La desigualdad en Guatemala se ha entrañado en cada rincón del país que ya no sorprende ver condominios exclusivos cerca de asentamientos, por ejemplo. En países como este, cobra más sentido la frase que usan los criminólogos “si quieres conocer a un país, visita sus cárceles”.

Esta es una de las primeras reflexiones que lanza el experto Zoel Franco al hablar de la cárcel ubicada en Mariscal Zavala.

Fue hace 12 años cuando los ministerios de Gobernación y la Defensa suscribieron un convenio que les permitía usar instalaciones militares como centros de privación de libertad de personas que, independientemente de sus delitos, se encontrara en peligro su vida.

De esta forma se empezaron a adaptar espacios en las bases militares de Matamoros, en zona 1 y Mariscal Zavala, en zona 17, con la salvedad que esta sería una opción “temporal” para resguardar a este tipo de reos.

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El expresidente Alfonso Portillo fue quien estrenó el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de la Zona 17, al interior de Mariscal Zavala, cuando fue trasladado a esta brigada militar en agosto de 2010. Por al menos tres años, Portillo compartió celda con los hermanos Francisco y Estuardo Valdés Paiz.

De ser un centro de prevención donde se esperaba resguardar a 20 personas con perfiles acordes a criminales extraditables, narcotraficantes y funcionarios pasó a ser un mini refugio para más de cien personas de alto perfil como expresidentes y exministros de Estado señalados de actos de corrupción.

Pero lo que más llama la atención de este centro y que fue explicado en el reportaje publicado este 21 de febrero es la latente señal de privilegios y desigualdad que se vive en este lugar.

El exministro de Gobernación en el año 2010, Carlos Menocal, justificó el uso de terrenos militares para esta cárcel diciendo que necesitaban una prisión de mediana seguridad destinada para testigos claves o colaboradores eficaces y que sería administrada por el Sistema Penitenciario.

Sin embargo, su uso se desvirtuó desde el inicio al recibir al expresidente Portillo que no era ni testigo protegido ni colaborador eficaz.

“Con el tiempo, Mariscal Zavala cambió su destino y ya no se utilizó para colaboradores sino para procesados de cuello blanco como políticos, extraditables y narcotraficantes. Al ocurrir eso, ocurre todo lo que pasa en el Sistema Penitenciario que es la corrupción para permitir el diseño de infraestructura que no está en la ley y el ingreso de cosas ilegales” explica Menocal.

El exfuncionario agregó que la alta relación que existe entre los directores de los centros, los guardias y los reos favorece el clima de corrupción que se da en todas las cárceles del país.

No es únicamente Mariscal Zavala

Corinne Dedik, experta en derecho penitenciario del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (CIEN), explica que el caso de Mariscal Zavala no es ninguna excepción y esto se origina en que el SP no cumple con sus obligaciones.

“En las cárceles hay una infraestructura que no reúne los requisitos suficientes para albergar la cantidad de personas además los edificios ya están desgastados y obsoletos y lo que sucede es que los privados de libertad se empiezan a organizar para que ellos mismos trabajen en algunas mejoras y esto llega a diferentes niveles, desde reparar algo que no funciona a ingresar material de construcción como tablas yesos y baños privados para construir un mejor espacio y si se les permite hacerlo, obviamente lo van a hacer”, agrega Dedik.

Mientras que Dedik no ve el problema en la ubicación de esta prisión, el ex viceministro de Gobernación, Julio Rivera Claverí menciona que nunca se debió contemplar una cárcel en una base militar.

“El primer gran error fue haber permitido que en una base militar se hiciera una cárcel pública. Lo que hay que tener claro es invertir dinero en las cárceles del país, pero con transparencia. El problema es que todo se convierte en negocio”, agrega.

Los privilegios y la desigualdad

Para Zoel Franco, quien es coordinador del Instituto Comparado en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), agrega que la diferencia de esta prisión con el resto de las 20 que existen en el país, a excepción de la cárcel militar de Matamoros, es el perfil de sus reos que han generado riqueza a través de actos de corrupción.

“Si hacemos una comparación con los otros centros de privación de libertad, la población que está en Mariscal Zavala está vinculada a delitos del crimen organizado que generan mucha riqueza e ingresos económicos”, agrega.

Sin embargo, este no es el único poder que manda. Muchos de los privados de libertad manejan un poder político por el lugar que desempeñaban antes de ser apresados.

