Un hombre condenado por el asesinato de tres personas en 1992 se convirtió el 28 de agosto en el undécimo ejecutado del 2025 en Florida, Estados Unidos.

Se han llevado a cabo 30 ejecuciones en Estados Unidos en los primeros ocho meses de este año, la cifra más alta desde el 2014, cuando se aplicó la pena capital a 35 condenados.

El Departamento de Correcciones de Florida ejecutó a Custis Windom, de 59 años, a las 18.17 horas, en la Prisión Estatal de Florida, en Raiford, en el norte del estado, informó esa agencia.

Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos restableció la pena de muerte en 1976, el máximo anual de ejecuciones en Florida había sido de ocho, en el 2014.

Esta semana, como parte de la intervención del Gobierno federal en los asuntos de seguridad de la Ciudad de Washington, el presidente Donald Trump incluso señaló que su administración buscará la pena de muerte para los asesinatos cometidos en la capital estadounidense.

Señaló que se trata de una “medida preventiva muy fuerte” frente al “crimen desenfrenado” de la ciudad, lo cual contrasta con la legislación local del Distrito de Columbia, que abolió la pena capital en 1981, aunque la jurisdicción federal mantiene esa facultad.

Para el Southern Poverty Law Center (SPLC), se trata de una “directiva aberrante”, al señalar que la pena de muerte “ha sido aplicada de forma desproporcionada contra comunidades negras, latinas y pobres, y no ha logrado reducir el crimen”.

Esta organización defensora de los derechos civiles advirtió que la medida no busca “hacer que las comunidades sean más seguras”, sino que constituye “otra distracción de las acciones de la administración que nos hacen a todos menos seguros y nos acercan más al autoritarismo”.

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¿Quién es Custis Windom?

En noviembre de 1992, Windom mató a su novia, Valerie Davis; a la madre de ella, Mary Lubin, y a Johnnie Lee, a quien acusaba de deberle US$2 mil.

El triple asesinato ocurrió en Orlando. Windom, armado con un revólver, mató primero a Lee, a quien disparó dos veces por la espalda desde su vehículo y luego dos veces más a quemarropa.

Después, fue al apartamento de Davis, madre de Curtisia, una de las hijas de Windom, y la mató frente a una amiga de la víctima que presenció el crimen.

Al salir de la vivienda, disparó al azar a otro hombre, a quien hirió, antes de asesinar también a Lubin, quien conducía hacia la casa de su hija y se encontraba detenida en una señal de alto.

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Curtisia Windom había liderado una campaña pública para frenar la ejecución de su padre: “Todos hemos quedado traumatizados”, dijo al Orlando Sentinel, pero añadió: “Si nosotros pudimos perdonarlo, no veo por qué gente en la calle que no ha pasado por nuestro dolor tiene derecho a decir que debería morir”.

Florida es el estado que más ejecuciones ha realizado este año, seguido de Carolina del Sur y Texas, con cuatro cada uno.

En Florida, las ejecuciones se realizan mediante inyección letal, con un protocolo de tres fármacos: un sedante, un paralizante y un medicamento que detiene el corazón.

Su uso ha sido polémico por los riesgos de sufrimiento físico durante la ejecución, errores en la aplicación de los fármacos y el debate ético sobre si realmente constituye un método “humano” de pena de muerte.

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La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados, mientras que otros tres (California, Oregón y Pensilvania) mantienen moratorias vigentes.

El presidente Donald Trump es partidario de la pena capital y, en su primer día en el cargo, pidió que se ampliara su uso “para los delitos más viles”.

Un reo de 53 años fue ejecutado el miércoles en Arizona mediante inyección letal, en la primera ejecución en ese estado del suroeste de Estados Unidos en más de dos años.

Aaron Gunches, que renunció a los esfuerzos legales para detener su ejecución, fue sentenciado a muerte por el homicidio en 2002 de Ted Price, el exesposo de su novia.

“Finalmente se hizo justicia para Ted Price y su familia“, dijo a periodistas la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, tras la ejecución en una prisión estatal en el condado de Florence.

Testigos de los medios de comunicación dijeron que Gunches fue puesto en una camilla en la cámara de ejecuciones en la que sus brazos y piernas fueron inmovilizados con sujetadores.

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Al preguntarle si tenía unas últimas palabras, Gunches solo movió su cabeza para decir que no. Era el primer prisionero en ser ejecutado en Arizona desde noviembre de 2022.

Aaron Gunches was executed by the state of Arizona today, the state’s first execution in nearly two years. End the death penalty. End the death penalty. End the death penalty. End the death penalty. End the death penalty. #DeathPenalty #StopExecutions pic.twitter.com/uE6kVa8NBR

— Amnesty International USA (@amnestyusa) March 19, 2025

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El estado de Alabama (sur de Estados Unidos) ejecutó este jueves al preso Derrick Dearman, un hombre condenado a muerte por asesinar en 2016 a cinco familiares de su entonces novia.

Dearman, un hombre blanco de 36 años, fue declarado muerto a las 18:14 hora local (23:14 GMT) al recibir una inyección letal en la prisión William C. Holman de Atmore, según notificó el Departamento de Correcciones de Alabama.

Sus últimas palabras fueron: “A la familia de las víctimas, perdónenme. Esto no es por mí, es por ustedes. He causado tanto daño. A mi familia, ustedes ya saben que los amo“.

En los últimos meses, Dearman había despedido a sus abogados y renunciado a sus recursos para acelerar así la fecha de su ejecución.

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“Estoy dando, voluntariamente, todo lo que está en mis manos para tratar de pagar una pequeña parte de mi deuda con la sociedad por las terribles cosas que he hecho“, dijo en un comunicado reciente.

Alabama Death Row inmate Derrick Dearman, who was convicted in the 2016 slayings of 5 people with an axe and two guns, was put to death Thursday night by lethal injection: https://t.co/tw4jjxsUi2

— AL.com (@aldotcom) October 17, 2024

“A partir de este momento -añadió-, espero que los focos no estén en mí, sino en la reparación de todas las personas a las que he lastimado“.

Dearman fue condenado a muerte en 2018 por asesinar dos años antes a cinco familiares de su entonces novia, Laneta Lester, en una zona remota de Citronelle (Alabama).

#RobertRoberson & #DerrickDearman Live Virtual Execution Vigil https://t.co/wdir8FyOfp

— Death Penalty Action (@DeathPenaltyAct) October 17, 2024

La de Dearman y Lester era una relación abusiva. La noche del 19 al 20 de agosto de 2016, Lester escapó a la casa de su hermano, Joseph Adam Turner.

Dearman la siguió, pero al negarle la entrada de la vivienda, derrumbó la puerta a hachazos.

El hombre atacó con el hacha y luego disparó al propio Turner, de 26 años, Robert Lee Brown (26), Chelsea Marie Reed (22), Justin Kaleb Reed (23) y Shannon Melissa Randall (35). Chelsea Reed estaba embarazada.

Dearman no lastimó ni a Lester ni a un bebé de 3 meses, hijo de Turner y Randall.

Al día siguiente, Dearman se entregó a las autoridades.

La de Dearman fue la quinta ejecución del 2024 en Alabama y la número 20 en Estados Unidos.

Desde que el Tribunal Supremo reintrodujo la pena de muerte hace casi medio siglo, 1 mil 602 presos han sido ejecutados en Estados Unidos, 77 de ellos en Alabama.

El estado de Texas (sur de Estados Unidos) ejecutó este miércoles a Ramiro Gonzales, un hombre condenado a muerte por secuestrar, violar y matar a tiros a una mujer de 18 años en 2001.

El reo, de 41 años, fue declarado muerto a las 18.50 hora local (23.50 GMT) tras recibir una inyección letal en la penitenciaría estatal de Huntsville.

Antes de la inyección letal, Gonzales utilizó sus últimas palabras para pedir disculpas a los familiares de la víctima, Bridget Townsend, cuyos restos no fueron encontrados hasta más de un año después de que fuera reportada como desaparecida de su casa en el condado de Bandera en enero de 2001.

“No puedo expresar con palabras el dolor que les he causado, el daño, lo que les quité y que no puedo devolver. Espero que esta disculpa sea suficiente“, dijo.

“Nunca dejé de rezar para que me perdonaran y que algún día tuviera esta oportunidad de disculparme. Les debo mi vida y espero que algún día me perdonen“, añadió en sus declaraciones que concluyó anunciando que “estaba listo” para la inyección.

The last words of Ramiro Gonzales, who was just executed in Texas. https://t.co/7fGXawYvHg pic.twitter.com/5iJFj0kh52

— Maurice Chammah (@MauriceChammah) June 27, 2024

Gonzales secuestró a Townsend de una casa rural en el condado de Bandera, al noroeste de San Antonio. Posteriormente la llevó al rancho de su familia en el vecino condado de Medina, al oeste de San Antonio, donde la agredió sexualmente antes de matarla.

Mientras cumplía condena por una agresión no relacionada en 2002, Gonzales confesó la violación y el asesinato de Townsend y guio a la policía hasta sus restos.

We are heartbroken to share that SCOTUS has denied Ramiro Gonzales's final plea for his life, and he will be executed by the State of Texas tonight. pic.twitter.com/5rmPYzNjx9

— Texas Defender Service (@TexDefender) June 26, 2024

Gonzales hizo una última solicitud de clemencia antes de la ejecución que fue negada. En esa petición afirmaba que, desde su llegada al corredor de la muerte en 2006, había dedicado su vida al cristianismo y había servido como líder espiritual para otros condenados a muerte.

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A principios de este mes, un grupo de 11 líderes evangélicos de todo el país pidieron al gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, que detuviera la ejecución y concediera un indulto a Gonzales.

En un comunicado el lunes, los abogados de Gonzales, Thea Posel y Raoul Schonemann, calificaron a su cliente como “un hombre que hoy es, en casi todos los sentidos, una persona diferente de la que era cuando mató a Bridget Townsend en 2001″, cuando como la víctima tenía 18 años.

La ejecución de Gonzales fue la segunda este año en Texas y la octava en Estados Unidos. El jueves, Oklahoma tiene previsto ejecutar a Richard Rojem por el secuestro, violación y asesinato de una niña de 7 años en 1984.

Desde que el Tribunal Supremo reintrodujo en 1976 la pena de muerte, han sido ejecutadas en Estados Unidos 1 mil 589 personas, 587 de ellas en Texas.

