Movimiento Projusticia

Análisis Projusticia: El miedo que acecha las elecciones de segundo grado

Mon, 30 Mar 2026 06:13:00 +0000

Guatemala

Análisis Projusticia: El miedo que acecha las elecciones de segundo grado

La designación de magistrados de la CC y el proceso de nominación de candidatos al MP son el epicentro de las acciones desestabilizadoras, con las cuales pretenden conservar el control de estas instituciones y el manejo de los engranajes de la impunidad.

Movimiento Projusticia, Especial para Prensa Libre

30 de marzo de 2026

00:13h

A la comisión de postulación para elegir la nómina de seis candidatos al cargo de fiscal general del Ministerio Público le quedan pocas etapas por concluir. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González).

Apenas concluye marzo y los procesos de elección de segundo grado 2026 han quemado etapas relevantes, en un marco de tensiones políticas, negociaciones espurias y graves amenazas de criminalización como principal ingrediente, especialmente en lo tocante a la integración de la Corte de Constitucionalidad (CC) y la elección de fiscal general de la República.

Se trata de factores comunes y frecuentes en este tipo de procesos, excepto por el miedo a la criminalización, que surge cuando, desde las entrañas del Ministerio Público, la persecución penal se convierte en un instrumento más de coacción para quienes actúan con independencia, pensamiento crítico y se resisten a aliarse con las estructuras criminales que siguen controlando grandes porciones de las instituciones.

En el proceso de postulación y elección de candidatos al Tribunal Supremo Electoral, los factores fueron disímiles. No se percibió miedo; todo estuvo controlado por el presidente de la comisión y sus aliados. Hubo unanimidad en las decisiones, incluyendo las etapas con mayor arbitrariedad y discrecionalidad; y, en la votación final, los votos disidentes no tuvieron relevancia. Los comisionados parecían felices, en contraposición a la decepción de amplios segmentos ciudadanos cuando se conoció la lista de veinte candidatos.

Cuando el pleno del Congreso concretó la elección de los magistrados titulares y suplentes, fue evidente que las tachas presentadas en contra de muchos de los candidatos ganaron peso e incidencia. La comisión había tramitado todas las tachas, pero, al final, las rechazó en cuestión de minutos. Por eso resalta que la mayoría parlamentaria excluyó a quienes concitaban más repudio, y los diputados que más votos manejan —y que son conocidos por despreciar las corrientes de opinión pública— no pudieron elegir a su antojo.

Acciones legales pendientes de resolver

En el proceso de integración de la CC, los nuevos magistrados titulares y suplentes ya fueron juramentados y está vigente el decreto que pone nombre y apellido a cada magistratura, pero aún hay intentos para anular las designaciones de Astrid Lemus (CANG) y Julia Marisol Rivera (USAC). La primera es considerada enemiga de la alianza multisectorial por el control de las instituciones y la impunidad; la segunda fue designada en el cargo que estaba reservado para la actual presidenta de la CC, Leyla Lemus, de quien se creía que tenía asegurada la reelección.

Además del intento por anular estas designaciones vía acciones de amparo, es sabido que el Ministerio Público busca activar denuncias penales y enviar a prisión preventiva a Astrid Lemus y a la presidenta del CANG, Patricia Gámez. Hacen la lucha para que Nester Vásquez siga en la CC si logran anular las elecciones gremiales y, al procesar penalmente a la abogada Gámez, ocasionarían de refilón un problema de integración en la comisión que nominará candidatos al MP.

Mientras la integración de la CC afronta algunas condiciones de fragilidad e incertidumbre, la comisión de nominación de candidatos a fiscal general está por iniciar una fase relevante: la evaluación de los 49 aspirantes, mientras se reporta ya una fuerte coacción para no dejar fuera de la nómina de seis candidatos a la actual jefa del MP. De 6 a 8 comisionados parecieran estar dispuestos a encabezar la lucha en nombre de Consuelo Porras, los mismos que intentaron sistemáticamente que ella llegara a esta fase sin tachas. Pero no lo lograron, y para nominarla requieren al menos diez votos.

