El Ministerio Público (MP) informó este martes 14 de marzo que a solicitud de la Fiscalía de Asuntos Internos, el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, declaró la rebeldía contra Rootman Estivens Pérez Alvarado y Mayra Yojana Véliz López.

Pérez Alvarado es sindicado por la posible comisión de los delitos de usurpación de funciones y tráfico de influencias.

Mayra Yojana Véliz López, sindicada por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Según el MP, la rebeldía fue declarada debido a que hasta el momento no se han podido hacer efectivas las órdenes de aprehensión ordenadas por ese juzgado.

EN ESTE MOMENTO

Cómo funciona la Feria de Empleo Nacional 2026 en Guatemala: qué buscan empresas y aspirantes 

Renovación de MP: Comisión está por calificar a los últimos aspirantes, entre ellos la fiscal Consuelo Porras y el ministro Marco Antonio Villeda

Las órdenes de captura fueron giradas el pasado 13 de marzo debido a una investigación relacionada a la posible manipulación de un expediente mientras Rootman Estivens Alvarado fungió como secretario de Política Criminal y Mayra Véliz como secretaria general del MP.

En abril de 2017, el Juzgado Décimo Penal ordenó a la entonces fiscal general, Thelma Aldana, nombrar un fiscal especial para que realizara una investigación en contra de Mayra Véliz y Roottman Pérez, derivado de una denuncia presentada por la Fundación contra el Terrorismo.

En esa ocasión, Véliz y Pérez fueron denunciados por supuestamente haber ordenado a la exfiscal Heidy Tamara de León y Paolo Similox que presentaran la acusación del caso Cambray 2 y que se pidiera juicio para el alcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizaes, y el ex jefe edil Antonio Coro.

El Ministerio Público (MP) informó que este lunes 13 de marzo  a solicitud de la Fiscalía de Asuntos Internos, el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, giró orden de aprehensión en contra de Rootman Estivens Pérez Alvarado, por la posible comisión de usurpación de funciones y tráfico de influencias.

También en contra de Mayra Yojana Véliz López por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Además, este lunes investigadores efectuaron tres diligencias de allanamiento en las que secuestraron indicios útiles en la investigación y hechos que se les atribuyen.

El ente investigador amplió que las diligencias fueron por una investigación relacionada a la posible manipulación de un expediente mientras Rootman Estivens Alvarado fungió como secretario de Política Criminal y Mayra Véliz como secretaria general del MP.

EN ESTE MOMENTO

Cómo funciona la Feria de Empleo Nacional 2026 en Guatemala: qué buscan empresas y aspirantes 

Renovación de MP: Comisión está por calificar a los últimos aspirantes, entre ellos la fiscal Consuelo Porras y el ministro Marco Antonio Villeda

Añadió derivado de la fase en la que se encuentra la investigación, habrá que esperar el avance el proceso para conocer mayor información.

En abril de 2017, el Juzgado Décimo Penal ordenó a la entonces  fiscal general, Thelma Aldana, nombrar un fiscal especial para emprender una investigación en contra de Mayra Véliz, secretaria general, y Rottman Pérez, secretario de Política Criminal, derivado de una denuncia presentada por la Fundación contra el Terrorismo.

Lea también: Roxana Baldetti recibe autorización de jueza para salir de la cárcel y recibir tratamiento médico, que será en su casa

En esa ocasión, Véliz y Alvarado fueron denunciados por supuestamente haber ordenado a una exfiscal y a otra persona que presentaran la acusación del caso Cambray 2 y que se pidiera juicio para el entonces alcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizaes, y el ex jefe edil Antonio Coro.

https://twitter.com/MPguatemala/status/1635421065227935744?s=20

El Ministerio Público (MP), a través de Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), informó que un juzgado competente ordenó la captura cuatro personas vinculadas al caso Odebrecht, acuerdos fraudulentos, corrupción e impunidad.

