El gobierno de Daniel Ortega le otorgó la nacionalidad al prófugo guatemalteco Gustavo Adolfo Herrera Castillo, implicado en el caso Fénix, según publican medios nicaragüenses.

El edicto fue publicado en el diario oficial La Gaceta, de Nicaragua, país que le había dado asilo a Herrera, de 67 años.

“Herrera es acusado por una estafa millonaria al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), además de estafa propia, apropiación y retención indebida y se le dio asilo político en Nicaragua desde el 2018″, recuerda el diario1.com.

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Cuando ingresó a Nicaragua, Herrera argumentó que era víctima de una persecución política, según expuso, orquestada por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

La Gaceta publica que Herrera es residente de Managua, es casado y su profesión u oficio es comerciante.

La resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua que dio vida al asilo político a favor de Herrera fue firmado el 14 de agosto de 2018 por el canciller Denis Moncada Colindres.

La noticia trasciende un día después de que Guatemala se abstuvo de votar por la liberación de candidatos presidenciales que han sido detenidos en Nicaragua.

El Negociador

Herrera fue sindicado de haber sido el propietario de dos financieras offshore -fuera de plaza- Helensburg Inc. y Escabel Management Group Ltd empleadas para la estafa de Q350 millones al IGSS entre diciembre de 2002 y abril de 2003, dentro de un proyecto para la construcción de vivienda para jubilados de la institución, para lo cual se constituyó el Fideicomiso de Protección y Desarrollo Social

Las financieras vendieron terrenos sobrevalorados al IGSS por Q232.7 millones, cuando Herrera las había comprado por Q220 mil, según la investigación. Hasta julio de 2013, de los Q350 millones aportados por el IGSS en el fideicomiso, solo se habían recuperado Q228.5 millones.

El MP pidió el 5 de agosto de 2008 el retiro de la orden de captura contra Herrera luego de llegar a un acuerdo para la devolución de US$7 millones.

Fuga de película

El 3 de junio de 2006, la Policía Nacional Civil (PNC) intentó capturarlo en un edificio de la zona 14, donde vivía. Sin embargo, él logró escapar. Durante un cateo se encontró un pasadizo secreto, por el cual se fugó.

Esa vez le decomisaron una póliza de seguro por US$1 millón de un banco de Nueva Orléans, Estados Unidos, a favor sus hijos; una computadora y una libreta de ahorros con US$15 mil.

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¿Quién es?

Herrera es originario de Cobán, Alta Verapaz. Es empresario relacionado con inmobiliarias y negocios de agroquímicos. Contrajo matrimonio con María Elena Acevedo, de quien se divorció en 2002.

El 27 de abril de 2004, Otto Pérez, entonces comisionado presidencial en la gestión de Óscar Berger, declaró acerca de supuestos nexos de Herrera con el narcotráfico.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazaron, sin entrar a conocer, la solicitud de retiro del derecho de antejuicio contra el juez Undécimo Penal, José Eduardo Cojulún, quien según el Ministerio Público (MP) habría procurado impunidad en el caso Fénix.

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La petición de retiro de inmunidad contra Cojulún había sido presentada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), del MP), el 11 de mayo pasado, por los delitos de obstrucción de la justicia y prevaricato.

Según se informó este jueves 10 de junio, las magistradas Delia Dávila y María Eugenia Morales votaron en contra de no dar trámite al requerimiento de la Feci.

La solicitud del MP

El 11 de mayo pasado, el MP dio a conocer en un comunicado los motivos por los que solicitaba el retiro del derecho de antejuicio al juez Cojulún, a quien busca investigar por obstrucción de justicia y prevaricato, por su participación como juez en el caso Fénix, en el que habría procurado “preservar la impunidad de sindicados implicados por presunto lavado de dinero”.

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La acusación detalla que el juez favoreció a Gustavo Adolfo Herrera Castillo, uno de los implicados en el caso, que fue anulado por la Sala Segunda de Mayor Riesgo el 27 de enero último.

El MP buscaba esclarecer el lavado de Q350 millones desfalcados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para un proyecto de vivienda popular.

En el caso había 52 personas implicadas, incluidas el antiguo operador de cortes asilado en Nicaragua y que habría sido, según el MP, el cerebro detrás del desfalco, ocurrido en 2003.