Algunos comisionados reportan ya coacciones, temen que haya represalias en su contra y cuentan que también hay “ventiscas que soplan desde el norte”. El 17 de abril sabremos qué tan fuertes estuvieron los telefonazos, las ventiscas y los dedazos amenazantes, y qué tanto terreno ganó el miedo.

Análisis: Las tachas, una gran impostura

Mon, 16 Mar 2026 06:01:00 +0000

POLÍTICA

Análisis: Las tachas, una gran impostura

Los comisionados fingen y simulan acatar la norma, pero solo buscan salir del paso incómodo de recibir objeciones.

Movimiento Projusticia

16 de marzo de 2026

00:01h

Las comisiones de postulación tienen una fase destinada a la recepción de objeciones. (Foto Prensa Libre: Javier González)

En el lejano 1999, cuando los procesos de postulación eran secretos, no había monitoreo ciudadano ni espacios para las denuncias de impedimento; aparecieron por vez primera “las tachas”. Algunas comisiones recibían los documentos con señalamientos, sin mucho entusiasmo, pero, al final, “los tachados” no eran nominados.

Así, se presentaron denuncias bien fundamentadas contra jueces que acosaban a mujeres de su entorno laboral y a sujetos procesales; litigantes que amenazaban, incluso con arma blanca, a sus vecinos, clientes y contrapartes; jueces y magistrados que —por venales y ser parte del patrón de impunidad— emitieron resoluciones que a la postre generaron condenas internacionales al Estado de Guatemala.

Desde 2009, la Ley de Comisiones de Postulación (LCP) obliga a las comisiones a recibir denuncias de impedimento y, si bien no ordena dar validez a los señalamientos, garantiza que los documentos sean recibidos, leídos en el pleno de la comisión y tomados en cuenta al momento de pronunciarse sobre la honorabilidad, los méritos éticos y la idoneidad de los aspirantes. Se excluyen, por supuesto, aquellos que no puedan ser verificados, según el artículo 20 de la ley aludida. Los rechazos han abundado porque es evidente que debemos mejorar la calidad de las denuncias, ampliar la capacidad para recopilar la información y no depender de “recortes de prensa”.

Hasta ahora, todas las comisiones recibían impedimentos, los leían en el pleno de la comisión, los daban a conocer y todos los tachados debían presentar descargos. Si alguna denuncia quedaba excluida, en el pleno se discutía el porqué del rechazo, con argumentos tanto a favor como en contra de esa decisión; pero esto tenía lugar después de conocer los descargos de los postulantes afectados por el señalamiento.

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No se bloqueaba el trámite de estos documentos para favorecer a un candidato en particular, como ocurrió hace pocos días en la comisión que nominará candidatos a fiscal general de la República 2026-2030.

Sin embargo, con frecuencia hay comisionados que se las ingenian para “cumplir” el artículo 20 de la LCP, pero es una gran impostura. Montan una simulación, fingen dar cumplimiento a la ley, pero en realidad burlan la obligación de tramitar las denuncias.

Recientemente vimos que unos siete comisionados se coaligaron para rechazar sistemáticamente las tachas presentadas contra la fiscal general, Consuelo Porras. El conocimiento de las manchas había transcurrido sin novedad, hasta que llegó el momento de conocer el voluminoso número de objeciones contra la aspirante Porras.

Este rechazo lo protagonizaron unos siete comisionados, aunque al regresar del almuerzo algo cambió. De pronto hubo votos suficientes para admitir cinco denuncias. Querían evitarle a la fiscal general la pena de preparar descargos, pero algo motivó revisar esa conducta.
¿Hubo reflexiones durante el almuerzo? Al parecer sí, aunque esto no caló en dos decanos que siguieron con el rechazo sistemático, siendo ellos Arriaga y González. Los otros votaron por la admisión en una, dos o tres ocasiones, rompiendo así el rechazo sistemático.