Curruchiche informó, mediante un video difundido por el MP en redes sociales, que las órdenes de captura fueron solicitadas por la Feci y son contra el abogado Juan Pablo Carrasco de Groote, a quien identifica como cónsul honorario de un país de la Unión Europea y además, como presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) y  exasesor de la empresa Odebrecht.

Además, también se autorizó la aprehensión de la exfiscal general de la República y jefe del MP Thelma Esperanza Aldana Hernández; la exsecretaria general del MP, Mayra Johana Véliz López y contra el exmandatario de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Luis David Gaitán Arana.

Curruchiche detalló que las órdenes de captura para estas personas son por los delitos de obstrucción de justicia, conspiración y abuso de autoridad.

EN ESTE MOMENTO

Cómo funciona la Feria de Empleo Nacional 2026 en Guatemala: qué buscan empresas y aspirantes 

Renovación de MP: Comisión está por calificar a los últimos aspirantes, entre ellos la fiscal Consuelo Porras y el ministro Marco Antonio Villeda

Mantenimiento domina proyectos de infraestructura prioritaria por Q1 mil 200 millones

Las órdenes de aprehensión fueron giradas por la jueza de turno penal, Carol Patricia Flores Polanco, quien perdió la inmunidad en 2015. En abril de ese año, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Pubñico  presentaron la  solicitud de retiro de antejuicio contra  Flores Polanco, a fin de que se le invesigara por los posibles delitos de lavado de dinero u otros activos; enriquecimiento ilícito, e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.

Además, en mayo de 2011, la jueza también fue quien cerró el proceso en el que se vinculó Alejandro Giammattei y se le señaló en un caso de ejecuciones extrajudiciales cuando dirigió el Sistema Penitenciario entre 2005 y 2007.

Van contra Iván Velásquez

En el video el actual jefe de la Feci mencionó: “Quiero manifestar que la Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá las acciones legales correspondientes para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos el excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez Gómez y la exfuncionaria de Cicig, Luz Adriana Camargo Garzón.

También mostró en pantalla algunos correos electrónicos en los que supuestamente se comprueban las negociaciones entre las autoridades de ese entonces y Odebrecht.

Explicó que “en un correo electrónico enviado el 15 de junio de 2017 por la funcionaria de Cicig, Luz Adriana Camargo Garzón a Juan Pablo Carrasco de Groote le indica que la exfiscal Thelma Aldana y el excomisionado de la Cicig, Iván Velásquez Gómez solicitan que se realicen cambios a los acuerdos de colaboración eficaz”.

Agrega que el 3 de agosto de 2017, “Juan Pablo Carrasco de Groote envía correo electrónico al abogado brasileño Guillermo Solis y le informa sobre una reunión sostenida en la Cicig, y en la que participaron la exfiscal general Thelma Aldana y el excomisionado de la Cicig, Iván Velásquez Gómez,  quienes otorgan el visto bueno para que se suscriban los acuerdos de colaboración eficaz en Brasil, lo cual denota que tenían pleno conocimiento de las oscuras y corruptas negociaciones que se estaban realizando con la empresa Odebrecht”.

Curruchiche señala que el 11 de agosto de 2017, Adriana Camargo Garzón envía un correo electrónico a Juan Pablo Carrasco, con copia al correo Iván Velásquez Gómez con el siguiente mensaje: “Luego de la revisión final de los últimos ajustes a los acuerdos de colaboración eficaz, se ha recibido visto bueno para seguir adelante con el trámite, en tal virtud, la semana siguiente se harán las coordinaciones con el juzgado contralor del caso para concretar su firma y las declaraciones en anticipo en Brasil”.

#CasoAcuerdosFraudulentosCorrupciónEImpunidad
La Fiscalía Especial contra la Impunidad informa: pic.twitter.com/mO7gEJqlqC

— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 16, 2023

El jefe de la Feci mencionó también, este hecho se concretó el 8 de septiembre de 2017, cuando la jueza Marta Claudeth Domínguez Guerrero aprobó los acuerdos de colaboración eficaz de los brasileños Luiz Antonio Mameri, Marcos de Cerqueira Lima Machado y Eduardo Oliveira Gedeón.

