un mecanismo de control, transparencia y el registro de actividad policial del número 110 de la PNC.

“Siéntase satisfechos que ustedes están contribuyendo para aliviar el dolor y sufrimiento de miles de guatemaltecos que estaban sometidos al poder de las estructuras criminales. Agradezco por el apoyo y sobre todo por ser nuestros amigos y socios estratégicos”, enfatizó Jiménez.

El canciller Carlos Ramiro Martínez comentó que el apoyo del país norteamericano demuestra la buena relación que tienen ambas naciones con el intercambio de información y reuniones que han tenido durante el año.

“Un evento sin precedentes que marcó el inicio para abordar las causas fundamentales de la migración, el desplazamiento irregular, el combate a la trata de perdonas y el tráfico ilícito de migrantes, con ello ratificar el compromiso de trabajar de manera conjunta para mejorar la seguridad e infraestructura en las fronteras y en cumplimiento de la ley”, recalcó el ministro.

La vicepresidenta, Karin Herrera, dijo es importante el apoyo para Guatemala y han trabajado con las agencias a EE. UU. para contener la delincuencia organizada, el narcotráfico y la trata de personas en sus diferentes modalidades.

“Se han impulsado acciones a nivel nacional a través de las diferentes instituciones de gobierno. El Ministerio de Gobernación ha tenido éxitos en incautaciones, decomiso de drogas, erradicaciones de cultivos ilícitos y la captura de más de 20 personas con ordenes de extradición”, comentó Herrera.

Agregó que se han tomado acciones contundentes para atender de forma integral e interinstitucional el problema mundial de drogas sintéticas “a lo cual Guatemala no es ajeno”.

¿Cuál es la función de la CNC y su papel en la estrategia contra la corrupción?

Wed, 17 Apr 2024 11:00:00 +0000

Política

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¿Cuál es la función de la CNC y su papel en la estrategia contra la corrupción?

La versión oficial indica que no investigarán casos de corrupción, pero si verificarán procesos y acompañarán cuando una denuncia sea presentada.

Fátima Najarro

17 de abril de 2024

05:00h

(Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Bernardo Arévalo llegó al Ejecutivo con una narrativa anticorrupción. Un mes después de asumir, modificó una instancia del gobierno anterior para convertirla en la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), y designó como director ejecutivo al abogado Santiago Palomo.

Dicha comisión ha acompañado la presentación de denuncias públicas sobre irregularidades encontradas en las dependencia del Ejecutivo; sin embargo, los alcances que tendrá el ente transversal en los 14 ministerios todavía no está clara.

Por un lado se asegura que es una instancia técnica, pero por el otro la CNC es la que da el visto bueno a qué hallazgos se deben hacer públicos y cuáles se denunciados, así como en qué momento se debe hacer.

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Nadie en el Ejecutivo puede actuar por cuenta propia en torno a una denuncia de corrupción si no lo aprueba la comisión, destacan fuentes cercanas a la Presidencia.

La finalidad oficial de la CNC refiere a que el objetivo es la implementación de políticas en las instituciones para prevenir los actos de corrupción, por medio de mecanismos, estándares de transparencia y un código de ética.

“Existen experiencias internacionales exitosas y que fundamentaron de alguna manera el trabajo de la Comisión. Hay casos cercanos y efectivos, como el Sistema Nacional Anticorrupción, en México, y la Estrategia Nacional Anticorrupción, en Chile”, fue la respuesta oficial de la CNC a través de su equipo de comunicación, puesto que declinó que el comisionado ofreciera una entrevista.

Por parte del Ejecutivo, la CNC la integran el presidente de la República, los ministros de Finanzas y Gobernación, el secretario general de Planificación, la Oficina Nacional de Servicio Civil y la Comisión de Gobierno Abierto y Electrónico.

Los seis consejeros delegados son dos integrantes de la sociedad civil, dos de agrupaciones indígenas y dos del sector privado, todos designados por un año con la posibilidad de ocupar un año más el cargo.

“El gran objetivo en el mediano plazo de la Comisión es diseñar y proponer la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción que permitirá contar con un marco legal e institucional independiente, objetivo y robusto”, aseguró la CNC.

María del Carmen Aceña, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), dijo que las prioridades deberían ser reformar leyes como la de Compras y contrataciones y la del Servicio civil, y velar porque estas se cumplan.
“Tener una comisión contra la corrupción ha sido el error de los gobiernos anteriores”, cuestionó.

Aceña hizo ver que es difícil que una instancia del Ejecutivo señale a otra del mismo organismo, y que será un reto ver cómo avanzan los casos que han presentado ante los roces con el MP.

Expectativa

Entre los consejeros figura la tesorera de los 48 Cantones de Totonicapán, Ana Alicia Alvarado, que considera que el papel en la CNC es uno de los espacios que los pueblos ancestrales han exigido al Gobierno.