De acuerdo con documentos de la corte, el sentenciado fue arrestado en 1996 tras matar a Laurie Rosillo y Ravonne Smith en el Panhandle (noroeste) floridano, en el transcurso de una escalada criminal por las que fue hallado culpable de asesinato en primer grado por ambos casos.

Según documentos judiciales, en Okaloosa Island el hombre conoció a Rosillo, a la que luego estranguló hasta matarla, y abandonó su cuerpo en la playa.

Posteriormente, en Pensacola Beach conoció a Smith, una trabajadora de un bar con la que acabó en su domicilio, donde la golpeó, violó y acuchilló.

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En septiembre de 1997, un jurado declaró a Zack culpable de asesinato en primer grado, además de robo con arma de fuego y agresión sexual.

Zack fue sentenciado a la pena capital por la muerte de Smith y a cadena perpetua por la de Rosillo.

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Desde entonces, sus abogados han intentado sin éxito apelar la sentencia bajo el argumento de que el condenado sufre de estrés postraumático y discapacidades intelectuales.

El lunes 2 de octubre, el Tribunal de Apelaciones del décimo primer Circuito de Estados Unidos se negó a detener la ejecución tras un pedido de sus abogados que añadía un supuesto “síndrome de alcoholismo fetal” del reo.

De llevarse a cabo este martes 3 de octubre la ejecución, será la 105 desde que en 1976 se restableció la pena capital en Florida, donde actualmente hay 300 presos en el “corredor de la muerte”, tres de ellos mujeres.

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Será también la octava ejecución que se realice en Florida durante el mandato de DeSantis, quien sacó adelante una reforma judicial que permite la mayoría simple, y no la unanimidad, para la imposición de la pena capital en este estado.

Barnes recibirá a las 18 horas de Florida (22.00 GMT) una inyección letal en la Prisión Estatal de Florida (FSP, en inglés) en Starke, en el condado de Bradford, tras rechazar la presentación de apelaciones e indicar su voluntad de que se le aplique la pena máxima.

De llevarse a cabo, la ejecución de Barnes será la quinta que se consuma en Florida en lo que va de año.

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Barnes cumple cadena perpetua por el estrangulamiento de su esposa, Linda Barnes, de 44 años, cuando en 2005 escribió varias cartas desde la prisión a un fiscal estatal en las que se atribuía también la autoría del asesinato años antes de Patricia “Patsy” Miller, una enfermera que vivía en Melbourne, en la costa este de Florida.

En las vistas judiciales que se celebraron, Barnes se representó a sí mismo en los tribunales y se declaró culpable del asesinato en 1988 de Miller, que tenía 41 años cuando fue asesinada.

Según documentos judiciales, Barnes entró en el domicilio de Miller y, tras violarla, trató de estrangularla y luego le golpeó en la cabeza con un martillo, crimen del que se declaró culpable.

Las pruebas de ADN analizadas vincularon a Barnes con el asesinato de Miller y fue sentenciado a muerte el 13 de diciembre de 2007.

En cuanto a su esposa, Linda, Barnes la mató en 1997 después de que ella descubriera que él traficaba con drogas.

El cuerpo de la mujer fue hallado dentro de un armario y presentaba señales de estrangulamiento.

El estado de Florida ejecutó en junio pasado a Duane Owen, condenado a muerte por los asesinatos de dos mujeres en 1984, tras dos apelaciones de sus abogados para suspender la ejecución por problemas mentales graves, que fueron denegadas.

Era la cuarta ejecución del año y la número 103 desde que en 1976 se restableció la pena capital en Florida, donde actualmente hay 300 presos en el “corredor de la muerte”, tres de ellos mujeres.

Desde 1973, más de 190 personas han sido liberadas del corredor de la muerte en EE.UU. por evidencias de su inocencia, siendo Florida, con 30 exonerados de la pena capital, el estado con mayor número, seguido de Illinois (22) y Texas (16).

La ejecución de Tracy Beatty, de 61 años, se dará después de que la Corte Suprema negara una petición de sus abogados para detenerla.

Beatty recibirá una inyección letal en la penitenciaría de la ciudad de Huntsville por el macabro crimen contra su madre, quien murió estrangulada a manos de su hijo.

En 2004, un año después de salir de prisión por condenas de robo y violencia, Tracy Beatty comenzó a vivir en la casa de su madre pese a tener una “relación conflictiva”, de acuerdo a documentos judiciales.

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Sin embargo, cuando la mamá de Beatty le pidió que se fuera de su hogar, él la golpeó y la estranguló para luego enterrar su cuerpo en el jardín.

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Las autoridades revelaron que Beatty enterró el cuerpo de su madre en su casa en Whitehouse, poblado ubicado a unos 200 kilómetros al sureste de Dallas, Texas, Estados Unidos.

Six men scheduled to be executed in November 2022#tracybeatty #stephenbarbee #murrayhooper #richardfairchild #kennethsmith #kevinjohnson
*RichardGlossip received another temporary stay#endthedeathpenalty @Attika_t @AthenaSidiropo2 @esischwiesisch @FreeRodneyReed @OpposeDP pic.twitter.com/hZ5Z4bJroA

— AbolitionDeath (@AbolitionDeath) November 6, 2022

Con el fin de evitar su ejecución, sus abogados interpusieron recursos finales para intentar salvar la vida de Tracy Beatty alegando que padece una discapacidad mental.

No obstante, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió continuar con la ejecución de Beatty al rechazar los recursos presentados por su defensa.

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A raíz de decisión, Tracy Beatty será el decimotercer condenado a muerte ejecutado desde principios de 2022 en EE.UU. y el cuarto en Texas.

Sus últimas palabras estuvieron dedicadas a la familia de su víctima, Pablo Castro, y a la suya propia, incluyendo a su esposa y a su hijo.

La ejecución de Ramírez se había postergado en tres ocasiones y se llevó a cabo a pesar de las objeciones del fiscal de distrito del Condado Nueces, Mark González, quien se opone a la pena de muerte.

El caso de Ramírez alcanzó notoriedad a nivel nacional cuando el reo apeló al Tribunal Supremo de Justicia con su reclamo de que se permitiera que Dana Moore, el pastor de la Iglesia bautista en Corpus Christi, estuviera presente en la sala de ejecución, y orara en voz alta y lo tocara durante el proceso.

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El Tribunal Supremo dictaminó que Texas había violado la libertad religiosa de Ramírez al negarle permiso para que su pastor lo acompañara en sus momentos finales.

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En julio de 2004 Ramírez y dos mujeres decidieron robar una tienda para conseguir dinero y comprar drogas y, según los documentos del juicio, cuando se encontraron con Castro, de 46 años de edad, padre de 9 y abuelo de 14, Ramírez le asestó al menos 29 puñaladas.

Ramírez y sus cómplices huyeron del sitio llevándose US$1.25 que es todo lo que Castro tenía consigo.

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Más tarde Ramírez y las dos mujeres llevaron a cabo otro robo y estaban a punto de cometer un tercero cuando la Policía los localizó. Las mujeres fueron arrestadas pero Ramírez escapó a México donde logró evadir a las autoridades por más de tres años hasta que lo capturaron cerca de la frontera en febrero de 2008.

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La oficina federal de prisiones informó que Honken fue declarado muerto después de una inyección letal del poderoso sedante pentobarbital en la prisión federal en Terre Haute, Indiana.

El reo había sido condenado en 2005 por haber matado a cinco personas en julio de 1993. Las víctimas fueron un informante del gobierno, una mujer y dos niñas, en su esfuerzo por frustrar su procesamiento por tráfico de metanfetamina.

En esta misma semana fueron ejecutados Daniel Lewis Lee y Wesley Ira Purkey.

“No había razón para que el gobierno lo matara ahora”, dijo Shawn Nolan, el abogado de Honken, en un comunicado. “El hombre que mataron hoy era un ser humano que podría haber pasado el resto de sus días ayudando a otros y redimiéndose aún más”, agregó.

Honken recitó un poema del inglés Gerard Manley Hopkins llamado “Heaven-Haven”, como sus palabras finales.

Una cuarta ejecución federal está programada para el 28 de agosto, cuando Keith Dwayne Nelson reciba una inyección letal por la violación y asesinato de una niña de 10 años.

Daniel Lewis Lee, de 47 años, un supremacista blanco condenado por los asesinatos en 1996 de tres miembros de una familia, fue ejecutado el martes y Wesley Ira Purkey, de 68 años, el jueves por la violación, asesinato y desmembramiento de una adolescente de 16 años en 1998.

Los tres hombres presentaron apelaciones de última hora por diversos motivos pero fueron rechazadas por los tribunales inferiores o el Tribunal Supremo.

La pena de muerte se restableció a nivel federal en 1988, pero solo se había utilizado en tres ocasiones antes de las ejecuciones de esta semana, la última en 2003.

El presidente Donald Trump, que pugnará por la reelección en noviembre, pidió un mayor uso de la pena capital, especialmente para los narcotraficantes y los asesinos de policías.

Solo un puñado de estados, ubicados principalmente en el conservador sur del país, todavía llevan a cabo activamente ejecuciones.
En 2019, 22 personas fueron ejecutadas.

La mayoría de los delitos se juzgan según las leyes de cada estado, pero los tribunales federales manejan algunos de los delitos más graves, como los ataques terroristas, los crímenes de odio y los casos de crimen organizado.

Una de las ejecuciones federales recientes más notables fue la de Timothy McVeigh, quien recibió una inyección letal en 2001 por un atentado contra un edificio federal en Oklahoma en 1995, que mató a 168 personas.

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Michael Brandon Samra, de 41 años, fue condenado en 1998 por su participación en los asesinatos de Randy Duke, la novia de Duke, Dedra Mims Hunt, y las hijas de Hunt, de 6 y 7 años.

Samra tenía 19 años cuando se cometieron los asesinatos en 1997 en Pelham, Alabama.

Llevó a cabo los crímenes con el hijo de 16 años de Duke, Mark, quien estaba enojado con su padre porque le había negado el uso de su camión.

Mark Duke también fue condenado a muerte, pero su sentencia cambió a cadena perpetua luego de que la Corte Suprema estadounidense dictaminara en 2005 que quienes tienen menos de 18 años en el momento de cometer delitos no deben ser ejecutados.

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Los abogados de Samra habían apelado pidiendo que se considerara que era menor de 21 años al momento del crimen, lo cual fue rechazado por la Corte Suprema.

Luego solicitaron a la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, que concediera el indulto por el mismo motivo, pero ella se negó alegando que su estado “no tolera actos asesinos de ninguna naturaleza”.