Los ciudadanos brasileños Marcos de Cerqueira Lima Machado y Luiz Antonio Mameri, exdirectivos de la constructora brasileña Norberto Odebrecht, tendrán que rendir su primera declaración por un caso de corrupción que salpica a Guatemala el 1 de febrero de 2023, según informó la Feci recientemente.

LE RECOMENDAMOS

Manuel Baldizón: expresidenciable implicado en casos de corrupción sale de la cárcel Mariscal Zavala tras haber pagado millonaria fianza

Caso Odebrecht: en seis semanas se ha llevado el proceso a sus inicios de 2017

El 28 de noviembre de 2022, Feci informó que, a requerimiento de ellos, el Juzgado de Mayor Riesgo D dejó sin efecto, y por consiguiente sin valor jurídico alguno, la audiencia de primera declaración de Mameri y Lima Machado, la cual fue celebrada el 8 de septiembre de 2017 en el caso Odebrecht.

“Ante los hechos evidentes, en los cuales quedan de manifiesto actos ilegales y corruptos que causaron un grave detrimento al estado de Guatemala, la Fiscalía Especial contra la Impunidad categóricamente manifiesta que no escatimará esfuerzo alguno para que quienes resulten responsables rindan cuentas ante la justicia y paguen por sus actos con todo el peso de la ley”.

Iván Velásquez, quien dirigió la Cicig en Guatemala y quien fue declarado persona no grata por el entonces presidentes Jimmy Morales, actualmente es Ministro de Defensa Nacional de Colombia.

Caso Odebrecht y Guatemala

El caso Odebrecht es uno de los casos de corrupción más grande de las últimas décadas al alcanzar a presidentes, vicepresidentes y demás funcionarios de gobierno de al menos 12 países, entre ellos Guatemala.

Odebrecht es una empresa constructora de Brasil que se dedicó a emitir sobornos en toda Latinoamérica a cambio de ser beneficiada con contratos gubernamentales.

Los hechos quedaron expuestos por una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que, además, participaron agencias fiscales de al menos 10 países.

Para el caso de Guatemala, durante el Gobierno del extinto Partido Patriota (PP) el Congreso autorizó la construcción de una carretera de cuatro carriles entre Suchitepéquez y San Marcos.

En ese caso, el Gobierno destinó el pago de US$384 millones para el ambicioso proyecto de más de 100 kilómetros, pero las pesquisas por corrupción ocasionaron que se incumpliera con la obra que Guatemala ya había pagado.

Los hechos por enlistar actos de corrupción entre funcionarios y empresarios del más alto perfil se le designó a la Feci, cuya investigación permitió la captura de algunos abogados en enero de 2018.

Lima Machado expone en la videoconferencia que estaban interesados en invertir en Guatemala, por lo que hicieron una exploración en el 2010, pero antes de ello investigaron si el Estado de Brasil podía financiar algunos proyectos en este país. Cuando les dijeron que sí, viajaron   a Guatemala durante el cuarto trimestre de ese año.

El colaborador eficaz señaló que empezó a tener cercanías con el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), pero fue con la gestión del Partido Patriota con la que se concretó el proyecto de la construcción de la Carretera CA2 Occidente.

Según el relato, durante el gobierno de la UNE el representante de Odebrecht se reunió con dos técnicos de la Dirección General de Caminos, quienes le entregaron el plan vial 2007-2017. Luego de estudiarlo se reunió con el entonces ministro de Comunicaciones, Guillermo Castillo, y el presidente Álvaro Colom, quien le ofreció el tramo carretero.

LE RECOMENDAMOS

Caso Odebrecht: Juzgado confirma que brasileños implicados en caso de corrupción deben rendir primera declaración  

Nulidad de testimonios en caso Odebrecht beneficiaría a Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón

Gobierno del PP

Lima Machado expone que, en una fiesta de un amigo, en diciembre del 2011, conoció a Alejandro Sinibaldi, con quien platicó brevemente y le expuso que estaban interesados en invertir en Guatemala.