La investigación de la fiscalía indica que el 12 de diciembre del 2007 el juez Cojulún dictó una resolución “contraria a la ley”, a sabiendas de las actuaciones procesales, al ordenar sobreseimiento del proceso a pesar de tener conocimiento de “suficientes elementos de investigación que ameritaba continuar con la investigación”.

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Según el documento que el MP compartió el día que pidió el retiro de inmunidad, Cojulún tenía pleno conocimiento que existían suficientes elementos de investigación que ameritaba necesariamente continuar con la investigación en contra de todos los sindicados, especialmente, de Gustavo Adolfo Herrera Castillo, quien lideraba la estructura investigada.

Agrega que pese a que la facultad de solicitar el sobreseimiento, corresponde al Ministerio Público, el juez señaló la audiencia convocando a todas las partes, misma que se llevó a cabo el 12 de diciembre de 2007, en la que se declaró con lugar el sobreseimiento a favor de todos los sindicados – sin que ninguno de ellos estuviera ligado a proceso penal-, entre ellos, Herrera Castillo, “conculcando el juez de esta manera la garantía procesal del debido proceso y el ejercicio de la acción penal, regulados en los artículos 12 y 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, variando sustancialmente las formas del proceso, por lo que la indebida aplicación de los preceptos procesales repercutio en que el juez decretara con lugar el sobreseimiento solicitado por la defensa”, señala el comunicado.

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Revocó orden de captura sin utilizar el procedimiento de ley

El comunicado añadía que el 1 de agosto de 2008, el juez Cojulún, a petición de la sociedad mercantil Escabel Management Group Ltd., señaló audiencia, la que denominó “restitución de dinero a favor del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Al finalizar la discusión respectiva, el abogado quien representó a Gustavo Adolfo Herrera Castillo, requirió la revisión de supuestas medidas de coerción.

El documento añade que “la hipotética medida de coerción por revisar” era la orden detención que había girado el juez décimo de Primera Instancia Penal, en fecha 2 de junio de 2003.

“El juzgador, sabiendo que la orden de aprehensión, no constituye una medida de coerción (que son impuestas después de escuchar la primera declaración de una persona), sino constituyen un mecanismo de llamamiento de una persona a proceso penal, no podía ser revisada de esa manera”, cita el texto del comunicado.

El 4 de agosto de 2008 finalizó dicha audiencia que había comenzado 3 días antes y el juez Cojulún Sánchez, dejó sin efecto la orden de aprehensión contra Herrera Castillo, a pesar de que existía oposición de la Procuraduría General de la Nación, que argumentó una violación al debido proceso y también se refirió a la responsabilidad Herrera Castillo en los hechos investigados.

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En la audiencia no hubo oposición del MP, que estaba representado por Ranulfo Rafael Rojas Cetina, actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y contra quien se encuentra en trámite una solicitud para levantamiento de inmunidad.

“La orden de aprehensión fue revocada por el juez Cojulún, con base en razonamientos ilegales, no solo en cuanto a los efectos de la orden de aprehensión, sino en cuanto a la utilización de mecanismos no previstos en la ley, aunado a que para la fecha en que ilegalmente fue emitida la resolución, Herrera Castillo, tenía más de cinco años de estar prófugo, nunca se presentó a la judicatura a solventar su situación jurídica y de acuerdo a las constancias procesales la situación no había variado, existía suficiente información que involucraba a Herrera Castillo en los hechos investigados, lo que hacía necesario que éste se presentara ante el juez a solventar u situación jurídica”, cita el comunicado.

Además, que el sobreseimiento del proceso, sin que estuviera ligado a proceso penal Gustavo Adolfo Herrera Castillo, y sin que mediara acto conclusivo formulado por el MP.

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“No siendo suficiente, la ilegalidad advertida en el parágrafo anterior, el 12 de marzo de 2009, el entonces juez Cojulún, a sabiendas de las actuaciones procesales, dictó una resolución contraria a la ley, al ordenar, a petición de la defensa, sobreseimiento del proceso”, añade.

De las constancias procesales deriva que, existían suficientes elementos de investigación que ameritaba continuar con la investigación en contra de todos los sindicados, especialmente, de Gustavo Adolfo Herrera Castillo, quien lideraba la estructura investigada.

Según el MP, pese a que la facultad de solicitar el sobreseimiento, corresponde al Ministerio Público cuando finaliza su investigación luego de que la persona ha sido procesada, en el caso Fénix no existía orden de aprehensión -previamente la había revocado el juez-, la persona no estaba ligada a proceso penal, no había fundamento para plantear acto conclusivo, que por ende el MP no solicitó el cierre irrevocable de la persecución penal.