EN ESTE MOMENTO

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Cuando conozcan el fondo de las denuncias y los descargos, seguramente todo será rechazado por falta de votos. Pocos han sido los comisionados que se han atrevido a decir que dudan de la honorabilidad de postulantes cuestionados, porque temen represalias legales y de otra índole. Un miedo que llega a reforzar la conducta espuria de otros y se consuma así la impostura.

Cómo los nombramientos del Ejecutivo cambian el escenario en la Corte de Constitucionalidad

Fri, 13 Mar 2026 06:05:00 +0000

Guatemala

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Cómo los nombramientos del Ejecutivo cambian el escenario en la Corte de Constitucionalidad

Analistas consideran que la designación de Anabella Morfín Mansilla y María Magdalena Jocholá por parte del presidente Bernardo Arévalo para integrar la Corte de Constitucionalidad, fue una decisión estratégica que completa la conformación del tribunal para el periodo 2026-2031.

Carlos Gómez

13 de marzo de 2026

00:05h

Los cinco magistrados suplentes y los cinco magistrados titulares que fueron electos por los cinco órganos electores, deberán tomar posesión de sus cargos en la Corte de Constitucionalidad el próximo 14 de abril. (Foto Prensa Libre: hemeroteca PL)

Finalmente, la Corte de Constitucionalidad (CC) quedó integrada con la designación por parte del presidente Bernardo Arévalo de las abogadas Gladys Anabella Morfín Mansilla y María Magdalena Jocholá Tujal como magistradas titular y suplente, respectivamente, en representación del Organismo Ejecutivo.

Con la designación realizada el pasado miércoles 11 de marzo en Consejo de Ministros por el mandatario, concluye la integración de la alta corte para el periodo 2026-2031, tal y como lo exige la Constitución Política de la República, en donde se establece que los cinco órganos electores, que son la Presidencia de la República, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Colegio de Abogados y Notarios (Cang) y el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos, deberán realizar la designación a más tardar un mes antes del 14 de abril, que es la fecha en la que los nuevos magistrados constitucionales tomarán posesión de sus cargos.

Sobre la designación del presidente Bernardo Arévalo, analistas consultados coinciden en que la decisión del mandatario fue “acertada” y al mismo tiempo compleja, ya que contaba con muy buenos perfiles para escoger.

También consideran que la decisión del mandatario fue “estratégica” y apegada a los intereses del Organismo Ejecutivo, partiendo de que el mandatario ya conocía quiénes habían sido los magistrados electos por parte de los otros entes encargados de llevar a cabo las respectivas designaciones.

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Decisión estratégica

A criterio del politólogo Renzo Rosal, la decisión del presidente fue acertada, pero también fue tomada de forma “cuidadosa y estratégica”. Asegura que tanto Morfín como Jocholá combinan capacidad técnica, experiencia en el área pública y también “una dosis de valentía”, que es muy necesaria para asumir el reto en la Corte de Constitucionalidad.

“Me parece que tomó una decisión estratégica, en términos de tomar en cuenta a personas que tengan, digamos, el carácter, quizá no la experiencia en la CC porque no han estado ahí. Pero sí creo que tienen la suficiente dosis de capacidad, experiencia en el área pública, experiencia también en el manejo constitucional y una dosis de valentía para asumir el cargo”, asegura Rosal.

Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, también considera acertada la decisión del presidente, esto a pesar de que algunos sectores ya se pronuncian en contra de la designación.

“Creo que quienes realmente conocen el trabajo que ha desarrollado la licenciada Morfín en toda su trayectoria concordamos en que es una buena designación. No hay ningún problema, ella no tiene ningún impedimento como para que quieran impugnar”, asegura.

Pablo Escobar, representante del Movimiento Cívico Nacional (MCN), indica que dentro de los candidatos que se postularon ante la Presidencia para la CC había perfiles muy idóneos para ocupar el cargo. También asegura que lo más probable en este proceso de designación por parte del presidente es que la decisión se enfoque en responder a los intereses del oficialismo.

“Con esta designación lo más seguro y lo más probable es que sea una designación que responda a los intereses del oficialismo, que es algo que se espera en este proceso por parte del Ejecutivo”, puntualiza.