Después de un tiempo se concretó una reunión con Sinibaldi en el Ministerio de Comunicaciones.

Debido a que el proceso no avanzaba, Lima Machado cuenta que tuvo que reunirse con la vicepresidenta Roxana Baldetti, “quien me presentó a Arturo Batres Gil. Luego de varias semanas, Batres Gil me llama para decirme que ya no debería tratar más con Alejandro Sinibaldi, sino hacerlo por medio de la vicepresidenta de la República, por lo que le indiqué que no podía porque era tema del Ministerio de Comunicaciones”.

En septiembre del 2012, Sinibaldi  le dijo al colaborador eficaz que era necesario agendar un dinero para él, ya que, de lo contrario, no podría avanzar el proyecto, pero Lima Machado respondió que tenía que hablarlo con su líder, Luiz Antonio Mameri.

En enero del 2013, Sinibaldi le solicitó a Mameri el pago de la comisión del 7.5 por ciento del total del contrato —unos US$9.9 millones— para gestionar los procesos y concretar el proyecto de la construcción de la Carretera CA2 Occidente; luego de un tiempo aceptó, según el relato grabado.

Otra de las referencias de Lima Machado señala que el fallecido exministro de Finanzas Públicas Pavel Centeno fue el encargado de elaborar los términos de referencia del préstamo para ejecutar el proyecto.

Para que el banco brasileño aprobara el crédito fue necesario que se presentara un contrato.

El colaborador eficaz contó que hicieron un borrador y, para su sorpresa, de un día a otro el Congreso aprobó el borrador que ellos propusieron al momento de hacer la negociación, sin hacerle modificaciones.

“En abril del 2013 se pagó la mitad del anticipo de la obra, US$38 millones 223 mil 490.17, y de ahí salieron los siete primeros desembolsos para funcionarios públicos”, afirma Lima Machado.

Según la investigación y lo confirmado por Lima Machado, Manuel Baldizón habría recibido US$1.2 millones de los US$3 que habían pactado.

Debido a que  en la casa de Sinibaldi hubo una reunión con Baldizón y el ahora colaborador eficaz, ese día aquel le dijo que había que entregarle una cuota a este último.

Batres era secretario privado de Baldetti y es uno de los prófugos del caso por haber recibido US$4.9 millones en sobornos, según la pesquisa.

La Sala Primera de Apelaciones Penal resolvió que el juzgador Cruz es idóneo para controlar las pesquisas contra Mayra Véliz y Rootman Pérez, exfuncionarios del Ministerio Público (MP).

TE PUEDE INTERESAR:

Juez Víctor Cruz reprograma audiencia del caso IGSS-Ambulancias

Los alegatos de las partes, así como la resolución se conocieron a puerta cerrada pese a que las audiencias son orales y públicas, con excepción explícita de algún juez o cuando se trate de casos de niñez y adolescencia.

El secretario de la Sala notificó a las partes afuera, en uno de los pasillos, acerca de la confirmación del juzgador Cruz en el proceso. Incluso, hasta fue reforzada la seguridad por el Organismo Judicial (OJ).

La Sala es presidida por Freedyn Fernández aunque estuvo ausente y en su lugar conoció el caso Aura Marina Mancilla Solares acompañada de los vocales Carlos Patricio Rodríguez Meza y Miriam Elizabeth Méndez Méndez.

El caso se deriva a la querella abierta por supuestas presiones que recibió la exfiscal Heidi Tamara de León para que solicitara el retiro de inmunidad contra los magistrados de la corte de Apelaciones de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer en marzo del 2017.

Lee además: Tras ordenar captura de Thelma Aldana, Víctor Cruz se convirtió en el juez más protegido del país

De León fue la fiscal que cerró la persecución penal a favor del alcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizaes y su antecesor Antonio “Tono” Coro, procesados por el derrumbe el 1 de octubre del 2015 que sepultó la aldea El Cambray II y dejó 272 fallecidos.

