Ley de infraestructura vial y la situación de los puertos crean expectativas

Organizaciones empresariales le prestan atención al avance de la ley de infraestructura vial prioritaria, dictaminada el miércoles por la Comisión de Economía del Congreso y expresan preocupación por el sistema portuario.

Rosa María Bolaños

23 de agosto de 2024

|

05:00h

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La situación de los puertos y de la red vial, así como legislación necesaria en esa infraestructura crítica se monitorea por el sector privado. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El caso de los puertos “es un desastre total y anunciado” ya que se ha hablado muchas veces de la urgencia de inversiones en esa infraestructura porque que para fomentar la comercialización y exportaciones se necesita agilizar el manejo de la carga.

De esa forma se refirió Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro), al hecho de que la Guardia Costera de Estados Unidos realizará una inspección portuaria en marzo, en tanto que otros entes supervisan al aeropuerto La Aurora, el que hace dos años estuvo a punto de ser suspendido.  

El problema es que la carga del país puede ponerse en riesgo, aparte del aumento de costos en caso de que los buques ya no puedan ingresar directamente a puertos guatemaltecos y tengan que hacer escalas en los de países que sí certificados como El Salvador y México, expuso.

“Sería una vergüenza porque se ha venido poniendo sobre la mesa que Guatemala requiere inversiones para poder contar con infraestructura y resguardo de tecnología, para atender las observaciones de logística y seguridad”, agregó.  

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Waleska Sterkel de Ortiz, directora de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (Amcham) dijo que Estados Unidos certifica todos los puertos desde los que le exportan y la certificación tiene que ver con muchos temas de seguridad portuaria, y uno de ellos es que exista una autoridad puntual, aspecto que Guatemala no ha cumplido.

“No es la primera vez que lo mencionamos, ya por varios años han pospuesto la decisión y seguimos certificados, pero no cumplimos con ese requisito; entonces, es necesario que pase esa ley”.

Infraestructura prioritaria

Respecto a la iniciativa de ley de infraestructura vial prioritaria que ya tiene dictamen positivo,  la directora de Amcham dijo que está bien que “se comience con algo”, ya que las carreteras prioritarias son también para exportación e importación y son vitales. “Pero es necesario que después se siga con las demás porque no se puede hacer todo al mismo tiempo y son años de falta de inversión”.

La directora de Camagro mencionó que lo percibe como “una de cal y una de arena”, ya que es un avance, aunque se haya recortado la cobertura. “Sin embargo, es mejor algo que nada, aunque el desgaste político que se requiere para pasar una ley reenfocada es el mismo que para una ley completa”, señaló.

Añade que la experiencia de los últimos años y lo sucedido en el kilómetro 44 de la ruta al Pacífico, debiera ser suficiente evidencia de que el modelo tiene que cambiar, ya que permite problemas de corrupción y se superan las capacidades de ejecución del gobierno, aunque tenga el dinero.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Jorge Ayala, explicó que la nueva ley propuesta se va a enfocar en el 10% de la red vial del país, pero que es donde circula el 70% del tránsito comercial.

En anteriores ejercicios fiscales de EE. UU., Guatemala ya ha aparecido en este listado.

El memorando, que por ley cada año debe enviar al secretario de Estado para hacer las asignaciones presupuestarias, también tiene como objetiv identificar si estos países han incumplido sus obligaciones en la lucha contra el narcotráfico.

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En el documento se lee: “En virtud de la potestad que me ha sido conferida como Presidente por la Constitución y las leyes de Estados Unidos, incluido el artículo 706(1) de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores (Foreign Relations Authorization Act) del Año Fiscal 2003 (Ley Pública 107-228) (FRAA), identifico por este medio a los países siguientes como países principales de tránsito de drogas o países principales de producción de drogas ilícitas:

1. Afganistán
2.  Bahamas
3. Belice
4. Birmania
5. Bolivia
6. Colombia
7. Costa Rica
8. Ecuador
9. El Salvador
10. Guatemala
11. Haití
12. Honduras
13. India
14. Jamaica
15. Laos
16. México
17. Nicaragua
18. Pakistán
19. Panamá
20. Perú
21. República Dominicana
22. Venezuela.