Añadió que se concentrará en verificar y asesorar en los temas que sea posible, y aunque como consejero tendrían un voto en la toma de decisiones, no pueden hacerlo por la autonomía de los 48 Cantones.

“Como pueblos indígenas, solo estamos en observación, vigilantes a que se pueda dar un buen manejo a las situaciones”, indicó Alvarado, al agregar que los resultados de la CNC serán a largo plazo, pero podrían comenzar a observarse en los primeros seis meses.

Daniel Haering, representante de la sociedad civil, de la asociación Diálogos, dijo que fueron tomados en cuenta porque en el 2022 formaron parte de una mesa técnica en el Congreso dirigida por Arévalo, en la que se trabajó en la agenda compartida anticorrupción.

La CNC será utilizada como método de consulta por el Ejecutivo. Por ejemplo, antes de presentar una iniciativa de ley esta debería de ser enviada a consulta. Además, los consejeros pueden proponer agendas y abrir las puertas a la ciudadanía para participar.

“Creo que hay una agenda de reforma del sistema de servicio civil sobre cómo se contrata, y que sea por meritocracia.

También hay una sobre beneficiarios finales. El país necesita una ley de beneficiarios finales, la cual obliga a que haya un registro de los nombres de las personas que están detrás de las empresas, de las oenegés, de los fideicomisos, para que sepamos quién es el beneficiario final”, expuso.

Asimismo, puntualizó que no es responsabilidad de los consejeros denunciar casos de corrupción ni investigar, aunque están en la posibilidad de señalar alguna anomalía si fuera de su conocimiento.

“Lo que puede hacer la Comisión es asegurarse de que todas las instituciones tengan mecanismos de detección y de denuncia de corrupción”, concluyó.

Arévalo resalta el rol de la Comisión Nacional contra la Corrupción en la atracción de inversiones

Thu, 14 Mar 2024 15:57:56 +0000

Política

Arévalo resalta el rol de la Comisión Nacional contra la Corrupción en la atracción de inversiones

El mandatario participó en la conferencia “Hacia un Crecimiento con Desarrollo Social Inclusivo” organizada por Fundesa y el Council of Americas.

Fátima Najarro

14 de marzo de 2024

09:57h

El presidente Bernardo Arévalo participó en la conferencia de Council of the Americas en la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Juan Dieg Gonzáles)

La lucha contra la corrupción es uno de los pilares para la atracción de la inversión en el país, tal como lo expresó el presidente Bernardo Arévalo en la conferencia “Hacia un Crecimiento con Desarrollo Social Inclusivo” que se llevó a cabo este jueves 14 de marzo.

El mandatario resaltó el rol de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) como un mecanismo que redireccionará el Ejecutivo. Reconoció también que la corrupción es uno de los mayores retos para atraer inversión.

“Nuestro objetivo central es redirigir el poder Ejecutivo para hacer que pase de ser una maquinaria de extracción y enriquecimiento de una minoría política a convertirse en el principal promotor del mandato constitucional de buscar el bien común”, dijo.

Destacó que este momento es “histórico” para la relación de Guatemala y Estados Unidos tanto en el aspecto político y comercial. El mandatario mencionó en declaraciones a la prensa que desde hace 14 años miembros del Council of the Americas no visitaban el país.

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“Compartimos con el pueblo estadounidense, su Gobierno y su sector empresarial la convicción de que las oportunidades de crecimiento en Guatemala solo se pueden realizar plenamente si trabajamos en la erradicación enérgica de la corrupción”, reiteró en su discurso.

Ahondó que la semana pasada lo visitó una misión de empresas de textiles de las más grandes de Taiwán, quienes tienen interés en negociar e invertir con empresas guatemaltecas.

“Lo importante es entender que ese proceso va a generar mayores oportunidades de empleo porque va a permitir la oportunidad de que inversionistas del extranjero se pongan de acuerdo con empresarios locales en establecer nuevas empresas”, refirió Arévalo a la prensa.

Metas por cartera

La ministra de economía, Gabriela García-Quinn se enfocó en la estrategia nacional de atracción de inversión directa que se trabaja desde el gobierno.

“Estamos creando las bases para una economía pujante con oportunidades de negocios con equidad y sin privilegios”, señaló.

Por su parte, el ministro de finanzas, Jonathan Menkos, mencionó como parte de las prioridades para atraer inversión, es la construcción del metro. Como parte de los avances mencionó que este jueves (14 de marzo) se cerró uno de los acuerdos con una entidad bancaria.

Además de incrementar las inversiones en el agua y saneamiento que es otro de los proyectos ya en agenda.

“También la cobertura universal de la electricidad. Uno de cada diez hogares carece de acceso a la energía. No puede haber un desarrollo, no podemos hablar de mayores y mejores inversiones sin e electricidad en el territorio”, añadió el titular de Finanzas.