Añade que a petición de la defensa, el juez Cojulún dio audiencia por escrito a la partes para pronunciarse y mediante lo que el MP considera una resolución ilegal, el 12 de marzo de 2009, el juez sobreseyó el proceso a favor de Gustavo Adolfo Herrera Castillo.

De acuerdo con el MP, esta decisión de sobreseer el caso varió totalmente las formas del proceso, contravino prohibiciones expresas contenidas en la Ley Procesal Penal en los siguientes aspectos.

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La solicitud de sobreseimiento no fue presentada por el Ministerio Público, de acuerdo con lo establecido en los artículos 325 y 332 del Código Procesal Penal.

Nunca fue programada ni celebrada audiencia intermedia, por razón de acto conclusivo relacionado con algún sindicado, siendo esta la única forma permitida en el Código Procesal Penal, para que la defensa pudiera realizar la petición de sobreseimiento y para que el juez pueda decidir sobre el mismo.

“El sobreseimiento implicó el cierre definitivo del proceso y generó cosa juzgada, eso impidió la posibilidad de que Herrera Castillo fuera investigado por lavado de dinero u otros activos, aunque existieran elementos contundentes de investigación en su contra.  Cabe destacar que el delito de obstrucción de justicia afecta particularmente la labor de investigación y persecución penal del Ministerio Público, constituyéndose en uno de los principales escollos en el combate a la corrupción e impunidad”, concluye el comunicado.

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En un comunicado, el Ministerio Público (MP) detalló que se busca investigar a Cojulún por obstrucción de justicia y prevaricato, por su participación como juez en el caso Fénix, en el que habría procurado “preservar la impunidad de sindicados implicados por presunto lavado de dinero”.

La acusación detalla que el juez favoreció a Gustavo Adolfo Herrera Castillo, uno de los implicados en el caso, que fue anulado por la Sala Segunda de Mayor Riesgo el 27 de enero último.

El MP buscaba esclarecer el lavado de Q350 millones desfalcados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para un proyecto de vivienda popular.

En el caso había 52 personas implicadas, incluidas el antiguo operador de cortes asilado en Nicaragua y que habría sido, según el MP, el cerebro detrás del desfalco, ocurrido en 2003.

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La Fiscalía indica que el 12 de diciembre del 2007 el juez Cojulún dictó una resolución “contraria a la ley”, a sabiendas de las actuaciones procesales, al ordenar sobreseimiento del proceso a pesar de tener conocimiento de “suficientes elementos de investigación que ameritaba continuar con la investigación”.

Según el documento del MP, Cojulún tenía pleno conocimiento que existían suficientes elementos de investigación que ameritaba necesariamente continuar con la investigación en contra de todos los sindicados, especialmente, de Gustavo Adolfo Herrera Castillo, quien lideraba la estructura investigada.

Agrega que pese a que la facultad de solicitar el sobreseimiento, corresponde al Ministerio Público, el juez señaló la audiencia convocando a todas las partes, misma que se llevó a cabo el 12 de diciembre de 2007, en la que se declaró con lugar el sobreseimiento a favor de todos los sindicados – sin que ninguno de ellos estuviera ligado a proceso penal-, entre ellos, Herrera Castillo, “conculcando el juez de esta manera la garantía procesal del debido proceso y el ejercicio de la acción penal, regulados en los artículos 12 y 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, variando sustancialmente las formas del proceso, por lo que la indebida aplicación de los preceptos procesales repercutio en que el juez decretara con lugar el sobreseimiento solicitado por la defensa”, señala el comunicado.

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Revocó orden de captura sin utilizar el procedimiento de ley

 El comunicado añade que el 1 de agosto de 2008, el juez Cojulún, a petición de la sociedad mercantil Escabel Management Group Ltd., señaló audiencia, la que denominó “restitución de dinero a favor del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Al finalizar la discusión respectiva, el abogado quien representó a Gustavo Adolfo Herrera Castillo, requirió la revisión de supuestas medidas de coerción.

El documento añade que “la hipotética medida de coerción por revisar” era la orden detención que había girado el juez décimo de Primera Instancia Penal, en fecha 2 de junio de 2003.

“El juzgador, sabiendo que la orden de aprehensión, no constituye una medida de coerción (que son impuestas después de escuchar la primera declaración de una persona), sino constituyen un mecanismo de llamamiento de una persona a proceso penal, no podía ser revisada de esa manera”, cita el texto del comunicado. 