El documento también cita que “la presencia de un país en la lista precedente no constituye un reflejo de los esfuerzos que realiza su gobierno contra las drogas ni del nivel de cooperación con Estados Unidos”

Sin embargo, agrega que “el motivo por el cual se incluye a los países en la lista es una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten que haya tránsito o producción de drogas, incluso si un gobierno ha implementado medidas rigurosas y diligentes de control de narcóticos y de aplicación de la ley”.

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El documento resalta que “actuar ante las consecuencias continuas y cada vez más estremecedoras de la epidemia de adicción a las drogas y sobredosis en Estados Unidos, que se cobró casi 108 mil vidas en 2021, sigue siendo una de las principales prioridades del gobierno de Estados Unidos en materia de salud púbica”.

“El pedido de Presupuesto para el Año Fiscal 2023 que efectuó mi gobierno solicita USD 24.300 millones destinados a iniciativas de prevención y tratamiento basadas en evidencias, que incluyen la reducción de daños y los servicios de asistencia para la recuperación, con inversiones específicas orientadas a responder a las necesidades de las poblaciones más expuestas al riesgo de sobredosis y trastornos de consumo de sustancias. El pedido de Presupuesto también incluye inversiones significativas para reducir el suministro de drogas ilícitas que se origina fuera de nuestras fronteras”, agrega el documento.

Interpretación de la inclusión en la listas

Para el Internacionalista independiente Roberto Santiago, este informe tiene dos lecturas.

La primera es que EE.UU. está enfocado en desarrollar informes sobre drogas de otros países y condenarlos públicamente, pero obvian su situación interna, ya que no exponen cómo se han convertido en grandes productores y consumidores de metanfetaminas y otras anfetaminas que cada año se han ido incrementando.

Por otro lado, coloca a Guatemala como un país “puente” mayoritariamente trasiego, paso y tránsito de drogas y minoritariamente de producción. Pues la lucha antinarcótica ha quedado relevada por otros intereses políticos del momento, se cree que las Fuerzas Armadas están involucradas y el consumo interno de drogas ha aumentado.

Mientras tanto, la Presidencia explicó que “el narcotráfico es el principal corruptor de la región, debido a la posición cercana del principal país consumidor” en referencia a Estados Unidos.

Además, agrega que “Guatemala mantiene una lucha frontal contra el narcotráfico”. Para ejemplificar esto citan las capturas de 114 personas con fines de extradición, incluyendo la detención de José Alberto Camacho Ramírez ocurrida este día en Petén.

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Según GAFI, Panamá “ha hecho compromisos políticos de alto nivel” para “fortalecer la efectividad” de sus políticas para la prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo.

Sin embargo, debe “fortalecer” algunas políticas para “mitigar” algunos riesgos y “garantizar sanciones efectivas” que eviten la posibilidad de blanquear capitales, según un documento de GAFI.

Esta institución internacional que lucha contra el blanqueo de capitales incluyó a Panamá en su lista en 2014. Dos años más tarde, el país centroamericano fue retirado de ese listado, tras comprometerse a realizar varios cambios en su legislación.

El grupo lo reincorporó a la lista gris después de evaluar si esos compromisos se habían cumplido y si eran efectivos para la lucha contra el blanqueo de capitales.

La decisión se dio a conocer tras una reunión de GAFI realizada esta semana en Orlando (Florida, Estados Unidos), donde han asistido más de 200 miembros de esta institución, las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otros.

“Estamos comprometidos”

Pese a la inclusión en la lista, Varela de Chinchilla afirmó que Panamá está comprometido con cumplir las recomendaciones hechas por GAFI.

“Como Estado nosotros estamos comprometidos a seguir fortaleciendo el régimen de prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo”, indicó.