En la conferencia participó el alcalde capitalino, Ricardo Quiñonez, quien aseguró que la capital de Guatemala es uno de los motores del país, en el que se reporta el 70 por ciento del Producto Interno Bruto.

“Nos obliga a la Municipalidad a pensar más allá del territorio que ocupamos porque necesitamos implementar soluciones a largo plazo para los desafíos complejos como la migración, la concentración excesiva del tráfico y transporte”, describió.

Reconoce que tales factores no se pueden atacar aisladamente sino se requiere de cooperaciones entre institucione y la cooperación internacional.

Informe: Ven nuevas oportunidades para combatir la corrupción y un crecimiento en Guatemala

Tue, 12 Mar 2024 17:39:37 +0000

Política

Informe: Ven nuevas oportunidades para combatir la corrupción y un crecimiento en Guatemala

Integrantes de Freedom House analizan las puntuaciones obtenidas en medición sobre libertad y exploran las oportunidades que tiene Guatemala para mejorar en los derechos políticos y civiles.

Fátima Najarro

12 de marzo de 2024

11:39h

Guatemala bajó cinco puntos en el rankin, respecto al año pasado. (Foto Prensa Libre: Fundación Libertad y Desarrollo, Rodrigo Mussapp)

Este año Guatemala es la sede donde se presentó el informe de Freedom in the World -Libertad en el Mundo- en el que se califica a 195 países y 15 territorios. Luego de la presentación hubo un panel sobre la situación que enfrenta la región.

Los cuatro panelistas conincidieron en que Guatemala se encontraba “detrás de las dictaduras puras” de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Además, afirmaron que fue “de importancia para la libertad y democracia” que el presidente Bernardo Arévalo asumiera el poder del Ejecutivo.

En el informe, Guatemala fue clasificada como “parcialmente libre”, que es el 42 por ciento de los países evaluados. Freedom House, organización que realiza el informe, resalta que se hace en favor de la libertad.

Guatemala tuvo una calificación completa solo en la libertad de culto, y casi completa en el sistema educativo sin sesgo político y adoctrinamento, así como en libertad de cambiar lugar de residencia, empleo y educación.

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Por otro lado, las puntuaciones más bajas fueron en transparencia gubernamental, independencia judicial, libertad de expresión e igualdad en la aplicación de leyes y políticas dentro de distintos sectores.

Los participantes fueron Mike Abramowitz, presidente de Freedom House; Nicole Bibbins, vicepresidente de la organización; Michael Chertoff, miembro de la junta directiva, y Jorge Tuto, expresidente de Bolivia. La conversación fue dirigida por Dionisio Gutierrez, presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo.

Abramowirtiz señala que han habido avances desde que se empezó a realizar el informe, sin embargo, aún hay retrocesos y extremos afectados.

“Todavía estamos por delante de donde estábamos al final de la Guerra Fría y por delante de donde estábamos al final de la Segunda Guerra Mundial”, expresó respecto a las puntuaciones y a las libertades civiles.

En tanto, Cherttof se refirió a a corrupción y consideró que el crimen organizado ha propiciado la corrupción del gobierno porque “le beneficia”, pero este es un problema a nivel mundial.

“Básicamente se trata de secuestrar el sistema gubernamental para el enriquecimiento personal, y ese es un problema grave en muchas partes del mundo. Lo fundamental es asegurarnos de que comprendamos que la corrupción también va de la mano del crimer organizado”, opinó.

Bibbins, por su parte, reconoce que hay retos importantes, pero invita a hacer cambios. Observa que hay positivismo, “unificación y actitud” de trabajar en conjunto para contolar la corrupción y trabajar en favor de la democracia.

“Creo que lo importante en Guatemala en este momento es que a través del coraje de la gente que salió a las calles, a través de la integridad del sistema y a través del carácter del actual presidente, existe la oportunidad de mirar hacia adelante”, describió.

Asimismo, Tuto ve una posibilidad para Guetamala la aceptación internacional del presidente Arévalo, además de que ha expresado el apoyo a Ucrania y se han realizado acercamientos con diversas regiones internacionales, lo cual podría reflejarse en cooperación.

“Si se le apoya -al presidente Arévalo- yo les garantizo que desde el senador Marco Rubio hasta la congresista Norma Torres y hasta la Ocasio Cortés pueden conseguir apoyo para tener cooperación, comercio, inversión, apoyo en seguridad y transformar Guatemala para siempre”, aseguró el expresidente.

El informe se realiza desde hace 18 años y en los últimos 10 Guatemala es de los países que más ha disminuido en la puntuación, restando 10 puntos, aunque países como Nicaragua y Libia han disminuido más de 30 puntos.

En Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua bajaron puntos en el ránquin. A nivel mundial, el 22 por ciento de la población empeoró su situación y solo el 7 por ciento la mejoró.