“Muchos piden ir directamente ahí, por eso se ha convertido en un centro de acogimiento de personas que tienen poder económico y político y eso no se ve en los otros centros donde el hacinamiento es mucho mayor”, agrega.

Para abordar los privilegios que existen en las prisiones del país, el SP solo debe cumplir con su trabajo, explica por su parte Dedik.

“Si lo vemos con el tema de la comida únicamente, si el SP estuviera sirviendo comida propiada en calidad y cantidad ahí sí podrían prohibir el ingreso de alimentos porque tienen un servicio que cumple con todos los requisitos y así se va con todo. El no cumplir con los estándares mínimos es lo que abre la puerta para que la gente que quiere y puede ingrese muchas cosas más que legalmente no podría”, agrega.

Para Menocal y Rivera Claverí, la solución pasa por una reforma profunda al SP, que desde el 2011 que se creó, nadie más ha querido discutirla.

“Al plantear una reforma hay que hacerlo a través de una comisión propuesta por el gobierno central, el Congreso y el Organismo Judicial para que sea integrada, pero deben haber acuerdos políticos que permitan entender que esto no se resuelve en 4 años, hablamos de 16 y 24 años”, agrega Claverí.

Sin embargo, el problema en términos generales para los entrevistados es la corrupción que abarca los diferentes niveles dentro del SP, desde los responsables de sector, los guardias, directores de centros hasta las altas autoridades de la institución.

“Se necesita un nuevo modelo penitenciario con control y mecanismos telemáticos que no permita ninguna relación con el personal  y con los privados de libertad, que sea cada vez más telemático y tecnológico”, agregó Menocal.

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Centro desbordado

Según una supervisión de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), aunque Mariscal Zavala se creó temporalmente en 2010 para 20 personas privadas de libertad de alta peligrosidad en 2015 rebasó su capacidad y fue ampliado para atender a 135 privados.

En la última supervisión de marzo de 2020 había 218 hombres y en el espacio acondicionado para siete mujeres habían 27 y la mayoría de estas personas son exfuncionarios de gobierno que están en situación preventiva desde el 2015.

Según la Defensoría de Personas Privadas de Libertad, luego de 2015, conforme se empezaron a enviar a personas vinculadas por corrupción, se desvirtuó el objetivo para el cual fue habilitada la cárcel y derivó en “desbordamiento o sobrepoblación del centro penal”.

“Como parte de los mecanismos de seguridad, se ordena el horario de las visitas y vigilancia perimetral para los privados de libertad que se encuentran recluidos en esta área. Son dos sectores, el sector denominado de Aislamiento, en donde se encuentra recluido el expresidente de la República Otto Fernando Pérez Molina, junto con otros privados de libertad de casos conocidos por los Juzgados de Mayor Riesgo. En esta área conviven aproximadamente 30 privados y en el sector denominado Carpas los otros 180, siendo esta un área destinada para no más de 120”, dice el informe

Vulnerabilidades

Gerardo Villamar, defensor de los privados de libertad de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), explica que, en general, las personas con menor poder adquisitivo son las que más precariedades enfrentan en las prisiones del país.

“Las personas con pocos recursos económicos son las que tienen más necesidades dentro (de los centros carcelarios). La población privada de libertad es como una sociedad en pequeño, solo que en custodia. Hay poca accesibilidad a servicios básicos para quienes no tienen poder adquisitivo”, explica el defensor.

Un problema, explica Villamar, es que los centros carcelarios no tienen la infraestructura ni cuentan con los suficientes guardias para albergar a los más de 24 mil personas que se encuentran en custodia a nivel nacional, ya sea a la espera de que se solvente su proceso judicial o purgando una condena.

Esto hace que el Estado incumpla con su obligación constitucional de respetar la dignidad de los privados y proveerlos de servicios básicos. A menudo, la posibilidad de vivir en condiciones dignas depende de si un privado tiene o no la capacidad de remunerar económicamente a los privados de libertad que ejercen el poder adentro, explica Villamar.

“Si no se tiene un centavo no se puede ir a tiendas a comprar nada. El que llega con plata vive mejor porque el control y manejo del centro penal no lo tiene la autoridad, lo tienen los privados de libertad. Si se llega a un sector de seis personas, y se encuentran 18 en un cuarto de cuatro metros cuadrados la persona tiene que pagar o se queda parada durmiendo. Hay gente que se amarra a las paredes porque el hacinamiento es tal”, dice Villamar.