La decisión de GAFI es una estocada para la deteriorada imagen del país, que enfrenta la eterna sospecha de facilitar la evasión de impuestos, lo que supone una dificultad para atraer inversiones por miedo de las empresas o particulares a ser penalizados en su país de origen.

El presidente electo, Laurentino Cortizo, ha reconocido que recuperar la imagen de Panamá será su objetivo principal cuando asuma el 1 de julio.

El Superintendente de Bancos, Ricardo Fernández, manifestó que el sector bancario internacional y las agencias de riesgo “reconocen” los avances de Panamá en su lucha por blindar su sistema financiero.

“El gran reto está en qué tan rápido podemos nosotros implementar posiblemente nuevas leyes que vamos a requerir para hacer los ajustes pertinentes” contra el blanqueo de capitales, afirmó Fernández.

Entre los impactos que pudiera tener la medida para los bancos que operan en Panamá están el encarecimiento en el costo de fondos y las distintas operaciones para garantizar una mayor diligencia en las investigaciones de sus clientes.

“El presidente Juan Carlos Varela ha demostrado un compromiso al más alto nivel con la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo”, sustentó Varela de Chincilla.

El jueves, la presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá, Aimeé Sentmat, pidió a GAFI no incluir a Panamá en su lista gris porque el país ha realizado “los esfuerzos necesarios” para adecuar su legislación a “condiciones internacionales”.

Bajo el yugo de los “Papeles de Panamá”

En 2016 el sistema financiero panameño fue duramente criticado por el escándalo de los “Papeles de Panamá”, una filtración de documentos que reveló cómo desde un despacho de abogados de ese país se crearon numerosas sociedades opacas.

Algunas de esas sociedades fueron utilizadas supuestamente por personalidades de todo el mundo para blanquear capitales y evadir impuestos.

“Ese episodio nos golpeó mucho y todavía sigue teniendo sus secuelas”, afirmó Varela de Chinchilla.

El gobierno panameño ha acelerado una serie de reformas para blindar el sistema financiero, penalizar la evasión fiscal con la cárcel e intercambiar información financiera de manera automática bajo parámetros exigidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Sin embargo, y pese a las reformas, los “Papeles de Panamá” y la aparición periódica del país en distintas listas de paraísos fiscales, ha dañado considerablemente su imagen a nivel internacional.

“Hay una imagen golpeada porque el nombre (de Panamá) queda”, pero “esto es un camino largo y hay que seguir mejorando”, aseguró el vicecanciller panameño, Luis Miguel Hincapié.

“El tema del riesgo reputacional es el tema central”, destacó Fernández.

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Esta medida se produce un día antes de que Pekín empiece a aplicar el sábado 1 de junio un aumento de aranceles a productos estadounidenses por valor de US$60 mil millones.

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Se produce, además, después de que Washington incluyera este mes al gigante chino de las telecomunicaciones Huawei en una lista de empresas sospechosas a las que los grupos estadounidenses no pueden vender material tecnológico.

Huawei, que depende de los chips electrónicos de fabricación norteamericana para equipar sus teléfonos móviles, se ve así gravemente afectado y su propia existencia está en juego, según los expertos.

La medida anunciada el viernes por Pekín parece una respuesta a la ofensiva de la administración Trump contra Huawei.

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“Las empresas, organizaciones y particulares extranjeros que no respeten las normas del mercado, que se alejen del espíritu de un contrato, que impongan embargos o cesen de suministrar a empresas chinas por motivos no comerciales y dañen gravemente sus intereses y derechos legítimos serán colocados en una lista de entidades no fiables”, anunció el portavoz del ministerio chino de Comercio, Gao Feng.

La decisión de China de crear su propia “lista negra” parece destinada a presionar a empresas extranjeras para que mantengan relaciones comerciales con Huawei.

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El gigante estadounidense Google, cuyo sistema operativo Android es vital para los smartphones de Huawei, se halla entre las compañías que anunciaron que cumplirán con esa decisión del gobierno de Washington.