Son cuatro aspectos los que resaltan que fueron determinantes en el 2023 para la libertad. El primero es el crimen organizado amenazando las instituciones democráticas, seguridad y libertad, donde los países que resaltan por sus situaciones son Ecuador, México, Haití y Birmania.

También la libertad de practicar la religión, donde los países más afectados fueron Afganistán por los grupo talibanes, Estados Unidos y otros países con campañas antisemtas y represiones contra palestinos. El tercero fueron los derechos de los grupos LGBT+, que fueron más restringidos en Ghana, Turquía y Rusia.

Por último, se identifica las deportaciones arbitrarias y violencia de los migrantes, sobre todo los casos de Líbano, Pakistán, Túnez y Chipre.

Documental busca combatir corrupción en inversiones de infraestructura en Guatemala

Fri, 16 Feb 2024 22:05:28 +0000

vIDA eMPRESARIAL

Documental busca combatir corrupción en inversiones de infraestructura en Guatemala

La Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) presentó el documental “Relaciones peligrosas: infraestructura, la corrupción como costumbre”, como parte de un plan de acción que busca contribuir a una reforma institucional y legal que integre la transparencia, certeza jurídica y la eliminación de conflictos de interés en la toma de decisiones y la gestión de la obra pública en Guatemala.

Vida Empresarial

16 de febrero de 2024

16:05h

Según un comunicado emitido por la CGC el documental arroja luz sobre los desafíos y las prácticas corruptas en la contratación, ejecución y supervisión de obras públicas en el país y evidencia el compromiso de los asociados de la CGC de apoyar todos los esfuerzos destinados a transparentar los procesos relacionados con la obra pública en Guatemala.

“La exposición de la cooptación del sistema es un paso crucial para impulsar cambios significativos y mejorar la planificación, contratación y ejecución de proyectos”, expone el comunicado.

En el marco de la proyección, se efectuó un panel de discusión con la participación de la Ministra de Comunicaciones, Jasmín de la Vega; el excontratista de obra pública, Eduardo Cabarrús; y el consultor independiente para obra civil, Juan Pablo Ligorría. (Foto Prensa Libre: Cortesía CIV)

El director ejecutivo de Cámara Guatemalteca de la Construcción, José Fernando Orellana Wer, explicó que uno de los principales problemas identificados es la falta de planificación basada en criterios técnicos, en la que prevalecen intereses y compromisos políticos. “La Cámara considera que cualquier medida de política pública en este ámbito esté orientada en una planificación basada en criterios técnicos para evitar conflictos de interés y garantizar beneficios tangibles para los usuarios”, expresó.

El directivo agregó que Cámara Guatemalteca de la Construcción destaca la importancia de que cualquier política de infraestructura forme parte integral de la estrategia de desarrollo económico nacional. Enfatizó la necesidad de establecer un sistema competitivo de empresas constructoras, y promover la transparencia, la cultura de legalidad y la certeza jurídica para atraer contratistas de calidad.

Asimismo, Orellana Wer resaltó que la sobrevaloración y la baja calidad de obra son problemas persistentes que requieren soluciones inmediatas. “Nuestra Cámara aboga por la obtención de información de mercado precisa y la vinculación de la inversión en compras y contrataciones a datos de calidad, materiales y precios. La proyección de este documental es parte de un plan de acción, que incluirá actividades y proyectos adicionales en los próximos meses, para contribuir a una reforma institucional y legal que integre la transparencia, certeza jurídica y la eliminación de conflictos de interés en la toma de decisiones y la gestión de la obra pública. Juntos, trabajemos hacia un futuro donde la infraestructura sea un motor de desarrollo y progreso para Guatemala”, concluyó.

El documental fue producido por Naranja Media.

Informe coloca a Guatemala entre los países con menos capacidad para combatir la corrupción

Tue, 27 Jun 2023 14:32:59 +0000

En la región, Guatemala se mantiene entre las posiciones más bajas del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC). En la medición del 2023 que realizan las organizaciones del Consejo de las Américas el país se encuentra en el puesto 13 de 15 evaluados, es la mismo que ocupa desde el 2021.

La puntuación que recibe es de 2.86 puntos de un total de 10, lo que marca un descenso paulatino desde que comenzó a publicarse este índice en 2020, cuando aparecía con un puntaje de 4.04.

En el ranking las primeras posiciones las ocupan Uruguay con una calificación de 6.99, seguido de Costa Rica (6.76) y de Chile (6.67), estos, según el análisis, “tienen más probabilidades de que los actores corruptos sean enjuiciados y sancionados”.

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Son 14 variables las que se miden en el CCC distribuidas en tres grandes temas: Capacidad legal, Democracia e Instituciones Políticas, además de Sociedad Civil y Medios de Comunicación. En general las puntuaciones cayeron en 10 de los países estudiados, Guatemala se encuentra en ese grupo.