Representantes del CSU en el centro de la balanza

En cuanto a la correlación de fuerzas que se podría dar con la conformación de la nueva Corte de Constitucionalidad, Rosal proyecta que la misma estará “balanceada”, lo que hace difícil de predecir si habrá un sector que será el claro dominante en la toma de decisiones. En este aspecto, indica que por un lado estaría el voto de las profesionales designadas por el Ejecutivo y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y por el otro están los otros dos que son “bastante cuestionados” por parte de los representantes del Congreso y la CSJ, dejando en medio a la representante del CSU, cuyo voto “será clave” dependiendo del tema a tratar.

“Creo que queda una correlación al final como 2-2-1, los dos bloques que mencioné, y el caso del Consejo Superior Universitario. Yo creo que va a depender mucho de qué tema se aborde, para ver hacia dónde se inclina la decisión de quienes ahora están designados por el Consejo Superior Universitario. Entonces, me parece que es una conformación balanceada, balanceada también entre reelectos y nuevos. Digamos, va a haber dos magistrados reelectos, Ochoa y Molina Barreto, y tres nuevos, eso también le da un sentido interesante”, asegura.

Carmen Aída Ibarra destaca también otro aspecto importante que deberá tomar en cuenta la nueva CC, y es la necesidad de que los nuevos magistrados actúen con mesura y con respeto a la división de poderes, a diferencia de lo ocurrido con la magistratura actual, ya que considera que la CC siempre debe actuar con respeto institucional.

“Esperaríamos que puedan dar su aporte en esta Corte de Constitucionalidad para poco a poco hacer una transición de una corte celestial a una corte con límites y alcances establecidos. Que no incurra en ejercicios de poder arbitrario, como legislar desde sus magistraturas, porque eso solo corresponde al Congreso. O que desde sus magistraturas quieran imponer decisiones o formas de proceder a otros poderes del Estado, al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial”, afirma.

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Papel de la CC en año electoral

Un aspecto que cobra relevancia en la conformación de la nueva Corte de Constitucionalidad es quién ostentará la presidencia este año y en el 2027, ya que el próximo año la Corte tendrá una gran incidencia debido a los amparos y acciones legales que pueden presentarse con el objetivo de impugnar candidaturas e inscripciones de partidos políticos.

La presidencia de la CC se rota de forma descendente, comenzando por el magistrado de mayor edad. Antes de la designación hecha por el presidente, se mencionaba la posibilidad de que Roberto Molina Barreto, titular designado por el Congreso, tendría la presidencia en el 2027, lo que podría haber beneficiado principalmente a diputados y partidos políticos, porque fue designado por el Congreso. No obstante, ahora el panorama cambia y toma un nuevo giro con la llegada de Anabella Morfín a la CC, según indica Renzo Rosal.

“Ahora queda Anabella Morfín que va a ser la presidenta este año y el siguiente año, que es el electoral, lo será la licenciada Astrid Lemus. Entonces, yo creo que en esa correlación en el año electoral será alguien de buen criterio quien presida la CC y también le da un sentido interesante. Y también hay que recordar que las dos abogadas que mencioné van a ser a las que les toca establecer y conocer probablemente casos vinculados con el actual Ejecutivo. A este Ejecutivo le interesan especialmente estos dos primeros años, 2026-2027, y de ahí en adelante pues la CC tendrá que lidiar con un nuevo Organismo Ejecutivo”, puntualiza.

En este sentido, Carmen Aída Ibarra también destaca que tanto Anabella Morfín como Astrid Lemus, que son de una línea “democrática”, presidirán la Corte de Constitucionalidad tanto en el año preelectoral como en el electoral, lo que vislumbra un panorama interesante.

“Va a ser interesante también que estas dos señoras presidan la Corte porque las dos son democráticas, tienen temple para tomar decisiones, para guiar la Corte, van a estar en un periodo muy difícil porque este año es preelectoral, el otro es electoral, o sea que Ana Bela Morfín va a tener una buena parte de este año preelectoral y parte del siguiente justo cuando se lleve a cabo toda la inscripción de los candidatos y luego el periodo electoral, o sea, en las votaciones ya le van a tocar a Astrid Lemus”, asegura.

