A la sala de audiencias fue trasladado desde una prisión Agustín Leonidas Castro, mandatario de la entidad Galente Trading Limited, que fue creada en Australia, informó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP).
Aifán avaló los indicios tanto por el ente acusador como de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) para procesar a la offshore por lavado de dinero u otros activos.
Al mandatario Leonidas Castro se le impuso una fianza de Q3 millones y la advertencia de comparecer a las citas en la judicatura.
Los indicios
La fiscal Cinthia Monterroso describió los indicios que soportan el avance de la investigación por el desfalco de Q350 millones del Seguro Social donde la entidad recibió US$11.6 millones de una entidad denominada Génesis y US$300 mil de Irma Yolanda Pinto Cifuentes.
“Ese dinero estaba destinado a la construcción de viviendas para los beneficiarios del IGSS. El dinero de los afiliados no sirvió para la compra de medicina, para el equipamiento de hospitales sino para beneficiarse directamente y trataron de ocultarlo con diversas transacciones”, mencionó la fiscal Monterroso.
La representante del MP explicó que Galente compró bonos de paz en el Banco de Guatemala (Banguat) por US$500 mil y en un banco del sistema por US$1.3 millones que le dejó intereses.
“Con ese dinero el señor Leonidas Castro compró un vehículo en 2013 por el que pagó US$50 mil. Además, otros dos vehículos que fueron comprados por la entidad Arreola Ingenieros por US$50 mil y otro automóvil que compró una entidad relacionada con el exgerente del IGSS, Cesar Sandoval Morales -implicado en el caso-”, se refirió la fiscal.
La entidad Galente “usó el sistema financiero internacional para introducir dinero lícito del IGSS y desviarlo. La creación de la offshore no fue casualidad, fue para ocultar el desvío del dinero”.
Fiscal, el primer procesado
La madrugada del 7 de junio Aifán procesó al fiscal Jeowan Stuardo Vásquez Cervantes por los delitos de obstaculización a la acción penal y abuso de autoridad y enviado a prisión.
La investigación refiere que Vásquez recibió tres carpetas del expediente judicial y solo entregó dos copias y un archivo original en la judicatura. Los documentos los presentó ante la judicatura después que ya no estaba a cargo del proceso debido a que fue asignado a otra unidad fiscal.
Abogados fueron denunciados
Los penalistas Alexander Douglas Villeda Navichoque y Bairon René Batres Milián fueron denunciados por la Feci durante una audiencia.
El caso contra los abogados es por representación ilegal debido a que habían investigado el caso en el MP y durante las primeras audiencias se acreditaron como representantes de sindicados y después, al enterarse de la denuncia, renunciaron.
Villeda Navichoque defendía a Sergio Alfredo Herrera Acevedo, hijo de Gustavo Herrera -con orden de aprehensión- y Batres Milian tenía la defensa de Rubén Reyna Soto.
El señalamiento
El 12 de abril pasado resurgió el caso con un operativo que dejó a diez detenidos.
En 2008, cuando Gustavo Herrera Castillo -con orden de captura por este caso- llegó a un acuerdo para pagar US$7.4 millones para que cesara la persecución en su contra por su supuesta responsabilidad en el desfalco de Q350 millones al IGSS, no imaginó que años más tarde la justicia lo buscaría otra vez por ese caso, pero no por peculado como en aquella ocasión, ahora, junto a otras 31 personas.
La investigación concluyó en la solicitud de captura de 19 personas y la citación de 33 más, entre personas individuales y representantes de 20 firmas comerciales, que supuestamente conformaron una organización criminal que utilizó diferentes tipos de empresas para lavar dinero obtenido de manera ilícita.
Las empresas de esta red, según las primeras pesquisas, son sociedades anónimas y limitadas, así como compañías offshore (fuera de plaza) que estarían vinculadas con Herrera Castillo, conocido no solo por su mediación para influir en la elección de magistrados de las cortes judiciales, sino también porque fue uno de los sindicados del desfalco de Q350 millones contra el Seguro Social, entre 2002 y 2004, caso por el que fue acusado y perseguido, pero nunca capturado.
Las investigaciones por ese caso fueron reabiertas, ahora por lavado de dinero. Gustavo Herrera se encuentra asilado en Nicaragua desde agosto del 2018, donde aseguró ser víctima de persecución política por parte de la Cicig, por lo cual la orden de captura en su contra es internacional.
Los fondos que se habrían lavado fueron sustraídos de un fideicomiso llamado de Protección y Desarrollo Social, que se había formalizado entre el IGSS, el Grupo Empresarial Univserv, S.A. y Banco Uno S.A.
Fénix
Según el MP, este grupo criminal conformado por personas físicas y jurídicas, utilizó el sistema financiero, a través de complejas transferencias de fraccionamiento en moneda local y extranjera, lo que finalmente les permitió dar apariencia legal y ocultamiento al dinero de origen ilícito.
Los fondos sustraídos corresponden a un caso por el cual ya se juzgó y condenó a varias personas en el 2004, pero que en dichas sentencias se ordena mantener los procesos abiertos para que se iniciaran otras investigaciones por posibles ilícitos derivados del desfalco al IGSS.
En ese año, por el desfalco de Q350 millones, fueron condenados los exdirectivos del Seguro Social, Carlos Wohlers y Jorge Mario Nufio Vela, expresidente y exvicepresidente; César Sandoval Morales, exgerente, y Edwin Saúl Natareno Sayes, exintegrante de la directiva.
Por el desfalco, el Ministerio Público sindicó a Herrera de ser el propietario de las financieras offshore —fuera de plaza— Helensburg Inc. y Escabel Management Group Ltd., que habría utilizado para la estafa al Seguro Social por un monto que se calculó en Q350 millones y que serviría para la edificación de viviendas para jubilados de esa institución.
De acuerdo con la investigación, estas financieras vendieron terrenos sobrevalorados al IGSS por Q232.7 millones, cuando Herrera las había comprado por Q220 mil.
Hasta julio de 2013, de los Q350 millones aportados por el Seguro Social en el fideicomiso solo se habían recuperado Q228.5 millones. Herrera habría armado una red de empresas que fueron registradas a nombre de sus empleados, por lo cual pasó inadvertido, por lo que siempre negó su relación con el desfalco.
#CasoFénix | La jueza Érika Aifán comparece a la sala de audiencias para la audiencia de primera declaración a Agustín Leonidas Castro, representante legal de una entidad fuera de plaza utilizada para "movimientos" de dinero del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. pic.twitter.com/9VeLEcAQkO
— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) June 7, 2019