“Algunas entidades extranjeras han violado la normas del mercado y el espíritu de los contratos”, anulando suministros “y tomando otras medidas discriminatorias contra compañías chinas, dañando sus intereses y derechos legítimos, y poniendo en peligro la seguridad nacional y los intereses nacionales” afirmó Gao, según el rotativo estatal Global Times.

Estados Unidos alega que Huawei tiene estrechos vínculos con el gobernante Partido comunista chino y que es, de hecho, un caballo de Troya que sirve los intereses de los servicios de inteligencia de Pekín.

Huawei -el segundo mayor productor de smatphones, y líder en el desarrollo de las redes 5G de próxima generación- niega vehementemente estas acusaciones.

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El anuncio de China se produce en un contexto de escalada verbal, con responsables chinos acusando a Estados Unidos de mentir o de librarse a un “terrorismo económico”.

La guerra comercial entre Pekín y Washington se intensificó a inicios de mayo, y ambos países ya se han impuesto aranceles punitivos por cientos de miles de millones de dólares.

Tras la medida contra Huawei, Pekín llegó incluso a amenazar con restringir la exportación de tierras raras, un producto clave para la industria tecnológica estadounidense.

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Y este mismo viernes Pekín denunció las “mentiras” de Estados Unidos, tras las palabras del presidente Donald Trump afirmando que la guerra comercial entre los dos países tendría un efecto “devastador” para la economía china.

“Estados Unidos ha dicho ya esas mentiras una o dos veces. Cada vez, China las denuncia pero Estados Unidos persiste en ellas, de forma obsesiva, y sigue repitiendo esas mentiras” afirmó a la prensa un portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores, Geng Shuang.

Trump había reiterado el jueves que “China aspira a cerrar un acuerdo” con Estados Unidos ya que, según él, la guerra comercial tendrá “un efecto devastador” para el gigante asiático.

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El presidente de Estados Unidos alegó que la economía china se ralentiza y que “las empresas salen de China para evitar los aranceles” y van a instalarse a Vietnam u otros países de Asia.

Por su lado China acusó esta semana a Washington de librarse a un “terrorismo económico, chovinismo económico y acoso económico puro y duro”.

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Qué justifica el Pentagóno sobre la entrega de la lista de corruptos

La lista de funcionarios corruptos señala que José Armando Ubico Aguilar “es un diputado que fue condenado a 46 meses de prisión en 2003 en Estados Unidos por tráfico de heroína y que después de su liberación anticipada en libertad condicional en el 2005 y posterior deportación, Ubico fue elegido en el 2015 para integrar el Congreso”.

Información publicada por elPeriódico indica que Ubico Aguilar fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Newark, Nueva Jersey, el 3 de noviembre de 2001, señalado de tráfico de drogas.

La nota detalla que Ubico se declaró culpable de “conspirar para introducir por lo menos un kilogramo de heroína a Estados Unidos”. Fue acusado y condenado en diciembre de 2003, por el Juzgado de Nueva Jersey y condenado a 46 meses de prisión y tres años de libertad condicional.

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Guerra dijo que tiene conocimiento de la información que circula en varios medios de comunicación, pero que oficialmente necesita una notificación oficial y quien debería de enviarlo es el país o el Estado que envió ese informe. Resaltó también que él no lo pedirá porque no le corresponde.

Si esa información oficial no llega al Registro de Ciudadanos, Ubico Aguilar seguirá inscrito como candidato a diputado. De haber datos nuevos el Registro puede revocar la inscripción de Ubico debido a que ya no tendría las calidades que establece el artículo 113 constitucional que se refieren a la capacidad, idoneidad y honradez.

Prensa Libre buscó entrevistar al diputado Ubico Aguilar y a Byron Rodríguez, secretario general del partido Todos, a través de Suseth Casasola, relacionista del partido Todos,  pero al cierre de esta no nos había puesto en contacto con las dos personas.