En Tennessee, Johnson le pidió al gobernador Bill Lee que suspendiera su ejecución porque había sido redimido a través de la práctica religiosa adventista durante su tiempo en prisión.

A pesar de contar con el apoyo de la iglesia e incluso de la hija de su víctima, Lee se negó.

En lo que va de 2019, Estados Unidos ha realizado siete ejecuciones.

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Esa fue su voluntad al alegar que una inyección letal -el principal método de ejecución del estado- implicaría mucho sufrimiento.

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Miller se encuentra entre un número cada vez mayor de reclusos que intentan evitar la inyección luego de varias ejecuciones prolongadas y dolorosas.

Tanto él como Edmund Zagorski -otro hombre que fue electrocutado en la silla en noviembre por las mismas razones- pudieron elegir otra forma de morir, pues en Tennessee los reclusos cuyos delitos se cometieron antes de 1999 tienen esa opción.

Miller fue sentenciado a muerte por el asesinato de una joven de 23 años con enfermedad mental, en 1981.

¿Por qué la inyección letal es tan controvertida?

Miller, de 61 años, y Zagorski, de 63, argumentaron en el tribunal que la inyección letal a base de midazolam usada por Tennessee llevaría a una muerte lenta y dolorosa.

(Foto:Getty Images)
El fármaco ha causado gran controversia en el país y sus críticos dicen que no es efectivo a la hora de evitar que los condenados sientan dolor durante la ejecución.

Al midazolam se le han atribuido ejecuciones problemáticas en al menos 7 estados del país, donde los condenados han tardado en morir y, antes de hacerlo, han dado visibles muestras de sufrimiento.

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Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ha cuestionado su uso, mientras que los defensores de la inyección letal siguen argumentando que el proceso es indoloro.

El protocolo para la inyección letal en Tennessee, como en la mayoría de los estados con pena de muerte, implica un cóctel de tres drogas.

La primera, el tiopental sódico o pentobarbital, pone a la persona a dormir. La segunda provoca una parálisis y la tercera detiene el corazón.

Pero en los últimos años Estados Unidos ha enfrentado un faltante del primero de los tres fármacos, pues las compañías fabricantes se niegan a que este producto sea usado para la pena capital.

(Foto:AFP)
Es por eso que algunos estados, como Tennessee, han recurrido al midazolam como alternativa.

Tras la muerte de Irick, en septiembre, un médico aseguró ante un tribunal de Tennesse que el preso había experimentado un dolor similar a la tortura durante su ejecución.

El médico argumentó que aunque el midazolam sedó al preso, no le impidió sentir los efectos de los otros dos medicamentos inyectados como parte de la ejecución.

“Inconstitucional”

Miller es uno de los cuatro presos condenados a muerte que han preferido incluso los pelotones de fusilamiento antes que la inyección o la silla, y han presentado peticiones formales a Tennessee para solicitarlo, según el diario local The Tennesseanean.

En el estado vecino de Alabama, más de 50 reclusos han preferido ser ejecutados en la cámara de gas nitrógeno en lugar de recibir una inyección letal, cuando se les comenzó a dar esa opción a principios de este año.

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La electrocución ya no es el principal método de ejecución en ningún estado de Estados Unidos, aunque sí lo fue durante el siglo XX.

(Foto:Getty Images)
Los tribunales de Georgia y Nebraska, por ejemplo, han declarado “inconstitucional” este método.

La ejecución por ahorcamiento fue la forma más común de pena capital en Estados Unidos hasta la década de 1890.

En 1982, la primera ejecución por inyección letal fue llevada a cabo por el estado de Texas, después de lo cual gradualmente reemplazó la silla eléctrica en todo el país.

sentencias históricas

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Asimismo, tiene la ventaja de que todo seri?a en privado, sin mayor publicidad, siempre contando con la anuencia del sentenciado a cumplir dicha condena, manifesto? el juzgador.

Como humano, no soy partidario de la pena de muerte, pero si los tribunales de justicia han negado a la conclusio?n de que el caso lo amerita, la sentencia debe cumplirse y, por ese motivo es que se considera adecuado el procedimiento referido, indico? Gaita?n.

En este momento, dijo, no se existen casos concretos, pero de presentarse, se estari?a dando la nueva opcio?n al encontrado responsable de cometer alguno de los delitos que contemplan la pena capital.

¿En qué consiste?

Gaita?n Lara expuso que ha investigado sobre la inyeccio?n letal y, segu?n expertos en la materia, es una mezcla de gases que en sobredosis provoca la muerte al instante.

Es una forma ma?s te?cnica de morir, menos dolorosa, que lo mejor seri?a no consumarla, aunque es parte de una misio?n ante la sociedad que debe cumplirse, sostuvo.

Reforma

Penalistas consultados sobre el tema, opinaron que de establecerse la inyeccio?n letal como una opcio?n para la ejecucio?n de la pena de muerte, tendri?a que reformarse el Decreto 234 del Congreso, emitido el 15 de mayo de 1946, referente al procedimiento para hacerla cumplir.

En el mismo u?nicamente se contempla el uso de armas de fuego y se estipula que llegada la hora para la aplicacio?n de la pena, el jefe de la guardia y seccio?n conducira?n al reo al lugar designado para el efecto.

Se procedera? a leer la resolucio?n, posteriormente se dara? la orden de fuego a la primera fila de ejecutores. En el lugar estara? presente el me?dico forense, quien tras practicar el examen dictaminara? si es necesario el tiro de gracia.

Seguidamente, se ordena la sepultura y se entrega el cuerpo a los parientes. La ejecucio?n se realizara? en forma privada, en el interior del presidio o el lugar que se sen?ale para el efecto, sen?ala la norma. (one)

Aprobada

El 30 de octubre de 1996 los diputados al Congreso de la República aprobaron en tercera lectura y redacción final el Decreto 100-96, que sustituía el fusilamiento por la inyección letal, como método para ejecutar la pena de muerte.

Consultado al respecto, el presidente del Congreso de la época, Carlos García Regás, indicó que, luego de las duras escenas transmitidas a raíz del fusilamiento de Pedro Castillo y Roberto Girón el 13 de septiembre de 1996, surgió la necesidad de sustituir este método por una forma más humanitaria y menos impactante de ejecutar la pena capital, como lo es la inyección letal.

Módulo letal

El 29 de julio de 1997 fue inaugurado el llamado “Módulo Letal” en el cual se cumpliría la pena de muerte por medio de inyección letal. Este está ubicado en el interior de la Granja de Rehabilitación Pavón. 

La construcción y equipamiento tuvo un costo de Q476 mil y fue construida por una empresa privada en diseño similar a las existentes en Estados Unidos, además del mobiliario y equipo necesario. 

El módulo está al cuidado del Ministerio de Gobernación y las autoridades de la cárcel de Pavón según el decreto 100-96. 

Primera ejecución

El 10 de febrero de 1998 fue ejecutado el primer reo por medio de la inyección letal. El sentenciado fue Manuel Martínez Coronado encontrado culpable de la muerte de una familia en 1995 en el Palmar, Quetzaltepeque, Chiquimula. 

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Kent evoca los eventos ocurridos en diciembre del 2003 en Sugar Land, un suburbio elegante de Houston.

Los cuatro miembros de la familia Whitaker habían salido a cenar -Kent, el padre; su esposa Tricia, y los dos hijos de la pareja, Bart y Kevin- con ocasión de celebrar por adelantado el título universitario de Bart, el mayor de los hijos.

La Policía piensa en principio que se trata de un robo que salió mal. La familia, que profesa una sólida fe cristiana, aparenta toda normalidad.

Precisamente esa fe permite al padre enlutado contener rápidamente sus ganas de venganza.

“Dios vino a mi encuentro”

“Estaba enfadado con Dios, no solo por haber permitido que pasara esto, pero también porque me parecía que contradecía algunas promesas de la Biblia”, dice Kent Whitaker. “Pero Dios vino a mi encuentro en la habitación del hospital, la noche misma del ataque, y me ayudó a llegar a un perdón ‘milagroso'”.

Un año después, los investigadores estaban ya convencidos de que quien había planificado el sangriento ataque no era otro que el hijo sobreviviente, y su herida en el brazo era parte de la puesta en escena.

Bart había contactado a un pistolero, dándole instrucciones para deshacerse de sus dos padres y de su hermano, contra quienes había acumulado su odio. Los fiscales lo acusaron de haber querido poner manos en una herencia estimada en US$1 millón.

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Durante siete meses, Kent Whitaker vivió con Bart ignorando que él era responsable de la muerte de su esposa e hijo, mientras los policías avanzaban en la investigación.

La hipótesis del robo rápidamente perdió fuelle: nada desapareció de la casa salvo el celular de Bart.

Los investigadores luego descubrieron que el hijo sobreviviente nunca se había inscrito en la universidad, y que esa mentira había servido para planear la emboscada.

Con las evidencias a punto de ponerse en su contra, Bart huyó en julio del 2004 a México, con un nombre falso. Un año después, uno de sus cómplices confesó todo. En septiembre del 2005 el fugitivo es detenido y extraditado a Estados Unidos.

Matar al hijo que te queda

Miembros de un juzgado lo condenaron en marzo del 2007 a la pena de muerte, a pesar de las súplicas de su padre exhortándolos a perdonarle la vida.

Ese veredicto me “aplastó”, dice Kent. “Durante años he procesado la muerte de mi esposa y mi hijo con terapia (…) Y ahora me enfrento a un nuevo trauma y una nueva pérdida”.

Bart debe recibir una inyección letal el 22 de febrero, en su celda. A sus 38 años, es actualmente un preso modelo, servicial y altruista, según sus guardias.

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Kent, que ha descrito su dolor en un libro, Murder by Family, dice que “Bart maduró”. “Ha tomado cursos para canalizar su rabia y clases de religión. Estudió y recibió un título universitario”.

“Es un caso único”, dice Keith Hampton, el abogado de Bart. “Piensa en las dos personas de tu familia que más amas, e imagina que uno asesina al otro. Tiene que haber un castigo. ¿Pero escogerías la ejecución? ¿Y si esa persona es el único hijo que te queda?”.

historia

La pena de muerte en el país tiene su origen a mediados del siglo XIX

Un total de 86 de cada 100 guatemaltecos estuvo de acuerdo con ella y que se aplicara en casos de secuestros.

Un 73 por ciento consideró que la ejecución de varios condenados haría disminuir la delincuencia, un pensamiento que estaba más arraigado entre los jóvenes de entre 18 y 25 años.