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El 4 de agosto de 2008 finalizó dicha audiencia que había comenzado 3 días antes y el juez Cojulún Sánchez, dejó sin efecto la orden de aprehensión contra Herrera Castillo, a pesar de que existía oposición de la Procuraduría General de la Nación, que argumentó una violación al debido proceso y también se refirió a la responsabilidad Herrera Castillo en los hechos investigados.

En la audiencia no hubo oposición del MP, que estaba representado por Ranulfo Rafael Rojas Cetina, actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y contra quien se encuentra en trámite una solicitud para levantamiento de inmunidad.

“La orden de aprehensión fue revocada por el juez Cojulún, con base en razonamientos ilegales, no solo en cuanto a los efectos de la orden de aprehensión, sino en cuanto a la utilización de mecanismos no previstos en la ley, aunado a que para la fecha en que ilegalmente fue emitida la resolución, Herrera Castillo, tenía más de cinco años de estar prófugo, nunca se presentó a la judicatura a solventar su situación jurídica y de acuerdo a las constancias procesales la situación no había variado, existía suficiente información que involucraba a Herrera Castillo en los hechos investigados, lo que hacía necesario que éste se presentara ante el juez a solventar u situación jurídica”, cita el comunicado. 

Además que el sobreseimiento del proceso, sin que estuviera ligado a proceso penal Gustavo Adolfo Herrera Castillo, y sin que mediara acto conclusivo formulado por el MP. 

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“No siendo suficiente, la ilegalidad advertida en el parágrafo anterior, el 12 de marzo de 2009, el entonces juez Cojulún, a sabiendas de las actuaciones procesales, dictó una resolución contraria a la ley, al ordenar, a petición de la defensa, sobreseimiento del proceso”, añade.

De las constancias procesales deriva que, existían suficientes elementos de investigación que ameritaba continuar con la investigación en contra de todos los sindicados, especialmente, de Gustavo Adolfo Herrera Castillo, quien lideraba la estructura investigada.

Según el MP, pese a que  la facultad de solicitar el sobreseimiento, corresponde al Ministerio Público cuando finaliza su investigación luego de que la persona ha sido procesada, en el caso Fénix no existía orden de aprehensión -previamente la había revocado el juez-, la persona no estaba ligada a proceso penal, no había fundamento para plantear acto conclusivo, que por ende el MP no solicitó el cierre irrevocable de la persecución penal.

Añade que a petición de la defensa, el juez Cojulún dio audiencia por escrito a la partes para pronunciarse y mediante lo que el MP considera una resolución ilegal, el 12 de marzo de 2009, el juez sobreseyó el proceso a favor de Gustavo Adolfo Herrera Castillo.

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La solicitud de sobreseimiento no fue presentada por el Ministerio Público, de acuerdo con lo establecido en los artículos 325 y 332 del Código Procesal Penal.

Nunca fue programada ni celebrada audiencia intermedia, por razón de acto conclusivo relacionado con algún sindicado, siendo esta la única forma permitida en el Código Procesal Penal, para que la defensa pudiera realizar la petición de sobreseimiento y para que el juez pueda decidir sobre el mismo. 

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El Ministerio Público (MP) dijo este jueves 29 de abril que, dentro de la investigación del caso Fénix, hubo hallazgos que sugieren que el magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina Barreto, habría participado como notario en empresas de Gustavo Herrera, quien es prófugo de la justicia por ese caso.

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Según el MP, la documentación donde figura el nombre de Molina Barreto están en poder de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

Se trata de las entidades Fabricación de Químicos S. A. y Jakyll Propierties S. A., que fueron utilizadas para el presunto lavado de Q350 millones, según la investigación.

En su oportunidad, la Feci señaló que el caso Fénix consistía en una red criminal que usó empresas de sociedades anónimas y limitadas y off shore para lavar dinero del desfalco de Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en 2003.

La investigación señala como cerebro de la estructura a Gustavo Herrera, asilado en Nicaragua y quien en 2008 llegó a un acuerdo para pagar US$7.4 millones para que cesara la persecución penal en su contra por ese caso.

El dinero supuestamente blanqueado habría sido sustraído del fideicomiso Protección y Desarrollo Social, que se había formalizado entre el IGSS, el Grupo Empresarial Univserv, S.A. y Banco Uno S.A., que nació como un proyecto de vivienda popular para jubilados de la institución.