Esto es de lo que no se ha podido escapar el Sistema Penitenciario, porque a pesar de tener a reos de alto perfil, sigue repitiendo los mismos vicios que en los otros centros carcelarios: sobrepoblación, hacinamiento, pérdida de poder y falta de control.

Guardan silencio

Se intentó obtener una opinión de las autoridades del Sistema Penitenciario respecto a los señalamientos, sin embargo, no respondieron a las solicitudes hechas por este matutino.

El estar custodiada por militares, puesto que se encuentra dentro de la Brigada Militar Mariscal Zavala, no ha impedido que en el centro de detención que ahí funciona se hayan producido una serie de sucesos que ponen en entredicho la seguridad del Sistema Penitenciario y la permeabilidad de sus trabajadores a la corrupción.

El centro alberga a prisioneros especiales, principalmente exfuncionarios de Gobierno señalados de corrupción. Por dicha cárcel han pasado tres de los últimos siete presidentes del país, Alfonso Portillo, Álvaro Colom y Otto Pérez Molina, este último permanece preso en ese lugar.

Pero el hecho de que en en esa prisión estén privados de libertad de cierta élite comprueba que los escándalos se producen en prisiones que alberguen a cualquier tipo de prisioneros, no solo en el Preventivo de la zona 18 o en otros penales.

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El 18 de agosto del 2016, la prisión fue requisada por las fuerzas del orden y localizaron una serie de artículos que habían sido ingresados sin autorización, entre estos, televisores, refrigeradoras, un congelador y botellas de licor.

El 10 de mayo de 2017 se produjo uno de los sucesos más sonados: la fuga de Marixa Lemus Pérez, alias la Patrona, quien utilizó un uniforme del Sistema Penitenciario para escapar. En la mañana del 11 de mayo, un agente que debía escoltar a Lemus Pérez a una audiencia se percató de que no estaba en la cama y solo estaban las sábanas acomodadas de forma que parecía que estaba durmiendo.

La fuga de Lemus, acusada de varios delitos, entre estos el de encabezar una banda de secuestro y asesinato, ocasionó la destitución del director del Sistema Penitenciario de ese entonces y la captura del alcaide, el jefe de seguridad y seis guardias de la cárcel, entre ellos cuatro mujeres.

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Finalmente, Lemus fue recapturada en El Salvador, 14 días después de su escape.

Otra fuga que dio bastante de qué hablar fue la de Jeankarlo Alexander Sánchez Meneses, supuesto narcotraficante que trabajaba para el cartel de Sinaloa y que era requerido por EE. UU. para su extradición. Este ourrió el 17 de marzo de 2019.

De acuerdo con las investigaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA en inglés), Sánchez Meneses había pilotado un avión que transportaba cocaína, desde Venezuela a Guatemala.

Sánchez Meneses nunca fue recapturado. En septiembre de 2020, murió en un accidente aéreo en Chisec, Alta Verapaz, cuando al parecer, manejaba un jet e intentaba aterrizar en una pista clandestina.

El 31 de mayo de 2019, en una nueva requisa, las autoridades volvieron a encontrar artículos que los reclusos no tiene permitido tener, como botellas de whisky, vino y cervezas en lata; además, antenas rúters, celulares, cargadores, bocinas bluetooth, radio comunicadores, una tableta y varios cuchillos.

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Un año después, en otra requisa, de nuevo, incautaron televisores, aparatos para conectar internet y un equipo de aire acondicionado.

Luego de las fugas exitosas de Pérez Lemus y Sánchez Meneses, los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares también intentaron hacerlo. El 1 de julio del 2021 el Ministerio de Gobernación informó que los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) planeaban fugarse. La huida se evitó gracias a alertas internacionales.

Los hermanos guardaban prisión en Mariscal Zavala desde un año antes cuando fueron detenidos en el Aeropuerto La Aurora cuando pretendían abandonar el país en un vuelo privado. Eran pedidos en extradición por EE. UU. país que los acusa de intermediar entre 2009 y 2014 en el pago de US$28 millones por parte de la constructora brasileña Odebrecht a un exfuncionario panameño de alto rango.

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Finalmente, entre noviembre y diciembre del año pasado, después de una dura batalla legal, fueron extraditados a EE. UU. donde enfrentan cargos por lavado de dinero.