Se preguntó a los guatemaltecos si perdonarían la vida a Martínez Coronado, condenado por haber dado muerte a una familia en Chiquimula, y apenas un 18 por ciento dijo que sí, mientras que un 79 por ciento se mostró inflexible y enfatizó que no lo haría.

Los guatemaltecos se mostraban inflexibles sobre el tema, al extremo de que un 82 por ciento estuvo de acuerdo con que se aplicara la pena de muerte a las mujeres por delitos graves, como asesinato y secuestro.

Fusilamiento

No obstante que Martínez Coronado no sería el primer ejecutado con la aplicación de inyección letal, un 75 por ciento opinó que lo mejor era que continuara el fusilamiento, mientras que apenas un 23 por ciento aprobó el nuevo método.

El punto donde hubo más controversia fue que si debía transmitir por televisión las ejecuciones; un 48 por ciento opinó que sí, mientras que un 51 por ciento dijo que no.?

Otro aspecto que se comprobó con la encuesta es que la mayoría, un 65 por ciento, estaba a favor de denunciar el Pacto de San José para que se pudiera aplicar la pena de muerte a los secuestradores, hasta ahora protegidos por este convenio internacional de Derechos Humanos.

Finalmente, un 88 por ciento de los guatemaltecos rechazó cualquier intervención de organismos internacionales en la ejecución de Martínez Coronado.

La encuesta

Se hizo por medio del método de entrevista cara a cara, y se contempló que la misma fuera de acuerdo con los niveles de población socioeconómicos.

Los grupos de edad se contemplaron de la siguiente manera: 18-25 años; 26-35 años; 36-45 años; 46-55 años, y más de 56 años.

La metodología utilizada permite garantizar una pureza en el resultado con un margen de error de más menos cinco por ciento, que se considera adecuado para este tipo de análisis.

Abolir pena de muerte

La mayoría de países del mundo abandonan el sistema de la pena de muerte como castigo, pero el debate Internacional no termina.

Estados Unidos, un crítico a las violaciones de Derechos Humanos en otros países era fuertemente señalado debido a que aplicaba la pena de muerte, violando así numerosas normas internacionales.

De acuerdo a estadísticas de Amnistía Internacional (AI) más de la mitad de los países del mundo ya no aplicaban la pena de muerte.

Al menos 58 países han abolido la pena capital para todos los delitos. 15 más lo han hecho para delitos comunes y 27 más se consideran abolicionistas.

Entre estos había varios que mantenían la pena de muerte en su legislación, pero no la aplicaban por haber suscrito tratados internacionales, como el caso del Pacto de San José.

En Estados Unidos había en 1998 más de 3 mil condenados a muerte en 34 estados, una cifra sin precedentes, aunque en torno a la mayoría de estos casos se libraba toda una batalla jurídica.

A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas emitió la Resolución 1997/12, aprobada el 3 de abril de 1997, según la cual, la Comisión de Derechos Humanos de ese organismo pedía a los países donde todavía se imponía la pena capital que consideraran suspender las ejecuciones, con miras a abolir completamente la pena de muerte.

Show morboso

El entonces jefe de la Oficina de Información del Arzobispado, Carlos Aldana, se mostró en contra de la pena de muerte por considerar que no solucionaría el problema de la criminalidad en el país.

Sin embargo, hizo ver que si no se podía abolir, la inyección letal era la mejor opción, pues evitaría el morbo y es humanitaria.

María Estela de Aguirre, de la agrupación Madres Angustiadas, dijo en aquella ocasión que los condenados a pena de muerte no merecían consideración, porque ellos no fueron humanitarios con las personas a las que dañaron, señaló.

Alejandra García de Álvarez, madre de una niña de cuatro años violada y asesinada, dijo: “ Yo no quiero que los fusilen; quiero que les arranquen un dedo, luego un brazo y, poco a poco, otras partes del cuerpo para que de verdad sientan y que paguen lo que le hicieron a mi hijita”.

Por este hecho fueron condenados a la pena de muerte por medio de fusilamiento los campesinos Roberto Girón y Pedro Castillo.

El entonces presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Manuel Humberto Toledo Solares, manifestó que aunque su misión es proteger y salvar vidas, consideraba que la pena de muerte era algo necesario para la sociedad.

Martínez Coronado

Martinez Coronado fue sentenciado a la pena de muerte por inyección letal. En aquella ocasión (1998) fue trasladado a una celda ubicada en el módulo de ejecución, para pasar allí sus últimas 48 horas de vida.

Según el entonces Inspector General de Presidios, Ever Flores, en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, dijo que Martínez se encontraba tranquilo, pues pasaba muchas horas leyendo la Biblia y recibió la visita de pastores evangélicos.

Según la ley, Martínez debería ser trasladado al lugar donde sería ejecutado.

Martínez fue hallado culpable en todas las instancias legales de la masacre de siete miembros de una familia perpetrada el 16 de mayo de 1995 en la aldea El Palmar, Quezaltepeque, Chiquimula.

Las víctimas fueron Juan Bautista Arias, de 58 años: su esposa, Rosalbina Miguel, 30: sus hijos Francisca, 12: Joyita, 8: Arnoldo, 5, y Aníbal, 2, así como la tía de los niños Emilia Arias, 68.

Un tercer implicado en el múltiple crimen fue Roberto Coronado, prófugo de la justicia y hermanastro del condenado a muerte.

Últimos fusilamientos

En Guatemala, el 13 de septiembre de 1996, Pedro Castillo y Roberto Girón, acusados de la muerte y violación de una niña, fueron llevados al paredón para ser fusilados por un pelotón de la Guardia Penitenciaria.

Quienes fueron los primeros

Amílcar Cetino Pérez y Tomás Cerrate Hernández, de la banda Los Pasaco, fueron los primeros en ser ejecutados por la inyección letal tras ser condenados a la pena capital por estar acusados del secuestro y asesinato de Isabel Bonifasi de Botrán.

Sentencias similares

Caso Beverly

El 31 de agosto 2000 el Tribunal Sexto de Sentencia condenó a la pena de muerte a Gustavo Adolfo Carranza, Carlos Enrique Chun Choc y Douglas Montt Solórzano, por el secuestro y asesinato de Beverly Ann Sandoval Richardson, y también por los secuestros de Salomón del Cid, Cristóbal Mendoza Tipaz, María del Carmen Chavarría Coy, los hermanos Jorge, Fernando Salazar Nájera, y Melvin González Santacruz.

Banda Agosto Negro

22 de marzo 2000 el Tribunal de Retalhuleu dicta pena de muerte contra Carlos Amílcar González Díaz, Audelio Díaz González, Tirso Román Valenzuela Ávila, José Luis López Galindo, Waldemar Hidalgo Marroquín y Jaime Quesada Corzo por asesinato de la fiscal Shilvia Jerez de Herrera.

Además, Pedro Rax Cucul es sentenciado por haber dado muerte a machetazos a María Tec Chub en la aldea Chipoc , Cahabón, Alta Verapaz.

Banda El Tejano

El 18 de junio de 1999 el Tribunal de Sentencia de Mixco condena a la pena capital a Moisés Esteban Santizo Olay y Edward Mike Pineda Morales integrantes de la banda acusados del secuestro de dos personas en los años 1996 y 1997

Patrulla 603

Los ex policia nacionales (PN) de la autopatrulla 603, Aníbal Archila Pérez, Miguel Angel López Caló y Miguel Angel Rodríguez Revolorio, quienes secuestraron y a Luis Pedro Choc y Estuardo Motta, quien sobrevivió luego que los implicados los sacar de un bar ubicado en la calle Martí zona 6 donde les dispararon y dejaron abandonado en el bulevar Austriaco, zona 16.

Fermín Ramírez Ordóñez

El 6 de marzo de 1998 el Tribunal de Sentecia de Escuintla condena a la pena de muerte por medio de la inyección letal a Fermín Ramírez por haber sesinado y violado a la niña Grindi Yasmín Franco Torres de 10 años, hecho ocurrido en Escuitla en el año 1997.

Caso Corzo y Spillari

El 28 de agosto de 1998 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a muerte a José Luis Barahona, Alfredo Carrillo, Jorge Antonio Alvarado Fredy Avila Ruano García, y Hugo Avila Lemus , responsables de los plagios del empresario Enrique Corzo de la Cerda, su hijo de 6 años Enrique Corzo Spillari y del empresario Roberto Robles y Mateo Ramazzini.

Banda Los Mazate

El 9 de febero de 1998 son condenados a la pena capital Jorge Arturo Mazate Paz, Bernardino Rodríguez Lara y Elmer Orlando Virula Marroquín, condenados a la pena capital por el secuestro de Rosario Elizabeth Villata, hecho ocurrido el 12 de febrero 1996 en Amatitlán .

Prófugo

El 9 de marzo de 1997 Ever Gabriel Alvarado, alias Lito el negociador, integrante de la banda de secuestradores Los Pasaco, se fuga del Centro Preventivo para hombres de la zona 18, Alvarado había sido condenado a la pena de muerte por el secuestro y asesinato de la señora Isabel Bonifasi de Botrán, el 18 noviembre 1996.

Banda de El Canguro

Henry Geovanni Rosales Alarcón, presunto integrante de la banda de secuestradores El Canguro, fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Chimaltenango a la pena de muerte el 6 de mayo 1997.

Los secuestradores Marco Antonio Fuentes Marroquín y César Augusto Soto Rivera fueron condenandos a la pena de muerte por el secuestro del finquero Adolfo Santizo Gramajo el 17 de octubre 1995.

Fechas claves

17 de octubre de 1997

El presidente del Organismo Judicial, Ángel Alfredo Figueroa, anuncia un anteproyecto de ley para abolir la pena de muerte

7 de agosto de 2002

El presidente, Alfonso Portillo, presenta al Congreso de la República una iniciativa para abolir la pena de muerte. En esa ocasión el mandatario la envía a la Comisión de Legislación para que emita dictamen.

6 de julio de 2005

La Corte Interamericana de Derechos Humanos exige al Estado el procedimiento de indulto para los condenados a muerte, y revoca la pena capital impuesta a Fermín Ramírez.

Comision de los 30

7 de febrero de 1985

El 7 de febrero de 1985 los diputados Rafael Arriaga Martínez, Telésforo Guerra Cahn, Édgar Gudiel Lemus, Carlos González Quezada, Alfonso Alonzo, Luis Alfonso López, Miguel Ángel Ponciano, quienes intrgraban la Comisión de los 30 de la Asamblea Nacional Constituyente redactaron la nueva carta magna y en uno de los puntos fue sobre la pena capital.