De acuerdo con Valeria Vásquez, de Control Risks que publica el informe, la calificación que obtiene Guatemala adquiere mayor relevancia en el contexto del presente proceso electoral.

“Es indicativo de que el país llega a las elecciones en un estado bastante frágil, tanto de democracia como de falta de transparencia. Esta caída también toma más relevancia dado que desde el comienzo de la campaña electoral ha habido varias irregularidades que provocan más desconfianza en el sistema electoral y político del país”, agregó.

El caso guatemalteco

El informe refiere que hay un retroceso en variables claves que influyen en el deterioro democrático de Guatemala en los últimos años, como la relacionada con los procesos legislativos y de toma de decisiones, que descendió 56%, la eficacia e independencia de los organismos anticorrupción tiene un 38% menos y la independencia del Ministerio Público disminuyó 50%.

Vásquez menciona que efectivamente la persecución a jueces y fiscales independientes y a periodistas es un síntoma del menoscabo del país en la capacidad de combatir la corrupción, y el riesgo de que se intensifique es alto.

“Hoy en día no existe voluntad política para combatir la corrupción. Este deterioro se puede intensificar a un más. En Guatemala, el blindaje a las voces críticas ha provocado que varios jueces, fiscales y periodistas independientes huyan del país”, mencionó, y pese a que el país no ha llegado a un estado como el de Nicaragua, en donde no hay ningún tipo de libertades, incluida la libertad de expresión, sí se encamina a una situación similar, como agregó.

Hay dos variables en las que el país mejoró, la relacionada a los avances en la movilización de la sociedad civil contra la corrupción, que tiene 8% más, y la de las comunicaciones digitales y las redes sociales, que aumentó un 5%.

En este punto el análisis hace hincapié en la exigencia de los ciudadanos por la rendición de cuentas, con las manifestaciones que se dieron entre agosto y septiembre pasado por la corrupción percibida y la falta de independencia judicial.

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“La población está demandando más responsabilidad por parte de las autoridades. Sin embargo, el factor de la represión y persecución contra voces críticas probablemente este generando cierto temor a salir a las calles. En este contexto, es poco probable que al menos en el próximo año suceda lo que pasó con Baldetti y Pérez Molina (manifestaciones), sobre todo porque en el primer año del siguiente gobierno todavía – al menos en discurso – habrá cierta intención de mejorar la situación”, indica Vásquez.

Nada alentador

La falta de capacidad de Guatemala para perseguir la corrupción viene de tiempo atrás. “No nació con el gobierno de Giammattei, pero si se intensificó. El problema es de raíz y es bastante difícil que una nueva administración logre mejoras sustanciales en el marco institucional. Probablemente el camino debería iniciar en eliminar a ciertas personas de cargos públicos, sobre todo en la Fiscalía”, dice.

Para remediar este escenario se necesita voluntad política por parte de las autoridades, incluido el Ejecutivo, como dijo Vásquez.

“Desde que se publicó la primera edición del Índice, hemos visto como oficiales de alto rango e instituciones claves en el combate contra la corrupción e impunidad han menoscabado la integridad y transparencia del sistema judicial. Sin una voluntad política para mejorar esta situación será poco probable una mejora, e incluso podríamos presenciar un deterioro o estagnación en la próxima edición”, sentenció.

El puntaje más bajo que se observa para Guatemala en las 14 variables medidas es el asignado al independencia y eficacia de los organismos anticorrupción que aparece con 0.83, la independencia y recursos de la Fiscalía General y de los agentes de investigación 0.83, y procesos legislativos y de gobierno 0.53.

En la región

El informe menciona que las puntuaciones cayeron a nivel general, por lo que la corrupción es un reto en toda América Latina, pues el 70% de los participantes en este índice señalaron que está entre las principales preocupaciones de los habitantes de los países, junto a la delincuencia violenta, la pausada recuperación económica como daño colateral de la pandemia del covid-19 y el retroceso de la democracia. Mientras que el “entorno anticorrupción” se observa menos activo y movilizado que en años anteriores, es un retroceso que no se da de golpe, sino que desarrolla con el tiempo.

Este índice se basa en datos públicos y privados y en una encuesta hecha entre expertos en anticorrupción de Control Risks, del ámbito académico, sociedad civil, medios de comunicación y del sector privado. La primera edición se hizo en el 2020 y se incluyó a 15 países que en conjunto representan el 96% del PIB de América Latina.

Continuidad de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción está en duda a partir de 2024

Tue, 06 Jun 2023 11:00:59 +0000

Los candidatos que lideran la intención de voto en la encuesta de Prensa Libre proponen cerrar la Comisión Presidencial Contra la Corrupción (CPCC) al afirmar que sus resultados son deficientes y en su lugar proponen una instancia independiente del Gobierno.