Magistrado se defiende

El magistrado de la CC, Roberto Molina Barreto, dijo en una entrevista con Prensa Libre y Guatevisión que por el momento no tiene conocimiento oficial de la información que dio a conocer la Feci y que le gustaría tenerla.

Recordó que cuando se postuló en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para ocupar la magistratura en la CC para finalizar el periodo 2016-2021, una persona hizo una objeción por ese tema y dijo que una empresa tenía que ver con Herrera.

Molina Barreto dijo que por esa razón acudió al Archivo General de Tribunales a sacar una certificación del expediente y determinó que no había ninguna relación de Gustavo Herrera con esa empresa, por lo cual lo presentó el documento a la CSJ y ellos desestimaron la objeción que le habían hecho para postularse a magistrado de la CC.

El magistrado explicó que esa relación que le hacen con la empresa fue hace más de 20 años y él no recuerda exactamente las sociedades anónimas ni los socios de estas y solamente pudo verificar en el Registro Mercantil el nombre de los representantes legales y en ninguno de ellos figuraba Herrera.

“Yo me di a la tarea de buscar a los representantes legales de esa empresa en el Registro Mercantil y no aparecía ninguno con apellido Herrera y yo presenté eso a la Corte Suprema para desvanecer esa objeción”.

El magistrado también afirmó que anteriormente tenía un bufete cono otros asociados, uno ya fallecido, en donde compartían asuntos notariales, litigio y otros procesos.

Aseguró que Herrera nunca fue su cliente y expresó: “cliente mío, así directo o que haya una factura de honorarios o algo así, no”.

Refirió que en todo caso, si hace 20 años él hubiera realizado algún servicio para alguna empresa vinculada con Herrera, él desconoce si para entonces esta persona ya estaba vinculada a algún hecho ilícito.

El caso Fenix

La Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo, integrada por suplentes, anuló el 27 de enero pasado el caso Fénix, relacionado con lavado de Q350 millones en IGSS, el cual estaba a cargo de la Feci.

En este caso había 52 personas implicadas, entre ellos Herrera.

Los jueces que firmaron la resolución son César Aníbal Najarro López -que también dio amparo provisional a Mynor Moto para que fuera juramentado magistrado de la Corte de Constitucionalidad-, Noé Moya García y Gloria Dalila Suchite Barrios.

El caso estaba a cargo de Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D.

Esa misma sala de Apelaciones fue la que en diciembre anuló el proceso a favor de Armando Escribá, exdiputado procesado en una fase del caso Construcción y Corrupción sobre vínculos con constructoras que hicieron contratos millonarios con la Dirección General de Caminos en los gobiernos de la UNE y el PP. No obstante, la Cámara Penal de la Corte Suprema revirtió este fallo y lo dejó de nuevo a cargo de Aifán.

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que es necesaria la presencia del señalado en las audiencias que se celebren por la investigación que ha efectuado la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y en la que Herrera está implicado.

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La Feci señaló que una red criminal usó empresas de sociedades anónimas y limitadas y off shore para lavar dinero del desfalco de Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en 2003.

La investigación señala como cerebro de la estructura a Gustavo Herrera, asilado en Nicaragua y quien en 2008 llegó a un acuerdo para pagar US$7.4 millones para que cesara la persecución penal en su contra por ese caso.

El dinero supuestamente blanqueado habría sido sustraído del fideicomiso Protección y Desarrollo Social, que se había formalizado entre el IGSS, el Grupo Empresarial Univserv, S.A. y Banco Uno S.A., que nació como un proyecto de vivienda popular para jubilados de la institución.

Helensburg Inc. y Escabel Management Group Ltd., financieras vinculadas a Herrera, habrían vendido por Q232.7 millones, cuando le habrían costado Q220 mil. Hasta julio de 2013, las autoridades habrían recuperado Q228.5 millones de los Q350 millones defraudados.

Otra resolución de la CC

La CC rechazó, en definitiva, el amparo que pretendía anular un convenio de entre MP y colaboradores eficaces del caso Odebrecht

La Procuraduría General de la Nación (PGN, había impugnado el convenio entre la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y sindicados de participar en actos de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.

La PGN pretendía anular el convenio de colaboración eficaz y en mayo de 2018 impugnó parcialmente ese convenio argumentando que ellos estuvieron presentes en la formulación de condiciones para resarcir al Estado de Guatemala por la corrupción causada en el caso Odebrecht.