Los legisladores mencionados suprimieron el recurso de gracia para sentenciados a muerte.

También hicieron énfasis en que el recurso de gracia quedaba eliminado del anteproyecto de la Constitución.

Quienes no podían ser ejecutados

La comisión redactora decidió que la pena de muerte no podría aplicarse en los casos de presunciones, a mujeres , los mayores de 60 años, a reos de delitos políticos ni a reclusos cuya extradición habia sido concedida bajo esa condición.

También quedó claro que solo el Congreso de la República podía abolir la pena de muerte, con las dos terceras partes de sus miembros.

Lista de condenados a  muerte

20 sentenciados por secuestro:

• Aurelio Díaz González
• Ronald Raxcacó
• Hugo Humberto Ruiz
• Carlos Enrique Chun
• Bernardino Rodríguez
• Pablo Arturo Ruiz
• Ligar Pineda
• Antonio Israel Jiménez
• Otto Sopón Bámaca
• Ramiro Padilla
• Gerson Alonso Escoto
• Gustavo Carranza
• Adolfo Rodas
• Samuel Cogox
• Humberto Portillo
• Marvin Ramos
• Dimas Samayoa
• Moisés Santizo
• Jorge Mazate
• ByronOrtiz

14 condenandos por asesinato:

• Mario Huales Ramírez
• Vicente Huales
• Édgar Ceseña
• Tirso Román Valenzuela
• Fermín Ramírez Ordóñez
• Santos Hernández
• Adolfo Siliézar
• Juan Pablo Eduardo
• Miguel Ángel López
• Miguel Ángel Revolorio
• José Luis López
• Waldemar Marroquín
• Jaime Quezada
• Douglas Montt

Los procesados en la lista se salvaron de ser ejecutados luego de ser suspendida la pena de muerte debido a los convenios internacionales firmados por el Estado guatemalteco, como el Pacto de San José.

El primer fusilamiento registrado en el país data de 1840, cuando el presidente de la República, general Rafael Carrera, envió al paredón a Roberto Molina, alcalde de Quetzaltenango, quien fue ejecutado junto con sus concejales.

Historia de la pena de muerte en Guatemala

Repaso de las diferentes ejecuciones en el país

Durante el gobierno de Jorge Ubico (1931-1944), el control sobre la población se mantuvo por políticas represivas y hábiles.  La aplicación de la ley fuga, el control de las cárceles —las cuales estaban atestadas tanto de criminales comunes como de presos políticos— y el fusilamiento fueron parte de ese régimen.

Las ejecuciones continuaron, sobre todo en los regímenes militares, en contra de asesinos y violadores.

Estas eran paralelas a la política contrainsurgente aplicada a líderes estudiantiles, sindicales y opositores, quienes eran ejecutados extrajudicialmente.

Durante el régimen de facto de Efraín Ríos Montt, el fusilamiento fue aplicado por los polémicos Tribunales de Fuero Especial, que ejecutaron, según registros, a 15 personas. 

La última ejecución por fusilamiento tuvo lugar el 13 de septiembre de 1996, con gran atención mediática, al punto de haber sido televisada en directo.

Esto hizo que se pasara de las armas a la inyección letal.

Esta situación obligó a las autoridades a solicitar la reforma del decreto 234 del Congreso, emitido en 1946, que indicaba el procedimiento de las ejecuciones y sustituir el fusilamiento por la aplicación de la inyección letal para darle un trato más humano al condenado.

El 29 de julio de 1997 fue inaugurado el  Módulo Letal, en el que se aplicaría el nuevo tipo de ejecución.

El 10 de febrero de 1998 se ejecutó a Manuel Martínez Coronado, primero por inyección letal, por la masacre de una familia.

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Las últimas ejecuciones datan del 29 de junio del 2000, de dos secuestradores, también mediante inyección letal.

Brasa de mano en mano

Luego de las últimas ejecuciones, el presidente Alfonso Portillo eliminó en el 2001 la facultad del Ejecutivo de aplicar el indulto. El tema se retomó en el  2008, durante el gobierno de Álvaro Colom, cuando el Congreso intentó por medio de un decreto la reactivación de la pena de muerte y el indulto presidencial. Sin embargo, Colom vetó la ley por considerarla inconstitucional.

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El tema de la pena de muerte ha sido utilizada por los políticos para sus campañas electorales. Por ejemplo, Manuel Baldizón y Zury Ríos prometían aplicarla, si llegaban al poder.

El actual presidente, Jimmy Morales, dijo abiertamente que aplicaría la pena de muerte. El diputado oficialista Marcos Yax presentó el 9 de agosto de 2017 una iniciativa en el Congreso para reactivar la aplicación de la pena capital.

Y aunque más de 1.400 personas fueron ejecutadas en Estados Unidos desde 1976, la de Asay supone un punto de inflexión en la historia de la pena capital en el país por diversos motivos.

1. Primera ejecución de un blanco por asesinar a un negro en Florida

Desde que Florida reinstauró la pena de muerte en 1976, 92 personas fueron ejecutadas tras ser condenadas a pena de muerte.

Pero el de este jueves es el primer caso en el estado de alguien de raza blanca ejecutado por asesinar a una persona negra.

Asay, antiguo miembro de un grupo supremacista y tatuado con una esvástica, dedicó insultos racistas a la primera de sus víctimas en la noche del homicidio.

“Debes demostrarle a un negro quién es el jefe“, dijo tras dispararle.

La ejecución de Asay reabre el debate sobre la disparidad racial entre los casos en los que se aplica la sentencia de la pena de muerte.

En todo Estados Unidos, y según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, 20 personas blancas fueron ejecutadas por asesinar personas negras desde 1976. Frente a este dato, 288 negros (un 1.340% más) fueron ejecutados por el homicidio de blancos.

Según los últimos datos publicados por el FBI, en el año 2015 se registraron 229 asesinatos interraciales con blancos como autores frente a 500 protagonizados por personas negras. Es decir, un 118% más.

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“Aún hace más llamativo este caso la brecha de disparidad que existe entre blancos y negros. Quién recibe la pena de muerte y quién es exonerado“, dijo al diario Miami Herald la presidenta de la Conferencia Estatal de Florida NAACP -opositora de la pena capital-, Adora Obi Nweze.

2. Inyección letal nunca antes utilizada en Estados Unidos

Asay recibió la inyección letal de una combinación de tres fármacos -etomidato, bromuro de rocuronio y acetato de potasio- que nunca fue probada en el país.

Expertos médicos cuestionaron sus efectos desconocidos y la posibilidad de que Asay pudiera agonizar durante su ejecución.

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“El cambio más importante es la adopción del etomidato como el primer fármaco del protocolo. Nunca se utilizó antes en una ejecución y el Departamento de Prisiones de Florida no facilitó ninguna información sobre por qué eligió este fármaco y su dosis“, dijo Jennifer Moreno, experta en inyecciones letales como método de pena de muerte de la Escuela de Derecho de Berkley en la Universidad de California.

Consultada por BBC Mundo, Moreno aseguró que se desconoce si el etomidato es seguro, efectivo y funcionará como se espera. “Si el primer fármaco no mantiene la anestesia suficientemente, el preso corre un gran riesgo de sufrir los efectos del segundo y tercer fármaco”.

“El estado insiste en paralizar al preso durante la ejecución, por lo que podemos no conocer nunca los posibles problemas con el medicamento. En un momento en que se opta por usar fármacos nuevos y no probados, se debe exigir una mayor transparencia, no menos“, aseguró.

3. Primera ejecución tras 18 meses de inactividad

La de Asay es la primera ejecución en Florida desde que, hace 18 meses, la Corte Suprema del Estado decidiera paralizarlas mientras revisaba la constitucionalidad de las sentencias.

En el momento de la condena de Asay, sólo eran necesarios 7 de los 12 votos del jurado a favor de la pena de muerte. El condenado recibió 9 durante su juicio.

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Pero la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional esta ley de condena estatal en enero de 2016.

Tras revisarla, los legisladores de Florida aumentaron a 12 (unanimidad) los votos necesarios. Pero fijaron que la nueva ley se aplicara solo de manera retroactiva hasta junio de 2002, cuando fue publicada la sentencia inicial de la Corte Suprema.

Asay fue condenado antes de esa fecha, al igual que otros 128 presos que también recibieron veredictos de jurados no unánimes y permanecen en el corredor de la muerte.

Florida es el segundo estado con mayor número de presos condenados a muerte en Estados Unidos, solo por detrás de California, que tiene casi el doble de población.

Gándara dijo que la construcción y equipamiento del módulo tuvo un coste de Q 476 mil, y la obra estuvo a cargo de una empresa privada que lo diseñó de forma similar a las existentes en otros países, tales como Estados Unidos.

Explicó que el edificio, de una extensión de 20 metros por 7, cuenta con un área amueblada, en la cual podrá permanecer el sentenciado con su familia, unas horas antes de ser ejecutado.

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La celda fue construida con sanitario y lavamanos, de forma que no dé lugar a cualquier intento de suicidio, y en una habitación
contigua está el sitio donde se encuentra la camilla y los aparatos que serán utilizados para aplicar la inyección letal. Enfrente, una área donde podrán permanecer sentados los familiares, autoridades judiciales, de Presidios y la Prensa.

Asimismo, existe un lugar específico donde el sentenciado, si es católico, podrá conversar con un sacerdote; si es protestante, con un pastor, señaló.

El viceministro dijo que ya fueron adquiridas las ampollas que serán utilizadas para la ejecución, así como está contratado el personal que realizará la ejecución, de acuerdo con lo que designen los jueces.

Mencionó que el módulo está al cuidado del Ministerio de Gobernación y de las autoridades de Pavón -así lo demanda el Decreto 100- 96, que cambió el fusilamiento por la inyección letal-, y están a la espera de que sea solicitado por los jueces respectivos.

Gándara expresó que, como seres humanos, lamentamos que se llegara a construir un Módulo de Inyección Letal, pero hay personas que le han hecho daño a otras personas, y los jueces simplemente deben aplicar la justicia conforme lo demandan las leyes, pues estas personas han matado, violado y dañado la integridad física de otros seres.

Al ser consultado sobre qué pasará cuando se tenga que realizar más de una ejecución, pues en el módulo sólo hay una camilla, expresó que esa decisión la deben tomar los jueces, pero descartó que pueda darse algún problema en este sentido.