El 3 de septiembre de 2019, el entonces presidente Jimmy Morales decidió ya no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Alejandro Giammattei, que recién había sido electo mandatario, prometió que en su lugar crearía un ente contra la corrupción que sería dirigido desde el Ejecutivo, fue así como creó la CPCC, un ente cuya función es detectar anomalías dentro de los ministerios y secretarías del Gobierno.

Esa dependencia le ha valido críticas por falta de confianza de parte de distintos sectores sociales, quienes afirman que no es autónoma y carece de imparcialidad.

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Pacto político

“Esto no funciona, mejor borrón y cuenta nueva. Ninguna comisión que no sea autónoma va a funcionar, tiene que ser una auditoría social, integrada por la sociedad civil”, afirma Sandra Torres, candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Torres, quien por tercera ocasión consecutiva busca la Presidencia, dice que “promovería un pacto político integrado por sectores de la sociedad para que funcionen como auditores sociales”.

“Yo diría algo local, pero encabezado por gente proba, que sean liderazgos nacionales representados por todos los sectores: iglesias, sindicatos, maestros, universidades, tanques de pensamiento, que se involucren para que exista esa transparencia que necesitamos”, acotó.

La CPCC se estableció con la promesa de crear mecanismos de detección de actos de corrupción y recomendar leyes y reglamentos para otras instituciones del Gobierno, funciones que, según los presidenciables, no se cumplen, por lo cual, prometen concretar otras instancias más independientes.

“Primero vamos a desmantelar la Comisión Presidencial contra la Corrupción, que no sirve para nada. Vamos a crear otras instancias de vigilancia y de control, pero independientes, con la sociedad civil, con medios de comunicación. Nadie vinculado al Gobierno. Si no, no funciona”, afirma Edmond Mulet, candidato presidencial del partido Cabal.

Mulet, afirma que cualquier acción de combate a la corrupción impulse alcanzaría a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyos magistrados llevan más de tres años sin ser relevados.

Evaluación

Por parte del partido Valor, cuya candidata presidencial es Zury Ríos, se informó que “la Comisión tiene vigencia hasta el 21 de enero de 2028, por lo que evaluarán el desempeño de esta instancia.

“Evaluaremos el funcionamiento e impacto de la lucha contra la corrupción realizada por dicha comisión en el Organismo Ejecutivo, posterior a ello tomaremos la decisión de continuar, reformar o dejar sin efecto dicha comisión”, respondió a una consulta de Prensa Libre.

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Debe continuar

A pesar de las críticas, otros candidatos opinan que esta comisión debe continuar y fortalecerse.

“Estas Instituciones hay que mantenerlas, algunas requieren reingeniería. La Comisión Presidencial Contra la Corrupción debe funcionar, deberíamos de tener a la mejor gente, la debemos equipar, debemos darle personal técnico, y debe ser una oficina muy visible para que cumpla su función”, dice Manuel Conde, presidenciable del partido Vamos, quien afirmar que el caso de corrupción revelado por compras anómalas en el hospital de Chimaltenango fue producto del trabajo de esa comisión.

“Se dijo muy poco que la denuncia la hizo esta comisión y que fueron investigados todos los involucrados en estas compras, esos son los hechos que debemos fortalecer”, argumentó.

Gasto innecesario

El abril último, mediante el acuerdo gubernativo 72-2023, Giammattei amplió la vigencia de la referida Comisión por cuatro años más, por lo que concluiría su funcionamiento en enero de 2028.

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No obstante, el candidato del partido Victoria, Amílcar Rivera, sostiene que no invertiría más recursos del Estado en una comisión que, según él, “no es independiente”, por lo tanto sería “eliminada” desde el momento en que asuma la Presidencia.

“Debemos tener independencia real de poderes, que la Contraloría se fortalezca, pero realmente que tenga independencia y que no tenga dependencia ni del Ejecutivo ni del Legislativo y, por supuesto, también las Cortes y el Ministerio Público”, señaló.

Eliminar acuerdo

Para Walter Menchú, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), el próximo mandatario “legalmente” tendría que derogar el acuerdo gubernativo para dejar sin vigencia dicha Comisión Presidencial, de lo contrario, tiene que mantenerla en operación.

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La CPCC es presidida por Óscar Dávila, quien fungió como jefe de la fiscalía antinarcóticos del MP y como viceministro Antinarcótico en el Ministerio de Gobernación.

En 2022 la CPCC recibió 205 alertas de corrupción de diferentes dependencias del Gobierno, de estas fueron admitidas 156, de las cuales 37 fueron por presuntas irregularidades en el Ministerio de Educación y 22 de Salud.

Entre las denuncias penales que ha presentado la CPCC figura la malversación de Q4.4 millones en el Ministerio de Salud, aunque se desconocen los resultados de esa investigación.

Desde el 2020 que fue creada, hasta el 5 de mayo último, la Comisión ha gastado Q29 millones 195 mil, 425 por funcionamiento, según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). El presupuesto anual que se le asigna es de Q11 millones.