El proceso llegó al Juzgado Décimo Penal, que en ese entonces dirigía Walter Villatoro, quien le solicitó al Ministerio Público (MP) que nombrara un fiscal especial para investigar a Rootman y Véliz. Después el juzgador se retractó por la independencia de las actuaciones de la Fiscalía.

El año pasado Villatoro fue designado al Tribunal de Chiquimula y en su lugar fue nombrado el juez Cruz.

Lee además: Fiscales piden protección para el jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval

Recuerda señalamiento

Pérez mencionó que el juzgador Cruz tiene una denuncia penal por su actuación en el expediente contra Aldana.

Los supuestos actos son violación de información confidencial, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes debido a que brindó información del caso contra Aldana que está en reserva desde el 18 de marzo pasado y cada 10 días ha avalado la prórroga.

“Se sabe que el juez Cruz es protegido por el Ministerio de Gobernación y la SAAS -Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de Guatemala- cuya función es cuidar al presidente”, afirmó Pérez.

Pérez y Véliz son cercanos a la exfiscal Aldana.

Contenido relacionado

>Capturan en Guatemala al “corrupto”, uno de los salvadoreños más buscados

>Cedecon pide al MP que investigue a los exmilitares que amenazan con boicotear las elecciones

>Juzgado pide orden de captura internacional en contra de Thelma Aldana

Las renuncias, presentadas el miércoles, fueron aceptadas por la fiscal general, Thelma Aldana, y aunque argumentan que se deben a “motivos personales” se dan a conocer después de saber quién ocupará el cargo de jefa del Ministerio Público (MP) los próximos cuatro años.

Lea más

Cuáles son las prioridades de la nueva fiscal General María Consuelo Porras

Además de Véliz, las personas que presentaron su dimisión fueron el secretario de Política Criminal, Rootman Pérez; la secretaria privada y de asuntos estratégicos, Ofelia González, y el coordinador nacional del sistema informático, Ronald Figueroa.

>Lea también | Las fortalezas y debilidades de los candidatos a dirigir el MP

Cuestionada por si el nuevo nombramiento tiene relación con estas dimisiones, la portavoz de la Fiscalía, Julia Barrera, indicó que se trata de “una decisión personal de cada uno de los funcionarios” y que esta se produjo el miércoles, aunque no fue dada a conocer hasta este jueves.

Rootman publicó un mensaje en sus redes sociales informando de esta decisión y reiteró su lucha por una mejor Guatemala. “Desde cualquier espacio, continuaré luchando con la firme convicción, que es posible construir un mejor país”, escribió.

El día de ayer fue aceptada mi renuncia como Secretario de Política Crimimal del Ministerio Público. Desde cualquier espacio, continuaré luchando con la firme convicción, que es posible construir un mejor país.

Gracias @MPguatemala

— Rootman Perez (@RootmanPerez) May 3, 2018

La nueva fiscal, electa entre seis candidatos propuestos por la Comisión de Postulación tras depurar decenas de expedientes durante más de dos meses, sustituirá en el cargo el próximo 18 de mayo a Thelma Aldana, quien termina un periodo marcado por un combate frontal a la corrupción y la impunidad.

Porras Argueta (Chimaltenango, 23 de agosto de 1953) es una abogada guatemalteca, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de San Carlos y electa como magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala para el período 2016-2020.

En su vida profesional destaca haber trabajado como magistrada de la Sala de Apelaciones, Supervisora de Tribunales, fiscal del Ministerio Público y en la jefatura de la Sección de Asuntos Constitucionales y Amparo, además de presentarse como candidata a fiscal en dos ocasiones anteriores, en 2009 y en 2014.

Contenido relacionado

>La estrategia contra la corrupción en Centroamérica que busca implementar la congresista estadounidense de origen guatemalteco

>El transfuguismo ya no sería castigado si se aprueba una iniciativa de ley

>Por qué la derecha queda huérfana con la muerte de Arzú y Ríos Montt