El módulo fue construido en dos meses, tal como fue solicitado por las autoridades de Gobernación; y el juez de ejecución, Juan Godínez, estuvo al tanto de la obra y proporcionó algunas recomendaciones.

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Estaba planificado que estuviera presente el ministro de Gobernación, Rodolfo Mendoza; sin embargo, tras varios minutos de espera, le comunicó al viceministro, vía celular, que tenía que atender un llamado del presidente de la República, Alvaro Arzú, y le pidió que él inaugurara el Módulo Letal.

La luz verde para que a los prisioneros se les aplicara la inyección letal se encendió a eso de la 1:40 horas, cuando oficiales de la Corte de Constitucionalidad, CC, confirmaron que se declaró improcedente un recurso de amparo interpuesto a favor de Cetino Pérez, de 38 años.

El argumento legal determinó que ya se habían agotado todas las instancias judiciales, y que, por ende, el presidente de la República les negó el recurso de gracia.

Entrada al módulo

A las 5:15 de la mañana y transcurridas seis horas de tensión para, por lo menos, 60 periodistas de distintos medios de prensa local e internacional, autoridades de ese centro carcelario empezaron a llamar a 15 reporteros de medios nacionales y cinco internacionales acreditados para ingresar al módulo de la muerte.

Después de esa primera diligencia, a las 5:30 horas se permitió el ingreso de los reporteros de medios escritos, radio y televisión, mientras los paramédicos, médicos forenses y el juez Segundo de Ejecución Penal, Gustavo Adolfo Dubón Gálvez, ultimaban los preparativos para, luego, proceder a la lectura de la sentencia al reo Cetino Pérez, en presencia de su familia.

Murió en 8 minutos

Exactamente a las 6:05 horas se abrió una cortina negra que permitió observar, a través de un vidrio opaco, la camilla en la que colocaron a Cetino Pérez, quien vestía camisa blanca, pantalón de lona color negro y zapatos del mismo color.

Desde ese momento se procedió a inyectarle las tres sustancias letales por la vía intravenosa. Al principio, el reo estuvo orando y cantando coros evangélicos, y poco a poco dejó de mover los labios.

Su respiración era lenta y profunda, mientras que la mano derecha la empuñó lentamente por varios minutos, hasta que, a las 6:13 horas, su pulso y signos vitales cesaron.

La cortina fue cerrada nuevamente, y por un pequeño espacio sólo se pudo observar al director del Servicio Médico Forense, Mario Guerra, y otros paramédicos que llegaron a comprobar la muerte de Cetino y a retirar el cadáver.

Cerrate fue el segundo

Aunque se había dicho que la ejecución del segundo reo sería hasta las 10 de la mañana, Cerrate Hernández, de 39 años, apareció acostado en la camilla una hora después de que falleciera su compañero, exactamente a las 7:14 horas, momento en que le inyectaron la dosis. Extraoficialmente se supo que a este recluso le dio un ataque de nervios cuando estaba a punto de ser ejecutado, y que en algún momento quiso resistirse a ser llevado al módulo.

Cerrate vestía playera blanca, pantalón de lona azul y calcetines blancos, sin zapatos. Su complexión era robusta y en el primer minuto su respiración era más rápida, con algunas reacciones nerviosas que le contraían el estómago.

Igual que Cetino, Cerrate Hernández estuvo rezando, aunque su tiempo de vida fue más corto, su tez se notó pálida y sus manos quedaron extendidas, a las 7:20 horas, cuando falleció. Al principio hubo dudas de su muerte, debido a que en ese lapso fue cerrada la cortina en dos ocasiones y, finalmente, el cuerpo fue levantado por paramédicos, luego de la ejecución.

Contratiempos

Después de aplicada la inyección letal a los dos Pasaco, el director de la Granja Penal Pavón, Fredy Escobar, explicó que la ejecución de Cetino se demoró porque se desprogramó una de las bombas que contienen las sustancias.

Escobar también indicó que el tiempo en que murieron los sentenciados osciló entre siete y ocho minutos, y que Cerrate Hernández murió en menos tiempo.

Funcionarios ausentes

Desde el día anterior, y durante todo el proceso de la aplicación de la inyección letal, fue notoria la ausencia de varios personajes que de una u otra manera estuvieron vinculados a todo el proceso.

Entre ellos, el abogado de la familia Botrán, Julio Roberto García Merlos, las organizaciones Madres Angustiadas y Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, FADS.

Estuvieron ausentes también los delegados de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, Minugua, así como el Procurador de los Derechos Humanos, PDH, Julio Arango Escobar.

Como se recuerda, Arango Escobar estuvo presente el 10 de febrero de 1998 en la ejecución del reo Manuel Martínez Coronado, cuando se aplicó la primera inyección letal, oportunidad en que criticó la forma como fue aplicada la dosis al sentenciado.

Ausentes en el módulo

Los cabecillas de la banda de secuestradores `Los Pasaco', `Lito' y `El Negociador', fueron los grandes ausentes en el módulo de la muerte, en donde ayer deberían haber sido ejecutados junto a Luis Amílcar Cetino Pérez y Tomás Cerrate Hernández.

Elver Gabriel Alvarado, alias `Lito', y Fernando Palacios Luna, `El Negociador', ambos jefes de la agrupación criminal, participaron en el secuestro y asesinato de la señora Isabel Bonifasi de Botrán, hecho delictivo que concluyó ayer con la ejecución de los condenados a muerte.

`Lito' y `El Negociador' se las ingeniaron para fugarse del Centro Preventivo para Hombres, de la zona 18.

El primero escapó el 10 de enero de 2000, junto a otros 10 reos, cuando asaltaron el camión que llevaba los alimentos para los reclusos. Mientras `El Negociador' salió por “la puerta grande”, disfrazado de policía, luego de sobornar a los guardias penitenciarios con Q1 millón, el 9 de marzo de 1997.

El 17 diciembre del mismo año, fue aprehendido en El Salvador, y actualmente se encuentra recluido en la prisión de Cojutepeque, Cuscatlán, El Salvador, en donde enfrenta proceso por el delito de secuestro y robo agravado.

Según investigaciones del Ministerio Público, Alvarado era el jefe de la banda, mientras que Palacios era encargado de negociar el pago de los rescates de sus víctimas.

Actualmente, las fuerzas de seguridad continúan la búsqueda del jefe de la banda de secuestradores. Un día antes de la ejecución, unos 120 agentes policíacos allanaron cuatro viviendas en la aldea El Garrobo, Pasaco, Jutiapa, en donde, según investigadores, `Lito' se moviliza constantemente desde El Salvador.

Al fin se hizo justicia

Fueron tres años de lucha para conseguir que se castigaran los crímenes de la banda `Los Pasaco', pero al fin, con la ejecución de ayer, se hizo justicia”, señaló el mandatario legal de la familia Botrán, Julio García Merlos.

“Con la aplicación de la inyección letal a Luis Amílcar Cetino Pérez y Tomás Cerrate Hernández, se cumplió con la justicia y se castigó a los que se lo merecían”, expuso.

García Merlos hizo un recordatorio de lo sanguinario del crimen por el que se condenó a los miembros de la banda de secuestradores, así como los tortuosos obstáculos legales que hubo que vencer para conseguir y mantener la pena de muerte.

“Era una anciana indefensa, a quien estos hombres secuestraron, golpearon, dejaron sin comer y, por último, estrangularon”, expresó el jurista, al recordar el plagio de la señora Isabel Bonifasi de Botrán.

Agregó que si la pena se aplicó fue porque se cumplió con todo el proceso que manda la ley, y durante el mismo se pudo establecer la culpabilidad de los ejecutados.

En relación a la opinión de algunas agrupaciones que no comparten la ejecución de la pena de muerte por inyección letal, el mandatario legal justificó que si algo podría calificarse de inhumano son las atrocidades que Cetino y Cerrate cometieron con la señora Bonifasi de Botrán, a quien dieron muerte, a pesar de que el rescate se había pagado.

Agregó que si en el país se aplica la pena capital es porque el sistema penitenciario no logra rehabilitar a los reos, quienes al salir de prisión vuelven a cometer los mismos crímenes, lo cual obliga a aplicar la inyección letal, para terminar con los antisociales de forma definitiva.

Esta sería la última ejecución de la pena de muerte en el país. En la actualidad el debate se mantiene ante la escalada de violencia en el país. 

Asimismo, se confirmo? la pena de 30 años de prisio?n para Daniel Arias, de 66 an?os, en vista de que, por su edad, no le era aplicable la de muerte, sindicado de haber participado en el asesinato de las 7 personas que integraban la familia Arias Miguel.

Los fallecidos fueron Juan Bautista Arias, Rosa Albina Miguel, Francisca Arias Miguel, Emilia Arias y los menores Joyita, Arnoldo y Ani?bal Arias Miguel, de 5, 2 y 8 años, respectivamente.

En primera instancia, y tras celebrarse el juicio oral en Chiquimula, el 26 de octubre de 1995, el Tribunal considero? que se daban los elementos necesarios para condenar. Sin embargo, inconformes con la sentencia, la defensa de los procesados procedio? a plantear el recurso de apelacio?n, argumentando vicios.

Los hechos

Segu?n la versio?n del u?nico sobreviviente del hecho, el menor Miguel Arias Marti?nez, sus ti?os Daniel Roberto Arias, (este u?ltimo pendiente de captura), llegaron a su casa en horas de la noche, y con arma de fuego mataron a toda su familia. El logro? huir al termina?rseles las municiones.

El mo?vil de la masacre habri?a sido por herencia de tierras.

“No espero el perdo?n de los hombres de la tierra sino el perdo?n de Dios”, exclamo? Manuel Marti?nez Coronado,  el 15 de septiembre de 1996. 

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“Ya se? que el presidente Arzu? no perdono? a los condenados a muerte; por eso no me queda ma?s que esperar el perdo?n de Dios y que hagan conmigo lo que quieran”, insistio?. Por eso, agrego?, mi u?ltimo deseo es que antes que me fusilen me permitan tomar la Biblia y leer un trozo de la palabra del Sen?or; eso es lo u?nico; de alli? para alla?, se termino? todo.

Marti?nez Coronado, en compan?i?a de su padre, Daniel Arias, y su hermano Roberto Arias Coronado, fueron hallados culpables de haber dado muerte a balazos a siete integrantes de la familia Arias Miguel, en la aldea El Palmar, Quezaltepeque, Chiquimula, en la madrugada del 17 de mayo de 1995, debido a disputas de tierras.