Señalaron en ese año que el convenio de colaboración eficaz afectó el procedimiento administrativo por solucionarlo en el proceso penal.

“Habíamos sido consultados sobre un monto de reparación al Estado por US$ 17.8 millones por las coimas y eso fue aceptado, con lo que no estuvimos en desacuerdo en el convenio es porque lo vincularon directamente con los términos de la liquidación del contrato administrativo, eso es algo que debe resolverse por el Ministerio de Comunicaciones”, argumentó la PGN en mayo de 2018 cuando comenzó a impugnar la colaboración eficaz.

La alteración en la judicatura demora directamente el caso Fénix, las denuncias de fuga de información y diferencias laborales señaladas en el Juzgado de Mayor Riesgo D, causaron la inasistencia de empleados y la postergación de audiencias en este proceso en el que hay 31 implicados por lavado de dinero de Q350 millones en el Instituto Guatemalteco de Seguida Social.

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Este martes dos audiencias del caso Fénix fueron suspendidas, en una se conocería la modificación de medidas cautelares de dos detenidos quienes buscan retirar el embargo de sus cuentas bancarias y en otra diligencia se escucharía la defensa de cuatro implicados.

Ayer la jueza Erika Aifán explicó en su oficina que las audiencias fueron suspendidas porque la oficial que se ausentó lunes y martes no notificó a los implicados, pero no es la única acción que incide en el proceso según la jueza. Guzmán fue señalada por la jueza de perder el expediente 39 de ese caso.

“Las audiencias que programamos llevan un trabajo previo, cuando tenemos audiencias con personas detenida, como el caso de las audiencias de hoy – martes-, hay que hacer el llamado de presos o las citaciones al Sistema Penitenciario, en este caso lo teníamos que hacer ayer – el lunes, pero no contábamos con los expedientes y las audiencias se suspendieron porque no fue posible avisarles a las partes con antelación porque no teníamos números de teléfono, correo o fax”, expuso Aifán.

Mientras la jueza brindó declaraciones a la prensa, otras tres empleadas de ese juzgado que se ausentaron el lunes último cuando denunciaron públicamente “malos tratos” por Aifán en televisión, laboraban con normalidad. Antes hubo una reunión del personal y la juzgadora en la que se planificó lo que se haría en la jornada.

El ambiente en el juzgado es hermético debido a que Aifán perdió confianza en algunos oficiales, comisario y notificador. El lunes último señaló: “me preocupa un poco y es donde veo la unidad de hechos. La información que se filtró es del caso Fénix”.

Cinco empleados del juzgado han señalado que Aifán los amedrenta en sus labores y llega hasta amenazarlos con “denuncia” cuando no le parece algún trabajo. La jueza se argumentó el lunes último que lo que ha hecho es “girar instrucciones”.

Los empelados que se han expuesto contra Aifán argumentando violaciones laborales son Guzmán, oficial; Sulma Ajú, oficial; Ingrid Cuquej, oficial; Loida Lux, comisario y Pedro Hernández, notificador. Aunque solo Guzmán y Hernánez han denunciado a la jueza.

En la audiencia del sábado pasado cuando Guzmán quedó en libertad por falta de mérito el juzgado de turno “certificó lo conducente” -denuncia que pasará al Ministerio Público- contra Aifán por los señalamientos de violaciones laborales, aunque una investigación.

Verificación

El subdirector de Mediación de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Geovani Guzmán, se presentó al juzgado por una “denuncia anónima” que se hizo de un trabajador vía telefónica señalando que supuestamente Aifán estaba coaccionando al personal a declarar ante medios de comunicación en su favor.

Ante esta situación la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad se pronunció en favor de Aifán y pidió a la Corte Suprema de Justicia “actúe con base a las denuncias interpuestas en su momento por la jueza, inicialmente trasladando al personal que fue señalado de entorpecer el desenvolvimiento”.

La Dirección de Comunicación Social del Organismo Judicial aclaró que el personal asignado a los juzgados los selecciona Recursos Humanos y que será el Régimen Disciplinario la que resolverá las denuncias.

Caso Fénix

El caso Fénix fue reabierto por la Feci el 12 de abril pasado con la captura de 10 implicados, entre ellos Sergio Alfredo Herrera Acevedo hijo del operado político Gustavo Herrera Castillo.

Este caso es la continuación del desfalco por Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de 2003, donde particulares y empresas utilizaron sociedades anónimas, limitadas y offshore para lavar dinero obtenido de manera ilícita.