Menores y mujeres

Debido al intento de fuga, las autoridades requisaron el centro de detención y se llevaron la sorpresa de que hallaron a nueve menores de edad fuera del horario de visita, también varias mujeres y otro personal ajeno al Sistema Penitenciario; además, como ya se ha vuelto una costumbre cada vez que hay una requisa, hallaron botellas de licor, teléfonos y repetidoras de señal de internet.

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El pasado 17 de noviembre Christian Renato Rodríguez Gallardo “el patojo”, a quien la justicia estadounidense buscaba por lavar cerca de US$9 millones también se fugó, aunque fue recapturado un mes más tarde. Permanecía en esa cárcel desde septiembre de 2020.

Según la investigación, Rodríguez Gallardo formaba parte de una organización a gran escala de lavado de dinero, que operaba en Guatemala y EE. UU. Según el Ministerio Público recibió grandes cantidades de dinero en efectivo, luego de haber organizado negocios en aquel país, producto de narcotráfico.

Luego de la fuga, fueron detenidos nueve agentes del Sistema Penitenciario, el director de la prisión, Óscar Matías Pichiya Pathán, al igual que el alcaide, Óscar Vidal Sanic Samol.

El sábado 19 de febrero  fueron capturados cuatro guardias más, implicados en dicha fuga y señalados de permitir reuniones nocturnas en esta prisión.

¿Reordenamiento?

A los pocos días de haber asumido el Gobierno, las autoridades anunciaron un plan de reordenamiento que incluiría a la prisión que funciona dentro de la Brigada Militar Mariscal Zavala para terminar con los privilegios de ciertos reos; sin embargo, parece que a la fecha esto no ha ocurrido.

Diversas estrategias y aspectos exponen los abogados defensores a fin de evitar que la persona a la que defienden sea privada de su libertad; sin embargo, la decisión final y el determinar en qué centro carcelario guardará prisión queda sujeta a criterio del juez a cargo de la carpeta judicial.

De acuerdo con el abogado Érick Huitz, quien ha defendido a políticos, empresarios y personas involucradas en casos considerados como de alto impacto, para evitar que una persona señalada de un hecho delictivo sea enviada a prisión preventiva se deben vencer los dos supuestos procesales, los cuales son el peligro de fuga y la obstaculización de la averiguación de la verdad.

El profesional puntualizó que es difícil de desvirtuar el peligro sobre las averiguaciones de la verdad y en los casos de alto impacto “la gente que está sindicada tiene mucho poder, por eso el juez opta por enviarlos a prisión al considerar que pueden manipular las investigaciones”.

El abogado mencionó que “es el juez quien determina a qué prisión los envían”. Respecto a Matamoros y Mariscal Zavala, que fueron habilitadas como centros de privación de libertad hace menos de una década, Huitz refiere que por lo general son enviados a dichos lugares “para resguardar la vida de gente que ha tenido mucho poder, o bien para evitar que otros prisioneros les ocasionen algún daño físico o que puedan ser extorsionados”.

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Proceso y persona

El juez de Alto Impacto, Miguel Ángel Gálvez, explicó los aspectos que él toma en cuenta para decidir sobre a qué prisiones enviará a los señalados y pasan por “establecer el tipo de sindicado y que en los procesos de corrupción no es sencillo enviar a una persona al Centro Preventivo de zona 18”.

Agregó que los procesos penales que involucra a militares y narcotraficantes es difícil que se puedan ubicar en las prisiones normales.

Gálvez detalló que regularmente ha solicitado al Sistema Penitenciario informe sobre el número y nombre de las personas que están detenidas en las diferentes cárceles.

Otro de los aspectos que evalúa el juez es el estado de salud de la persona señalada “es necesario establecer qué tipo de enfermedad enfrenta, en algunos casos es necesaria la hospitalización y en situaciones así se puede acceder a la medida sustitutiva”, explicó Gálvez.

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Otra de las particularidades que surgen es cuando una mujer sindicada está en estado de gestación, el juez refirió que “en algunos casos autoriza que vayan a tener a su bebé y luego regresen a prisión” dijo.

Aunque ha enviado a muchas personas a guardar prisión preventiva a la cárcel de Mariscal Zavala, Gálvez reconoce que este lugar no reúne los requisitos mínimos de una prisión.

Sin límites

Para Julio Buonafina, abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal, “no existen limites para hacer solicitudes a los jueces de todas las instancias, sin embargo, son ellos los que deciden mandar a ciertos centros carcelarios de las personas”.