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Entre tanto, la casa y terreno de la familia Arias Miguel permanecían abandonadas; los pocos objetos de valor que posei?an desaparecieron, el monte cubre el a?rea que usaban para hortalizas y las deterioradas puertas y paredes de la humilde vivienda
inspiran historias de aparecidos que los nin?os de la escuela comentan a la hora del recreo. 

El 21 de julio de 1997 el presidente Álvaro Arzú negó el indulto a Manuel Martínez Coronado. A pesar de los múltiples recursos presentados por su defensa, el reo se convirtió en la primera persona ejecutada por medio de la inyección letal en el país el 10 de febrero de 1998. 

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La historia terminó para el reo Manuel Martínez Coronado, de 42 anos: una dosis letal puso fin a su existencia a las 6.20 horas, cuando las autoridades judiciales dieron cumplimiento a la sentencia de muerte impuesta en su contra por haber masacrado a siete integrantes de una familia por un conflicto de tierras.

Un recurso de amparo interpuesto a última hora y la difícil localización de las venas en los brazos de Martínez no fueron suficientes para impedir que en Guatemala se ejecutara la primera condena a muerte mediante la aplicación de inyección letal, en el módulo ubicado en la Granja Penal Pavón.

El frío de la mañana dejó de sentirse para los reporteros nacionales e internacionales, desde el momento en que ingresaron a una reducida sala del módulo letal, donde serían testigos de la ejecución.

Solamente podía verse una ventana de vidrio de tres metros de ancho por uno de largo, aproximadamente, la cual estaba cubierta con un plástico negro.

Dieron las 6 horas, y fue hasta entonces que el personal auxiliar de la granja penal movió el plástico negro que simulaba una cortina.

Martínez Coronado estaba en primer plano, acostado en la camilla, atado con tres cinchos en las piernas, uno en el estómago y dos en cada una de las muñecas. Sus botas de vaquero, bastante usadas, un pantalón de lona verde descolorido y una playera blanca eran su vestimenta.

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Su rostro casi no se podía ver, pues estaba hacia el otro extremo, lo que sí se apreciaba era que respiraba profundo y a veces más rápido.

En la vena intravenosa del brazo derecho estaba colocada la jeringa de la cual se desprendían los conductos por donde habrían de pasar las sustancias letales.

Pero era evidente que en el brazo izquierdo intentaron insertar la aguja, pues se veían pequeñas laceraciones y puntitos de sangre.

En dirección de la cabeza del reo, pero más arriba, está una ventanilla pequeña con vidrio polarizado, donde observan el juez, el forense, el director de Presidios, el director de Pavón, paramédicos, el capellán, el abogado defensor y un pastor evangélico.

A eso de las 6.04 horas, se dio la orden para que fuera oprimido el primer botón que serviría para inyectar la sustancia que adormecería al sentenciado. Con intervalos de cuatro a cinco minutos se aplicaron los dos siguientes tóxicos, los cuales paralizan en cuestión de segundos las funciones cardíacas y nerviosas del organismo.

De pronto empezó a escucharse el llanto de una niña, era la hija de Manuel Martínez, quien junto a sus dos pequeños hermanos y su madre lloraban mientras permanecían en un cuarto contiguo adonde estaba su padre. Ellos habían tenido que abandonar la sala minutos antes, atendiendo a que los reporteros gráficos cubrían la totalidad de la ventana.

La efectividad de las sustancias aplicadas se observó en el monitor colocado en un extremo derecho del cubículo, viendo de afuera hacia adentro. Allí se proyectó una línea recta que registraba el paro del corazón.

Todo terminó

Una vez concluido el procedimiento de suministrar las dosis, ingresaron las autoridades encargadas de verificar el cumplimiento de la sentencia.

El forense Mario Guerra procedió a verificar los signos vitales y corroboró que el reo había dejado de existir. Inmediatamente desabrochó los cinchos que sujetaban el cuerpo a la camilla e informó al juez que todo había concluido.

Luego llegaron tres paramédicos vestidos de verde y quitaron, además de la jeringa, los electrodos que controlaban los signos vitales.

Los presentes rodearon la camilla y hacían comentarios entre sí, sólo que no podía escucharse a qué se referían; lo impedía  el grueso vidrio que dividía un lugar de otro.

Entretanto, se comprobaba el color pálido y ensombrecido de la mano derecha del ejecutado. Luego cayó el telón de la escena: cubrieron nuevamente la ventana con el plástico oscuro.

Entregan cadáver a familia

“¿Dónde está la esposa?, algún familiar que venga”, era el llamado que se hacía para que alguno de los emparentados con Martínez se acercara al lugar para recibir el cadáver.

Primero, aparece la esposa, Manuela Girón de Martínez, con quien había contraído matrimonio horas antes de la ejecución. Ella llega con su pequeña hija en brazos, con el rostro cubierto de lágrimas. 

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Hecho el papeleo, se acerca al módulo letal 1 el vehículo de la funeraria que trasladaría el cuerpo a la aldea El Palmar, Quezaltepeque, de donde era originario el ejecutado. 

También aparece la madre y un hermano de Martínez. A pocos metros, el padrastro Daniel Arias permanece en una celda donde deberá purgar 30 años de prisión por el mismo hecho delictivo.

¿Murió en 10 o18 minutos?

Para el forense Guerra, el deceso de Martínez ocurrió en 10 minutos; pero su versión difiere de la expresada por el abogado defensor Antonio de Rosa y el pastor evangélico Guillermo Galindo, quienes aseguraron que sucedió en 18.

De todas maneras, murió. Las últimas palabras que pronunció el sentenciado fueron: “En tus manos encomiendo mi espíritu”. 

La masacre

La madrugada del 16 de mayo 1995, perecieron a balazos a manos de Martínez, en complicidad de un hermano de este y el padrastro de ambos, siete miembros de la familia Arias Miguel, entre ellos cuatro niños, aunque el ejecutado siempre aseguró que únicamente él había perpetrado la matanza. 

Según el relato de la hermana del condenado, María Luisa Martínez Coronado, habían sido víctimas de amenazas constantes por parte de la familia Arias, a tal punto que les impidieron el paso para abastecerse de agua.

“Nuestro padre adoptivo, Daniel Arias, siempre mantuvo litigios con su hermano, Juan Arias, por la disputa de la herencia de las tierras”, dijo Luisa Martínez a reporteros de Prensa Libre, después de la ejecución de su hermano.

Deja carta

Martínez, por medio de su pastor evangélico, escribió una carta para que le fuera leída a sus hijos cuando crecieran. En ella narra cómo ocurrieron los hechos, y de su posterior arrepentimiento y “entrega a Cristo”.

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Los fusiles no volvieron a sonar hasta que 57 años después, el 13 de septiembre de 1897, durante el gobierno de José María Reyna Barrios, cuando fueron fusilados Juan Aparicio y Sinforoso Aguilar, por el asesinato de Edgar Zolinger. Más tarde, en el periodo de Manuel Estrada Cabrera, un grupo de cadetes fue pasado por las armas, acusados de rebeldes en contra del gobierno, hecho conocido años después como el de los cadetes.

Abuso de poder

El general Jorge Ubico Castañeda también se encargó de ejecutar a varios de sus detractores, como pasara el 18 de septiembre de 1934 cuando mandó a fusilar a los ciudadanos Efraín Aguilar Fuentes (amigo de Ubico, aunque ambos tenían diferencias políticas), Juventino Sánchez, Marcelino Ortega, Humberto Molina, Moisés Zamora, y los coroneles Luis Guzmán Ortiz y Rómulo Barrientos, acusados de un intento revolucionario en contra del presidente.

Durante el régimen de Ubico fueron fusilados también: Eduardo Felice Luna, Cayetano Asturias y Juan Emilio Blanco, el 2 de mayo de 1931, encontrados culpables por el asesinato de Mercedes Blanco, el hecho fue conocido como el crimen de la 9a. avenida. En Villa Nueva fue ejecutado en enero de 1932, Braulio Guerra Folgar, por asesinato. 

Un crimen sonado durante la época ubiquista fue el llamado crimen del tecomate por el que fueron ejecutados Mauricia Hernández Urbina y Pedro García Gesenahüer en 1939, acusados de envenenar al marido de Hernández Urbina, dándole a beber, en una jícara o tecomate, un brebaje venenoso. 

En el último siglo únicamente dos mujeres han sido ejecutadas siendo éstas, la ya mencionada Mauricia Hernández Urbina y Agustina Linares Alvarado, quien fue acusada de haber matado a otra mujer en complicidad con su hijo en los alrededores del Hipódromo del Norte, zona 2. Linares Alvarado fue condenada a la pena capital junto con su hijo, pero ésta fue la única fusilada ya que el otro reo se ahorcó en su celda. La mujer fue fusilada en los patios de la antigua Penitenciaría Central el 24 de junio de 1942

Mientras se mantuvo el régimen de los 14 años, como también se le conoció al gobierno de Ubico, se aplicó la denominada Ley Fuga, la cual permitía matar a un reo que presuntamente se fugaba, sin embargo el abuso de esta medida fue una de las causantes de la caída del régimen. Unos de los casos documentados de aplicación de la Ley Fuga fue al mecánico Max Aldana González y a Jacobo Sánchez, quienes fueron muertos en los barrancos detrás del Campo de Marte.

Fusilamiento controversial

Una de las ejecuciones más controversiales y polémicas en toda la historia de Guatemala fue la de José Miculax Bux, quien fue fusilado frente al Cementerio General durante el gobierno de Juan José Arévalo, el 18 de julio de 1946. Miculax fue acusado de violar y asesinar por estrangulamiento a 15 niños, y de cometer actos deshonestos contra diez más.

El fusilamiento de Miculax fue toda una ceremonia, pues previo a ser ejecutado, gritó: ¡en tus manos encomiendo mi espíritu! y luego con una sonrisa dibujada en los labios, y los brazos levantados para despedirse de la multitud, recibió la descarga que le quitó la vida. Otro crimen que fue pagado con fusilamiento fue el del pagador del Hospital Nacional, Francisco Arenales Ruiz, quien fue asesinado por el grupo llamado de los Chemas y Coronado.

Por otro lado, por el crimen Studebaker Gris fueron ejecutados César Augusto Olivet, Carlos Humberto Valenzuela y Lizardo Reyes el 3 de febrero de 1952, acusados de haber asesinado a un taxista. El mismo año fueron ejecutados los criminales llamados Panchito Ovando y compañeros acusados por haber asesinado a una familia de apellido Hidalgo, el crimen fue llamado como el de la abarrotería El Torreón. 