Ibarra también resalta que, por primera vez en la integración de la CC, estará representada mayoritariamente por mujeres, con cuatro magistradas titulares y dos suplentes, de las 10 magistraturas que fueron designadas por los cinco entes electores.

Nuevos influjos políticos modifican las elecciones de segundo grado 2026

Sun, 15 Feb 2026 19:00:00 +0000

Guatemala

Nuevos influjos políticos modifican las elecciones de segundo grado 2026

Entre luces y sombras e intentos de amaño, avanzan los procesos para elegir nuevas autoridades electorales, constitucionales y de persecución penal.

Movimiento Projusticia, especial para Prensa Libre

15 de febrero de 2026

13:00h

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) realizan la elección de magistrados, titular y suplente, para integrar la Corte de Constitucionalidad. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

Cuando se dieron los primeros pasos en el complejo proceso de cambio de autoridades para la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público, la tendencia general era creer que todo seguía perdido, en manos de esa alianza multisectorial que busca la restauración plena de los patrones de impunidad, el control de las instituciones, el aprovechamiento de los recursos del Estado y el ejercicio del poder público a discreción. Con libertades y derechos limitados y prácticas antidemocráticas.

Pero las cosas están cambiando. Lo más notorio es la nueva correlación de fuerzas gremiales en el Colegio de Abogados que no se gestó hace poco y de alguna manera es un correlato de lo ocurrido en las elecciones generales de 2023, cuando esa “alianza multisectorial” utilizó todas sus herramientas para bloquear candidaturas y eliminar adversarios de peso, pero no advirtieron el voto impredecible que se decantó por Semilla y Bernardo Arévalo.

Tras el advenimiento de un inesperado binomio presidencial, en el 2024 emergieron nuevas opciones a las agrupaciones tradicionales en el gremio de abogados. Unidad por la Justicia igualó a las agrupaciones que por años crecieron a la sombra del dinero estatal y del poder político de sus dirigentes (Nester Vásquez), y empezó a dejar atrás a otras estructuras (lideradas por el exrector Estuardo Gálvez y “El Rey del tenis”). Algunos de ellos fueron a la decadencia total, otros se mantuvieron, pero las nuevas opciones se quedaron a lo largo del 2025 y han conquistado espacios importantes como la directiva y el Tribunal Electoral del CANG, una silla en la postulación de candidatos al TSE y las magistraturas titular y suplente de la CC, con Astrid Lemus y Fernando Bermejo.

La caída de Nester Vásquez y las limitaciones que enfrenta Estuardo Gálvez, golpeado sin duda por su alianza con la cúpula de funcionarios y fiscales del MP (piezas de Consuelo Porras y de figuras políticas como Manuel Baldizón) son las notas más relevantes del momento.

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Mientras, en otros ámbitos se desarrollan los procesos de nominación de candidatos a magistrados del TSE y de fiscal general de la República, y de designación de magistrados de la CC, algunos con más publicidad y transparencia que otros. Alientan los cambios que se reportan, pero la ruta para completar las elecciones de segundo grado en los plazos legalmente establecidos, sin contratiempos, ni amaños, es frágil e incierta.

Nester Vásquez y Consuelo Porras ¿complotarán contra las elecciones de segundo grado que no pueden controlar, o se retirarán de los cargos que han ostentado por tanto tiempo sin intentar una oscura manipulación?

Muestra de ello es que la fiscal Leonor Morales llegó con contingentes fuertemente armados a allanar los centros de votación del CANG por un caso en reserva que apunta a que podrían intentar invalidar esa elección, y todo retardo en este campo beneficiaría a Nester Vásquez por una eventual prolongación de funciones en la CC.

Aunque hay fragilidad e incertidumbre, se vislumbran factores que contribuirán a enfrentar -desde la población, desde la opinión pública informada- las prácticas antidemocráticas y desestabilizadoras que pueden intentar los más radicales de la “alianza multisectorial” por la impunidad y el aprovechamiento del Estado.