El formulario para ser inscrita la planilla de diputados por el distrito de Sacatepéquez la presentó el secretario departamental de ese departamento, Óscar Rodrigo Ubico Aguilar. La planilla está integrada por José Armando Ubico Aguilar en la casilla 1, Álvaro David Ubico Aguilar en la casilla 2, Mario Roberto Navas Villatoro en la casilla 3.

La lista negra

Por Guatemala, el listado entregado por tres departamentos del Gobierno, y según información proporcionada por Torres, incluye a:

• Juan de Dios de la Cruz, exdirectivo del IGSS, condenado por el caso de corrupción IGSS/ PISA.
• Ingrid Roxana Baldetti, exvicepresidenta, condenada a 15 años de prisión por el caso Lago de Amatitlán.
• Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación, condenado a ocho años y seis meses de cárcel por delito de fraude, por el caso Blindados.
• José Armando Ubico Aguilar, diputado, condenado por narcotráfico en Estados Unidos en el 2003.
• Gudy Rivera, exdiputado y expresidente del Congreso, condenado a 13 años de prisión por tráfico de influencias y cohecho activo.
• Édgar Baltazar Barquín Durán, expresidente del Banco de Guatemala, condenado por tráfico de influencias por el caso Lavado y Política.
• Erick Santiago de León, exmagistrado, condenando por el delito de cohecho pasivo.

El listado está conformado por un total de 23 personas de Guatemala, El Salvador y Honduras, incluidos los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Antonio Saca. 

La lista

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Pero, lamentablemente y siendo realistas ya se sabe que esto no prosperará, porque si del Congreso de la República depende esta decisión, entonces estará garantizada la impunidad. Lo que evidencia una vez más la importancia y el peso que tiene el Legislativo dentro del sistema político guatemalteco.

El problema es que quienes deberían establecer los límites para quien está en el poder son igual de corruptos que él, entonces nuestro sistema político no funciona en la práctica. Y claro, las leyes escritas suenan bonitas, pero en el ejercicio del poder simplemente no funcionan, porque favorecen y propician la corruptela.

Por esta razón, cuando se crearon las leyes constitucionales junto a los valores y principios que sustentan los derechos ciudadanos, también se establecieron los mecanismos para limitar el ejercicio del poder. Pero hoy al ser vulnerados estos límites e independencia de poderes, también se están violentando los valores y principios sustantivos de toda la ciudadanía.

Es necesario para garantizar la institucionalidad y el estado de Derecho que se integre la legalidad y legitimidad en una unidad fundamentada en valores y principios éticos de validez universal, para así construir una verdadera ética del poder. Necesitamos funcionarios comprometidos con la separación e independencia de los poderes del Estado.

No obstante, con el escenario actual y basados en nuestra realidad, es una utopía hablar de legalidad y legitimidad, por lo que la lista de funcionarios y particulares que elaborará el Departamento de Defensa de Estados Unidos será de gran ayuda para nuestro país, porque evidenciará a quienes han cometido abusos.

El secretario de Estado tiene 180 días para proporcionar al Congreso una lista de nombres que será publicada. La denominada Ley de Autorización de Defensa Nacional incluirá a los funcionarios públicos que han cometido actos de corrupción, tráfico de drogas y financiación ilícita de campañas en Guatemala, Honduras y El Salvador.

Las personas que sean incluidas en esta lista no solo pasarán por el escarnio público y un “castigo moral”, sino también podrían estar sujetos a la congelación de activos y la denegación de visas, de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Global de Derechos Humanos de Magnitsky.

Estas son medidas que justamente se han tenido que tomar para países, donde los funcionarios han traspasado absolutamente los límites del poder, tal como ha venido ocurriendo en Guatemala desde hace décadas. Es claro el interés de Estados Unidos por dejar patente su compromiso de combatir la corrupción, ya que una de las causas de la migración ilegal a ese país se debe a la corrupción e inseguridad que se vive en los países del Triángulo Norte.

También es necesario comprender que la corrupción en el sector público es uno de los principales factores que ha causado el estancamiento económico y el subdesarrollo en que nos encontramos sumidos.