Buonafina explicó que los juzgados y tribunales tienen distintos criterios ante el peligro que pueda correr algún privado de libertad y entre los aspectos que un defensor podría plantear ante juez para solicitar determinada cárcel son “la edad, salud, sexo, vulnerabilidad y si es persona expuesta políticamente o alguna minoría étnica”.

Una mujer camina por una vía pavimentada y en la mano derecha carga una bolsa plástica con pan y en la izquierda lleva fideos. Se acerca a los custodios del Sistema Penitenciario que aguardan en una garita y quienes autorizan su ingreso al recinto carcelario instalado en la base militar Mariscal Zavala, en la zona 17.

En esta cárcel, concebida como una prisión con comodidades y máxima seguridad para Personas Muy Importantes (VIP, en inglés), guardan prisión preventiva muchos exfuncionarios señalados en tramas de corrupción, pero también alberga a supuestos narcotraficantes reclamados por EE. UU.

La mujer lleva víveres a un privado de libertad, pero como en Mariscal Zavala también hay clases sociales, ella se dirige al área común en la que conviven los reos con menos poder adquisitivo, los que afuera tuvieron un cargo menor en la estructura del gobierno o fueron simples empleados públicos operadores de las tramas que se ventilan en juzgados de Alto Impacto.

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El área para los comunes

En el ingreso al área común hay dos bancas en las que  el visitante puede esperar mientras sale el recluso para darle ingreso, quienes ya conocen la carpa en que está recluido su amigo o familiar empiezan a caminar entre los improvisados callejones que se han formado entre el desorden que marca la necesidad de tener un espacio.

No hay celdas, son espacios improvisados con carpas de vinil en no más de tres metros cuadrados, es el área de la privacidad a la que se puede aspirar en ese sector del penal.  El área común de Mariscal Zavala se asemeja a las champas de un asentamiento urbano de la Ciudad de Guatemala.

Entre los pasillos que se formaron ante la expansión de la población en esa cárcel, hay novedades. Se observan tiendas, ventas de pollo asado, tortillas de harina, una barbería que anuncia cortes a Q20; todo alrededor de una pequeña comunidad.

Mariscal Zavala dispuso de un espacio para instalar una prisión luego del 2015, cuando se desató la trama de La Línea y por la que guarda prisión Otto Pérez Molina, algunos de sus ministros y otros funcionarios de ese gobierno.

En seis años la población reclusa aumentó de 135 a 275 y este fue el factor que obligó a improvisar espacios y los módulos originales tuvieron que ceder a las carpas y alojar así a las decenas de privados de libertas que se fueron sumando.

Los toldos con vinil se popularizaron como celdas en el área común de esta cárcel y hay callejones que dividen un apartamento de otro, acá no hay celdas con barrotes, hay un poco más de comodidad y privacidad.

En un recorrido se evidenció que una charla la puede estar escuchando el vecino, los toldos están contiguos y las paredes son plásticas.

La rutina

Pero el área común de Mariscal Zavala también tiene estratos. Entre las carpas destacan algunas construcciones formales, apartamentos edificados con madera y tabla yeso. Algunos tienen finos acabados, aunque con puertas rústicas o ventanearía desajustada.

En los días de visita general los reclusos reciben a sus amigos o familiares en sus improvisados apartamentos, es el área más privada al que puede aspirar en el área común de esa prisión y para el resto, denota el poder que tuvo o tiene el propietario de ese espacio, que no necesariamente pasa por el factor económico.

Hay excepciones, aunque pocas. En ese sector algunos reos tienen alto poder adquisitivo y algunos reclusos nos relataron que si hay dinero pueden gestionar permisos con la Dirección General del Sistema Penitenciario para modificar su toldo y convertirlo en una habitación.

Algunos comedores que funcionan en el área común del reclusorio de Mariscal Zavala tienen modificaciones y dejaron de ser un toldo de campamento. En uno de esos negocios de comida hay refrigeradora, microondas, licuadoras y el menú va desde un pollo asado hasta huevos benedictinos acompañados de frijoles y plátanos fritos. La carta está abierta para quien pueda pagar.

Uno de los privados de libertad remarcó que los negocios surgieron con base al reglamento del Sistema Penitenciario, porque está permitido que los reclusos desarrollen oficios y el emprendimiento, por lo tanto, no consideran que esa explotación comercial sea ilegal.