Los regímenes militares

Las ejecuciones se retoman durante el gobierno de Enrique Peralta Azurdia. El 8 de agosto de 1964 fueron fusilados José Pezzarossi, Delfino Flores, Carlos Juárez y José Manuel López por el asesinato de una niña. El 22 de julio de 1965 fueron ejecutados Marco Tulio Castañeda, Julio René Fernández, Eduardo Ernesto Oliva y Alfonso Humberto Rodas por haber dado muerte a un músico y a un policía.

Por la violación y decapitación de la niña Rosa Elena Ordóñez, llamada Toti de 7 años, fueron ejecutados Jorge Rafael Roldán Godínez y René Ixcajoc Revolorio el 7 de septiembre de 1971. Un año después fueron fusilados David Espinoza y René Galdámez, involucrados en un crimen cometido en las afueras del estadio de Zacapa.

En Pavón, los ex patrulleros de la Policía Nacional, Lauro Alvarado y Marco Tulio Osorio, pagaron con su vida el asesinato de María Ethelvina Flores Herrera y por el homicidio en grado de tentativa de Luis Felipe Martínez Alonzo el 16 de marzo de 1975. Un mes después fueron ejecutados también David Espinoza y René Galdámez. En mayo del mismo año fueron ejecutados Rocael Orlando Ortiz y Héctor Abel Alvarado por asesinato. 

Durante el régimen del general golpista Efraín Ríos Montt se constituyeron los tribunales de fuero especial en los que fueron condenadas a muerte un total de 15 personas, entre las que se pueden mencionar a: Carlos Tino y J. Vargas Aldana en 1982 por asesinato; Carlos Subuyuc Cuey y Pedro Raxón Tepet, el 3 de marzo de 1983 acusados por delitos contra la seguridad nacional y terrorismo, la ejecución de estos reos provocó la condena del Papa Juan Pablo II quien visitó Guatemala dos días después y había pedido el indulto, esta actitud fue tomada como un desaire en contra del Pontífice por parte de Ríos Montt, quien además de tener la jefatura de Estado de facto era líder de una iglesia evangélica. 

En tiempos de paz

Los últimos ejecutados por medio del fusilamiento fueron los reos Pedro Castillo Mendoza y Roberto Girón, teniendo lugar el 13 de septiembre de 1996 tras un tortuoso camino jurídico en el que los acusados llegaron a pedir el indulto al presidente Álvaro Arzú, sin embargo la sentencia final fue desfavorable para ambos ya que fueron encontrados culpables de haber asesinado a la niña Sonia Marisol Alvarez. 

La ejecución de Castillo Mendoza y Girón tuvo amplia cobertura mediática tanto de medios nacionales e internacionales. Días después en el Congreso se presentó una iniciativa de ley para sustituir el fusilamiento por la inyección letal y así evitar el sensacionalismo y el morbo de acuerdo con los diputados ponentes del proyecto. 

La iniciativa propuesta fue finalmente aprobada el 30 de octubre de 1996 y se conoce como el Decreto 100-96 aprobado por el Congreso de la República y desde entonces las ejecuciones deben aplicarse por medio de la inyección letal. 

El primer reo ejecutado bajo la modalidad de la inyección letal fue Manuel Martínez Coronado el 10 de febrero de 1998, a quien le fue aplicada una dosis letal, dando cumplimiento a la sentencia de muerte impuesta en su contra por haber masacrado a siete integrantes de una familia en el Palmar, Quetzaltepeque, Chiquimula. 

El punto de atención hacia el denominado módulo de la muerte se centró nuevamente el 29 de junio de 2000 cuando fueron ejecutados Luis Amílcar Cetino Pérez y Tomás Cerrate Hernández por medio de la inyección letal, ambos pagaron con su vida el secuestro y asesinato de la señora Isabel Bonifasi de Botrán. Esta sería la última ejecución realizada en el país.

Limbo jurídico

Tras la última aplicación de la pena de muerte en Guatemala, en el año 2001 el entonces presidente Alfonso Portillo decidió quitar la facultad al Ejecutivo de decidir sobre el recurso de gracia o indulto, por lo que nadie tiene desde entonces potestad legal de firmar las ejecuciones; ni el condenado de solicitar el indulto.

En 2008 se intentó resolver el impedimento legal, cuando el Congreso aprobó un decreto que restituía la aplicación de la pena de muerte y reactivaba el indulto presidencial. Sin embargo el presidente Álvaro Colom vetó la ley argumentando que era inconstitucional. 

Desde entonces el debate sobre la aplicación de la pena de muerte se mantiene abierto, habiendo opiniones encontradas, propuestas electoreras como las del partido Lider en la campaña electoral de 2011 y el actual gobernante Jimmy Morales durante la pasada campaña electoral. 

Varios condenados a la pena de muerte están en la lista de espera ante el limbo jurídico existente y varios de ellos se amparan en la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en 1969, vigente desde 1978 y a la cual Guatemala se adhirió en dicha fecha.

    Este afroamericano pasó 36 años entre rejas por el asesinato en 1979 de Roger Tackett, un empleado blanco de una gasolinera en un suburbio de Atlanta.

Jones se negó a pronunciar sus últimas palabras ante los testigos que presenciaron la ejecución pero accedió a que se leyese una oración.       

Georgia no anuncia a qué hora exacta administra la inyección letal, y los observadores no pueden presenciar este momento.

Pero el alcaide salió de la sala de ejecuciones a las 00:30, y los registros de ejecuciones similares muestran que la droga suele empezar a fluir uno o dos minutos después de este momento.  

    Sus abogados trataron hasta el último momento de suspender la ejecución, incluso con un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. En vano.

    Los críticos denunciaron este caso como un ejemplo del “doble castigo”  que se imponen a algunos condenados a muerte que pasan décadas confinados en solitario con la muerte como única expectativa.

    Además, sus detractores consideran que muchos condenados fueron sentenciados en un periodo en el que no podían contar con una defensa satisfactoria y que si fueran juzgados hoy en día, el veredicto sería distinto.

    “El caso de Jones plantea preguntas sobre la proporcionalidad y la aplicación discriminatoria de la pena de muerte” , denunció en un comunicado el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

    “Él y su coacusado Van Solomon – ambos afroamericanos -, fueron sentenciados a muerte (…) por matar a un vendedor blanco en una gasolinera durante un robo” . “Jones negó haberle disparado y la acusación nunca determinó quién hizo el disparo fatal” , según la nota.

    Solomon murió en la silla eléctrica en 1985.

    Durante las décadas que pasó entre rejas, Jones leyó mucho y se dio a conocer por sus escritos sobre la vida en prisión y cuestiones raciales.

    Actualmente, 75 hombres se hallan en el corredor de la muerte en Georgia. El año pasado, el estado suspendió las ejecuciones durante varios meses debido a una polémica sobre las sustancias usadas en las inyecciones letales.

    Estados Unidos ejecutó a 28 personas en el 2015, el número más bajo desde 1991.

La ley estatal obliga a un proceso con tres sustancias: un sedante, seguido de un agente paralizador y un fármaco que detiene el corazón del sentenciado.  

Jim Craig, abogado de dos reos, señaló que Wingate emitió su decreto de manera oral el martes durante una conferencia telefónica con él y otros abogados.

Supuestamente el juez iba a dar la sentencia por escrito, pero no se ha obtenido una copia del documento.    

Grace Simmons Fisher, portavoz del Departamento de Correccionales de Misisipi, señaló en un correo electrónico que la orden prohíbe que el estado utilice cualquier otro fármaco para ejecutar a un prisionero condenado.

Las autoridades estatales no tardaron en tomar nota y aseguran que solicitarán a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito que revierta la decisión de Wingate.    

“Hace apenas unos meses, la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó el método de inyección letal de Oklahoma. El método de Misisipi es similar al de Oklahoma. Creemos firmemente que la corte distrital aplicó mal la ley”.

Craig anticipa que Wingate emita una orden judicial preliminar que congele todas las ejecuciones hasta que se complete el caso. Señaló que el juez les dijo a los abogados que lo acelerará.    

Misisipi es uno de varios estados que enfrenta desafíos legales con respecto a la inyección letal. La oficina de Hood solicitó en julio a la Corte Suprema que fijara una fecha de ejecución para el martes del asesino condenado Richard Jordan, uno de los demandantes, pero que la corte estatal nunca tomó cartas en el asunto.

Los prisioneros aseguran que enfrentan el riesgo de un dolor extremo y tortura durante la ejecución, y que dicho dolor viola la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe un castigo cruel e inusual.    

La demanda señala que no existe una garantía de que Misisipi pueda mezclar de manera segura un anestésico efectivo para poner a los prisioneros en un estado de inconciencia, y que incluso si lo logra, es posible que los reos puedan permanecer conscientes durante la ejecución.    

La demanda contra el midazolam fue interpuesta por cuatro presos condenados a muerte en Oklahoma al cuestionar que su uso viola la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege a los ciudadanos de “castigos crueles o inusuales.”

El caso tiene su origen en la ejecución en abril del 2014 de Clayton Lockett en Oklahoma, un preso que agonizó durante 43 minutos después de que le suministraran una inyección defectuosa y cuyo casó suscitó mucha polémica en el país.

Aunque la de Lockett fue la que tuvo más repercusión, otras dos ejecuciones en Arizona y Ohio tuvieron características parecidas.

Los estados empezaron a utilizar este sedante en el 2013, cuando los proveedores europeos de componentes para la inyección legal se negaron a seguir vendiendo sus productos con ese fin.

Con esta decisión, el Supremo abre la puerta a que Oklahoma ejecute a Richard Glossip, John Grant y Benjamin Cole, los presos que interpusieron la demanda.

El cuarto preso de la demanda, Charles Warner, recibió un inyección letal en enero, una semana antes de que el Supremo dictara la suspensión de las ejecuciones a la espera del fallo conocido hoy.

A parte de Oklahoma, Florida y Ohio podrán reanudar ahora sus ejecuciones con inyecciones letales de midazolam, mientras que Alabama, Virginia, Luisiana o Kentucky tienen luz verde para utilizarlo por primera vez.

Otros estados como Texas y Misuri, los que más aplican la pena capital, usan pentobarbital como sedante, un componente que hasta la fecha no ha dado problemas pero que el resto no ha sido capaz de conseguir.