Por ello es plausible este gran esfuerzo por frenar los actos de corruptela en la región, que además será un claro mensaje para quienes están en este momento en el gobierno, para que enderecen su camino, si es que aún les queda un poco de cordura. Porque la impunidad persiste a pesar de los esfuerzos de la Cicig por combatirla. Con este tipo de leyes se estará dando un gran apoyo a la Comisión anticorrupción y es una esperanza a corto plazo para los ciudadanos.

Imagen_es_percepcion@yahoo.com

Y justamente en estos últimos meses los enemigos de la lucha anticorrupción, se han dedicado a difundir el mensaje de que la Cicig está debilitada y a punto de ser aniquilada. No es extraño que esta gente intente socavar la lucha contra la corrupción utilizando todos los medios posibles.

Pero así mismo, Estados Unidos no se ha quedado de brazos cruzados, en poco tiempo será publicada la lista de los corruptos guatemaltecos con nombre y apellido, un fuerte mensaje de parte del gobierno de Donald Trump, para expresar que no se tolerará ningún tipo de corrupción ni abuso por parte de los funcionarios públicos. Basta una simple sospecha para aparecer en esa lista negra.

Este listado incluirá no solo a los señalados de corrupción y narcotráfico, sino también a quienes hayan financiado ilícitamente campañas políticas. Esto ayudará de alguna manera para las próximas elecciones del 2019. Porque ya se sabe que cuando pensamos que ya no puede venir otro gobierno más corrupto e inútil, aparece otra “mara” de igual o mayor magnitud que la anterior. Así que con este tipo de acciones se minimizará el efecto.

Hasta el día de hoy, la oferta política es nula, por ahora no tenemos opciones para poder elegir a un presidente aceptable para el 2019. Lo que se ve venir es un desfile de personajes oscuros de la vieja política, los mismos que han llevado a nuestro país a una completa ruina.

La ley electoral sigue con lagunas y deficiencias, además de no ser funcional para la realidad del país, por lo que es inevitable que se vuelva a repetir la historia el año entrante, solo que corregida y aumentada, si no se les pone un freno. Y tristemente esa popular opción de “tener que elegir al menos malo” es inminente ya que se perdió la oportunidad de hacer reformas realmente útiles a la LEPP y lo que hicieron fue una payasada para distraer la atención.

Las leyes aquí premian a los políticos al salir del poder, al punto que tienen derecho de ser diputados al Parlacen o Congreso. Pero ahora al menos estarán señalados por “la lista negra de EE. UU.” Aunque pataleen no podrán ver a Mickey Mouse.

Ya no se debe permitir entrar a los espacios políticos a los mismos de siempre, personas sin escrúpulos y dinosaurios de la política guatemalteca, tampoco a outsiders tirados con onda como Morales, que en el fondo son fracasados y se dedican a la politiquería solo para volverse “multimillonarios”.

Es necesario y sano que aparezcan rostros nuevos, ideas frescas y renovadas. Profesionales inteligentes y honorables para acabar con el monopolio de politiqueros corruptos perpetuados en el poder de este país.

Otra excelente medida es el nombramiento del exembajador Todd Robinson como consejero para América Central del Departamento de Estado, él es un funcionario que siempre ha respaldado la lucha contra la corrupción y la impunidad, además conoce e identifica muy bien cómo se mueven las mafias en este país. Robinson es un hombre con mucho carácter y determinación, justamente lo que se necesita en Guatemala, y no un embajador que solo hace social life.

Es urgente empezar la reconstrucción de nuestro país, aunque será un largo y complicado proceso, porque mientras no se reformen algunas leyes que permiten y propician la corrupción no habrá cambios reales.

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La implementación, para intercambiar información fiscal de los contribuyentes, se basará en la demanda de uno de los países solicitantes y deberá ser autorizado por un juez, explicó.

El proceso no será en automático, como ocurre en otros países miembros que ya tienen avanzada la implementación, en la cual los solicitantes envían los listados de los contribuyentes que quieren conocer y se les despliega la información, sin necesidad de requerir autorización de alguna autoridad, añadió López Valdés.