Propuesta oficial no detendrá la migración, dicen expertos

Tue, 14 Dec 2021 11:00:54 +0000

Horas después del trágico accidente en Chiapas que cobró la vida de medio centenar de guatemaltecos, el canciller Pedro Brolo anunciaba la creación de un Grupo de Acción Inmediata, con la ayuda del Gobierno mexicano y otros de Centroamérica.

La respuesta oficial también incluye una solicitud a Estados Unidos para que reconozca el delito de tráfico de migrantes y se apliquen penas más severas para los coyotes.

“El trágico accidente suscitado en Chiapas es un llamado a que los países endurezcan las penas, especialmente la iniciativa que presenté en Washington, para que Estados Unidos establezca el tráfico de personas como un delito federal que se incluya en el tratado de extradición”, expresó el presidente Alejandro Giammattei la semana pasada.

Sin embargo, esta reacción del Gobierno para contener el problema no es una iniciativa novedosa y en otras ocasiones, siempre después de alguna crisis migratoria, la respuesta gubernamental ha sido la misma: crear más entidades que no responden a las causas estructurales de la migración.

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En el 2019, durante el mandato de Jimmy Morales, se firmó un convenio con EE. UU. que permitía que agentes federales ayudaran a mejorar la seguridad de los pasos fronterizos.

Pero aquella iniciativa, aunque estuvo acompañada de publicidad y grandes expectativas, no logró persuadir a la población de migrar al país del norte, y tampoco que los coyotes dejaran de ofrecer la travesía por rutas cada vez más peligrosas.

En junio pasado EE. UU., a través de su fiscal general, Merrick Garland, anunció la creación de fuerzas de tarea contra los traficantes de personas en México y Centroamérica.

Ahora, analistas consultados consideran que anunciar el combate de los coyotes es una acción superficial que no ofrece una respuesta integral al complejo fenómeno migratorio.

En cambio, se siguen generando las condiciones de pobreza e inseguridad que hacen que las personas busquen una oportunidad de vida en otro país y EE. UU. es la opción más rentable, aunque llegar allí, en muchas ocasiones, les cueste la vida.

La moneda de cambio

La reciente tragedia en Chiapas, México, además de poner sobre la mesa las repercusiones de la migración irregular, generó una oportunidad de negociación política para Guatemala, a criterio de Úrsula Roldán, analista de la Universidad Rafael Landívar (URL).

La académica estima que el mayor depredador de las oportunidades de desarrollo en Guatemala es la corrupción, un aspecto que nunca es abordado en los discursos políticos cuando se habla de reducir la migración irregular.

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“El problema es más complejo de lo que realmente se está diciendo que se va a combatir. Lo que puede resolver esta situación es ponerle mucha más atención a las causas estructurales, como la corrupción, la impunidad, e invertir en los territorios donde están huyendo las personas, y por supuesto una regularización entre la región y EE. UU., porque es una migración que le aporta a ese país”, puntualizó.

Por los intereses que Estados Unidos tiene sobre el problema migrante, las condiciones generan ventajas a políticos corruptos de Guatemala, opina Roldan, porque pueden negociar impunidad a cambio de acceder a cualquier estrategia o sugerencia estadounidense.

“Todos sabemos que desde el gobierno anterior la agenda migratoria es una moneda de cambio para que EE. UU. cierre los ojos ante toda la estructura de corrupción que hay en los últimos mandatos. No solo no realizan las políticas de investigación, porque una cosa son las estructuras de trata, otra la corrupción dentro de las estructuras del Estado, y otra lo que los migrantes hacen como estrategias para pasar invisibilidades”, agregó.

Priorizar Derechos Humanos

La estrategia para combatir la migración que anunció el canciller Pedro Brolo, aparte de sus cortos alcances, puede tener efectos contraproducentes para los migrantes, destaca José Luis González, sacerdote de la Red Jesuita con Migrantes.

“No solo es que no va a afectar, sí va a afectar, pero de forma negativa. Por ejemplo, la violencia, una de las principales razones por las que huye la población de Centroamérica, depende de una corrupción de autoridades y fuerzas de seguridad que están implicadas con el crimen organizado. Si una vez más se quieren crear cuerpos de seguridad, solo van a fortalecer a estructuras que están ligadas al crimen organizado”, manifestó el religioso.

El Estado tiene que cambiar de estrategia si quiere evitar la migración irregular, porque “todo este tema es de enfocarlo desde el prisma de los derechos humanos y no del delito; la mayoría de los migrantes no comete delitos por atravesar un país sin papeles, eso no es un delito a nivel de derecho internacional, es un problema administrativo”, añadió.