Ahora son señalados por lavado de dinero Gustavo Herrera, cerebro del desfalco asilado en Nicaragua, y 31 personas, de las cuales 12 están en prisión preventiva, otras 12 citadas a audiencia de primera declaración y cinco prófugos.

La investigación conjunta entre la Feci y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) concluyó en que personas individuales y representantes de 20 firmas comerciales, que supuestamente conformaron una organización criminal que utilizó diferentes tipos de empresas para lavar dinero obtenido de manera ilícita.

Las empresas de esta red, según las primeras pesquisas, son sociedades anónimas y limitadas, así como compañías offshore (fuera de plaza) y estarían vinculadas con Herrera Castillo, conocido no solo por su mediación para influir en la elección de magistrados de las cortes, sino también porque fue uno de los sindicados del desfalco de Q350 millones contra el Seguro Social, entre 2002 y 2004, caso por el que fue acusado y perseguido, pero nunca capturado.

Las investigaciones por ese caso fueron reabiertas, ahora por lavado de dinero. Herrera Castillo se encuentra asilado en Nicaragua desde agosto del 2018, donde aseguró ser víctima de persecusión política por parte de la Cicig, por lo cual la orden de captura en su contra es internacional.

Los fondos que se habrían lavado fueron sustraídos de un fideicomiso llamado de Protección y Desarrollo Social, que se había formalizado entre el IGSS, el Grupo Empresarial Univserv, S.A. y Banco Uno S.A.

El MP sindicó a Herrera Castillo de ser el propietario de dos financieras offshore —fuera de plaza—, Helensburg Inc. y Escabel Management Group Ltd., que habría utilizado para la estafa al Seguro Social.

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Aunque Gustavo Herrera fue acusado por el desfalco al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Q350 millones entre 2002 y 2004, nunca fue capturado.

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Herrera también es conocido por ser un operador político que habría influido desde las comisiones de postulación en las elecciones de magistrados de las cortes Suprema de Justicia y de salas de apelaciones en el 2017, incluso después de los señalamientos por la referida estafa.

Según publicaciones de prensa de años atrás, Herrera intentó colocar a allegados suyos al sistema de justicia en el 2017. Además también fue el operador político de Otto Pérez Molina.

El nombre de Gustavo Herrera también resuena por su presunta participación en el desfalco millonario al IGSS, que se conoció a raíz de una investigación que Prensa Libre publicó en el 2002 en la cual se daba a conocer una inversión millonaria en un proyecto de construcción habitacional en Mixco.

En ese entonces, se divulgó que había riesgo de que el Seguro Social perdiera esos recursos puesto que por tratarse del Fideicomiso de Protección y Desarrollo Social era casi imposible su fiscalización, sobre todo porque la administración de los recursos fue delegada a la Asociación para el Desarrollo Integral del Guatemalteco (Asodegua).

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El MP sindicó a Herrera de ser el propietario de dos financieras offshore —fuera de plaza—, Helensburg Inc. y Escabel Management Group Ltd., que habría utilizado para la estafa al Seguro Social por un monto que se calculó en Q350 millones y que serviría para la edificación de viviendas para jubilados de esa institución.

De acuerdo con la investigación, entre 2002 y 2004, las financieras vendieron terrenos sobrevalorados al IGSS por Q232.7 millones, cuando Herrera las había comprado por Q220 mil.

Hasta julio de 2013, de los Q350 millones aportados por el Seguro Social en el fideicomiso solo se habían recuperado Q228.5 millones. Herrera habría armado una red de empresas que fueron registradas a nombre de sus empleados, por lo cual pasó inadvertido, por lo que siempre negó su relación con el desfalco.

En el 2006, la Policía Nacional Civil (PNC) intentó capturarlo en un edificio de la zona 14, donde residía; sin embargo, no fue encontrado en el lugar. Durante un cateo se descubrió un pasadizo secreto por el cual se habría fugado.

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Esa vez le decomisaron una póliza de seguro, por US$1 millón, de un banco de Nueva Orleáns, Estados Unidos, a favor sus hijos; una computadora y una libreta de ahorros con US$15 mil.

En agosto del 2008, después de una negociación entre abogados de un juzgado penal, se dejó sin efecto la aprehensión de Herrera, con la condición de que las offshore devolvieran US$7 millones 482 mil al IGSS.

Por el caso también fue detenido el presidente de la Junta Directiva del IGSS, Carlos Wholers, aunque en diciembre del 2008 fue absuelto de cuatro delitos.