El siguiente paso, dijo, será finalizar los convenios y ponerlos en práctica.

El funcionario explicó que en algún momento se discutirá sobre la renta mundial, para evitar la doble tributación.

Antonio Malouf, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), explicó que con este paso Guatemala podría atraer capitales, sobre todo de Europa.

“En Francia hay empresas del sector construcción, telecomunicaciones y venta de equipo industrial por este marco jurídico mundial”, afirmó.

El guatemalteco Borrayo Lasmibat fue el principal socio de Marllory Chacón Rossell, conocida como la Reina del Sur, en la creación de empresas que supuestamente se utilizaron para lavar dinero producto del narcotráfico en Guatemala. Él y su esposa, Mirza Hernández, así como Chacón Rossell, habrían aportado fondos a la campaña del Partido Patriota que llevó al poder a Otto Pérez Molina y a Baldetti.

Una compañía empleada para ese fin fue la lotería Bingotón Millonario, que fue incluida en la lista negra en el 2012.

Además de Bingotón Millonario, fue borrada del listado la empresa Revoluciones por Minuto Aceleración, S.A., con sede en la 20 calle 26-30, zona 10, también propiedad de Borrayo Lasmibat.

Esta firma se dedicaba a patrocinar carreras automovilísticas en Guatemala.

En la actualización de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, en inglés) también salieron otras personas y empresas ubicadas en Damasco, Siria; Bogotá, Colombia; y Monterrey, México, que fueron incluidas en la Ofac.

Hasta ayer, en la lista no aparecían Baldetti ni López Bonilla, ni empresas o compañías con las que tuvieron alguna relación comercial o de negocios.

Casualidad

Wálter Menchú, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) en el área de seguridad, dijo que es probable que Borrayo Lasmibat y Chacón Rossell hayan recibido un beneficio en sus condenas a cambio de señalar a las personas con quienes trabajaron en sus actividades delictivas en el país y a eso se debe que salieron de la lista negra.

“Esto no lo vamos a saber hasta que se desclasifiquen los procesos, porque en los Estados Unidos los casos se encuentran bajo reserva”, afirmó.

Menchú enfatizó que cuando se divulguen las sentencias de ambos condenados en EE. UU. se conocerán cuáles fueron los beneficios que recibieron.

Señaló que Chacón Rossell y Borrayo Lasmibat fueron involucrados en lavado de dinero con diferentes carteles mexicanos y colombianos.

El analista recordó que una de las abogadas de la Reina del Sur fue Bonnie Klapper, exfiscal de ese país, quien pudo haber negociado con la Corte de Miami la condena de su defendida.

También se reconoció que la condena pudo ser de 10 años y el 5 de mayo del 2015 Chacón Rossell fue condenada a 12 años de prisión en una corte federal de Miami, Florida.

“No es casualidad que el principal socio de la Reina del Sur para lavado de dinero salga de la lista Ofac el mismo día en que la Corte del Distrito de Columbia acusa a Baldetti y a López Bonilla”, afirmó Menchú.

Más nombres

Una fuente conocedora sobre lavado de dinero explicó a Prensa Libre que cuando la Corte del Distrito de Columbia haga la acusación formal, en los siguientes días, contra los exfuncionarios, podrían surgir los nombres de otras personas que participaron en actividades ilícitas, por los testimonios que hayan aportado Borrayo Lasmibat y Chacón Rossell en EE. UU.

En opinión de Menchú, cuando se revelen esos nombres podrían surgir personas, exfuncionarios —algunos, activos—, militares y efectivos de la Policía Nacional Civil que pudieron haber participado, como integrantes de una estructura paralela, en el trasiego de drogas o robo de cargamentos de estupefacientes.

Varios países del continente aparecen en la segunda categoría de observación por preocupaciones relativas a la propiedad intelectual en esta edición del informe, entre ellos México, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Canadá. EFE

El caso Ecuador

La razón que da el USTR para elevar a Ecuador de esa segunda categoría a la “lista negra” es “la derogación en 2014 de las provisiones criminales relacionadas con los derechos de propiedad intelectual” en el país.