En lo anterior coincide Eduardo Woltke, defensor del Migrante de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), por lo que propone “una acción paralela al combate a la red de tráfico de personas que debe ser sostenible durante un largo período, que ayude a lograr un desarrollo social en cada una de las comunidades, sobre todo en aquellas donde hay mayor número de personas desplazadas, porque es algo que obedece a la situación de país”.

Asimismo, hace ver que migrar no es barato, y contrario a lo que muchos piensan, poner un negocio con los Q75 mil o Q120 mil que cobran los coyotes no es opción, porque muchos viven en áreas con un alto índice de delincuencia y eso los pondría en la mira de los grupos criminales que exigen extorsión.

“La gente adquiere un compromiso y una deuda con el crimen que debe pagar como sea. Son muy pocos los que tienen esos recursos disponibles de entrada, y cuando los tienen es porque renuncian a sus propiedades, juntan dinero entre toda la familia o adquieren préstamos”, finalizó.

Podcast: ¿Cómo mejorar la percepción de corrupción en el país?

Thu, 28 Jan 2021 12:00:46 +0000

Lista Engel busca poner más atención a corrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras

Wed, 23 Dec 2020 11:30:10 +0000

El Congreso de EE. UU. aprobó el pasado lunes 21 de diciembre la Ley de Compromiso Mejorada del Triángulo Norte de los Estados Unidos (HR 2615) enfocada en el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras, denominados como Triángulo Norte.

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La iniciativa forma parte del paquete de leyes que integran las asignaciones generales y paquete de ayuda por el Covid-19 del presupuesto 2021 de ese país y será Ley en los próximos días, una vez sea aprobado por el presidente Donald Trump.

La normativa fue presentada por Eliot Engel, Presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, quien ayer emitió un comunicado donde resalta que el proyecto de ley “requiere que el presidente electo Biden publique una lista de personas de estos países -Guatemala, El Salvador y Honduras– que están involucrados en corrupción significativa y el socavamiento de las instituciones democráticas y se asegure de que se les niegue la entrada a los Estados Unidos”.

Agregó: “Mi legislación -promovida como la Lista Engel- apoyará a la administración entrante de Biden-Harris mientras redobla los esfuerzos para apoyar una Centroamérica más segura, democrática y próspera. En particular, será imposible lograr un progreso sostenido en El Salvador, Guatemala y Honduras sin el compromiso de los líderes regionales para combatir la corrupción y el retroceso democrático”.

Un asesor del senado de EE. UU., contactado por Prensa Libre para ampliar información sobre lo aprobado, afirmó que esta nueva iniciativa es parecida a la ley Magnitsky -creada para imponer sanciones a ciudadanos de todo el mundo que hayan cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus propios países-, pero tiene la gran diferencia en que le da a las autoridades del gobierno de EE.UU. una herramienta específica para enfocarse en los países del Triangulo Norte.

El asesor agregó que al llegar el listado el Congreso de EE. UU. los nombres se harán públicos, aunque aclaró que podría tener “alguna parte clasificada”. En la lista, dijo, podrían ser incluidos funcionarios de cualquier poder de los países del Triángulo Norte o cualquier persona individual, pero en esto tendrá un rol fundamental la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y la Embajada de Estados Unidos en Guatemala.

La fuente resaltó que además de la lista de corruptos, el proyecto tiene otra parte fundamental, enfocada en presentar una estrategia de cinco años para la región que priorice cuatro ejes principales: promover la prosperidad económica, combatir la corrupción, potenciar la gobernanza democrática y mejorar las condiciones de seguridad.

Las claves del proyecto

La estrategia que se debe plantear con esta iniciativa, debe considerar, entre otras cosas:

Abordar las causas subyacentes de la pobreza y la desigualdad.
Mejorar el acceso a la sanidad y a los recursos de salud.
Fortalecer la preparación comunitaria frente a desastres naturales.
Fortalecer la capacidad de los sistemas nacionales de justicia y las fiscalías para identificar y perseguir el lavado de dinero y otros crímenes financieros.
Implementar procesos transparentes y basados en el mérito para la selección de fiscales y jueces.
Apoyar los esfuerzos anticorrupción a través de asistencia bilateral.
Brindar apoyo suplementario a través de mecanismos anticorrupción multilaterales cuando sea necesario.
En términos de fomentar la gobernanza: buscar el robustecimiento de las instituciones gubernamentales.
El fortalecimiento de las leyes de acceso a la información.
Asegurarse de que las amenazas y los ataques contra periodistas, líderes obreros y defensores de derechos humanos sean investigados y sus perpetradores sean llevados a la justicia.
Aumentar la profesionalización de los cuerpos de seguridad y mejorar su capacidad, así como las de las fiscalías.
Ayudar en los esfuerzos en el combate al narcotráfico, el tráfico de personas y el reclutamiento de niños por parte de las pandillas.

Lea completa la ley aprobada por el Senado de EE. UU. (página de referencia 5111).