“Es cuestión de tener dinero para lanzar el negocio, acá hay ventas de huevos, venden pollo, hamburguesas, pizzas. Hay competencia, claro que los reos que ponen estos negocios tuvieron dinero para invertir. También hay que tener pisto –dinero– para comerse todo eso que venden acá”, relató un privado de libertad al equipo de periodistas que visitó el centro carcelario.

Más allá de las comodidades, en el área común resalta el compañerismo. Todos se conocen y saben en qué toldo o habitación está cada uno recluido. Si hay una visita, rápido le gritan al privado de libertad para que la atienda.

Es día de visita general y entre los callejones se escuchan risas de niños y mujeres, la señal de que llegaron las familias a compartir con su ser querido.

También hay una cancha de fútbol disponible para quienes practican ese deporte. Es una cancha de tierra con dos porterías blancas que se usa para desestresarse habitualmente.

Algunos no gustan de pegarle a un balón y prefieren salir a caminar por varios minutos alrededor del campo. En ese sector precisamente está recluido el futbolista inactivo Marco Pablo Pappa, quien periódicamente sale a ejercitarse y es la oportunidad para algunos de compartir una tarde de juego con un profesional del balompié.

El covid-19 y los efectos del confinamiento también afectaron a esta comunidad de reclusos. Hubo negocios que quebraron, entre ellos el comedor El Rincón de Lupita que emprendió desde 2016 el exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, Omar Franco. Ese negocio dejó de servir comida debido a las restricciones que causó la emergencia sanitaria.

Otros privados de libertad se han reinventado, algunos ofrecen bebidas, aunque las que contienen alcohol están prohibidas en la prisión.

Pero el país se reactivó y en Mariscal Zavala comenzaron a llegar cada vez más personas vinculadas al narcotráfico, aunque los reclusos prefieren llamarles “los extraditables”.

Ellos han sido asignados al área común y han sido un alivio para una empírica actividad comercial en Mariscal Zavala. Los extraditables han inyectado una recuperación al área común de Mariscal Zavala ya que el poder adquisitivo de estas personas se mantiene alto pese a estar encerrados en una cárcel.

“Ellos -los extraditables- vinieron a dinamizar esto, son reos que no se meten con nadie y tiene dinero para comprarse comida y tener servicios básicos al día -agua, habitación, lavandería-. Entonces, con su permanencia ayudan al resto, porque si ellos quieren comida se les vende, si quieren un atol blanco se les vende, si quieren agua pura se les vende, si necesitan planchar su ropa se les vende ese servicio”, agregó un recluso.

Los reos con orden de extradición también invierten en su permanencia en prisión mientras en los tribunales se resuelve si son o no extraditados a Estados Unidos. Algunos de estos privados de libertad viven en habitaciones más cómodas hasta de dos pisos y constantemente reciben visitas. Mejorar su estilo de vida pasa por poner en circulación dinero que es aprovechado por quien pueda ofrecerle servicios.

La discordia

Lejos del entretenimiento hay temas que preocupan a la comunidad reclusa del área común, ya constantemente tienen problemas por la carencia de drenajes y un grupo de privados de libertad que tiene conocimientos de albañilería y plomería se encarga de gestionar el avance del sistema de tuberías para tener este servicio vital.

En estos días están tranquilos porque con la llegada del verano no tendrá que andar pensando en las filtraciones de agua en sus habitaciones, pero a partir de mayo, cuando inicie el periodo de lluvia, empezarán tapar agujeros y hacer cualquier tipo de remiendo para evitar esos inconvenientes.

El condominio

Lejos del área común, las ventas informales, los negocios emergentes y los apartamentos prefabricados está “el condominio”. La mayoría de los internos no lo conoce, pero sabe que está ahí cada vez que se topan con el portón de ingreso que tiene malla y está recubierto de follaje verde para impedir la visibilidad a esas casas.

El sitio es el área de Asilados Uno y parece un condominio residencial de cualquier zona de clase media de la capital. Las construcciones de los inmuebles cuentan con acabados finos en paredes blancas, las casas, aunque reducidas pueden ser de uno o dos niveles, con faroles en el portal o algunas lámparas más modernas, según el gusto y estilo de quién habita allí.

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Cada apartamento tiene un jardín en la parte frontal, con algunas especies de cipreses que dan apariencia hogareña a estos ambientes. Muy lejos de cualquier definición de una celda en ningún país.