“Estados Unidos urge a Ecuador a completar su trabajo para invalidar la derogación, o para lograr ese efecto a través de otros medios”, indica el informe.

“La falta actual de procedimientos y penas criminales invita a grupos trasnacionales organizados que se dedican a la piratería de derechos de autor y la falsificación de marcas registradas a ver a Ecuador como un refugio”, agrega.

En caso de que Ecuador “restaure las provisiones derogadas o adopte otras nuevas aceptables” antes de que acabe este año, el USTR revisará “rápidamente” su información “para determinar si vuelve a situar a Ecuador” en la segunda categoría de información, sostiene el informe.

Además, el USTR cree que el proyecto de ley sobre innovación económica que se debate en Ecuador “podría amenazar la inversión extranjera”, y que el país “no protege adecuadamente” la propiedad intelectual en las industrias farmacéutica, química y agrícola.

Argentina repite en la “lista negra”, conocida formalmente como “lista prioritaria de observación”, debido a que “sigue presentando una serie de deficiencias de muy larga data y muy conocidas” en la “protección y aplicación” de los derechos de autor.

El argentino se ha convertido en “un mercado extremadamente difícil” para las industrias donde la propiedad intelectual es importante, debido en parte a la “falta de aplicación eficaz” de medidas contra la piratería por parte del Gobierno y la “creciente preocupación” por esa actividad en Internet.

Sobre Chile, EE.UU. tiene “serias preocupaciones” sobre las disputas de propiedad que han surgido dentro del tratado de libre comercio bilateral, e insta al país a implementar “un sistema eficaz para hacer frente a los problemas de patentes” en relación con las solicitudes para comercializar productos farmacéuticos.

Respecto a Venezuela, EE.UU. indica que las medidas del Gobierno son “insuficientes” para afrontar una “piratería y falsificación generalizadas” en el país, y tampoco hay un “sistema eficaz” para proteger contra prácticas de comercio desleal en la industria farmacéutica.

Argentina, Chile, Ecuador y Venezuela comparten sitio en la “lista negra” con China, Indonesia, Tailandia, India, Pakistán, Argelia, Kuwait, Rusia y Ucrania.

La funcionaria, que pidió el anonimato porque los reglamentos de su despacho le impiden hablar con periodistas, dijo que la Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC por sus siglas en inglés) busca facilitar al público el cumplimiento de la ley removiendo de las listas a entidades que ya no reúnen los requisitos para integrarlas.

Las compañías e individuos que integran la lista de Departamento del tesoro tienen prohibido hacer negocios en Estados Unidos, que impuso un embargo a Cuba en 1962.

De las 45 entidades removidas de la lista 28 son empresas, 11 embarcaciones y seis individuos. Varias de las firmas están vinculadas con la industria del turismo en Cuba, incluyendo líneas de cruceros y cuatro operadoras de turismo. Algunas están en Panamá y dos en Estados Unidos. Varios de los buques sacados de la lista navegan bajo bandera chipriota.

Durante una audiencia celebrada el martes por la subcomisión para América Latina de la cámara baja, la legisladora republicana Ileana Ros-Lehtinen criticó la remoción y la atribuyó al acercamiento diplomático entre Washington y La Habana.

Agregó que la revisión ordenada en diciembre recién pasado por Obama para determinar si Cuba aún debe estar entre las naciones que patrocinan el terrorismo internacional “tiene una conclusión predeterminada. La conclusión es: Saquemos a Cuba de la lista” .

Ros-Lehtinen ha criticado reiteradamente el acercamiento con Cuba porque alega que terminará premiando a un gobierno que sistemáticamente viola los derechos humanos de su población.

Washington analiza si saca o no a Cuba de una lista separada de terrorismo. Los cubanos están presionando por ese paso en momentos en que los dos países negocian los términos para el restablecimiento de embajadas en las dos capitales.