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“El Mayo” Zambada y su red de operaciones en Guatemala: los nexos criminales y políticos que ha tenido el cartel de Sinaloa
Investigaciones revelan cómo la organización de “El Mayo” Zambada ha utilizado Guatemala como punto estratégico para el tránsito de drogas y ha llegado a involucrar a políticos locales.
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De izquierda a derecha: Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias “Chicharra”, líder del cártel Los Huistas; Isel Súñiga, alcadesa de Tecún Umán; Ismael “El Mayo” Zambada, líder del cartel de Sinaloa; Juan José Morales Cifuentes, del clan “Los Pochos”; y Mario Estrada, exdiputado y candidato presidencial detenido por vínculos con narcotráfico. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca/Facebook)
Ismael "El Mayo" Zambada, de 76 años, uno de los fundadores y durante décadas máximo líder del cartel de Sinaloa, ha sido condena a cadena perpetua por una corte federal de Estados Unidos, con lo que concluyó el proceso judicial contra uno de los narcotraficantes más influyentes de la región.
Sin embargo, durante décadas junto a Joaquín Guzmán Loera, alias "el Chapo" Guzmán, consolidó una organización que trascendió las fronteras de México y también dejó huella en Guatemala, donde grupos criminales locales y figuras políticas facilitaron durante años el tránsito de drogas hacia México y Estados Unidos.
Investigaciones de autoridades estadounidenses han revelado que el cartel de Sinaloa utilizó territorio guatemalteco como un punto estratégico para el tránsito y almacenamiento de cocaína procedente de Sudamérica, aprovechando las rutas hacia las distintas fronteras.
De acuerdo con expedientes judiciales y reportes oficiales, la organización criminal llegó a pagar "impuestos" a una agrupación delictiva local para garantizar el paso seguro de cargamentos de droga.
Los Pochos y la ruta de la cocaína
Uno de los principales aliados del cartel de Sinaloa en Guatemala, identificado por las autoridades estadounidenses, fue "Los Pochos", el clan criminal que operó principalmente en Tecún Umán, San Marcos, encabezado por el exalcalde Erik Súñiga Rodríguez, conocido como "El Pocho".
El exfuncionario se entregó a la DEA, fue extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y falleció mientras enfrentaba ese proceso.
De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, el cartel de Sinaloa llegó a pagar "impuestos" a Los Pochos para garantizar el almacenamiento temporal y el paso seguro de cargamentos de cocaína por territorio guatemalteco rumbo a México y, posteriormente, hacia Estados Unidos. Esa relación convirtió a la estructura guatemalteca en un eslabón importante dentro de la cadena logística del cartel.
El Departamento de Justicia también estableció que la organización dirigida por Súñiga facilitó el transporte, el bodegaje y otras operaciones logísticas que permitieron mantener activa esa ruta del narcotráfico hacia el norte.
Fue a finales de 2019, que la estructura fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que declaró a Erik Súñiga y a Los Pochos como "narcotraficantes especialmente designados". Entre los señalados figuraron también su hija, Isel Súñiga, actual alcaldesa de Tecún Umán, San Marcos, y su esposo, Juan José Morales Cifuentes, alias "Pancho", quien fue extraditado a Estados Unidos en 2024.
El caso de Morales Cifuentes tuvo un nuevo giro este año. En junio pasado, se declaró culpable ante una corte federal de Estados Unidos del delito de conspiración para fabricar y distribuir cocaína.
Según documentos judiciales, admitió su participación en la estructura Los Pochos y acordó entregar US$1 millón identificado como ganancias obtenidas por la actividad ilícita de la organización.
Nexos políticos
El alcance del cartel de Sinaloa no se limitó a acuerdos con grupos criminales en Guatemala.
En el 2019, el exdiputado y candidato presidencial guatemalteco Mario Estrada fue arrestado en Miami tras una operación encubierta de la DEA (Administración de Control de Drogas, en español).
La acusación en su contra señalaba que había negociado con supuestos emisarios del cartel —en realidad, agentes encubiertos— para recibir financiamiento ilícito destinado a su campaña política, a cambio de facilitar el paso de cargamentos de cocaína por territorio guatemalteco.
El caso marcó un precedente sobre la capacidad del narcotráfico de infiltrarse en las esferas políticas del país.
Desde aproximadamente diciembre del 2018, la DEA investigaba a un grupo identificado como la “Conspiración de Estrada”, conformado por personas que intentaban obtener financiamiento de carteles internacionales de droga para apoyar la campaña presidencial del excandidato.
“[...] En el marco de estas gestiones, Estrada y su colaborador Juan Pablo González sostuvieron reuniones con aparentes miembros y asociados del cartel de Sinaloa —una de las organizaciones criminales más poderosas de México—, quienes en realidad eran agentes encubiertos y fuentes confidenciales bajo dirección de la DEA”, informó entonces Estados Unidos.
En reuniones grabadas en video y audio, Estrada y González solicitaron millones de dólares al cartel de Sinaloa para financiar la campaña presidencial de Estrada. A cambio, prometieron, en caso de ganar las elecciones, facilitar las operaciones del cartel en Guatemala.
El ofrecimiento consistía básicamente en otorgar acceso sin restricciones a puertos y aeropuertos para el tráfico de cocaína hacia EE. UU. y nombrar a miembros del cartel en altos cargos del gobierno.
Vínculo con Los Huistas
La influencia del cartel de Sinaloa en el país también quedó en evidencia en el 2025, cuando el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó cargos contra Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias “Chicharra”, y Salazar Flores, también dirigentes de una red criminal, acusados de trasladar cerca de 50 toneladas de cocaína desde Guatemala hacia México entre el 2010 y el 2017, droga que posteriormente fue distribuida en Estados Unidos.
“Chicharra”, señalado como cabecilla de Los Huistas —la estructura criminal más poderosa de Huehuetenango— fue capturado el 11 de marzo del 2025 en Chiapas, México, tras meses de fuga, y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por tráfico de cocaína.
En el 2022 ya había sido sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU., que lo catalogó como un narcotraficante de alto perfil.
Este caso evidenció la magnitud de las operaciones del cartel en Guatemala y cómo estructuras locales servían como brazo logístico del narcotráfico internacional.
Situación actual
El 25 de agosto de 2025, Ismael "El Mayo" Zambada se declaró culpable ante un tribunal federal de Nueva York de delitos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas, como parte de un acuerdo con la Fiscalía estadounidense.
El 20 de julio de 2026, el juez federal Brian Cogan lo condenó a cadena perpetua y ordenó el decomiso de US$15 mil millones, con lo que concluyó uno de los procesos judiciales más relevantes contra el histórico cofundador del cartel de Sinaloa.
La sentencia marca el cierre de su caso penal en Estados Unidos, aunque las investigaciones sobre las redes y estructuras de la organización criminal continúan.
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