En el portón que evita la invasión del área común hay una pequeña garita en la que un guardia del Sistema Penitenciario vigila constantemente. Ese ingreso está a 10 metros del acceso al área común, es decir, son sitios colindantes pero muy distintos y marcan una estratificación en la población reclusa.

“Allí viven los reyes, y los reyes no sirven a los reyes. Esa nos es una comunidad, allí cada uno vive a su estilo y se encierra en sus problemas. Algunos sí salen de allí para convivir con los del área común en alguna actividad deportiva o recreativa, pero son muy distantes, sin duda es la otra clase de esta prisión”, describió un privado de libertad del área común.

Si alguien del sector de Aislados Uno necesita arreglar el baño, la ducha, algún tomacorriente o remodelación, le avisan a los privados de libertad del área común para que brinden sus servicios.

“Ellos pagan por sus arreglos, al final indirectamente estamos en el mismo sitio y así como nos necesitan los necesitamos”, remarcó el reo.

El más reciente huésped en esa prisión es el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito Ruiz, quien ha sido ligado a proceso por los casos de Libramiento de Chimaltenango y su implicación con los Q122.3 millones decomisados en octubre de 2020 en una casa situada en la Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Según fuentes con conocimiento del tema, desde el primer día los abogados de Benito Ruiz gestionaron y lograron que fuera recibido en el sector más exclusivo y con más privilegios en Mariscal Zavala.

Otro de los reclusos en este sector es el expresidente Otto Pérez Molina, quien enfrenta juicio por el caso La Línea y quien en diversas ocasiones ha pedido mantenerse recluido en Mariscal Zavala.

La exclusiva y hermética zona VIP

Un tercer sector hace más profunda la desigualdad de los privados de libertad de la cárcel de Mariscal Zavala. Es el Aislados Dos, un sitio que a diferencia de los dos anteriores no se detecta con facilidad debido a que está situado detrás del vecindario de Aislados Uno y para llegar a esa área exclusiva hay que pasar por una tercera garita con custodios. Ahí también funcionan las oficinas de la alcaidía.

En este tercer sector hay más privacidad, Los visitantes al estar en el parqueo no pueden observar ese vecindario y para hacer solo es posible con la invitación de alguno de estos reclusos residentes allí.

En esa área guarda prisión el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, quien cuenta con una vivienda de dos plantas, siempre con la tendencia de paredes blancas y acabados finos.

En su área de recreación, el exfuncionario dispone de una mesa de ping pong, en la que se le ve practicar con frecuencia.

Algunos reclusos recuerdan que incluso se han efectuado torneos en ese penal porque es un deporte llamativo para muchos.

En Aislados Dos también está recluido el exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Murphy Paiz, quien está procesado por su implicación en el caso Comisiones Paralelas.

Otro de los “condóminos” es Cristian Rodríguez Gallardo quien tiene orden de extradición a EE. UU. por lavado de dinero y se había fugado de esa cárcel el 14 de noviembre pasado, aunque fue recapturado un mes después.

Algunos reos relatan que Rodríguez Gallardo, alias el Patojo, ha vivido relajado en prisión y acostumbra a estar en su apartamento simulando tomar café.

“Cuando los custodios pasan revisando si permanece o no en su espacio lo ven bebiendo su cafecito, pero no precisamente es eso. Cada taza de su bebida está mezclada con licor y así se mantiene mientras pasa sus días en prisión”, aseguró un privado de libertad.

En la grabación que captó su fuga de la prisión, el 17 de diciembre de 2021, se evidencia que Rodríguez Gallardo tambaleaba y era ayudado por un hombre para poder caminar y salir de Mariscal Zavala.

Hay tolerancia al consumo de cervezas y licores aseguran los prisioneros entrevistados.

En diciembre pasado fue habitual ver festejos en el penal, muchos reclusos organizaron convivios.

Prensa Libre y Noticiero Guatevisión tuvieron acceso a las instalaciones del centro preventivo Mariscal Zavala y se pudo comprobar cómo son las condiciones de esta prisión.

No se permitió el ingreso de cámaras de video o fotográficas por prohibición legal, por lo que se representa con ilustraciones lo que se pudo ver y comprobar el interior de la cárcel VIP.

Este recinto carcelario, instalado en el interior de la base militar, fue concebido como una prisión con comodidad para personas muy importantes. Por este han desfilado expresidentes, exfuncionarios y otras personas reconocidas por la sociedad.

Este es el recorrido interactivo por el interior de la cárcel VIP:

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