Pide asilo

En agosto del año pasado, Gustavo Herrera recibió asilo por parte del gobierno de Nicaragua luego de que afirmara ser un perseguido político de la Cicig. Para obtener el asilo, argumentó que el caso por el que se le persigue fue sobreseído en el 2009 por el delito de lavado de dinero u otros activos.

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En el acta de otorgamiento de asilo, la Cancillería nicaragüense justifica la medida porque considera que puede haber una doble persecución penal, puesto que Herrera alegó que era la tercera persecución política en su contra, la cual es orquestada por la misión antimafias de las Naciones Unidas.

Entre otras figuras políticas de la región que han recibido asilo de Nicaragua mientras eran perseguidos por la justicia se cuenta al expresidente de El Salvador Mauricio Funes, quien enfrenta cargos en su país por nueve delitos de corrupción. El mandatario recibió la protección del régimen de Daniel Ortega junto con su familia.

También el expresidente del Congreso de Guatemala, Luis Rabbé, quien es perseguido por la justicia guatemalteca por su presunta participación en la creación de plazas fantasmas cuando dirigió el Legislativo.

Medios de comunicación en aquel país destacaron el año pasado que Rabbé es protegido en Nicaragua, supuestamente por allegados al empresario Ángel González, con quien mantiene una estrecha amistad.

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La resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua que da vida al asilo político a favor de Gustavo Herrera fue firmado el 14 de agosto de 2018 por el canciller Denis Moncada Colindres.

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Para abogar por el asilo, Herrera adujo que el Juzgado Undécimo Penal de Guatemala le sobreseyó de forma parcial el delito de lavado el 12 de marzo de 2009, ante una supuesta doble persecución penal, por lo cual ordenó la desestimación y archivo del proceso.

Las circunstancias cambiaron el 20 de abril último, según el propio Herrera, cuando la Fiscalía pidió al mismo juzgado elevar a mayor riesgo el caso en su contra, a pesar de que había una desestimación y archivo. El empresario alegó lo anterior como una tercera tercera persecución política en su contra, orquestada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), a través de la Fiscalía.

Esto responde el MP

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) no tiene casos donde haya personas con auto de procesamieno y órdenes de captura pendientes de ejecutar con ese nombre, informó Julia Barrera, portavoz del MP.

Prensa Libre insistió en saber si Herrera tenía alguna investigación abierta en otra fiscalía, a lo que Barrera contestó que esa información solo la pueden conocer las partes procesales.

El Negociador

Herrera fue sindicado de haber sido el propietario de dos financieras offshore -fuera de plaza- Helensburg Inc. y Escabel Management Group Ltd empleadas para la estafa de Q350 millones al IGSS entre diciembre de 2002 y abril de 2003, dentro de un proyecto para la construcción de vivienda para jubilados de la institución, para lo cual se constituyó el Fideicomiso de Protección y Desarrollo Social

Las financieras vendieron terrenos sobrevalorados al IGSS por Q232.7 millones, cuando Herrera las había comprado por Q220 mil, según la investigación. Hasta julio de 2013, de los Q350 millones aportados por el IGSS en el fideicomiso, solo se habían recuperado Q228.5 millones.

El MP pidió el 5 de agosto de 2008 el retiro de la orden de captura contra Herrera luego de llegar a un acuerdo para la devolución de US$7 millones.

Fuga de película

El 3 de junio de 2006, la Policía Nacional Civil (PNC) intentó capturarlo en un edificio de la zona 14, donde vivía. Sin embargo, él logró escapar. Durante un cateo se encontró un pasadizo secreto, por el cual se fugó. Esa vez le decomisaron una póliza de seguro por US$1 millón de un banco de Nueva Orléans, Estados Unidos, a favor sus hijos; una computadora y una libreta de ahorros con US$15 mil.

¿Quién es?

Algunos datos generales del empresario Gustavo Herrera:
Originario de Cobán, Alta Verapaz.
Es empresario relacionado con inmobiliarias y negocios de agroquímicos.
Contrajo matrimonio con María Elena Acevedo, de quien se divorció en 2002.
El 27 de abril de 2004, Otto Pérez, entonces comisionado presidencial en la gestión de Óscar Berger, declaró acerca de supuestos nexos de Herrera con el narcotráfico.Contenido relacionado> Exdiputado Mario Rivera habría recibido Q13 millones de contratistas
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